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Fernández Domínguez: «Nunca, nunca se dio por vencido»

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Arlette Fernández habla de su esposo, el coronel Rafael Fernández Domínguez
showimage (8)SANTO DOMINGO. «Juro, por mi honor, que seré como usted quiso que fueran los militares. Descanse en paz, que usted va al cielo y al Altar de la Patria». Arlette Fernández recuerda esas líneas, escritas en un pedazo de papel dentro del ataúd de su esposo el coronel Rafael Fernández Domínguez, gestor militar del movimiento constitucionalista que buscó el retorno al poder del profesor Juan Bosch y cuyos retos son llevados hoy al Panteón Nacional.

Ese temprano y anónimo honor a su esposo es una de los pocos recuerdos certeros que guarda del 20 de mayo de 1965, cuando acompañó su féretro desde Santo Domingo a la ciudad de Santiago. El día antes, el coronel Fernández Domínguez cayó abatido por las balas del ejército interventor norteamericano en el fallido intento de las fuerzas militares constitucionalistas de tomar el Palacio Nacional.

Pero no fue su muerte, como asegura doña Arlette, lo que lo convierte en referente para el país, sino su vida. «Una característica de Fernández Domínguez es que nunca, nunca, se dio por vencido. Nunca dejó de trabajar. Siempre siguió adelante, siempre. No le importó nada, ni la distancia, ni las amenazas», recuerda doña Arlette.

Amor, admiración y compromiso

Arlette tenía 18 años cuando se casó en diciembre de 1955 con Fernández Domínguez. El tenía 21 años. «Realmente yo estaba muy enamorada, desde que lo conocí. Desde que nos conocimos nosotros nos enamoramos, pero yo realmente amé a mi marido y, además, lo admire, cosa que digamos dimensiona un poco el sentimiento», se confiesa.

Sus memorias fijan el recuerdo de un hombre familiar, amoroso con los cinco hijos que procrearon durante sus casi ocho años de matrimonio. También recuerda su cotidianeidad como joven militar, la manera en que creció en él un liderazgo «que asumió con tanta responsabilidad. Era un hombre diferente. De eso me di cuenta».

«Cuando Fernández Domínguez, siendo primer teniente, llegó a la fuerza aérea tenía una conducta tal, un carisma, basado en esa conducta intachable, respeto por los demás, una forma de ser que se fue formando a su alrededor aquel grupo de oficiales que lo querían y lo admiraban, que el trato que él daba a sus oficiales y compañero era un trato muy respetuoso».

Durante esos años, doña Arlette asegura que «al darse cuenta que tenía un liderazgo dentro de la joven oficialidad, sobre todo los jóvenes oficiales que comenzaban con esa mentalidad que empezaba a cambiar, con el tiempo comenzó a dejar cosas, digamos pequeñas inconductas. Por ejemplo, estar corriendo en el jeep. A veces tomaba tragos, y él decía ‘yo no puedo tomar tragos, a mí los tragos me hacen mucho daño y mi papá y mi mamá sufren mucho por eso’ «.

«Trato de evitarlo»

Mientras fue director de la Academia Batalla de Las Carreras, puesto que ejerció durante el gobierno de siete meses del profesor Juan Bosch, Arlette recuerda que los síntomas sobre un golpe de Estado eran palpables. Afirma que Fernández Domínguez trato de evitarlo.

«Recuerdo como hablaba con nuestro vecino, que era el doctor Rolando Haché, que fue uno de los grandes conspiradores. Éramos muy amigos del coronel Wessin (Elías), una persona que queríamos mucho. El pasaba por allá, jugaba con los niños. Recuerdo que él tenía ya muchos problemas. Aparecían letreros que decían «Abajo, Wessin». El iba a hablar con Rafael. No sé lo que ellos conversaban, pero recuerdo que a veces llegaba nervioso».

Asegura que cuando Fernández Domínguez se percató que Wessin estaba de acuerdo con el derrocamiento del gobierno constitucional de Bosch trató de que renunciara a la idea. «Él (Wessin) iba siempre y su esposa, una dama maravillosa, fuimos grandes amigos. Después la historia los dividió… y él, cuando se enteró que Wessin estaba de acuerdo con que se diera el golpe, como eran amigos, trato de convencerlo».

Tras el derrocamiento de Bosch, Fernández Domínguez fue destituido de su cargo en la Academia. «Fernández Domínguez era un gran obstáculo para los planes de los golpitas», considera Arlette y narra que luego de su destitución y antes de marcharse a España como agregado militar se entrevistó con el Rafael Molina Ureña, quien presidió el país por pocas horas luego del golpe de Estado, y que era representante de Bosch, al que dijo que estaba dispuesto a luchar por el retorno de Bosch.

«Entonces le dijo Molina Ureña que no, que el profesor Bosch no quiere sangre. «Pues díganle a él que yo estoy listo y que espero su orden», le dijo pero como no recibió la orden se tuvo que ir».

Arlette asegura que se marchó luego de ser convencido por compañeros militares, familiares y «el mismo Juan Bosch, ya que «él dijo que iba a renunciar y se iba a clandestinizar y al estar clandestino seguir trabajando para derrocar ese gobierno y reponer el gobierno de Bosch, todo eso a días del golpe, pero entonces le dijeron que si no renunciaba no había líder que los dirigiera».

En España, apunta Arlette, siguió trabajando por la causa a favor de Bosch y buscaba la manera de regresar al país. Luego fue enviado a Chile y de allí paso a Puerto Rico. Ella y sus cinco hijos le acompañaron siempre.

El regreso y su muerte

El coronel Fernández Domínguez regresó el 14 de mayo de 1965, enviado por Bosch, como portador de la «fórmula Guzmán», acordada entre Bosch y los representantes de Lyndon Johnson, presidente de los Estados Unidos.

La idea de tomar el Palacio Nacional no fue de Fernández Domínguez, asegura Arlette, sino de Juan Miguel Román, del Movimiento 14 de Junio, quien lo visita y se lo plantea.

«Y no fue como la gente dice, que fue un disparate, una locura. Ahí hubo muchos mapas, muchos trazos, mucho conversar. Hasta que decidieron tomar el Palacio porque consideraban que era un lugar estratégico, porque en unas negociaciones tú tienes que tener fuerza, algo de fuerza. Ellos consideraban que tomar el Palacio Nacional y llevar al gobierno constitucionalista, al presidente Caamañó, al Palacio Nacional era importante».

Arlette hace una pausa. «Entonces, nada, lo matan».

La memoria del héroe

Doña Arlette Fernández tiene recuerdos entre cortados de su viaje repentino al día siguiente para enterrar a su esposo. Recuerda el clamor de la madre de Fernández Domínguez frente a un cuadro de la Virgen de la Altagracia, las lágrimas de Jaime Benitez, presidente de la Universidad de Puerto Rico, quien la acompañó hasta tomar un avión militar; la indignación de Francisco Alberto Caamañó -presidente de la revolución constitucionalista-, la entrega de un bulto con las pocas pertenencias de su esposo; y los trozos de papel con notas en el féretro de su esposo.

Volvió a Puerto Rico. Regresó a República Dominicana con Juan Bosch el 25 de septiembre de 1965. «Esa mujer que vez con los espejuelos negros y el pelo hacia atrás soy yo», apunta. En la foto publicada en la página 393 de su libro «Coronel Rafael Fernández Domínguez. Soldado del Pueblo y Militar de la Libertad», Bosch baja de un avión y saluda efusivo. Debajo de la mano que señala y saluda de Bosch hay una joven mujer, vestida de negro, con lentes oscuros y sin ninguna expresión visible en su rostro.

«Participe activamente en los movimientos en contra de Joaquín Balaguer (en el período de los doce años 1966-1978), que siempre me respetó, aunque me allanaron», relata. «Nosotros escondíamos jóvenes. Fui secretaria general y tesorera de la asociación de amigos con Nicaragua, con Cuba…nunca me estuve tranquila, siempre participé. Ya después que don Antonio (Guzmán) fue Presidente fue que empecé a trabajar para dar a conocer a Rafael».

Creo la Fundación coronel Fernández Domínguez, a través de la que mantuvo con vida la memoria histórica de su esposo. En 1980 le toco pasar por otro momento difícil, la muerte de su hijo menor Rafael Tomás en un accidente automovilístico. «Es lo peor que me ha pasado, pero seguí adelante», dice.

«¿Si usted en este momento tuviera una forma de ver a su esposo de frente, vivo, qué le diría?», le preguntamos a doña Arlette Fernández. Suspira y sonríe. «Te quiero, siempre te quiero, Rafael. No puedo dejar de quererte, Rafael, no importa la edad que tuviera. Yo amo a ese hombre, lo amé».

Diariolibre.com

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Abinader llama a personas con órdenes de arresto a entregarse y advierte que serán perseguidas

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Por redacción

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader exhortó este lunes a las personas que tienen órdenes de arresto pendientes a entregarse ante las autoridades y aseguró que los organismos de seguridad continuarán su búsqueda para evitar la comisión de nuevos hechos delictivos.

El mandatario hizo el planteamiento durante LA Agenda Semanal, encuentro encabezado por el Gobierno y dedicado en esta ocasión a las acciones implementadas frente a la criminalidad y la seguridad ciudadana.

“A esos que tienen órdenes de arresto, que se entreguen, porque si no, se van a ir a buscar antes de que cometan otro crimen”, declaró Abinader durante su intervención.

El jefe de Estado manifestó que las autoridades no pretenden esperar a que una persona requerida judicialmente vuelva a involucrarse en un hecho violento para ejecutar una orden de captura.

Gobierno reforzará búsqueda de personas requeridas

Abinader explicó que las autoridades cuentan con registros de personas sobre las cuales pesan una o varias órdenes de arresto y sostuvo que la Policía Nacional mantendrá activa su localización.

Según señaló, algunos de los individuos requeridos acumulan varias órdenes pendientes y continúan circulando libremente.

El mandatario afirmó que el objetivo de las autoridades es actuar de forma preventiva y reducir la posibilidad de que personas vinculadas previamente a hechos delictivos vuelvan a afectar a ciudadanos.

La Presidencia informó por separado que Abinader reafirmó que quienes cometan actos criminales serán perseguidos y capturados mediante el fortalecimiento de la capacidad tecnológica y operativa de las instituciones de seguridad.

Cuestiona exhibición de armas en redes sociales

Durante su exposición, Abinader también manifestó preocupación por personas requeridas por las autoridades que aparecen en plataformas digitales exhibiendo armas de fuego o realizando disparos.

El gobernante sostuvo que este tipo de comportamiento constituye, desde su perspectiva, un desafío a la autoridad que no debe ser tolerado.

Mientras realizaba esas declaraciones, golpeó la mesa con la mano para enfatizar su posición.

Según el mandatario, las propias publicaciones en redes sociales pueden convertirse en un elemento utilizado por las autoridades para localizar a personas buscadas.

Policía también exhorta a entregarse

Las declaraciones presidenciales se producen el mismo día en que el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, exhortó a quienes tengan asuntos pendientes con la justicia a entregarse voluntariamente.

Rodríguez García afirmó que las personas que no lo hagan continuarán siendo perseguidas por los agentes y aseguró que existe una lista de individuos requeridos desde hace años por diferentes hechos.

La Policía informó además que 85 personas se entregaron voluntariamente durante septiembre, según declaraciones de su director.

Debate por actuaciones policiales

El pronunciamiento de las autoridades coincide con un período de cuestionamientos sobre las muertes ocurridas durante actuaciones policiales reportadas oficialmente como intercambios de disparos.

Un recuento publicado este 28 de septiembre registra 37 personas fallecidas durante septiembre en hechos de ese tipo. La Policía ha informado en diferentes casos que los fallecidos eran buscados por órdenes judiciales, denuncias o presunta vinculación con delitos.

El tema también ha provocado llamados de distintos sectores para que las actuaciones policiales se mantengan dentro del debido proceso y del respeto a los derechos fundamentales.

Abinader, por su parte, sostuvo durante LA Agenda Semanal que la seguridad ciudadana continúa siendo una preocupación del Gobierno y aseguró que las autoridades seguirán adoptando acciones destinadas a enfrentar la criminalidad.

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Camacho advierte a médicos sobre riesgos penales por prestar códigos profesionales

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Por redacción

Santo Domingo.– El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, hizo este lunes un llamado a los médicos a no facilitar sus códigos profesionales para la facturación o tramitación de servicios de salud, al señalar que esa práctica puede comprometerlos penalmente.

La advertencia fue formulada tras conocerse las medidas de coerción impuestas por el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, contra los imputados en el denominado caso SeNaSa 2.0, investigación vinculada a presuntas irregularidades en perjuicio del Seguro Nacional de Salud y de sus afiliados.

Camacho sostuvo que el proceso debe servir de experiencia para el sector médico y consideró necesario promover una campaña preventiva que oriente a los profesionales sobre las consecuencias de ceder sus credenciales a terceros.

“Prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal”, manifestó el funcionario, quien afirmó que 22 médicos fueron procesados dentro de esta etapa de la investigación.

Según explicó, el Ministerio Público entiende que el uso de códigos profesionales cedidos a terceros constituye uno de los elementos que deben ser tomados en cuenta para evitar que otros médicos puedan verse involucrados en investigaciones similares.

Investigación continuará

Camacho también dejó establecido que las medidas de coerción conocidas por el tribunal no significan el cierre de las pesquisas relacionadas con SeNaSa.

El titular de Persecución consideró razonable la decisión adoptada por el juez y afirmó que, desde la perspectiva del Ministerio Público, el fallo reconoce la investigación presentada ante el tribunal.

No obstante, señaló que las indagatorias seguirán abiertas.

“La investigación sobre lo sucedido en SeNaSa no se cierra, no concluye con esta investigación, y vamos a ir por más”, declaró Camacho.

Ocho imputados cumplirán prisión preventiva

El juez Rigoberto Sena impuso 18 meses de prisión preventiva a ocho de los procesados.

Los imputados Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.

Mientras, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.

Arresto domiciliario para otros procesados

El tribunal dispuso arresto domiciliario para las exempleadas de SeNaSa Heidy Coronado Paulino y Lucreisy Polanco Núñez, así como para los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo y Víctor Felipe Rodríguez García.

A otro grupo de imputados se les impuso, además del arresto domiciliario, impedimento de salida del país y garantías económicas.

Para Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Keila Beatriz Acosta Leonardo, la garantía económica fue fijada en RD$2 millones, a través de una compañía aseguradora.

En el caso de Martha María Saldaña, el tribunal estableció una garantía económica de RD$3 millones, además de arresto domiciliario e impedimento de salida del territorio nacional.

Garantías de un millón de pesos

El juez también impuso garantía económica de RD$1 millón a los médicos José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Diclo Garabito y Yocairis Antonia Méndez Beltré.

Estos imputados deberán, además, cumplir con presentación periódica e impedimento de salida del país.

El tribunal concedió un plazo de siete días para hacer efectivas las garantías económicas. De no cumplir con ese requisito, los afectados podrían ser trasladados a los centros penitenciarios correspondientes, conforme a la decisión judicial.

Ministerio Público atribuye varios delitos

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público vincula a los procesados de la denominada Operación Cobra 2.0-A con presuntos delitos de asociación de malhechores, falsificación y uso de documentos falsos, delitos de alta tecnología, acceso ilícito, utilización indebida de códigos y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.

El órgano acusador sostiene que la investigación guarda relación con supuestas maniobras fraudulentas vinculadas a servicios y autorizaciones médicas en el Seguro Nacional de Salud.

El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva para los 26 imputados y pidió, además, que el expediente fuera declarado de tramitación compleja.

Durante la audiencia, los fiscales presentaron numerosos elementos de prueba para sustentar sus imputaciones.

Los arrestos fueron realizados durante allanamientos ejecutados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Caso fue declarado complejo

Además de decidir sobre las medidas de coerción, el juez Rigoberto Sena declaró el proceso de tramitación compleja, lo que permitirá que la investigación continúe bajo las reglas procesales previstas para expedientes que involucran múltiples imputados, hechos y elementos probatorios.

El Ministerio Público ha señalado que esta investigación forma parte de una nueva etapa de las pesquisas relacionadas con las presuntas irregularidades cometidas en el Seguro Nacional de Salud.

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Rodríguez García pone la persecución de prófugos entre las prioridades de la Policía Nacional

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El director policial afirma que busca cambiar la percepción de inseguridad y sostiene que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia deben entregarse; insiste en que la actuación policial debe respetar los derechos ciudadanos

Por Alberto Rodríguez

SANTO DOMINGO.– El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, colocó la persecución de personas prófugas entre las prioridades de su gestión y aseguró que la institución intensificará las acciones para localizar a quienes tienen órdenes de arresto pendientes por homicidios, robos, agresiones y otros hechos delictivos.

Rodríguez García sostuvo este lunes que procura revertir una realidad que, a su juicio, afecta la tranquilidad de la población: que sean los ciudadanos quienes sientan temor frente a la delincuencia. Su planteamiento es que la autoridad debe garantizar condiciones para que las personas puedan desarrollar sus actividades cotidianas con mayor seguridad. El Día

El mayor general asumió la Dirección General de la Policía Nacional en agosto pasado y durante sus primeras semanas ha desarrollado recorridos, cambios operativos y encuentros con diferentes estructuras de la institución. La Policía ha presentado esa agenda como parte de un esfuerzo dirigido a fortalecer su presencia territorial, supervisión y capacidad de respuesta. Policía Nacional Dominicana

Una lista de prófugos bajo seguimiento

Durante sus declaraciones, Rodríguez García reveló que mantiene en su despacho una relación de personas que llevan años prófugas de la justicia y aseguró que el personal policial tiene instrucciones de trabajar en su localización.

Según explicó, entre los buscados figuran personas señaladas por homicidios, robos y agresiones, incluyendo hechos cometidos contra menores y otras personas vulnerables.

La propia Policía Nacional mantiene públicamente un listado de prófugos buscados por las autoridades, que incluye personas requeridas por distintos procesos. Policía Nacional Dominicana

El director policial exhortó a quienes tengan órdenes de arresto pendientes a entregarse voluntariamente y aseguró que serán recibidos y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.

Actuación policial y derechos humanos

Las declaraciones se producen en momentos en que las actuaciones de agentes durante determinados operativos han provocado cuestionamientos, particularmente en casos reportados como intercambios de disparos.

Interrogado sobre esas críticas, Rodríguez García defendió el derecho de los policías a proteger sus vidas cuando sean atacados, pero afirmó al mismo tiempo que la institución debe actuar respetando los derechos humanos. El Día

Esa posición coincide con orientaciones ofrecidas recientemente por el propio director a miembros de la Dirección Regional Noreste, donde pidió a los agentes preservar vidas, actuar con prudencia y mantener un trato digno hacia la ciudadanía, sin renunciar a la firmeza frente al delito. También insistió en que el uso de la fuerza debe ajustarse a la Constitución, las leyes y los protocolos establecidos. Policía Nacional Dominicana

Agentes suspendidos por incidente en Villa Vásquez

Rodríguez García se refirió además a un video divulgado sobre una intervención policial en Villa Vásquez, en el que se observa a un hombre detenerse y levantar las manos durante una actuación de agentes.

El director informó que los policías involucrados fueron suspendidos y que el caso quedó bajo investigación del Ministerio Público, órgano al que corresponde establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades relacionadas con el hecho. El Día

El jefe policial señaló que cualquier ciudadano que considere haber sido víctima de una actuación irregular de agentes puede recurrir al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.

Seguridad sin apartarse de la legalidad

El discurso de Rodríguez García plantea dos líneas que deberán coexistir durante su gestión: incrementar la capacidad de persecución contra personas requeridas por la justicia y, simultáneamente, procurar que las intervenciones policiales se mantengan dentro de los límites legales.

La institución atraviesa además un proceso de reforma que incluye cambios en formación, tecnología y despliegue territorial. El Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial informó el 24 de septiembre que se han incorporado 11,001 nuevos agentes, instalado más de 8,000 cámaras corporales y ampliado de tres meses a un año el período de formación de los nuevos policías. Policía Nacional Dominicana

El desafío será que el fortalecimiento operativo produzca mayor seguridad ciudadana sin debilitar las garantías que corresponden a toda persona sometida a una investigación o persecución penal.

La persecución del delito y el respeto al debido proceso no constituyen objetivos incompatibles: forman parte de las responsabilidades que debe asumir una institución policial en un Estado de derecho.

Rodríguez García reiteró que la función de la Policía es proteger a la sociedad, preservar la paz y llevar ante las autoridades competentes a quienes tengan cuentas pendientes con la justicia.

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