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Empresas afirman que el comercio está sumergido en una gran recesión
SANTO DOMINGO. El sector comercial en República Dominicana está sumergido en una profunda recesión, situación que afecta la estabilidad de aproximadamente 860,000 empleados y, en parte, las recaudaciones tributarias provenientes del comercio.
Los principales directivos de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) mostraron su preocupación al país, porque en los últimos cuatro trimestres el comercio ha estado decreciendo significativamente.
Ernesto Martínez, presidente de la ONEC, manifestó que el comportamiento de la economía, el año pasado, mantuvo un crecimiento muy estable, cercano al 4%; sin embargo, el sector comercio, de forma particular, estuvo creciendo sólo hasta los primeros tres trimestres, registrando una caída significativa en el cuarto trimestre del año 2012.
«Específicamente hemos decrecido un 2.5% en el cuarto trimestre del año pasado, y en lo que va de año hemos decrecido un 2.6%, un 3.20% y el último trimestre, el que acaba de concluir ahora en septiembre, un 3.9%», precisó Martínez, quien participó en el Diálogo Libre de este periódico, acompañado de Antonio Ramos y Odile Miniño Bogaert, pasado presidente y directora ejecutiva de la ONEC, respectivamente.
Martínez alertó que la situación que vive el sector es muy preocupante, porque cuando la economía, en sentido general, crece, y el comercio, que es uno de los termómetros claves para medir el comportamiento económico del país, decrece de una manera tan continua es una muestra de que hay problemas estructurales que deben ser atendidos.
«En la historia reciente, no recuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos cuatro trimestres decreciendo», dijo.
Martínez expresó que, en sentido general, la preocupación del sector es la gran disparidad entre el comportamiento de la economía y el sector comercio, lo que según explicó se está traduciendo no solamente en ventas menores del comercio, sino también en una pérdida de empleos significativa.
Destacó que esta situación afecta a todo el país, porque los números negativos del comercio también se reflejan en una caída en las recaudaciones tributarias.
El ejecutivo manifestó que, en términos económicos, una economía está técnicamente en recesión después de dos trimestres decreciendo y que, a pesar de que la economía, como tal, está presentando señales positivas de crecimiento, el sector comercio viene decreciendo de manera muy pronunciada.
Se pierden 5,000 empleos
El presidente de la ONEC manifestó que hasta ahora el momento el sector comercio ha perdido alrededor de 5,000 empleos formales y que, de seguir la tendencia, esa cifra pudiera llegar hasta 100,000 empleos en los próximos tres o cinco años.
«Por qué pensamos eso? Claro no podemos hacer una estimación exacta, porque es muy difícil uno poder predecir, sin embargo, una reducción de casi 4% en el sector comercio que emplea casi 900,000 personas, si fuera directa la relación estaríamos hablando de 36,000 empleos, pero la cifra oficial que tenemos es de como cinco mil empleos en este momento, pero de continuar así, las pérdidas pueden ser significativas», precisó.
Costos operativos hacen que productos sean más caros en RD
SD. «El costo de operar en República Dominica es muy alto, y esto es un problema que afecta a toda la población», así se expresó Antonio Ramos, pasado presidente de la ONEC.
Expresó que la energía eléctrica en el país es cara y deficiente, pero que también los dominicanos tienen que pagar por una seguridad social que, en muchos casos, obliga a las personas a contratar servicios paralelos, porque el plan oficial no da los suficientes beneficios.
En tanto que Ernesto Martínez, presidente de la ONEC, manifestó que los costos operativos, en muchos casos se pueden disminuir, pero que hay costos tributarios que no se pueden reducir y por tanto los productos llegan más caros a los consumidores.
«En lo que tiene que ver con la parte de gastos operativos, de cómo podemos reducir los gastos operativos, pues en sentido general, las empresas comerciales están haciendo todos los esfuerzos reduciendo gastos de energía eléctrica y reprogramación de horarios», expresó.
Sin embargo, precisó que el problema ocurre cuando los empresarios importan un equipo electrónico, por el que tienen que pagar aranceles que van desde cero por ciento, si no tiene gravamen, 20% y hasta un 80%, además de un 18% de ITBIS, lo cual eleva sobremanera el precio del producto.
Señaló que cuando ese mismo producto, por los cuales el empresario tiene que pagar los impuestos citados, es importado por una persona que los compra vía courier con la exención de los US$200, no paga el 18% de ITBIS ni el arancel que le corresponda.
El ejecutivo de la ONEC también explicó que en ocasiones hay productos que tienen un 20% de selectivo al consumo que sumado a un 20% de arancel, más el 18% de ITBIS, resultan con un incremento de 58% por encima del costo, lo cual pone en desventaja a los comerciantes locales frente a aquellos que venden sus productos sin tener que enfrentar esos costos.
«Entonces, con ese costo no hay forma de que una importación pueda competir», precisó Martínez.
Diariolibre.com
Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.
El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.
El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.
En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.
El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.
Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Santo Domingo, R.D.-Por voluntad propia dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos, decidieron acogerse a la solicitud de extradición de la justicia estadounidense.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.