Nacionales
Empresas afirman que el comercio está sumergido en una gran recesión
SANTO DOMINGO. El sector comercial en República Dominicana está sumergido en una profunda recesión, situación que afecta la estabilidad de aproximadamente 860,000 empleados y, en parte, las recaudaciones tributarias provenientes del comercio.
Los principales directivos de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) mostraron su preocupación al país, porque en los últimos cuatro trimestres el comercio ha estado decreciendo significativamente.
Ernesto Martínez, presidente de la ONEC, manifestó que el comportamiento de la economía, el año pasado, mantuvo un crecimiento muy estable, cercano al 4%; sin embargo, el sector comercio, de forma particular, estuvo creciendo sólo hasta los primeros tres trimestres, registrando una caída significativa en el cuarto trimestre del año 2012.
«Específicamente hemos decrecido un 2.5% en el cuarto trimestre del año pasado, y en lo que va de año hemos decrecido un 2.6%, un 3.20% y el último trimestre, el que acaba de concluir ahora en septiembre, un 3.9%», precisó Martínez, quien participó en el Diálogo Libre de este periódico, acompañado de Antonio Ramos y Odile Miniño Bogaert, pasado presidente y directora ejecutiva de la ONEC, respectivamente.
Martínez alertó que la situación que vive el sector es muy preocupante, porque cuando la economía, en sentido general, crece, y el comercio, que es uno de los termómetros claves para medir el comportamiento económico del país, decrece de una manera tan continua es una muestra de que hay problemas estructurales que deben ser atendidos.
«En la historia reciente, no recuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos cuatro trimestres decreciendo», dijo.
Martínez expresó que, en sentido general, la preocupación del sector es la gran disparidad entre el comportamiento de la economía y el sector comercio, lo que según explicó se está traduciendo no solamente en ventas menores del comercio, sino también en una pérdida de empleos significativa.
Destacó que esta situación afecta a todo el país, porque los números negativos del comercio también se reflejan en una caída en las recaudaciones tributarias.
El ejecutivo manifestó que, en términos económicos, una economía está técnicamente en recesión después de dos trimestres decreciendo y que, a pesar de que la economía, como tal, está presentando señales positivas de crecimiento, el sector comercio viene decreciendo de manera muy pronunciada.
Se pierden 5,000 empleos
El presidente de la ONEC manifestó que hasta ahora el momento el sector comercio ha perdido alrededor de 5,000 empleos formales y que, de seguir la tendencia, esa cifra pudiera llegar hasta 100,000 empleos en los próximos tres o cinco años.
«Por qué pensamos eso? Claro no podemos hacer una estimación exacta, porque es muy difícil uno poder predecir, sin embargo, una reducción de casi 4% en el sector comercio que emplea casi 900,000 personas, si fuera directa la relación estaríamos hablando de 36,000 empleos, pero la cifra oficial que tenemos es de como cinco mil empleos en este momento, pero de continuar así, las pérdidas pueden ser significativas», precisó.
Costos operativos hacen que productos sean más caros en RD
SD. «El costo de operar en República Dominica es muy alto, y esto es un problema que afecta a toda la población», así se expresó Antonio Ramos, pasado presidente de la ONEC.
Expresó que la energía eléctrica en el país es cara y deficiente, pero que también los dominicanos tienen que pagar por una seguridad social que, en muchos casos, obliga a las personas a contratar servicios paralelos, porque el plan oficial no da los suficientes beneficios.
En tanto que Ernesto Martínez, presidente de la ONEC, manifestó que los costos operativos, en muchos casos se pueden disminuir, pero que hay costos tributarios que no se pueden reducir y por tanto los productos llegan más caros a los consumidores.
«En lo que tiene que ver con la parte de gastos operativos, de cómo podemos reducir los gastos operativos, pues en sentido general, las empresas comerciales están haciendo todos los esfuerzos reduciendo gastos de energía eléctrica y reprogramación de horarios», expresó.
Sin embargo, precisó que el problema ocurre cuando los empresarios importan un equipo electrónico, por el que tienen que pagar aranceles que van desde cero por ciento, si no tiene gravamen, 20% y hasta un 80%, además de un 18% de ITBIS, lo cual eleva sobremanera el precio del producto.
Señaló que cuando ese mismo producto, por los cuales el empresario tiene que pagar los impuestos citados, es importado por una persona que los compra vía courier con la exención de los US$200, no paga el 18% de ITBIS ni el arancel que le corresponda.
El ejecutivo de la ONEC también explicó que en ocasiones hay productos que tienen un 20% de selectivo al consumo que sumado a un 20% de arancel, más el 18% de ITBIS, resultan con un incremento de 58% por encima del costo, lo cual pone en desventaja a los comerciantes locales frente a aquellos que venden sus productos sin tener que enfrentar esos costos.
«Entonces, con ese costo no hay forma de que una importación pueda competir», precisó Martínez.
Diariolibre.com
Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
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Ministerio Público desmantela red de trata de personas en Puerto Plata: rescatan a 62 mujeres y arrestan a seis implicados
Santo Domingo.- Miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), rescataron al menos a 62 mujeres víctimas de explotación sexual comercial luego que desmantelaran una red dedicada a esa actividad criminal en Puerto Plata.
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Fuertes lluvias provocan inundaciones en el Gran Santo Domingo; COE eleva niveles de alerta
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.