Nacionales
Empresas afirman que el comercio está sumergido en una gran recesión
SANTO DOMINGO. El sector comercial en República Dominicana está sumergido en una profunda recesión, situación que afecta la estabilidad de aproximadamente 860,000 empleados y, en parte, las recaudaciones tributarias provenientes del comercio.
Los principales directivos de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) mostraron su preocupación al país, porque en los últimos cuatro trimestres el comercio ha estado decreciendo significativamente.
Ernesto Martínez, presidente de la ONEC, manifestó que el comportamiento de la economía, el año pasado, mantuvo un crecimiento muy estable, cercano al 4%; sin embargo, el sector comercio, de forma particular, estuvo creciendo sólo hasta los primeros tres trimestres, registrando una caída significativa en el cuarto trimestre del año 2012.
«Específicamente hemos decrecido un 2.5% en el cuarto trimestre del año pasado, y en lo que va de año hemos decrecido un 2.6%, un 3.20% y el último trimestre, el que acaba de concluir ahora en septiembre, un 3.9%», precisó Martínez, quien participó en el Diálogo Libre de este periódico, acompañado de Antonio Ramos y Odile Miniño Bogaert, pasado presidente y directora ejecutiva de la ONEC, respectivamente.
Martínez alertó que la situación que vive el sector es muy preocupante, porque cuando la economía, en sentido general, crece, y el comercio, que es uno de los termómetros claves para medir el comportamiento económico del país, decrece de una manera tan continua es una muestra de que hay problemas estructurales que deben ser atendidos.
«En la historia reciente, no recuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos cuatro trimestres decreciendo», dijo.
Martínez expresó que, en sentido general, la preocupación del sector es la gran disparidad entre el comportamiento de la economía y el sector comercio, lo que según explicó se está traduciendo no solamente en ventas menores del comercio, sino también en una pérdida de empleos significativa.
Destacó que esta situación afecta a todo el país, porque los números negativos del comercio también se reflejan en una caída en las recaudaciones tributarias.
El ejecutivo manifestó que, en términos económicos, una economía está técnicamente en recesión después de dos trimestres decreciendo y que, a pesar de que la economía, como tal, está presentando señales positivas de crecimiento, el sector comercio viene decreciendo de manera muy pronunciada.
Se pierden 5,000 empleos
El presidente de la ONEC manifestó que hasta ahora el momento el sector comercio ha perdido alrededor de 5,000 empleos formales y que, de seguir la tendencia, esa cifra pudiera llegar hasta 100,000 empleos en los próximos tres o cinco años.
«Por qué pensamos eso? Claro no podemos hacer una estimación exacta, porque es muy difícil uno poder predecir, sin embargo, una reducción de casi 4% en el sector comercio que emplea casi 900,000 personas, si fuera directa la relación estaríamos hablando de 36,000 empleos, pero la cifra oficial que tenemos es de como cinco mil empleos en este momento, pero de continuar así, las pérdidas pueden ser significativas», precisó.
Costos operativos hacen que productos sean más caros en RD
SD. «El costo de operar en República Dominica es muy alto, y esto es un problema que afecta a toda la población», así se expresó Antonio Ramos, pasado presidente de la ONEC.
Expresó que la energía eléctrica en el país es cara y deficiente, pero que también los dominicanos tienen que pagar por una seguridad social que, en muchos casos, obliga a las personas a contratar servicios paralelos, porque el plan oficial no da los suficientes beneficios.
En tanto que Ernesto Martínez, presidente de la ONEC, manifestó que los costos operativos, en muchos casos se pueden disminuir, pero que hay costos tributarios que no se pueden reducir y por tanto los productos llegan más caros a los consumidores.
«En lo que tiene que ver con la parte de gastos operativos, de cómo podemos reducir los gastos operativos, pues en sentido general, las empresas comerciales están haciendo todos los esfuerzos reduciendo gastos de energía eléctrica y reprogramación de horarios», expresó.
Sin embargo, precisó que el problema ocurre cuando los empresarios importan un equipo electrónico, por el que tienen que pagar aranceles que van desde cero por ciento, si no tiene gravamen, 20% y hasta un 80%, además de un 18% de ITBIS, lo cual eleva sobremanera el precio del producto.
Señaló que cuando ese mismo producto, por los cuales el empresario tiene que pagar los impuestos citados, es importado por una persona que los compra vía courier con la exención de los US$200, no paga el 18% de ITBIS ni el arancel que le corresponda.
El ejecutivo de la ONEC también explicó que en ocasiones hay productos que tienen un 20% de selectivo al consumo que sumado a un 20% de arancel, más el 18% de ITBIS, resultan con un incremento de 58% por encima del costo, lo cual pone en desventaja a los comerciantes locales frente a aquellos que venden sus productos sin tener que enfrentar esos costos.
«Entonces, con ese costo no hay forma de que una importación pueda competir», precisó Martínez.
Diariolibre.com
Nacionales
Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.