Análisis Noticiosos
El informe de la CIDH: desafío a la concertación
Por Juan Bolívar Díaz
Tal como se había advertido, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó el país esta semana es contundente en un firme rechazo a la desnacionalización de millares de ciudadanos dominicanos de ascendencia extranjera dispuesta por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC).
Las recomendaciones al Estado dominicano se sintetizan en la necesidad de “adoptar medidas urgentes que garanticen el pleno goce de los derechos humanos de las personas que han sido privadas de su nacionalidad”, incentivando un clima de armonía, respeto a la diversidad, participación y concertación.
Firmes conclusiones. El informe preliminar de la visita de la CIDH al país concluida el viernes es preciso y contundente en los múltiples aspectos que aborda, en especial frente al conflicto de la desnacionalización: “La Comisión estima que la sentencia del Tribunal Constitucional conlleva a una privación arbitraria de la nacionalidad. La sentencia tiene un efecto discriminatorio, dado que impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes son personas afrodescendientes; priva de la nacionalidad retroactivamente; y genera apatridia respecto de aquellas personas que no son consideradas como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación”.
Sostiene que con una nueva interpretación del concepto extranjeros en tránsito el TC priva retroactivamente de su derecho a la nacionalidad dominicana a decenas de miles de personas que durante toda su vida habían sido consideradas dominicanas, muchas de las cuales fueron registradas por las autoridades competentes como nacionales dominicanos al nacer y a lo largo de su vida se les otorgaron otros documentos de identidad, tales como cédulas, carnets electorales y pasaportes”.
Los comisionados dicen que al visitar bateyes contactaron las condiciones de pobreza, exclusión y discriminación en que viven sus habitantes y que “afecta desproporcionadamente a los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, y esto guarda relación con los obstáculos que enfrentan en el acceso a sus documentos de identidad”. También sostienen que la sentencia del TC afecta a “personas ya sujetas a múltiples formas de discriminación, en particular con base en la raza y la pobreza”.
La CIDH se fundamenta en el artículo 20 de la Convención Americana de los Derechos Humanos que postula que “toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra y que a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla”. Citaron el numeral 3 del artículo 74 de la Constitución dominicana que señala que “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”.
Las recomendaciones. “Debido a la gravedad de las vulneraciones de derechos”, la Comisión destaca que es indispensable adoptar medidas urgentes que garanticen el pleno goce de los derechos humanos de las personas que han sido privadas de su nacionalidad, hasta tanto se implemente una solución de largo plazo que ponga fin a estas situaciones”. Consigna cuatro recomendaciones específicas:
1) Debe garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas que ya tenían este derecho bajo el régimen interno vigente entre 1929 y 2010.
2) No se puede exigir que las personas con derecho a la nacionalidad, como aquéllas desnacionalizadas bajo la sentencia 168-13, se registren como extranjeros como requisito para el reconocimiento de sus derechos.
3) Las medidas para garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas perjudicadas por la sentencia 168-13 deben ser generales y automáticas. Dichos mecanismos deben ser sencillos, claros, rápidos y justos. No pueden ser discrecionales o implementados en forma discriminatoria.
4) Los mecanismos deben ser accesibles en términos económicos.
Finalmente, a los efectos de lograr un resultado eficaz, sería importante crear un espacio de consulta y participación de la sociedad civil y representantes de las poblaciones afectadas por la sentencia.
Desafío a la concertación. El informe no deja dudas sobre la contundencia del rechazo al genocidio civil, y sus repercusiones internacionales obligan a la búsqueda de una solución que proteja los derechos vulnerados y no extienda el sufrimiento de las víctimas, y que impida un mayor descrédito de la imagen del país. El escándalo creado sigue ganando atención de instituciones, personalidades y medios de comunicación de todo el mundo. El último en abordarlo fue The Economic, bajo el título de “Tormenta en La Hispaniola”.
El desafío es fuerte para el presidente Medina y el presidente del partido gobernante, Leonel Fernández, que han reconocido las graves implicaciones humanas derivadas de la sentencia, y también han cuestionado la legitimidad de su efecto retroactivo. Ambos están conscientes de las implicaciones internacionales y de la necesidad de evitar que el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión visitante advirtió que tiene un número de querellas presentadas por los primeros afectados que pueden llegar a la Corte.
Más allá del discurso nacionalista y soberanista que ha contaminado hasta a los presidentes de las cámaras legislativas, el Gobierno y el liderazgo de su partido tienen el desafío de buscar solución que reivindique los derechos humanos vulnerados. El pasado viernes el expresidente Fernández se reunió con los diputados de su partido. Tras una hora y media, no alcanzaron consenso pero barajaron diversas opciones legislativas.
Durante un encuentro efectuado el jueves en la Universidad Autónoma, el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, al que asistieron más de 2 mil personas, propuso a las autoridades y el liderazgo nacional “Un pacto que permita dar una solución dominicana, definitiva y respetuosa de los derechos humanos y la institucionalidad democrática”, a partir del numeral 2 del artículo 18 de la Constitución proclamada en el 2010 que reconoce la ciudadanía a “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”.
Por José Cabral
Un fenómeno muy preocupante que se produce en la República Dominicana tiene que ver con la pérdida de la cultura del trabajo.
Aparentemente hay un relativo cumplimiento con las obligaciones laborales cuando se trata de una empresa con altos niveles de organización y supervisión.
La pérdida de la cultura del trabajo puede ser demoledora para la micro, pequeña y mediana empresa, en las que no hay forma de que se respete el contrato laboral entre empleados y empleadores.
La desaparición de la cultura del trabajo en el país representa una crisis muy profunda debido a la precariedad laboral, la informalidad y la pérdida de incentivos para el esfuerzo formal.
La pérdida de la cultura del trabajo está asociada a una serie de factores como los bajos salarios y que un empleo no garantiza la salida de la pobreza, según los estudios económicos al respecto.
Sin embargo, la razón principal, siempre de acuerdo a lo que puedo observar, obedece a la crisis de valores que impacta a la sociedad dominicana.
Hay una tendencia muy acentuada a no cumplir con la responsabilidad asumida, es decir, que se observa una negación de la gente a asumir sus obligaciones.
Inclinarse por la vida fácil es una percepción ciudadana que tiene que ver con la crisis de valores que procura la búsqueda de ingresos sin hacer ningún esfuerzo, cuyo ejemplo más contundente es la famosa “botella” a nivel estatal, la cual es estimulada por el clientelismo que promueven los partidos políticos.
Lo otro que explica el fenómeno es que la gente ha aprendido a reclamar sus derechos sin cumplir con sus deberes.
Es una percepción generalizada, la cual va de lo pequeño a lo grande y lo contrario, pero no parece que haya una respuesta a la vista por tratarse de una realidad en la que el Estado no hace ningún esfuerzo planificado para combatirla.
Asistimos, con el alma acongojada pero erguida en el patriotismo más puro, al espectáculo de unos ministros que celebran como proeza histórica el servilismo diplomático.Por José Cabral
Hace ya muchos años fuí testigo de varios anécdotas que deben servir para algo a cualquier persona, no importa de que país sea.
En un lugar en Nueva York llamado Merchant, donde se vende vinos y cigarros y se toca Jaz, compartía con unos amigos, entre ellos había varias muchachas colombianas y una de ellas me pregunta que si soy dominicano y le responde que sí.
Y de inmediato me narra que su hermana más joven, quien se encontraba también en el lugar, tenía un noviazgo con un joven dominicano, pero que esa relación le había traído muchos problemas a la familia, porque su papá entendía que la misma no debía existir.
Me decía la joven que su papá siempre decía que lo menos que él debía hacer era estrangular a su hija por mantener una relación que podía terminar en procreación con una persona de una baja procedencia.
Pero la historia se repite unos años después en la calle 50 y la quinta avenida de la ciudad de Nueva York cuando me decía otro señor que conoció una muchacha tan hermosa y educada de apellido Trujillo que nadie podía pensar que fuera dominicana.
Evidentemente que ambas narraciones tenían su explicación en que la mayor parte de la inmigración dominicana hacia los Estados Unidos, que es el escenario analizado, procedia en ese momento del campo y cuya formación académica y cultural es muy pobre.
Además, por un asunto cultural, la mayoría de los dominicanos radicados en Nueva York proceden de barrios muy pobres o del campo de la región del Cibao, cuyas características y acento es, podría decirse, la representación de un regionalismo que se expresa a través del uso de la i para hablar.
Naturalmente, las razones que tienen que ver con que mucha de nuestra gente no haya tenido la oportunidad de cursar estudios universitarios y de tener una buena formacion cultural son parte de las deficiencias que se observa en el Estado dominicano.
De cualquier manera, la imagen de cualquier gentilicio se complica o deteriora cuando una buena parte del grupo étnico de que se trate se ve involucrado en actividades que nadie quiere para su familia, aunque, naturalmente, ese no sea el caso de lo planteado en este comentario.
Hay que decir que los propios colombianos se vieron en una situación indeseable cuando la época de Pablo Escobar que un pasaporte de ese país era prácticamente una ofensa a nivel internacional.
La enseñanza que quiero dejar con estas narraciones es que el orgullo de ser dominicano es algo que no se negocia, pero el mismo está determinado por la imagen que se venda en la comunidad internacional.
Y para sentirse orgulloso de la dominicanidad hay que partir, principalmente, de que sea un país en el que la dignidad humana sobresalga sobre la mayoría de los derechos, pero además que quien la representa sea gente con la decencia y un comportamiento acorde con los tiempos de las sociedades civilizadas.
Ciertamente que las democracias han fallado, sobre todo por el comportamiento de los partidos políticos y si bien hay que combatir ese mal y buscar la sustitución ahora y para siempre de esos actores de la vida nacional, pero cualquier solución al respecto no puede ser peor que lo que existe y sobre la base de lesionar el orgullo de ser dominicano.
Con esto quiero decir que en aras de preservar el orgullo nacional, se debe procurar llevar a la direccion del Estado a personas que, no sólo sean éticas y defensoras del interés nacional, sino también que coloquen en la cima, si es posible, la imagen del gentilicio por tener una conducta en el contexto de una sociedad civilizada.
Hay una expresión popular que dice que es muy importante guardar bien las apariencias, lo cual es aplicable en estos momentos en la República Dominicana, pero que ello no sea una causa para dejar de gestionar la salida del poder de los que han dañado gravemente la democracia, aunque, naturalmente, sin apoyarnos en ciudadanos que, aunque tienen el derecho constitucional de elegir y ser elegido, pero que su comportamiento lo descalifica para representar a todos los que tenemos un criterio muy claro del orgullo de ser dominicano y lo que ello implica para la economia y toda la vida nacional.