Nacionales
LF entrega obras por valor de RD$294 MM
El presidente Leonel Fernández contra la cinta para entregar el complejo habitacional INVI Villa Progreso-Sabana Perdida, levantado a un costo de 108 millones de pesos
SANTO DOMINGO.- El presidente Leonel Fernández entregó este jueves un proyecto habitacional, cinco escuelas y un polideportivo en sectores del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, ejecutados con una inversión superior a los 294 millones de pesos.
Se trata del complejo habitacional INVI Villa Progreso-Sabana Perdida, levantado a un costo de 108 millones de pesos por la Corporación Andina de Fomento y el Estado dominicano, a través del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI).
Este proyecto de consta de 108 apartamento. Está ubicado en el sector La Barquita, del sector Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte.
Tiene 16 edificios de dos niveles cada uno, con dos dormitorios, sala-comedor, cocina, balcón, baño, escaleras y áreas comunes.
Igualmente, están dotados de sistema de abastecimiento de agua potable, cisterna de almacenamiento con capacidad para 25 mil galones, electrificación, alcantarillado sanitario, calles aceras, contenes, parqueos y áreas verdes.
La directora del INVI, arquitecta Alma Fernández, expresó que las familias beneficiadas pasan de ser “damnificadas a dignificadas”
Las palabras de bienvenida las pronunció el síndico de Santo Domingo Norte, Francisco Fernández y la bendición a cargo del padre José Guillermo Rosario, de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de Sabana Perdida.
Entre los asistentes al acto estuvieron los ministros de Hacienda, Daniel Toribio; de Obras Pública, Víctor Díaz Rúa; el procurador general de la República, Radhamés Jiménez; el Tesorero Nacional, Guaroa Guzmán; el director del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, Emigdio Sosa; el gobernador de la provincia Santo Domingo, Idelfonso Vásquez y la senadora de esa demarcación, Cristina Lizardo.
Asimismo, asistieron el ministro de las Fuerzas Armadas, teniente general Joaquín Virgilio Pérez Feliz; el Jefe del Ejército, mayor general Manuel Antonio Cáceres Chestaro; el Jefe de la Policía Nacional, mayor general José Armando Polanco Gómez, y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), mayor general Rolando Rosado Mateo.
En Pedro Brand
También en Pedro Brand, el Mandatario inauguró un polideportivo, construido por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado con una inversión de siete millones de pesos.
Las escuelas
En una ceremonia conjunta en el municipio de Pedro Brand, el presidente Fernández y la ministra de Educación, Josefina Pimentel, entregaron cinco centros educativos construidos con una inversión global de 179 millones 598 mil pesos , los cuales acogerán en conjunto a 3,115 estudiantes.
Las escuelas son la María Montessori, de Pedro Brand; Francisco Alberto Caamaño Deñó, de Los Alcarrizos y Los Trinitarios, de Villa Mella. También, la ampliación de la Escuela Nacional de Artes y Oficios y del centro Manolo Tavares Justo, en el sector Villas Agrícolas, de la capital.
El discurso central lo pronunció Pimentel, la bendición del acto, el sacerdote Gonzalo Herrera, de la parroquia Clavel, de Pedro Brand y las palabras de gracias en nombre de los estudiantes las ofrecó Yaireni Martínez, de sexto de básica.
En la actividad estuvieron el ministro de Deportes, Felipe Payano, así como Luis y William Sifres, director y subdirector, respectivamente, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.
Nacionales
Se prolonga conocimiento de recurso de apelación de Santiago Hazim y otros imputados en caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El conocimiento en la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelacion del Distrito Nacional de los recursos de segunda instancia interpuestos por Santiago Hazin y otros imputados en el caso SENASA continua ventilandose este martes.
Con los recursos, los imputados buscan que el tribunal de alzada revoque la decisión dictada por el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, que impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de los imputados.
El grupo de detenidos incluye a Santiago Hazim (exdirector del SeNaSa), Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, ex consultor Jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Rafael Luis Martinez Hazim a su salida de la sala de audiencia.Jorge Martínez/LD.
Asimismo, la Corte fijó para este martes, el recurso de apelación presentado por Miguel Surún Hernández, en contra de los imputados Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.
Los cargos que pesan sobre el grupo incluye, coalición de funcionarios y prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos y lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.
El Ministerio Público enfatizó que el caso no está cerrado. Además de los actuales arrestados, otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación.
Santo Domingo. El pago de 21 mil millones de pesos a Banreservas por parte de Donald Guerrero Ortiz, exministro de Hacienda, fue una operacion interinsitucional legal, sin salida de fondos del Estado dominicano, afirmaron los abogados del imputado.
La defensa sostuvo que el desembolso correspondió a una obligación legal en el marco del Programa de Financiamiento a Contratistas y Proveedores, vigente desde 2003, mediante el cual Banreservas adelantaba recursos para garantizar la continuidad de obras públicas.
Eduardo Núñez, abogado de Guerrero, explicó que el pago se realizó desde el Ministerio de Hacienda hacia Banreservas y que el único receptor fue la entidad bancaria estatal. “No hubo pagos directos a proveedores ni manejo de fondos por parte del exministro, como erróneamente pretende sostener el Ministerio Público”, indicó.
Según la defensa, la operación fue autorizada por la Junta Monetaria y ejecutada conforme a las leyes núm. 99-01 y 567-05, lo que —afirman— confirma su carácter institucional y legal. Precisaron además que Donald Guerrero no creó ni administró el programa, cuya ejecución financiera correspondía exclusivamente a Banreservas bajo la supervisión de los órganos reguladores del sistema financiero.
Los abogados enfatizaron que el pago no generó pérdidas al Estado, sino que fue registrado oficialmente como una reducción de pasivos públicos al liquidar compromisos financieros acumulados. “El propio Estado consignó esta transacción como disminución de deuda. Eso no es fraude; es contabilidad pública transparente”, sostuvo Núñez.
En relación con la acusación de lavado de activos, la defensa afirmó que es jurídicamente inviable, debido a que los recursos eran públicos y se transfirieron entre entidades estatales. “Sin dinero ilícito y sin delito precedente, el lavado simplemente no puede existir”, enfatizó Núñez.
Los abogados insistieron en que, tras más de cinco años de investigación, no existe evidencia que vincule a Donald Guerrero con enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos o beneficio personal. Anunciaron que los argumentos técnicos y la documentación oficial serán presentados ante el tribunal que conoce el proceso contra los tres exministros, con el objetivo de desmontar la acusación del Ministerio Público.
La defensa concluyó señalando que no ejecutar el pago habría implicado incumplir obligaciones legales del Estado dominicano, mientras que realizarlo constituyó —según su posición— el cumplimiento de un deber institucional.
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Defensa de hermanos Espaillat buscan frenar demolición del Jet Set hasta concluir peritaje
Santo Domingo.- Los abogados de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, interpusieron una oposición formal a la demolición del centro de diversión, solicitando que no se proceda hasta que concluya el proceso de peritaje como parte de la investigación oficial que se realiza en la edificación, donde fallecieron 235 personas y otras resultaron heridas tras el colapso del techo, ocurrido el 8 de abril del pasado año.
La barra de la defensa depositó la instancia ante la Procuraduría General de la República este lunes, luego de que el pasado viernes 30 de enero el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, rechazara autorizar un peritaje particular en las ruinas de la discoteca Jet Set, tras declarar inadmisible la solicitud presentada.
Mediante esta oposición, los abogados buscan impedir la demolición de lo que queda del establecimiento, alegando que existe un informe emitido por las autoridades competentes, por disposición de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, en el que se recomienda “demoler el resto del edificio”.
Actualmente, los hermanos Espaillat cumplen una medida de coerción consistente en una garantía económica de RD$50 millones, presentación periódica ante el tribunal e impedimento de salida del país.
El Ministerio Público sostiene que los imputados implementaron soluciones paliativas inadecuadas con el objetivo de reducir costos, a pesar de tener conocimiento directo de los graves problemas estructurales del techo, los cuales habrían sido evidenciados mediante reportes visuales, fotografías, videos y comunicaciones internas de empleados del establecimiento.
Las investigaciones indican que los propietarios de la discoteca Jet Set sobrecargaron la estructura del techo al instalar sistemas de climatización de gran volumen, incluyendo seis aires acondicionados de entre 15 y 20 toneladas cada uno, además de tinacos de agua, todo ello sin estudios técnicos que avalaran la capacidad del edificio para soportar dicho peso.
El juez Raymundo Mejía tiene a su cargo conocer la audiencia preliminar contra los hermanos Espaillat, a quienes el Ministerio Público acusa de homicidio involuntario en perjuicio de las 235 víctimas mortales, así como de causar heridas agravadas a otras personas, a raíz del colapso del techo de la discoteca, presuntamente provocado por negligencia.