Nacionales
El Tribunal Constitucional deja un ambiente de ebullición en el 2013
Polémica. Además de la discutida sentencia sobre la nacionalidad, el TC emitió fallos sobre la crisis del PRD, la educación, portabilidad numérica y otros temas
SD. El Tribunal Constitucional (TC) cierra el 2013 dejando un ambiente en estado de ebullición.
De 262 sentencias emitidas este año, el eco de la TC/0168/13 ha sido el que más lejos ha llegado.
A parte del alboroto y la división de criterios que ha logrado en el fuero interno, en el exterior han sonado las campanas cargadas de innúmeras peticiones, presiones y hasta advertencias en contra de la República Dominicana.
La alta corte es de criterio que los ciudadanos extranjeros en tránsito están privados del derecho al otorgamiento de la nacionalidad dominicana.
La decisión, que data del 23 de septiembre, originó la visita al país, a principios de diciembre, del pleno de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), donde recibió testimonios, peticiones y denuncias de descendientes de haitianos que se sienten afectados por la sentencia.
La polémica sentencia ha envuelto en un debate a políticos, constitucionalistas, la sociedad civil, el cuerpo diplomático y, principalmente, a las autoridades haitianas y las dominicanas.
Sentencias que han registrado una marcada trascendencia, por el impacto social y la fijación del criterio, han sido opacadas por el fuerte impacto fijado por la alta corte en su criterio sobre la nacionalidad.
El TC ha anulado al menos seis sentencias de la Suprema Corte de Justicia, en varios de cuyos casos ha devuelto el expediente solicitando fallar conforme a las pautas establecidas por la alta corte.
En abril, el TC revocó dos sentencias de la SCJ, en una de cuyas decisiones estableció el criterio de que después de la entrada en vigencia de la Ley 136-03, sobre Protección de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes, las acciones en reclamación de filiación son imprescriptibles.
Mediante sentencia TC/0190/13, declaró nulo el Fondo Nacional de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores Metalmecánicos, de la Industria Metalúrgica y Minera, que contempla la especialización y retención por parte de las empresas del medio por ciento, aplicado también a todas las minas e industrias metalmecánicas y afines, así como a los trabajadores.
Asimismo, por medio de la TC/0161/13, dejó sin efectos la resolución 080-09, mediante la cual el Indotel establece que la portabilidad numérica conlleva a un cargo generalizado de RD$80, aplicable por igual a todos los usuarios de las telefonías, tanto móvil como fija, y sin importar que hagan uso o no de ese servicio.
Otra posición adoptada por el TC consiste en fijar el criterio de que el Estado tiene la potestad de intervenir en la regulación del sistema educativo, tanto a nivel público como privado, lo cual no puede ser visto como una intromisión.
En materia política, ratificó con la decisión TC/0068/13, la nulidad de la decisión de la Comisión Política que encabezó el ex presidente Hipólito Mejía en el PRD, donde fue suspendido su presidente, Miguel Vargas Maldonado, así como otros miembros de su corriente política.
En otra decisión, rechazó acoger una acción en contra de la no ratificación de jueces de la SCJ.
El TSE y su termómetro para los partidos
La alta corte también ordenó la suspensión de síndicos procesados
El Tribunal Superior Electoral (TSE) siguió siendo uno de los escenarios dominantes, para dirimir las crisis de los partidos.
Las dos facciones perredeístas, los reformistas y organizaciones minoritarias probaron su termómetro jurídico.
En enero, la alta corte desestimó por «improcedente, mal fundado y carente de sustento legal» el amparo incoado por el ex presidente Hipólito Mejía, Orlando Jorge Mera, Andrés Bautista y Geanilda Vásquez, con el fin de dejar sin efecto las sanciones de que fueron objeto, por la facción de Vargas Maldonado.
Asimismo, anuló la expulsión de los dirigentes reformistas Amable Aristy Castro, José Enrique Sued, Guillermo Caram y otros 261.
En cifras
262
Número de sentencias dictadas por el TC en 2013
La alta corte emitió este año 262 sentencias, 158 más que en el 2012, donde se originaron 104 fallos.
TSA fija criterios sobre actos administrativos
El Tribunal Superior Administrativo también se llevó su parte en torno a decisiones jurídicas que a juicio de juristas rompieron esquemas. Una de esas decisiones tiene que ver con la anulación de la resolución No.284-2012, emitida por Pro Consumidor, planteando que en ninguna parte de la Ley General de Protección a los Derechos del Consumidor o Usuario No.358-05, se otorga como atribución a la entidad la posibilidad de imponer sanciones a raíz de la supuesta comprobación de las infracciones verificadas en el artículo 112. Otra decisión ordena al Indotel suprimir las cláusulas que resulten abusivas de los derechos de los ciudadanos.
Nacionales
La Finjus advierte que CNM no tiene la capacidad técnica para evaluar a jueces de la Suprema Corte de Justicia.
Santo Domingo, R.D.-Llega a su fin la gestión del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, quien el pasado sábado alcanzó su séptimo año en la posición, por lo que llega al tope de tiempo que establece la Constitución de la República.
A partir de ahora el presidente de la SCJ tiene que ser evaluado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Luis Abinader, quien deberá determinar si éste debe seguir al frente del sistema de justicia, cuyo principal escollo para su ratificación es que llegó a la posicion mediante una decision politica y mientras era miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana (PLD).
Este procedimiento de evaluación de desempeño a los jueces del Poder Judicial se ha realizado desde el año 1997. Sin embargo, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) considera que el CNM no tiene la capacidad técnica para analizar el ejercicio de los jueces.
El vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, aseguró que para el CNM “siempre será un reto” elegir jueces de altas cortes, ya que la mayoría de sus integrantes provienen del sector político.
“La composición del consejo es política. Hay quienes no quisiéramos que políticos lleguen a la Suprema”, así lo expresó este martes al ser entrevistado por reporteros en el Congreso Nacional.
Ante la falta de “capacidad técnica” del órgano constitucional, considera necesario incluir en una próxima reforma de la Carta Magna limitar el tiempo de trabajo de los magistrados designados a la SCJ a tan solo siete años, sin repetir en el cargo.
“Nosotros siempre hemos abogado porque en una eventual reforma a la Constitución, los jueces de la SCJ sean nombrados para un periodo y que no los tengamos que estar sometiendo a procesos de evaluación de desempeño”, manifestó.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, identificó “nudos críticos” que representan un retroceso en las garantías ciudadanas.
Mientras tanto, el representante de la organización no gubernamental espera que en esta ocasión el Concejo Nacional de la Magistratura sea “lo más objetivamente posible” al decidir sobre el futuro de la presidencia de la SCJ, así como de otros 10 jueces que deberán ser evaluados.
“Que eso no se trate de un concurso de oposición, se trata de evaluaciones que deben estar sobre la base de la objetividad. No sobre la base de presunciones… Tienen toda la oportunidad de hacer una buena evaluación a quienes quieran continuar siendo jueces de la Suprema ”, precisó.
Aunque prefiere esperar por el dictamen del CNM, Castaños Guzmán adelantó su valoración positiva a la gestión del magistrado Henry Molina, indicando que este ha tenido “un excelente desempeño”, al igual que otros jueces.
“Ha dignificado el Poder Judicial, creo que lo ha puesto en un nivel que se puede comparar con países del área. Desde el punto de vista de lo que son los indicadores internacionales, el poder judicial ha sacado notas sobresalientes conforme a lo que había sido evaluaciones anteriores”, dijo.
¿Políticos a la justicia?
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los funcionarios que ocupan un asiento en el Consejo Nacional de la Magistratura.
A pesar de que aclaró hablar de manera individual, aseguró que la intención de la mayoría de los miembros del CNM está centrada en “nombrar personas calificadas y que no prime el criterio político”.
“Eso yo te lo puedo garantizar”, declaró Pacheco al contestar las preguntas de periodistas en la sede del Poder Legislativo.
Pacheco adelantó que “dentro de muy poco tiempo” el CNM sería convocado. No obstante, aún el presidente Abinader no ha realizado una convocatoria oficial.
Composición del CNM
Los demás funcionarios que acompañan al presidente de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura son el presidente del Senado, un senador o senadora que representa a la segunda mayoría política.
Asimismo, el presidente de la Cámara de Diputados, junto a un legislador del principal bloque político opositor, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un magistrado de su pleno que le acompañe. Por último, el presidente del Tribunal Constitucional.
El pasado 22 de diciembre, el CNM juramentó a cinco nuevos jueces, tras realizar un procedimiento de entrevistas a alrededor de 83 perfiles interesados en ser escogidos.
Estos fueron Edyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Hernández Victoria, Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez.
¿Cuáles son los requisitos?
El artículo 152 de la Constitución establece que la Suprema Corte de Justicia es el órgano jurisdiccional superior de todos los organismos judiciales, el cual estará conformado por no menos de 16 jueces.
Dentro de los requisitos para aplicar se encuentran ser licenciado o doctor en Derecho. Así como haber ejercido durante al menos 12 años la profesión de abogado, docencia universitaria del derecho o haber desempeñado, por igual tiempo, las funciones de juez dentro del Poder Judicial o de representante del Ministerio Público.
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Wilson Camacho: «La corrupción en el sistema de justicia hace que el derecho sea soluble en dinero»
Santo Domingo, R.D.-El titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que la corrupción en el sistema de justicia es de las peores formas de corrupción que pueden existir, «porque afecta la seguridad jurídica y hace que el derecho sea soluble en dinero».
El procurador adjunto calificó de «grave» el caso que involucra al fiscal adjunto Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir 10,000 dólares de parte de Roberto Canaán, testigo en el caso Senasa.
Valdez Alcántara es procesado tras una operación de «entrega vigilada» ejecutada por el propio Ministerio Público.
Ante la interrogante de si el hecho constituye una extorsión o un soborno, Camacho aclaró que la imputación formal es por soborno.
Según el procurador adjunto, el imputado solicitaba beneficios económicos a cambio de alterar el curso de las investigaciones que estaban bajo su responsabilidad.
El magistrado destacó que este caso es el resultado de un proceso de inteligencia y ejecución interna, diseñado para extirpar conductas ilícitas dentro de la institución. Asimismo, reiteró que la línea de acción trazada por la Procuradora General de la República y la Dirección de Persecución es de tolerancia cero.
Sobre la posible implicación de otras personas o la vinculación del imputado con otros casos previos, Camacho precisó que se trata de una investigación abierta.
Explicó que el arresto fue posible gracias a una técnica de investigación autorizada judicialmente, lo que permitió atrapar al implicado en flagrante delito.
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Juez impone prisión preventiva a coronel de la Policía acusado de agredir a joven en Los Mina
Santo Domingo, R.D.- El juez del juzgado de atención permanente de Santo Domingo este impuso tres meses de prisión preventiva en contra del coronel de la Policía Nacional, Fausto Madé Ramírez, imputado de agredir físicamente a una adolescente durante un incidente captado en video y viralizado en las redes sociales.
El magistrado Leomar Cruz Quezada dispuso que el oficial cumpla la prisión en en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo de Santo Domingo Oeste.
El tribunal tomó la decisión al acoger una solicitud de medida de coerción presentada por los fiscales de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género de la Fiscalía de Santo Domingo Este. En la audiencia los abogados Bunel Ramírez, Ambiorix Arnold y Sócrates Franco habían solicitado al juez rechazar la solicitud de prisión preventiva e imponer una medida de coerción menos gravosa.
A la salida del tribunal el coronel rehusó hablar con los medios momentos en que era trasladado bajo estricta medida de seguridad.
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos denunciados por la joven Charlizze Altagracia Hernández Monegro ocurrieron la madrugada del pasado 30 de marzo en el sector Los Mina.
Según la denuncia, la víctima se encontraba dentro de un vehículo junto a una hermana menor de edad y el propietario del automóvil, cuando fueron abordados de manera insistente por una patrulla dirigida por el coronel Madé Ramírez.
Ante el daño a la propiedad, la joven y sus acompañantes descendieron del auto para documentar lo sucedido con sus teléfonos móviles. Fue en ese momento cuando, tras percatarse de que estaba siendo grabado, el coronel Madé Ramírez reaccionó de forma violenta.
Aduce que el imputado procedió a agredir física y verbalmente a la joven, tomándola por el pelo de forma brusca y lanzándola al suelo.