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Embajador dominicano en Washington responde las acusaciones del cardenal O´Malley
SANTO DOMINGO . El embajador dominicano en Washington, Aníbal De Castro, afirmó que la sentencia del Tribunal Constitucional 168-2013, contrario a lo que se ha afirmado, a nadie despoja de la nacionalidad, sino que interpreta la Constitución dominicana en lo tocante a cómo se adquiere la ciudadanía.
En una misiva dirigida al cardenal Séan O’Malley,Arzobispo de Boston, EE.UU., el diplomático explica que cuando el Tribunal Constitucional ordena una auditoría de los libros del Registro Civil, lo hace para determinar irregularidades en los asientos dada la experiencia con un sinnúmero preocupante de falsificaciones y robos de identidad.
«Se nos ha vejado, insultado -añade- y hasta pretendido que ignoremos el principio democrático de la separación de poderes. Nuestra respuesta ha sido el diálogo, sin maltratos ni deportaciones. El 53% de los partos en los hospitales de la zona fronteriza corresponden a mujeres haitianas. El 18% del presupuesto de salud pública se va en gasto a los haitianos.»
El diplomático dominicano respondió al obispo de Boston una misiva que éste le envió en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional 168-2013.
A continuación el texto completo de la misiva de Aníbal de Castro al Cardenal Sean O’Malley:
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Diciembre, 18, 2013
Washington, D.C.
Su Eminencia
Cardenal Séan O’Malley
Boston, Mass
Su Eminencia:
La esperanza es una virtud cristiana, como recordara recientemente el Papa Francisco. A ella me abrazo en el esfuerzo de rescatar la imagen de mi país, reiterar nuestro profundo compromiso con los derechos humanos y, sobre todo, hablar con la verdad como norte. Me anima el interés de aclarar sus preocupaciones con respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad, objeto de tantas críticas infundadas e interpretaciones erradas que responden a propósitos inconfensables.
La sentencia, contrario a lo que se ha afirmado, a nadie despoja de la nacionalidad. Interpreta la Constitución dominicana en lo tocante a cómo se adquiere la ciudadanía y la referencia al año de 1929 es simplemente para indicar desde cuando nuestra cultura constitucional ha determinado con certeza quiénes son dominicanos. Como sabrá en razón de orígenes de sus antepasados, Su Eminencia, en la mayoría de los 194 países del mundo no se aplica el ius soli irrestricto. Más bien el ius sanguinis es la norma, como en Irlanda, el Reino Unido y toda la Unión Europea. E incluso en Haití, que tiene un régimen de nacionalidad mucho más severo que el dominicano. Los hijos de indocumentados nacidos en territorio dominicano no son dominicanos, como tampoco los de extranjeros en tránsito o diplomáticos. Basta, sin embargo, que uno de los padres tenga un estatus migratorio legal para que su descendencia sea dominicana.
Cuando el Tribunal Constitucional ordena una auditoría de los libros del Registro Civil, lo hace para determinar irregularidades en los asientos dada la experiencia con un sinnúmero preocupante de falsificaciones y robos de identidad. Se realizó el recuento y poco menos de 14,000 descendientes de haitianos figuran entre los registros irregulares.
No se les deportará ni someterá a vejámenes. Cada caso será examinado cuidadosamente y remitido a una corte de haber sospecha válida. El debido proceso será observado escrupulosamente. Para aquellos que la nacionalidad les esté vedada por razones constitucionales, se les abrirá un caminó a la regularización de su estatus. De haber nacido en el país y probar afianzamiento, serán beneficiados por una ley en proyecto para una rápida naturalización.
La realidad es, Su Eminencia, que la actitud de República Dominicana frente a la inmigración ilegal dista mucho de lo que estamos viendo en todo el mundo y que el Papa Francisco comprobó en la isla de Lampedusa. No los deportamos ni les negamos derechos: los acogemos y, en virtud de la sentencia tan criticada, se les regularizará su estatus.
Yo sé de su amor por el país. Los años no han borrado mi recuerdo de cuando compartimos en una visita suya, si mal no recuerdo invitado por el P. Milton. Su trabajo pastoral es admirable y su preocupación por los inmigrantes y los más desvalidos nace de su profundo convencimiento cristiano y sentido humano. Sentimientos similares yacen en las disposiciones del presidente Danilo Medina para que se busque una solución humanitaria a las consecuencias de la sentencia, con la dignidad humana y derechos a resguardo. Es lo que estamos haciendo en el país, pero ha sido muy difícil separar el grano de la paja, los hechos de la ficción.
Ningún país, como conoce Su Eminencia de primera mano, ha sido más solidario con Haití. En ningún otro país han encontrado tantos puestos de trabajo, camas en los hospitales, acogida en las aulas escolares. Somos pobres, pero vemos en el vecino un hermano en peor situación que la nuestra. He visto, literalmente, a dominicanos quitarse el pan de la boca y dárselo a un haitiano.
Debemos guardar la frontera e impedir el tráfico humano y la inmigración ilegal. Es nuestro derecho, como también lo es la preservación de nuestra identidad. Quien nació en la República Dominicana y ha echado allí sus raíces continuará su vida normal. De quererlo, accederá a la nacionalidad, pero dentro de las reglas que impone nuestro ordenamiento legal.
Se nos ha vejado, insultado y hasta pretendido que ignoremos el principio democrático de la separación de poderes. Nuestra respuesta ha sido el diálogo, sin maltratos ni deportaciones. El 53% de los partos en los hospitales de la zona fronteriza corresponden a mujeres haitianas. El 18% del presupuesto de salud pública se va en gasto a los haitianos. Sería un escándalo en cualquier en otro país. En cambio, en el nuestro es solo una muestra de solidaridad. Por eso, a diario niños y niñas haitianas cruzan la frontera para ir a la escuela en nuestro territorio. Quince mil haitianos estudian en las universidades dominicanas con tarifas reducidas. La verdad, Su Eminencia, es que los haitianos pobres viven junto a los dominicanos pobres, y loshaitianos ricos junto a los dominicanos ricos en esa patria que sé usted quiere y admira.
Quisiera pensar que estas Navidades nos traigan otro nacimiento: el de la verdad sobre la relación entre Haití y la República Dominicana. Pero, más que nada, entre dos países que sufren en mayor o menor grado la ignominia de la pobreza extrema .
Con el mayor respeto,
Le saluda,
Aníbal de Castro
Embajador
A continuación el texto de la carta que le dirigió O´Malley al embajdor De Castrto
15 de diciembre, 2013
Su Excelencia Aníbal de Castro Rodríguez
Embajador de República Dominicana en Estados Unidos
Excelencia:
A modo de presentación, por más de cuarenta años he tenido el privilegio de mantener asociaciones extraordinarias con la República Dominicana y los dominicanos de la diáspora. Hace unas cuatro décadas empecé a celebrar la Misa para la comunidad hispana en Washington que realmente ha crecido en torno a la celebración local de Nuestra Señora de la Altagracia.
Trabajé con la comunidad dominicana en Washington DC durante veinte años, después por diez años en el Caribe, y ahora en Massachusetts. El presidente Joaquín Balaguer me honró con la Orden de Cristóbal Colón por mi trabajo pastoral con dominicanos. Siempre he tenido un gran afecto por la República Dominicana y su gente, y es en el mismo espíritu que me dirijo a usted hoy para compartir mi tristeza por el fallo del Tribunal Constitucional que crea dificultades para tantas personas de origen haitiano que viven en la República Dominicana, muchos de los cuales han nacido en su país. De hecho, su arduo trabajo y dedicación contribuyen mucho al bienestar del país.
Por esta sentencia desafortunada del Tribunal, se les revocará la ciudadanía aun a dominicanos nacidos de padres indocumentados. La sentencia tiene carácter retroactivo hasta 1929, y se estima que 200,000 personas dominicanas de ascendencia haitiana, incluyendo a muchos que no han tenido conexión real con Haití desde hace varias generaciones se verán afectadas. Ser una persona sin un Estado, «un hombre sin patria», hace casi imposible estudiar, conseguir un trabajo decente, adquirir seguros, contribuir al fondo de pensiones, casarse legalmente, abrir cuentas bancarias y hasta viajar dentro o fuera de su propio país de origen.
El destino de los pueblos de República Dominicana y Haití es compartir una isla. Hechos históricos han dejado cicatrices, pero creo que los dominicanos y haitianos de buena voluntad anhelan un futuro de una mayor solidaridad y amistad. Me animó mucho ver la respuesta generosa y sincera de muchos dominicanos que se apresuraron para acudir en ayuda de sus hermanos y hermanas haitianos afectados por la devastación del terrible terremoto. Cuando yo era un joven sacerdote en Washington, celebré misas para inmigrantes de la República Dominicana y de Haití en la misma parroquia. Nunca vi divisiones ni discriminación. La fe de la gente y su lucha común para atender a sus familias los unió en comunidad.
En la Navidad revivimos los acontecimientos de la vida de Cristo, comenzando con la búsqueda de la Sagrada Familia de alojamiento en Belén, donde no había espacio en la posada. Tengo la esperanza de que en este tiempo de Navidad el Gobierno y el pueblo de República Dominicana rechazarán esta sentencia injusta que causa tanto dolor y sufrimiento.
Todo país tiene el derecho de controlar sus propias fronteras, pero nadie tiene el derecho a pisotear la dignidad de las personas y disminuir su humanidad. Como estadounidense he visto de cerca la cara fea del racismo. A pesar de que todavía luchamos contra la realidad del racismo y el terrible legado que dejó la esclavitud en los Estados Unidos, me anima que nuestro gobierno, las organizaciones civiles y las iglesias hayan trabajado juntos con notable éxito para formar una sociedad más justa y más fuerte. Espero y rezo para que el Gobierno y el pueblo de la República Dominicana se inspiren en los ideales del Evangelio de Jesucristo que aparece en su hermosa bandera nacional. El ejemplo de líderes como Martin Luther King y el presidente Mandela señalan el tipo de determinación y humanidad que se necesita para librar a nuestro mundo de la enfermedad espiritual del racismo.
En la Navidad los coros de ángeles nos piden a nosotros dar gloria a Dios y lograr la paz en la tierra; y nuestros quisqueyanos valientes pueden lograr ambas rompiendo las cadenas que esclavizan a sus hermanos y hermanas de La Española.
Por favor, comunique a su Gobierno las preocupaciones y la decepción de un sacerdote que se considera un amigo del pueblo de la República Dominicana. Rezo porque sus líderes cuenten con la sabiduría y el valor necesarios para corregir estas injusticias que se están cometiendo contra su propio pueblo.
Con garantías de oraciones y los mejores deseos para usted y su familia en Navidad y durante todo el Año Nuevo, quedo,
Suyo en Cristo,
Cardenal Sean P. O’Malley
Arzobispo de Boston
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Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.