Análisis Noticiosos
Nueva correlación de fuerzas en el PLD
Por Juan Bolívar Díaz
La ampliación del Comité Central del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) configura un cambio en la correlación de fuerzas en beneficio del presidente Danilo Medina, pero sin derrotar a su antecesor Leonel Fernández.
Los resultados de la votación interna para elegir 138 nuevos miembros del Comité Central (CC) del PLD arrojan importantes cambios en la correlación de fuerzas entre sus dos mayores líderes, el presidente Danilo Medina y su antecesor Leonel Fernández, pero sin que se pueda interpretar que éste haya sido derrotado..
El certamen también ratificó la necesidad de una ley de partidos políticos que incentive el ejercicio de la democracia interna, garantice la libre y equitativa competencia y sancione los abusos de los recursos estatales en las campañas electorales, tanto internas como nacionales.
Barrida de los danilistas
Más allá de las fuertes contradicciones, que incluyeron brotes de violencia, lo más relevante ha sido la barrida electoral protagonizada por los candidatos señalados como seguidores del presidente Medina, que según estimaciones extraoficiales implicaron la conquista de cerca de dos tercios de los sillones del CC en disputa.
Los informes disponibles hasta ayer sábado, cuando oficialmente sólo se había computado el 81 por ciento de la votación, indican que los danilistas habrían conseguido una amplia mayoría de los 138 asientos, para algunos sobre el 60 por ciento. Otros 30 fueron escogidos mediante el inédito método de uno por cada uno de los 26 integrantes del Comité Político, lo que hacía más difícil el predominio absoluto de alguna de las corrientes políticas y grupales que inciden en la organización.
Eso no se traduce automáticamente en un control del CC ya que los 138 elegidos el domingo, son apenas el 20 por ciento de los 620 que integrarán el organismo, que hasta ahora era de unos 400. A los 168 se sumarán 52 legisladores que también pasarán a formar parte del mismo.
En cualquier caso la barrida danilista, que ha repercutido en la opinión pública, tendrá incidencia al interior del partido gobernante, fortaleciendo la incidencia del presidente y ampliando sus posibilidades de gobernar al margen de los intereses de un Leonel Fernández que ha permitido el inicio de una nueva campaña por la candidatura presidencial del PLD cuando apenas había transcurrido el primer cuarto de la actual gestión y sin que algún otro partido amenace poner en jaque al oficialismo.
Hipótesis sobre este cambio
Nadie duda que el disfrute y uso de los recursos estatales es uno de los factores que explican este cambio en el partido gobernante. Pero no es suficiente, ya que los activistas pro Leonel no son desarrapados ni aficionados en el uso del poder. Como es propio de la incultura democrática y la falta de reglamentación y sanción, el poder de algunos funcionarios jugó un papel, pero sin alcanzar los desniveles de años anteriores.
A los leonelistas les devolvieron un poco de la medicina que ellos utilizaron contra los danilistas, no sólo cuando Fernández se impuso en la candidatura presidencial para los comicios del 2008, cuando Danilo acuñó la sentencia “me venció el Estado”, sino incluso cuando trataron de cerrarle el paso para la candidatura del 2012. Primero gastaron una millonada recogiendo dos millones de firmas y tratando de imponer una nueva reelección que acababa de ser prohíbida, sino luego con las frustradas precandidaturas de Margarita Cedeño y del vicepresidente Rafael Alburquerque.
Jugó su papel también la cultura presidencialista según la cual en el partido oficial no se debe ir contra la corriente del responsable del gobierno, pero también influyó, y en gran medida, el nuevo estilo de liderazgo de Medina dentro y fuera de su partido, más cercano a los dirigentes y militantes y a más diversos sectores sociales.
Dentro del PLD muchos celebran que Medina dejara atrás el aparataje de poder, el providencialismo, el boato y el desprecio por el tiempo de los demás que implicaban los sistemáticos atrasos de hasta tres horas en la llegada de Fernández a sus compromisos nacionales o partidarios. Se le llegó a atribuir renuencia en recibir a dirigentes y militantes partidarios y que los hacía esperar durante horas.
Deseos de alternativas
Hay que tomar en cuenta que Danilo Medina no es un improvisado en la política partidaria y que durante años se le consideró el albañil sobre el cual pudo llegar su partido al poder y erigirse la fortaleza de Leonel Fernández, en sus primeros 6 años de gobierno. El era el enlace con la dirigencia media y baja, quien atendía demandas y buscaba colocaciones, mientras el abogado cultivaba las alturas.
Cuando era presidente Fernández suscitaba la adhesión de la mayoria del CC y del Comité Político, pero empezó a debilitarse cuando sus partidarios comenzaron a activar para imponer un cuarto período de gobierno y tercero consecutivo. Cuando fue obvio que hasta dentro del partido había resistencia a ese continuismo y se quiso colar la candidatura de la esposa, no consiguieron el apoyo ni del Comité Politico. El derroche de dinero y poder que han exhibido los más cercanos activistas de Leonel, como Félix Bautista y Díaz Rúa, también es causa de rechazo interno.
Sin un partido de oposición que en lo inmediato amenace el reinado peledeísta, es natural que crezcan las ambiciones de otros dirigentes por acceder a una candidatura que presumen triunfante. De ahí que se hayan lanzado abiertamente Francisco Javier García, Reynaldo Pared y Temístolces Montás, y que se mantengan las aspiraciones de otros como José Tomás Pérez y Francisco Domínguez Brito.
Habría una especie de todos contra Leonel, generalizándose el criterio de que sus tres períodos son suficientes. Quien ha hablado más abiertamente de la necesidad de renovación es el ministro de economía Montás. Alguien cercano a Medina señaló “la alta tasa de rechazo que mantiene Leonel en las encuestas que no se publican”.
No subestimen a Leonel
Sería superficial pretender que los resultados de una elección interna tan limitada decreten el ocaso del liderazgo del expresidente, un político de muy alto carisma, a quien medio PLD le debe una extraordinaria prosperidad y en muchos casos riquezas, obtenidas gracias a su capacidad para retener el poder, sin olvidar que fue clave para que Medina pudiera sucederlo.
Es visible el fuerte apoyo que Fernández conserva entre legisladores, especialmente los senadores, y en los sectores más conservadores de la sociedad, a quienes se ha entregado, así como los abundantes recursos económicos acumulados por su estado mayor político.
Con la alta aprobación que ha logrado en su gestión, nadie debería sorprenderse del auge político de Danilo Medina, pero con la imposibilidad de repostularse, es difícil que pueda subordinar definitivamente la fuerza interna y externa que mantiene el presidente del PLD. En el actual escenario nacional, sin un partido de oposición que amenace su predominio, aún con el actual alto rechazo de Fernández, no asoma todavía quien pueda emerger como alternativa victoriosa. Por eso mismo, los legisladores peledeistas leales a Leonel dificultarían un proyecto de ley para abrir la brecha de un plebiscito o referendo sobre reelección, y ni hablar de reforma constitucional, por la mayoría requerida de dos tercios de la Asamblea Nacional.
Mientras tanto no hay dudas que el danilismo sale fortalecido del proceso interno del PLD, con el leonelismo a la defensiva, pero lejos de estar vencido, lo que repercutirá en una intensificación de la precipitada precampaña para unos comicios nacionales que distan a dos años y cuatro meses. No debe esperarse que la sangre llegue al río, dado el sentimiento de cuerpo de los peledeístas y su acentuada vocación de poder que los dota de capacidad para pactar entre ellos y con fuerzas extrañas.
Se desmitifica el PLD
La votación del domingo 12 siguió desmitificando el partido que fundara el profesor Juan Bosch, con más de un millar de aspirantes a 168 puestos, una campaña desaforada y derrochadora por todos los medios de comunicación, enfrentamientos que llegaron a un muerto y varios heridos, robo de urnas, inversión de recursos de dudoso origen y denuncias de fraudes y manipulaciones.
Las denuncias de abuso de recursos estatales salieron de los propios peledeístas, incluyendo a cuatro senadores, llegándose al extremo de entregar copias fotostáticas de decenas de cheques del quebrado Consejo EDstatal del Azúcar distribuidos como parte de la campaña de su director ejecutivo.
Ciertamente que las irregularidades no fueron generalizadas, y que no se ha documentado, como otras veces, un desmadre en el abuso del poder, pero el dinero se impuso, con inversiones de hasta dos dígitos de millones de pesos para alcanzar un puesto en un organismo que en los últimos 9 años apenas ha sesionado cuatro o cinco veces para ratificar candidaturas, aunque también significativamente para prolongar el mandato de la mayoría de sus altos dirigentes.
Con una votación que el segundo boletín estimó en 731 mil, alta para una limitada elección interna, pero apenas 28 por ciento de un abultado padrón de 2 millones 646 mil miembros, el PLD se ratifica como fuerza dominante. La extensión por casi una semana del cómputo también desmitifica su eficiencia y disciplina.
Los brotes de violencia, con un muerto en Maizal, Esperanza, con tiroteos golpes y heridos en Santiago, Santo Domingo Oiental, La Romana, Barahona, Pedernales y ocoa, la masificación peledeísta parece recorrer el terreno de la política tradicional. .
De nuevo quedo evidente la necesidad de una ley de partidos que garantice la democracia interna y sancione los excesos, que los partidos dominantes se han negado a aprobar en las doce ocasiones que ha sido introducida al Congreso Nacional, desde la elaboración de su primer proyecto por consenso social y político del 1998-99.-
artículo publicado originalmente en el periódico HOY
Análisis Noticiosos
Campañas Sucias, Posverdad y Redes Sociales: El Ataque a la Dignidad en la Era Digital.
Por Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
El presente estudio analiza las principales dobleces a la dignidad humana en los procesos políticos y electorales de la República Dominicana durante el período 2006–2026. Se examina el impacto de las campañas de desinformación, la posverdad y el uso de redes sociales como mecanismos de manipulación política, así como la vulneración del derecho al honor, la intimidad y la protección de los datos personales. Asimismo, se aborda la violencia política de género como una manifestación de discriminación que limita la participación igualitaria de las mujeres en los espacios de representación política. El trabajo también evalúa el papel desempeñado por la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional en la protección de los derechos fundamentales mediante la aplicación de la Constitución y la legislación electoral vigente. Se concluye que, aunque el país ha fortalecido su marco jurídico e institucional para garantizar procesos electorales más democráticos, persisten prácticas estructurales como el clientelismo, el uso indebido de recursos públicos, la desinformación digital y la desigualdad de género, las cuales continúan afectando la dignidad humana y la calidad de la democracia dominicana.
La erosión de la integridad moral a través de la desinformación y el uso de robots.
El desplazamiento del debate político dominicano hacia las plataformas digitales durante el periodo 2006–2026 ha transformado radicalmente las estrategias de captación del voto, introduciendo severas amenazas a la dignidad personal de los actores políticos. Como señala Jorge Prats (2013), el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen forma parte del núcleo duro de la dignidad humana protegido por el artículo 44 de la Constitución dominicana. Sin embargo, la proliferación de campañas de posverdad y la difusión sistemática de noticias falsas (fake news) han sido utilizadas de manera recurrente para destruir la reputación de los adversarios.
Esta práctica se ha tecnificado mediante el uso de redes de cuentas automatizadas o robots. El objetivo de estas infraestructuras digitales no es debatir propuestas programáticas, sino saturar el espacio público virtual con discursos de odio y difamaciones personalistas. Al desviar la atención desde la competencia de ideas hacia el linchamiento moral del individuo, se violenta la dignidad del candidato quien es despojado de su derecho al debido proceso reputacional y se agrede la dignidad del electorado, al que se intenta manipular mediante el engaño masivo y la distorsión deliberada de la realidad (Espinal, 2018).
La vulneración de la intimidad y los datos privados con fines de chantaje
El entorno electoral de la última década ha evidenciado una preocupante tendencia hacia la instrumentalización de la vida privada de los ciudadanos y candidatos. En el contexto de la competencia interna y general de los partidos políticos en la República Dominicana, la filtración ilegal de audios, conversaciones privadas, historiales médicos o datos financieros se ha convertido en un arma de coacción política común.
Este fenómeno vulnera directamente la autodeterminación informativa y el derecho a la intimidad. Según los informes de la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2020), la recolección no autorizada de datos personales y su posterior exposición pública con fines de chantaje o desacreditación electoral reducen al ser humano a un estado de vulnerabilidad absoluta frente al poder tecnológico de las maquinarias políticas. La dignidad se quiebra cuando el ciudadano o el aspirante a un cargo público pierde el control sobre su esfera íntima, quedando expuesto al escrutinio y al juicio social sumario bajo lógicas estrictamente utilitaristas y electoreras.
Violencia política de género y descalificación moral en el entorno virtual.
Una de las manifestaciones más lesivas de la descalificación en entornos digitales es la violencia política basada en el género, la cual afecta de manera desproporcionada a las mujeres que aspiran a puestos de elección popular. A pesar de los avances normativos en materia de cuotas establecidos en la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos, la cultura patriarcal subyacente se traslada al entorno digital mediante ataques dirigidos específicamente a descalificar a las candidatas por razones de género.
Mientras que los candidatos masculinos suelen ser evaluados o atacados por su gestión o posturas políticas, los ataques hacia las mujeres tienden a centrarse en su apariencia física, su vida familiar, su moral sexual o supuestas incapacidades emocionales (ONU Mujeres, 2023). Esta asimetría en la agresión no solo constituye una violación directa a la dignidad de la mujer como ser humano, sino que opera como un mecanismo de exclusión fáctica. Al menoscabar su autoridad y credibilidad pública mediante estereotipos denigrantes, se limita su derecho fundamental a la participación política en condiciones de igualdad, perpetuando una brecha democrática que lesiona la estructura ética del sistema electoral.
El Rol Institucional y Jurisprudencial en la Tutela de la Dignidad Humana.
La Junta Central Electoral (JCE) y las tensiones en el control de las garantías básicas.
Durante el periodo 2006–2026, la Junta Central Electoral (JCE) ha transitado por un complejo proceso de reconfiguración institucional, impulsado por la presión ciudadana y las reformas legislativas de las leyes No. 33-18 de Partidos Agrupaciones y Movimientos políticos y No. 20-23 de Régimen Electoral en la Republica Dominicana. Como órgano de administración electoral de rango constitucional (artículo 212), la JCE tiene la obligación no solo de organizar la logística de los comicios, sino de salvaguardar el orden ético y la equidad que dignifican el voto.
No obstante, la actuación de la JCE ha estado marcada por tensiones estructurales entre su facultad reglamentaria y la resistencia de las cúpulas partidarias. Como señalan Cury y Zaglul (2019), los intentos de la JCE por establecer medidas cautelares contra la campaña a destiempo, el uso indebido de los símbolos del Estado y el desborde de los topes de gastos han chocado frecuentemente con lagunas normativas y una cultura de desacato político. El desafío para la JCE ha radicado en que, cada vez que el órgano electoral posterga o flexibiliza la fiscalización del gasto y la propaganda, se debilita la protección de los derechos de los electores y electoras frente al poder fáctico del dinero, permitiendo prácticas de propaganda invasiva que lesionan el decoro y la dignidad del espacio público (Junta Central Electoral [JCE], 2024).
El Tribunal Superior Electoral (TSE) y la defensa del debido proceso partidario.
La creación del Tribunal Superior Electoral (TSE) en la reforma constitucional de 2010 marcó un hito fundamental para la protección de la dignidad en el ámbito político-partidario dominicano. Antes de su puesta en funcionamiento en 2012, los militantes de base se encontraban en un estado de indefensión jurídica frente a las decisiones arbitrarias y autoritarias de las direcciones ejecutivas de los partidos políticos, las cuales manejaban las candidaturas y los procesos de disciplina de manera discrecional.
A través de una sólida línea jurisprudencial, el TSE ha operado como un escudo de los derechos fundamentales de la militancia. Fundamentando sus decisiones en el principio de que los partidos políticos son instrumentos públicos obligados a respetar la democracia interna (artículo 216 de la Constitución), el tribunal ha anulado asambleas, expulsiones sumarias y encuestas de selección de candidaturas que violaban el debido proceso (Tribunal Superior Electoral [TSE], 2021). De acuerdo con la doctrina de Jorge Prats (2022), esta tutela judicial efectiva dignifica al militante, al reconocerlo como un sujeto de derechos inalienables dentro de su propia organización y no como un subordinado prescindible a merced de los intereses de las élites partidarias.
La erradicación de las prácticas de exclusión mediante sentencias hito.
El diálogo jurisprudencial entre el TSE y el Tribunal Constitucional (TC) ha permitido desmontar mecanismos formales e informales de exclusión que atentaban contra la dignidad intrínseca de los aspirantes. Un ejemplo crítico ha sido la defensa de los derechos políticos de las mujeres frente a los intentos de los partidos de burlar las cuotas de género mediante asignaciones de candidaturas en demarcaciones tradicionalmente perdidas o a través de alianzas Inter partidarias que diluían su participación.
Tanto el Tribunal Constitucional (TC) como el Tribunal Superior Electoral (TSE) fijaron el criterio vinculante de que la cuota de género establecida entre el 40% y el 60% por la Ley No. 33-18 debe aplicarse por cada demarcación territorial y no a nivel nacional, evitando que las mujeres fueran confinadas a puestos marginales (Tribunal Constitucional TC/0104/20. Estas decisiones judiciales demuestran que la dignidad en los procesos políticos dominicanos no es un concepto pasivo; requiere una intervención jurisdiccional activa para nivelar el terreno de juego, garantizando que el acceso al poder del Estado se fundamente en la justicia distributiva, la equidad de género y la idoneidad moral de las personas.
Conclusiones.
El análisis evidencia que la dignidad humana constituye el eje transversal que debe orientar el funcionamiento del sistema político-electoral dominicano. Si bien las reformas constitucionales, la aprobación de las Leyes núm. 33-18 y 20-23, y la consolidación de la jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional han fortalecido la protección de los derechos fundamentales, aún subsisten prácticas que comprometen la integridad del proceso democrático. El clientelismo, la compra de votos, la desinformación digital, la vulneración de la privacidad y la violencia política de género representan desafíos que trascienden el ámbito jurídico y requieren respuestas institucionales, educativas y culturales. En consecuencia, la consolidación de una democracia respetuosa de la dignidad humana demanda el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, la aplicación efectiva de sanciones, la promoción de la ética política y la educación cívica, así como el compromiso de los partidos políticos, las autoridades electorales y la sociedad en la construcción de procesos electorales transparentes, inclusivos y respetuosos de los derechos fundamentales.
El autor es abogado y Docente Universitario
Más de 800 incendios forestales que están activos en muchas partes de Canadá han generado alertas por mala calidad del aire en ese país y varios estados de Estados Unidos.
Canadá.-La situación afecta a Nueva York, donde el domingo se juega la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Pero hasta el momento no hay ninguna restricción para el partido.
Según el programa Índice de Calidad del Aire de EE.UU., la situación es «peligrosa» en gran parte de los estados de Michigan y Minnesota, en el norte del país, por lo que se recomienda a la población permanecer en interiores.
Las alertas abarcan la región del Alto Medio Oeste, la región de los Grandes Lagos y el noreste de EE.UU., según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NOAA, por sus siglas en inglés) en una actualización publicada este jueves.
En Canadá, un incendio en el norte de Ontario obligó a evacuar a los residentes de los pueblos nativos locales, mientras que la jefa de uno de ellos afirmó que su comunidad quedó «reducida a cenizas».
Actualmente hay 858 incendios activos en Canadá, incluyendo 30 nuevos registrados este jueves, según el Sistema Canadiense de Información sobre Incendios Forestales. La gran mayoría están fuera de control.
El gran conjunto de fuegos que afectan a las zonas noroccidentales de Ontario es responsable de que densas columnas de humo y una mala calidad del aire se extiendan por Thunder Bay y Toronto.
Esta última ciudad registró en un momento la peor calidad de aire del mundo este jueves, según el monitoreo de la firma suiza IQAir. Pero en el ránking también están entre las primeras cinco las estadounidenses Chicago, Detroit y Nueva York.
En Ontario, Canadá, se esperan tormentas eléctricas bastante generalizadas durante los próximos días, pero es posible que la lluvia no sea suficiente para marcar una gran diferencia.
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Nueva York afectada previo a la final del Mundial
En tanto, concentraciones más bajas de humo en las capas altas de la atmósfera se desplazan sobre los Grandes Lagos y sobre Nueva York, con cielos brumosos y amaneceres y atardeceres probablemente más rojizos.
En las regiones occidentales del estado de Nueva York, la calidad del aire este jueves se consideraba «muy insalubre», mientras que en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York la calidad del aire es «insalubre».
Nueva York ha ampliado sus planes de emergencia por calor y ha activado sus protocolos de emergencia por la calidad del aire, poniendo a disposición de toda la ciudad cientos de centros de refrigeración y mascarillas KN95.
El partido de la final del Mundial 2026 está programado para el domingo a las 15:00 hora local, un momento de mucha radiación solar. Pero aún no hay indicaciones de que la situación de este jueves pueda prolongarse hasta el día del partido.
Los vientos del noroeste seguirán arrastrando el humo hacia los estados del norte de Estados Unidos durante el resto de esta semana y hasta el fin de semana, lo que genera preocupación de que el humo llegue a Nueva Jersey, donde está el estadio sede de la final.
Un cambio en la dirección del viento para el lunes significa que el humo tenderá a desplazarse a través de Quebec, con una mejora en la calidad del aire más al sur, en Estados Unidos.
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Los legisladores republicanos del estado de Michigan han escrito una carta abierta al primer ministro de Canadá, Mark Carney, solicitando una mejor gestión de los incendios forestales del país y expresando su frustración por tercer año consecutivo.
«Ha pasado un año, la temporada ha vuelto y nada ha cambiado, salvo que nuestra paciencia se ha agotado», decía la carta, firmada por cuatro legisladores de la Cámara de Representantes estatal.
Pete Hoekstra, embajador de Estados Unidos en Canadá, adoptó un tono más diplomático en un comunicado emitido el miércoles, en el que elogió los esfuerzos de ambos países para combatir los incendios forestales.
En respuesta a las críticas de los legisladores estadounidenses, Carney declaró el jueves que ambos países tienen la responsabilidad de luchar contra el cambio climático.
Añadió que su gobierno está «en estrecha comunicación» con las provincias y las comunidades locales.
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Incendios cada vez más frecuentes
Los incendios forestales forman parte del ciclo natural de la vasta selva boreal de Canadá, pero se han vuelto más frecuentes desde 2015, afirmó Laura Chasmer, profesora de geografía y medio ambiente en la Universidad de Western Ontario.
«Esto está relacionado con algunos de los casos de calentamiento climático extremo que hemos estado observando y con el secado de la superficie atmosférica», indicó.
Según Chasmer, en el pasado los incendios eran más frecuentes en el oeste de Canadá, pero en los últimos años esa tendencia se ha desplazado hacia el este, con grandes incendios que ahora arden en Ontario, Quebec y las provincias atlánticas, lo que hace que el humo sea más visible en ciudades densamente pobladas como Toronto y Nueva York.
La profesora añadió que esto ha puesto a prueba los esfuerzos de extinción de incendios en Canadá, cuyo principal objetivo es evitar que las llamas se propaguen a las poblaciones cercanas.
Extinguir los incendios por completo es «muy difícil», señaló la experta, debido a su magnitud e intensidad.
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Mientras tanto, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, desestimó las críticas a la gestión de su gobierno ante los incendios, señalando que más de 150 equipos de bomberos se encuentran sobre el terreno combatiendo las llamas.
«Gastaremos lo que haga falta», dijo Ford.
Además del humo peligroso, los incendios forestales en el norte de Ontario han obligado a decenas de personas de las comunidades indígenas locales a evacuar, y algunos videos han mostrado a personas huyendo de la remota zona en embarcaciones.
La jefa de la Primera Nación Namaygoosisagagun, Helen Paavola, declaró al medio de comunicación local CityNews en una entrevista que un sobrevuelo aéreo mostró que su comunidad ha quedado «reducida a cenizas».
«Todas las casas han desaparecido», dijo este jueves. «No queda nada».
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Por José Cabral
Se ha vuelto un cliché en los tribunales de la República Dominicana las decisiones que toman los jueces referentes a las acciones de amparo, cuya figura casi siempre tiene como destino la inadmisibilidad.
Regularmente los jueces se acogen a lo que dispone el artículo 70 de la Ley 137-11 para declarar inadmisible las acciones de amparo.
Pero el destino de esta figura jurídica, que sirve para restablecer la violación de derechos fundamentales por parte de funcionarios públicos o particulares, es el de renegar de las razones que los originaron.
La tendencia con la acción de amparo ha creado la impresión en el ciudadano de que la misma sirve de poco, porque sea por el argumento que ahora se ha hecho muy general de que el sistema de justicia está saturado de tantas demandas de este tipo o porque es más fácil inclinarse por la inadmisibilidad para los juzgadores.
El artículo 72 de la Constitución de la República habla muy claro de las características del amparo y de igual modo la Ley 137-11, que es por la que se rige la figura jurídica, pero como se puede observar ya el mismo no cumple ni se ajusta espíritu de la figura, dado que más que proteger los derechos fundamentales se ha vuelto una vía para negar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
La inadmisibilidad del amparo crea tanta decepción en el justiciable que apoyarse en esta figura implica perder el tiempo, porque es la opcion más común de los jueces, aunque no haya razon para ello, tanto a nivel de primera instancia o de la jurisdiccion contenciosa administrativa y lo propio debe decirse del Tribunal Superior Electoral.
Lo que ocurre con el amparo también pasa con los recursos de casación, cuyos jueces después de la entrada en vigencia de la Ley 2-23 se inclinan por la vía mas fácil que es declarar inadmisible el mismo, a los fines de eliminar la desgraciada mora judicial.
La acción de amparo recorre el mismo camino de la crisis que se produce en todo el sistema de justicia nacional, en el que los jueces se van regularmente por la vía más fácil, porque de ese modo no tienen que ponderar el fondo de la demanda.
Lo que ocurre con la acción de amparo en la República Dominicana es sólo una muestra de un sistema de justicia en crisis, cuyo derecho constitucional existe sólo en el papel, pero no en la realidad.
La acción de amparo, una figura que crea sueños para el que busca que se restablezcan los derechos fundamentales violados, pero la verdad es que se trata de una quimera que genera descredito y desconfianza en el sistema de justicia nacional.