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Quirino Ernesto Paulino obtiene orden de libertad por pena cumplida en EE.UU.
SD. Revuelos, sorpresas y conjeturas ha originado en estamentos del Ministerio Público y de organismos investigativos del país la orden de libertad por pena cumplida a favor del ex capitán del Ejército Nacional, Quirino Ernesto Paulino Castillo, a quien las autoridades penales de los Estados Unidos le atribuyen haber traficado más de 33 toneladas de cocaína durante ocho años y lavar millones de dólares.
La jueza a cargo del proceso en el Distrito Sur de Nueva York, Kimba Wood, dispuso la libertad a pena cumplida al extraditado desde República Dominicana, preso desde febrero del 2005 en Estados Unidos.
«Se ordenó, finalmente, la puesta en libertad de Quirino, en función de la aceptación del acuerdo que ya se había formulado hace tantísimo tiempo», dijo su abogado en el país, Freddy Castillo, quien comentó que la magistrada aceptó como bueno y válido el convenio, y le otorgó la categoría de pena cumplida a la prisión del capo.
Precisó que en el caso se utilizó el procedimiento normal y cotidiano, evitando el juicio, y aceptando culpabilidad «y probablemente ofreciendo a aquel gobierno información que ellos precisa, le gustan o quieren». Indicó que Quirino está a la espera de que se completen los trámites burocráticos de lugar para regresar a la República Dominicana.
«O lo hará en calidad de deportado, o lo hará como hombre libre, dependiendo de la situación que los Estados Unidos hayan acordado en ese sentido, o lo que sea costumbre entre ellos».
Castillo aseguró que Quirino tiene la intención de venir a su país, porque así lo ha manifestado.
«Siempre ha sido así, él vendrá a la República Dominicana, si se quiere tomar un tiempecito en los Estados Unidos, no lo sé, porque también va a depender, no sólo de sus deseos, sino de lo que los Estados Unidos dispongan en ese sentido». Además de Quirino, guardan prisión Eduardo Rodríguez (El Príncipe), condenado a 14 años de prisión.
Mientras que por el caso decidió que se hiciera su entrega voluntaria a las autoridades penales estadounidense el ex jefe de Operaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Francisco Hiraldo Guerrero.
Los restantes 20 imputados que figuran en el expediente, y según se comprueba en los papeles de la Corte, el primero en negociar un acuerdo con la Fiscalía fue el empresario Ramón Pérez Ferreras, y a éste le siguieron Juan Cruz Crisóstomo, Richard Peña Mejía, el ex coronel Lidio Nin Terrero, quien está en el país, el chofer Tirso Cuevas Nin, quienes se encuentran en el país, tras cumplir condenas y ser deportados, y el casacambista José Abel Burdíez.
Además de ellos, aparecen como acusados Faustino Perozo, quien, tras permanecer cinco años prófugo, desde el 2005 al 2010, decidió venir desde España, entregarse a la Fiscalía del Distrito Nacional, a raíz de lo cual la Embajada de los Estados Unidos notificó a la Procuraduría General de la República del retiro de la petición de extradición.
Otros incluidos en la lista de implicados en la red de Quirino, en los Estados Unidos, son Federico Miranda Hernández, José Ortega de León, Marcos Taveras Jiménez, Luis Eduardo Cordero Rodríguez (Eduardito), Bladimir García Jiménez, Fátima Henríquez Díaz, los mellizos Luis David y Jean Paul Ulloa y Juan Samuel Rodríguez Cordero.
En febrero del 2005, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenó la extradición de Paulino Castillo, por cargos de conspiración para introducir 1,387 kilos de cocaína decomisados en el país el 18 de diciembre del 2004.
La alta corte también dispuso incautar US$7 millones pertenecientes a las acciones delictivas del capo.
La declaratoria de culpabilidad
Paulino Castillo cedió a Estados Unidos la suma de US$14.5 millones, cifra que acordaron ceder a las autoridades dominicanas, como parte del acuerdo que se hizo con el capo. «Alrededor del 7 de febrero del 2008, Paulino se declaró culpable de los cinco cargos de la acusación S7 04 CR. 1353. Al declararse culpable, Paulino reconoció su participación en conspiraciones, desde alrededor de 1996 hasta alrededor del 2002, relativa a la importación y distribución de 30,000 kilogramos (aproximadamente 33 toneladas) de cocaína, así como el lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico», dice un documento oficial de la justicia penal estadounidense que fue adicionado al expediente dominicano.
Bienes decomisados y familiares de Quirino
Como parte del proceso seguido a Quirino en los Estados Unidos, en diciembre del 2008, el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional acogió el retiro de la acusación de lavado de activos por más de RD$400 millones en contra de la madre, un hermano, un hijo y otros parientes del extraditado.
La decisión fue a favor de Quirilio Paulino Castillo (Danilo), hermano de Quirino; Zaira Castillo Ramírez, sumadre; Luis Marmolejos Féliz; Felicita Consuelo Medrano Mercedes; Elba Féliz Matos de Marmolejos; Ricardo Encarnación Castillo; Anderson Paulino Ubrí, hijo; y Diomaris Marmolejos Féliz, madre de varios hijos de «El Don».
Ordenó el decomiso de una serie de bienes, 21 en total, entre los que se incluyen residencias, apartamentos de lujo, una estación de gasolina, un ganado de más de 200 reses, fincas y dinero en efectivo, contenidos en el acuerdo firmado entre las partes, y los valores de la venta en pública subasta del helicóptero EC-130 depositados en certificados de depósitos abiertos.
La decisión comprendió el visado de los familiares de Quirino, quienes pueden entrar y salir a EE.UU.
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La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.