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Quirino Ernesto Paulino obtiene orden de libertad por pena cumplida en EE.UU.
SD. Revuelos, sorpresas y conjeturas ha originado en estamentos del Ministerio Público y de organismos investigativos del país la orden de libertad por pena cumplida a favor del ex capitán del Ejército Nacional, Quirino Ernesto Paulino Castillo, a quien las autoridades penales de los Estados Unidos le atribuyen haber traficado más de 33 toneladas de cocaína durante ocho años y lavar millones de dólares.
La jueza a cargo del proceso en el Distrito Sur de Nueva York, Kimba Wood, dispuso la libertad a pena cumplida al extraditado desde República Dominicana, preso desde febrero del 2005 en Estados Unidos.
«Se ordenó, finalmente, la puesta en libertad de Quirino, en función de la aceptación del acuerdo que ya se había formulado hace tantísimo tiempo», dijo su abogado en el país, Freddy Castillo, quien comentó que la magistrada aceptó como bueno y válido el convenio, y le otorgó la categoría de pena cumplida a la prisión del capo.
Precisó que en el caso se utilizó el procedimiento normal y cotidiano, evitando el juicio, y aceptando culpabilidad «y probablemente ofreciendo a aquel gobierno información que ellos precisa, le gustan o quieren». Indicó que Quirino está a la espera de que se completen los trámites burocráticos de lugar para regresar a la República Dominicana.
«O lo hará en calidad de deportado, o lo hará como hombre libre, dependiendo de la situación que los Estados Unidos hayan acordado en ese sentido, o lo que sea costumbre entre ellos».
Castillo aseguró que Quirino tiene la intención de venir a su país, porque así lo ha manifestado.
«Siempre ha sido así, él vendrá a la República Dominicana, si se quiere tomar un tiempecito en los Estados Unidos, no lo sé, porque también va a depender, no sólo de sus deseos, sino de lo que los Estados Unidos dispongan en ese sentido». Además de Quirino, guardan prisión Eduardo Rodríguez (El Príncipe), condenado a 14 años de prisión.
Mientras que por el caso decidió que se hiciera su entrega voluntaria a las autoridades penales estadounidense el ex jefe de Operaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Francisco Hiraldo Guerrero.
Los restantes 20 imputados que figuran en el expediente, y según se comprueba en los papeles de la Corte, el primero en negociar un acuerdo con la Fiscalía fue el empresario Ramón Pérez Ferreras, y a éste le siguieron Juan Cruz Crisóstomo, Richard Peña Mejía, el ex coronel Lidio Nin Terrero, quien está en el país, el chofer Tirso Cuevas Nin, quienes se encuentran en el país, tras cumplir condenas y ser deportados, y el casacambista José Abel Burdíez.
Además de ellos, aparecen como acusados Faustino Perozo, quien, tras permanecer cinco años prófugo, desde el 2005 al 2010, decidió venir desde España, entregarse a la Fiscalía del Distrito Nacional, a raíz de lo cual la Embajada de los Estados Unidos notificó a la Procuraduría General de la República del retiro de la petición de extradición.
Otros incluidos en la lista de implicados en la red de Quirino, en los Estados Unidos, son Federico Miranda Hernández, José Ortega de León, Marcos Taveras Jiménez, Luis Eduardo Cordero Rodríguez (Eduardito), Bladimir García Jiménez, Fátima Henríquez Díaz, los mellizos Luis David y Jean Paul Ulloa y Juan Samuel Rodríguez Cordero.
En febrero del 2005, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenó la extradición de Paulino Castillo, por cargos de conspiración para introducir 1,387 kilos de cocaína decomisados en el país el 18 de diciembre del 2004.
La alta corte también dispuso incautar US$7 millones pertenecientes a las acciones delictivas del capo.
La declaratoria de culpabilidad
Paulino Castillo cedió a Estados Unidos la suma de US$14.5 millones, cifra que acordaron ceder a las autoridades dominicanas, como parte del acuerdo que se hizo con el capo. «Alrededor del 7 de febrero del 2008, Paulino se declaró culpable de los cinco cargos de la acusación S7 04 CR. 1353. Al declararse culpable, Paulino reconoció su participación en conspiraciones, desde alrededor de 1996 hasta alrededor del 2002, relativa a la importación y distribución de 30,000 kilogramos (aproximadamente 33 toneladas) de cocaína, así como el lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico», dice un documento oficial de la justicia penal estadounidense que fue adicionado al expediente dominicano.
Bienes decomisados y familiares de Quirino
Como parte del proceso seguido a Quirino en los Estados Unidos, en diciembre del 2008, el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional acogió el retiro de la acusación de lavado de activos por más de RD$400 millones en contra de la madre, un hermano, un hijo y otros parientes del extraditado.
La decisión fue a favor de Quirilio Paulino Castillo (Danilo), hermano de Quirino; Zaira Castillo Ramírez, sumadre; Luis Marmolejos Féliz; Felicita Consuelo Medrano Mercedes; Elba Féliz Matos de Marmolejos; Ricardo Encarnación Castillo; Anderson Paulino Ubrí, hijo; y Diomaris Marmolejos Féliz, madre de varios hijos de «El Don».
Ordenó el decomiso de una serie de bienes, 21 en total, entre los que se incluyen residencias, apartamentos de lujo, una estación de gasolina, un ganado de más de 200 reses, fincas y dinero en efectivo, contenidos en el acuerdo firmado entre las partes, y los valores de la venta en pública subasta del helicóptero EC-130 depositados en certificados de depósitos abiertos.
La decisión comprendió el visado de los familiares de Quirino, quienes pueden entrar y salir a EE.UU.
Santo Domingo. – Tras una declaración de urgencia y en dos lecturas consecutivas el Senado de la República aprobó las modificaciones a la ley número 225-20, Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos de la República Dominicana.
El proyecto fue presentado por los senadores Ramón Rogelio Genao Durán de la provincia La Vega; y Ginnette Bournigal de Jiménez de Puerto Plata.
Esta pieza tiene el propósito de fortalecer el marco normativo para la gestión integral y sostenible de los residuos sólidos, modificando los artículos 4, en los numerales 11, 38, y 39; y se agregan los numerales 21-bis, 26-bis y 47-bis. También modifica los artículos 16 y 17 de la presente ley con el fin de mantener la armonía entre el hombre y su ambiente, e impedir, subsanar, corregir o eliminar las situaciones que pongan en riesgo la calidad de los recursos naturales y de la biósfera.
La iniciativa refiere que desde la promulgación de la Ley 225-20, Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, no se han logrado grandes avances en la reducción del impacto ambiental de los residuos sólidos, no obstante, persisten desafíos en la implementación efectiva de la gestión integral de estos.
La normativa establece que el manejo y la gestión integral y disposición final de los residuos es uno de los principales pilares de la Ley No. 225-20, ya que el aumento de la población, junto a los cambios en los patrones de consumo, ha provocado un incremento en la cantidad de residuos que se generan en el país. En virtud de esto, se hace necesario adoptar medidas que garanticen la conservación del ambiente sano y ecológicamente equilibrado para las presentes y futuras generaciones.
El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica la Ley-358-05, sobre la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario.
Esta normativa tiene la finalidad de modificar varios artículos para establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario, garantizando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre los proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios, sean de derecho público o privado, nacionales o extranjeros y la calidad de los productos que consume la población.
La pieza presentada por el senador de la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, indica que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR), como órgano del Estado destinado a garantizar los derechos fundamentales de las personas y su acceso a bienes, servicios y alimentos de calidad, debe poseer las cualidades administrativas que lo doten de las competencias sancionadoras necesarias, propugnando así por la eficacia en la aplicación de la ley y el beneficio colectivo.
En segunda lectura el Pleno aprobó el proyecto que designa con el nombre de Theodore Chasseriau el Bulevar Turístico del Atlántico, comprendido desde el cruce el Catey, en el municipio Sánchez, hasta el cruce el Limón, con la carretera de Samaná, de la provincia Samaná, propuesta del senador Pedro Manuel Catrain.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, consideró como el mayor desafío del sistema los innumerables casos pendientes.
Molina reconoció que «la mora judicial es y ha sido un reto existencial para la justicia y la sociedad«, por lo que implementan medidas en la ruta de que «estamos transformando esa realidad».
“El mayor desafío que enfrentamos es la mora judicial. Hay cientos de historias que ilustran la desesperanza e incertidumbre que generan los casos pendientes”, dijo Molina en su intervención.
En busca de corregir la situación, citó que todas las salas de la Suprema Corte resolvieron el 98 por ciento de casos ingresados en 2023, cuya meta en lo adelante es no tener expedientes inconclusos con más de seis meses.
El discurso de Molina revela que de los 11,268 casos ingresados en 2023, el 98 por ciento ya fue resuelto, con solo 561 pendientes entre las salas, a pesar de un incremento considerable por el ingreso de nuevos recursos a la Tercera Sala.
«Cada tribunal, cada jueza y juez, cada servidor judicial, ha contribuido a esta transformación. Demostrando que la justicia al día es posible si trabajamos unidos, con compromiso y entrega», añadió en sus palabras.
El objetivo de reducir los retardos judiciales encuentra marco normativo en la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación, que pone pestillo e «impide» la entrada de prácticas dilatorias. Esta reduce de dos años a menos de cinco meses el tiempo promedio de los trámites de las partes para el apoderamiento de las salas.
Las declaraciones de Luis Henry Molina sucedieron en el marco de la Audiencia Solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, en conmemoración al Día Nacional del Poder Judicial, donde contó con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
Santo Domingo, R.D.-El partido Alianza País llamó al presidente Luis Abinader a no recibir en el Palacio Nacional al líder opositor venezolano, Edmundo González, debido a que podría arrastrar a República Dominicana a un “enfrentamiento diplomático” con Venezuela.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el partido indicó que “lo prudente” sería apostar al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela, las cuales fueron clausuradas el pasado mes de julio.
Mediante el documento, el partido encabezado por Guillermo Moreno ratificó su apoyo a la “institucionalidad democrática” de Venezuela y se opone a “cualquier tipo de presión foránea para solucionar sus problemas internos”.
“Conforme los principios que rigen en la Constitución y los tratados internacionales de los que la República Dominicana es signataria, los Estados son soberanos para dirimir sus conflictos internos sin injerencias, presiones o intervenciones de fuerzas extranjeras. Corresponde al pueblo de Venezuela darle solución a los conflictos que se susciten en su país y ningún Estado ni gobierno extranjero debe inmiscuirse en los asuntos internos que solo corresponde resolver a los venezolanos”, señala Alianza País.
La reunión entre el presidente Abinader y Edmundo González está programada a realizarse el próximo jueves nueve de mayo a las 11:00 de la mañana mediante un acto en el Salón de Embajadores de la sede de Gobierno.
El acto estará centrado en los desafíos y oportunidades para el fortalecimiento democrático en Venezuela; la actividad contará con intervenciones de González, Abinader, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y uno de los expresidentes que componen la delegación del Grupo IDEA.
“En esta reunión, se abordarán temas relacionados con la situación política en Venezuela, los retos para la democracia en la región y las oportunidades para una transición pacífica y ordenada”, reseña un documento de prensa enviado a los medios de comunicación, que señala que luego se hará un almuerzo que contará además con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña y los ministros José Ignacio Paliza, Andrés Bautista y Víctor (Ito) Bisonó.
Hasta el momento el Gobierno dominicano no ha reconocido ni ha Edmundo ni a Nicolás Maduro como ganadores oficiales de las elecciones presidenciales de Venezuela realizadas a finales de julio.
El Gobierno sí ha exigido en reiteradas ocasiones la publicación de las actas electorales, sin embargo el Consejo Nacional de Elecciones de ese país declaró ganador a Maduro sin dar a conocer las mismas.
Todo, mientras Edmundo señalaba que los datos que manejaba su equipo de campaña lo daban como un “amplio ganador”.