Nacionales
La JCE decidió no regular la campaña anticipada
Roberto Rosario.
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, reveló ayer que el pleno de ese organismo aprobó un reglamento que le prohíbe regular la campaña política anticipada debido a que involucrarse en esa tarea sería violatorio de la Constitución porque vulneraría derechos fundamentales.
Rosario consideró que sería un error de la JCE pretender limitar los derechos de los ciudadanos porque incurriría en una violación constitucional. “Nosotros no podemos pedirle a un medio de comunicación que le prohíba a un ciudadano venir a promoverse para una candidatura porque no tenemos facultad legal para eso, no podemos decirle a un ciudadano que no se reúna en un centro determinado a promover su candidatura, nosotros no tenemos derecho a eso”, subrayó.
Explicó que específicamente el artículo 74 de la Constitución se refiere a la interpretación y reglamentación de los derechos fundamentales y que manda que solo pueden ser reglamentados mediante una ley adjetiva. Sostuvo que si el Congreso aprueba una ley en ese sentido, la JCE si podría reglamentar las campañas electorales a destiempo.
“Algunos magistrados, algunos partidos y personas de la sociedad le han pedido a la Junta que suspenda el inicio de la campaña electoral y todas esas ideas están llenas de buenas intenciones pero no se corresponden con nuestra legislación… Eso suena simpático y atractivo, pero los funcionarios públicos no estamos para estar buscando aplausos, es para aplicar la ley”, expresó. Dijo que la medida fue adoptada en la reunión del último pleno del organismo que se efectuó la pasada semana.
Recientemente, el miembro titular de la JCE, José Ángel Aquino, sometió una propuesta al órgano a fin de que la JCE detuviera la campaña electoral anticipada debido a que en el país hay la impresión de que ya se emitió la proclama electoral cuando faltan más de dos años para las elecciones. Aclaró que aunque el artículo 212 de la Carta Magna establece que la JCE tiene capacidad reglamentaria pero es con relación a la ley, no de la Constitución.
Rosario ofreció la información al ser entrevistado en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe, en un encuentro encabezado por el director de elCaribe, Osvaldo Santana; el jefe de Redacción, Héctor Marte, y los editores de Economía, Héctor Linares, y del portal, Sandra Guzmán. Además de Rosario, por la JCE asistieron los directores de cómputo, Franklin Frías; de Elecciones, Joel Lantigua; Cedulación, Américo Rodríguez, y de Comunicaciones, Félix Reyna.
La cédula, en segunda semana abril
Roberto Rosario afirmó que la entrega de la nueva cédula se hará en la segunda semana de abril y que ya han comenzado a llegar al país parte de los equipos que se usarán para la impresión del documento. Dijo que a más tardar el día cinco de abril la totalidad de los equipos para empezar a generar el nuevo documento de identidad estará en el país.
Explicó que la entrega se hará en los 146 centros de cedulación que hay en todo el territorio y que además se harán operativos de entrega con alrededor de 15 unidades móviles en todo el país. Agregó que el proceso incluye un programa de visitas focalizadas a instituciones públicas y privadas a fin de agilizar el proceso y evitar problemas de congestión permanente.
“En los primeros días habrá congestión porque eso es inevitable porque la gente sabe que hay que cambiarla, que es gratis y que la necesita y desde que se anuncie que se va a dar la cédula la gente va ir corriendo a buscarla”, expresó.
Igualmente, informó que la próxima semana se dará a conocer el nombre de la publicitaria de las 14 que concursan que gane la licitación para la campaña de promoción a fin de orientar a la ciudadanía sobre todo lo concerniente al nuevo documento. Igualmente, dijo que será necesario contratar personal adicional para la entrega del nuevo documento. Dijo que en los próximos días la JCE iniciará una campaña para orientar a la población sobre medidas previas antes de acudir a los centros de cedulación a retirar el nuevo documento.
“Cambio comisión retrasa la ley de partidos políticos”
El presidente de la JCE consideró que el cambio de una comisión bicameral a solo una comisión de diputados retrasarán el conocimiento y aprobación de la ley de partidos. “Es evidente que los últimos acontecimientos la van a retrasar porque ya había una comisión bicameral que ya tenía un informe listo para presentarlo y ahora una nueva comisión inicia una nueva discusión que implica tiempo y además es de una sola cámara, pero si el informe hubiese sido bicameral pues hubiese sido mejor”, apuntó Rosario.
Sostuvo que prefiere ser respetuoso de las decisiones de los órganos del Estado y que de alguna manera todo el trabajo que se hace aportará para que en el 2016 el país cuente con una ley de partidos y agrupaciones políticas. La JCE reintrodujo mediante el Senado al anteproyecto de ley de partidos políticos, la modificación a la ley electoral y el proyecto de ley orgánica de referendo.
Consideró que una de las cosas que debe definir la ley de partidos es lo relativo al reconocimiento y pérdida de personería de las organizaciones políticas. Dijo que para trabajar ese aspecto es recomendable que se escuche la opinión de los partidos con representación congresual y los que no tienen.
“No hay mayores posibilidades de que el país pueda ser condenado por fallo”
El presidente de la JCE afirmó que contrario a lo que se cree, el país no tiene mayores riesgos de ser condenado por organismos internacionales por la aplicación de la sentencia 168/13 que establece los criterios para obtener la nacionalidad dominicana. “Yo más bien creo que ese es un argumento que utilizan algunas personas que tienen alguna diferencia sobre la posición que prima en el tinglado legal de la República Dominicana tanto por mandato de la Constitución, y aquí se ha engañado a la población como hizo Colón (Cristóbal Colón) que vino con algunos espejitos y engañó a los aborígenes y al país se le ha vendido una falsa idea de algo que no existe”, dijo.
Sostuvo que el tema de una posible condena internacional no se debe usar como un pretexto para no forzar un cambio en lo que ha sido la política pública de migración y el otorgamiento de la nacionalidad. “Yo creo que nos están asustando con carabinas vacías”, subrayó. Sostuvo que las decisiones de la mayoría de los organismos internacionales no son vinculantes, entre ellos citó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sostuvo que actualmente el país solo tiene una demanda frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuyas decisiones tienen el mismo rango que la Constitución de la República, pero que no están por encima de la ley sustantiva.
“No es correcto que hay 91 mil niños sin actas”
El presidente de la JCE afirmó que no es correcta la información del Ministerio de Educación de que más de 91 mil alumnos no cuentan con actas de nacimiento. Rosario criticó que las autoridades de esa cartera digan que hay más de 91 niños sin acta cuando la JCE ha firmado más de cuatro convenios para esos fines, pero que no se han podido aplicar por los obstáculos que ponen los técnicos de Educación.
“Yo creo que esa información no está correcta y creo que es posible que esos niños carezcan de actas de nacimiento en el archivo de la escuela, no que carezcan de actas como niños que son cosas distintas”, puntualizó. Refirió que durante la gestión de Alejandrina Germán se firmó un convenio que al final no se aplicó porque “con los ministros firmamos todos los acuerdos, pero desde que llegamos donde los técnicos los acuerdos se paralizan”, afirmó.
Más de 4 mil 130 cargos se escogerán en el 2016
Roberto Rosario adelantó que ya fue definida la línea estratégica que se aplicará en las próximas elecciones en la que se escogerán más de 4 mil 130 cargos en todo el país. “Eso crea la dificultad de que están en disputa cargos tan pequeños como vocales de distritos municipales porque muchas veces la gente que interviene en esos procesos entiende que en su elección se están jugando la vida y eso hace que sean más apasionado y disputado porque hay cargos que se deciden hasta por cinco votos”, expresó. Dijo que la JCE tiene en carpeta automatizar el llenado de las actas para las elecciones del 2016 y que en este momento trabajan para eso.
Inmadurez clase política retrasa voto electrónico
La clase política no ha madurado lo suficiente para que en el país haya voto electrónico y por eso tenemos que seguir con el voto manual”, expresó. Agregó que la falta de madurez de los actores políticos hace que se preparen solo para ganar y no para perder y “si dudan del voto manual, que será con el voto electrónico”. Reiteró que la dirigencia política no está a la altura de los países que han logrado instaurar el voto electrónico. Dijo que en las elecciones del 2016 habrá un registro de huellas dactilares de los votantes a fin de evitar que se piense que los ciudadanos puedan sufragar más de una vez y que esa medida de seguridad se agrega por la transparencia de los comicios.
EL CARIBE
Nacionales
Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.