Análisis Noticiosos
La “Convergencia” sería alternativa democrática
Por Juan Bolívar Díaz
La virtual división del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ha creado condiciones propicias para la emergencia de una nueva fuerza que ocupe el vacío de oposición y pudiera constituirse en una alternativa al continuismo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para las elecciones presidenciales dentro de 26 meses.
La participación de los grupos mayoritarios del escindido PRD garantizaría un fuerte arranque de la ”Convergencia por un Mejor País”, cuyo estatuto general en discusión plantea elección abierta de candidatos, pero antes abrirían una concertación de programa de gobierno.
Una sumatoria política. La virtual división que afecta al PRD, donde no han podido establecer los más mínimos acuerdos para reencausar la democracia interna tras dos años de confrontaciones, y la prematura lucha en el PLD por la candidatura presidencial iniciada cuando faltaban tres años para las próximas elecciones generales, están impulsando la conformación de lo que se ha denominado “Convergencia por un Mejor País”, cuyo primer objetivo es buscar el poder en el 2016.
Se encuentra en su fase final el estudio de un proyecto de estatuto general tras lo cual abrirían un proceso para consensuar un programa mínimo de gobierno y luego proceder a una elección primaria para escoger candidatos mediante voto universal y secreto para todos los cargos a ser electos en mayo de 2016.
La propuesta partió del grupo Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia que profesionales e intelectuales insatisfechos con la gestión peledeísta conformaron entre el 2010 y 2011 buscando constituir un “frente amplio electoral” con participación de varios partidos de centro e izquierda con franquicia electoral y de núcleos populares. El esfuerzo no concretó.
Hasta ahora participan del proyecto los sectores perredeístas que encabezan Hipólito Mejía y Luis Abinader y el Foro Renovador, los partidos con reconocimiento electoral Frente Amplio y Partido Humanista Dominicano, el Movimiento Rebelde de Juan Hubieres que lo procura, y los agrupamientos La Multitud, Red de Acción Política y Ciudadanos por la Democracia.
Tratarían de incorporar también a los reconocidos Alianza País, que lidera Guillermo Moreno; Partido Revolucionario Social Demócrata, que encabeza Hatuey Decamps, y Dominicanos por el Cambio, presidido por Eduardo Estrella.
Moreno condiciono su participación a la previa concertación de un programa que empiece por rechazar el prevaleciente reparto del Estado.
Un proyecto democrático. Los politólogos Pedro Catrain, César Pérez, Wilfredo Lozano y el economista Miguel Ceara Hatton, de los fundadores de Ciudadanos por la Democracia, vienen reclamando la constitución de una convergencia de todos los sectores preocupados por la institucionalidad democrática, en lo que han insistido después que el expresidente Leonel Fernández dijera que el PLD gobernará el país hasta el 2036, que luego amplió al 2044, es decir otros 30 años.
Pero han insistido en que la esencia del proyecto debe partir del rescate de los procedimientos democráticos, respeto a las minorías y renovación del liderazgo político promoviendo la incorporación de las organizaciones juveniles y la participación de las diversas expresiones de la sociedad civil y personalidades independientes.
El preámbulo del proyecto de estatuto indica que es imprescindible la construcción de un espacio político de vertebración unitaria.
“Desde el respeto a los liderazgos, la pluralidad, la tolerancia la personalidad política y jurídica particular, los principios y declaraciones contenidas en las normas de funcionamiento de cada uno de los partidos, agrupaciones, movimientos políticos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos independientes que componen este esfuerzo unitario proclamamos la plena vigencia de Cambio 2016, Convergencia por un Mejor País”.
El artículo 3 dice que “La Convergencia nace con el objetivo de cambiar la situación política, económica y social de la República Dominicana, que los partidos, movimientos políticos organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos independientes describen en el Manifiesto Político que explica su planteamiento programático”. La elaboración del manifiesto sería fruto del consenso mediante una mesa de diálogo.
Aporte de los perredeístas. La participación de la llamada Corriente Mayoritaria del PRD, integrada por los grupos que encabezan Hipólito Mejía y Luis Abinader y el Foro Renovador, garantizaría una fortaleza considerable de la Convergencia desde su nacimiento. El proyecto se inspira en experiencias internacionales, como la de La Concertación que venció a Pinochet en el plebiscito de 1988 e inició la restauración de la democracia con el Gobierno de Patricio Aylwin (1990-94) y siguió con los de Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michel Bachelet, hasta el 2010, cuando fue desplazada del poder por Sebastián Piñera, para retornar en este 2014 de nuevo con Bachelet.
Se estima que Mejía y Abinader arrastrarían la mayor parte de los perredeístas inconformes con lo que denuncian como “secuestro del partido por su presidente Miguel Vargas y el expresidente Leonel Fernández y sus cortes”. Se sienten avalados por la mayoría absoluta que les atribuyen la generalidad de las encuestas publicadas desde que estalló la crisis perredeísta tras las elecciones del 2012.
Abinader y Mejía sumaron el 43 por ciento de las preferencias en el universo de los encuestados en la Gallup-HOY de septiembre pasado, contra 21 por ciento de Vargas. Entre quienes se dijeron perredeístas las diferencias eran mucho mayores, 73 a 12 por ciento. En la Gallup-HOY de enero pasado el dueto acumuló 46 por ciento a 21%. Y entre los perredeístas 75 a 13 por ciento. En una encuesta de mediados de febrero del Centro Económico del Cibao dispuesta por Abinader y Mejía el resultado fue 57 por ciento para ellos en el universo contra 20% a Vargas, y entre los perredeístas 86 a 11 por ciento, ambos empatados sobre el 44 por ciento.
Importantes interrogantes. Muchas son las interrogantes que se formulan sobre el proyecto de Convergencia. La primera si los involucrados tendrán la capacidad de concertación, vocación y ejercicio democrático para construirla, lo que se ha frustrado en procesos electorales anteriores tratándose de partidos minoritarios.
En 1973, cuando Juan Bosch abandonó el PRD cinco meses antes de los comicios presidenciales de 1974, en tan corto tiempo bajo el liderazgo de José Francisco Peña Gómez se estableció el Acuerdo de Santiago, en un pacto de cuatro partidos que logró capitalizar el descontento y encabezar la oposición.
Al llegar mayo, Balaguer utilizó hasta las Fuerzas Armadas en las calles para hacer campaña e imponerse, obligando a la abstención del frente cinco días antes de la votación.
La situación ahora es diferente, pues el PRD no tiene un Peña Gómez que lo unifique y el frente electoral no llevaría el nombre y símbolos del partido. Habría que ver si la mayoría de los perredeístas se convencen de que pueden prescindir de él, siquiera coyunturalmente. La encuesta de febrero preguntó si considerarían correcto que Mejía y Abinader salieran del PRD hacia la Convergencia. Lo aprobó el 51 por ciento del universo y el 68 por ciento de los perredeístas.
Otra interrogante es si los dos perredeístas se pondrían de acuerdo para presentar una candidatura presidencial a la Convergencia, o si llevarían a la misma las tradicionales luchas internas de los perredeístas. Desde el año pasado Abinader se proclamó precandidato presidencial y las encuestas lo muestran en ascenso. Mejía ha dicho que trabajará por la Convergencia sin subordinarlo a ser candidato, aunque también sin descartarlo.
Desde luego, el dueto de la Convergencia tendría que convencer a muchos perredeístas que todavía se aferran al nombre y la historia del más viejo partido nacional.
Los asuntos esenciales
Los partidos y grupos participantes conservarían su plena independencia pero estarían obligados a cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de la Convergencia que serían Consejo General, Dirección Ejecutiva Nacional, con una Mesa Colegiada, un Coordinador General y un Portavoz, diversas comisiones y una Comisión Permanente y tendría órganos locales, provinciales y municipales acordes con la organización electoral del país.
Se plantea que la elección de los candidatos sería mediante voto directo universal, individual y secreto a través de un proceso de primarias en el que participarían los candidatos que presenten todos los partidos y agrupamientos integrados.
Así escogerían los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República y el 80 por ciento de los cargos al Congreso Nacional y los municipios.
El restante 20 por ciento sería destinado a proteger el derecho de las minorías participantes, previa reglamentación.
El proyecto establece que las personas postuladas deberán aceptar los objetivos y programas de la Convergencia y su compromiso con un código de ética, además del cumplimiento de los principios éticos establecidos por las leyes y los que adopte la Convergencia.
Antepone los intereses generales a cualquier interés personal, y solo percibirán los honorarios, salarios y dietas establecidos para cada función.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.