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Opinión

Sentencia y haitianos: que quede claro

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Por Rosario Espinal

ROSARIO-ESPINAL-200x30011111111En los últimos seis meses, República Dominicana ha estado sometida a fuertes embates políticos producto de la Sentencia TC 168/13, que no es justa ni patriótica. A su favor, los promotores de la Sentencia tienen que la mayoría de los dominicanos no quiere la migración haitiana, y en eso se amparan para confundir la opinión pública.

Primero, el gobierno dominicano es el principal culpable de la gran cantidad de haitianos indocumentados en el país. Por 100 años, el Estado ha permitido la migración ilegal de trabajadores haitianos depauperados para ofrecer mano de obra barata a los empresarios dominicanos, incluido el propio gobierno, y enriquecer funcionarios civiles y militares que trafican. Mientras esa población inmigrante creció, los gobiernos dominicanos nunca la documentaron, precisamente porque quieren trabajadores pobres y sin derechos.

Segundo, a través del tiempo, esos trabajadores indocumentados procrearon, y a sus hijos nacidos y criados en República Dominicana les correspondía la nacionalidad dominicana porque ninguna constitución dominicana antes de 2010 se la negaba.  De unos 200 mil descendientes de haitianos nacidos en territorio dominicano en la actualidad, según la Primera Encuesta de Migración, 22,654 tienen papeles legítimos y 13,672 papeles ilegítimos, según la Junta Central Electoral. La mayoría no tiene ningún papel. La Sentencia TC 168/13 ha declarado todas esas personas ilegales y dispone que se le aplique el Plan de Regularización de Inmigrantes.

Tercero, ante las quejas por la injusticia de la Sentencia, el gobierno de Danilo Medina ha prometido someter al Congreso un Plan de Naturalización, pero eso no tiene sentido. ¿A quién van a naturalizar? ¿A los inmigrantes haitianos indocumentados que son haitianos? ¿A sus descendientes nacidos y criados en República Dominicana que son dominicanos? Reconocer que esos descendientes son dominicanos no significa amnistía ni fusión de la isla como dicen para atemorizar los promotores de la Sentencia.

Cuarto, República Dominicana tiene derecho a establecer sus leyes pero deben ser jurídicamente sustentables. La Sentencia 168/13 no lo es como han mostrado destacados juristas. Por eso países tan disímiles como Cuba, Venezuela y Estados Unidos coinciden en cuestionarla.

En este contexto, Danilo Medina no tiene opción feliz. Se hace rehén de la Sentencia TC 168/13 con sus implicaciones negativas a nivel nacional e internacional, o busca que prevalezca la legalidad y la justicia. Darle largas al asunto con la esperanza de que se diluya el conflicto es un juego de azar.

He aquí el nudo de la contradicción: 1) la mayoría del pueblo dominicano no quiere la migración haitiana, 2) muchos empresarios (incluido el gobierno) quieren mano de obra barata haitiana, 3) hay una Ley de Regularización de Inmigrantes aprobada en 2004 que ha regularizado muy pocos indocumentados, 4) el Tribunal Constitucional ha ilegalizado a todos los descendientes de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio dominicano desde 1929, y 5) hay un bosquejo de Ley de Naturalización para nacionalizar a quienes el Tribunal Constitucional desnacionalizó.

¿Cómo avanza un país donde el Estado y los sectores empresariales quieren mano de obra barata sin otorgar derechos en pleno siglo 21?

La solución al tollo migratorio dominicano requiere: 1) control estricto de frontera, 2) documentar los inmigrantes que la economía dominicana necesite, 3) repatriar de manera ordenada los que no puedan ser empleados y no muestren arraigo en la sociedad dominicana, y 4) reconocer derechos de nacionalidad a los descendientes nacidos y criados en territorio dominicano antes de 2010.

Implementar estas medidas es complejo e implica coraje y voluntad gubernamental, pero peor es seguir aumentado la población indocumentada como ha hecho República Dominicana por 100 años.

Artículo publicado originalmente en el periódico HOY

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Opinión

El voto en blanco, un instrumento útil en una desacreditada democracia.

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Por José Cabral

En un país donde la politiquería lo ha dañado todo, absolutamente todo, hay que apelar a una herramienta que puede servir de mucho y se trata del voto en blanco como una forma de llamar a la atención silenciosa a unos partidos que nada les sirve de escarmiento.

 En las pasadas elecciones municipales hubo un ensayo que, aunque no se trató exactamente del voto en blanco, sino del nulo, cuya última no parece ser la mejor opción, porque no son contabilizados y en consecuencia no surten ningún efecto, todavía falta una acción mas contundente.

En cambio, el voto en blanco luce como una herramienta que como ya se ha planteado en diferentes lugares del mundo, representa una forma de protesta ante la conducta depravada y corrupto de los actores de la vida política nacional e internacional y sirve como una expresión democrática.

Sin lugar a dudas, que el voto en blanco puede ser la clave para darle una nueva vida y mayor credibilidad al sistema electoral dominicano y como vía de consecuencia a la democracia.

El alto nivel de abstención electoral es un espejo de la falta de estímulo del votante porque sufre desde hace décadas el mismo proceder de todas las organizaciones que conforman la odiosa partidocracia.

El voto en blanco podría constituirse en un instrumento útil para evitar  que el desacreditado sistema político dominicano caiga en la ilegitimidad, aunque no necesariamente en la ilegalidad, pero que este paso, sin duda, haría reflexionar a los que no les importa los intereses de la mayoría, sino los propios, de grupos y de otros particulares.

Sería como una especie de desaprobación constructiva como ya lo planteo alguien en una reflexión sobre este mismo tema.

En algunos países del hemisferio el voto en blanco es un mecanismo de cambio, ya que si esta opción logra la mayoría podrían repetirse las elecciones, pese a que para que esto ocurra en la República Dominicana habría que modificar las leyes del régimen electoral.

Pero de cualquier modo no deja de ser útil el voto en blanco para enviarles un contundente mensaje a todos los «vividores» de la política vernácula, sobre todo porque el país no está muy lejos de tener un total colapso institucional.

Se imaginan los dominicanos preocupados con el sendero que lleva el país enviar un mensaje en las urnas de que ninguno de los candidatos merece su voto y la repercusión que esto podría tener en el ámbito nacional e internacional.

Como ya se ha dicho el voto en blanco no es una expresión de apatía, sino de inconformidad, es una forma de dejar claro que no se quiere ninguna de las opciones presentadas.

A votar en blanco el próximo 19 de mayo y la mayoría de la gente verá como las cosas comienzan a cambiar, incluso el burocratismo que caracteriza a las instituciones públicas, las cuales en el marco de la concepción de los partidos políticos que controlan el Estado, son un patrimonio particular de cuyas acciones no tienen que rendirle cuenta a nadie.

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Opinión

Cuando el poder del discernimiento no es suficiente

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Por Isaías Ramos

El discernimiento es esa capacidad esencialmente humana que nos permite analizar, evaluar y comprender profundamente las encrucijadas que la vida nos presenta. Reflexionamos críticamente, balanceando aspectos racionales y emocionales, buscando esa chispa de claridad en cada decisión.

Pero, ¿qué sucede cuando el discernimiento parece fallar ante decisiones cruciales cuyas opciones parecen, todas, llevar a consecuencias negativas?

En esos momentos de incertidumbre, cuando el corazón pesa y el camino hacia adelante se nubla, es fundamental mantenernos fieles a nuestros principios. No podemos permitirnos el lujo de engañar a nuestra conciencia o justificar pequeñas traiciones por conveniencia o desesperación.

Actualmente, nuestra nación se encuentra inmersa en la recta final de una campaña electoral insulsa. Nos enfrentamos a una alarmante escasez de candidatos que realmente encarnen los valores y principios que nuestros padres de la patria instauraron. ¿Dónde están esos líderes capaces de trazar un camino claro hacia el futuro que deseamos? Las elecciones se acercan, y la oferta política parece más desalentadora que nunca.

Esta crisis de liderazgo es un claro desafío al poder del discernimiento individual. Nos vemos obligados a elegir en un panorama desolador donde predominan las promesas vacías y las estrategias populistas, más enfocadas en el engaño y la manipulación que en ofrecer soluciones reales. Las mismas caras, desgastadas por escándalos y fracasos, siguen ocupando el escenario político, insistiendo en que merecen otra oportunidad.

El discernimiento, sin embargo, debe ir más allá de la simple elección entre las opciones presentadas. Debe implicar una búsqueda activa de alternativas, un impulso hacia la creación de nuevas posibilidades que reflejen nuestros ideales más elevados. En estos momentos de crisis, es donde más se prueba la resiliencia de nuestra democracia y la integridad de nuestro compromiso con los valores fundacionales.

¿Cómo podemos confiar en aquellos que han sido parte del sistema corrupto que tanto ha dañado a nuestro país? La falta de visión política, la ausencia de transparencia y la escasez de propuestas innovadoras solo refuerzan la percepción de que la mayoría de los candidatos carecen del compromiso genuino necesario para liderar verdaderos cambios.

Es imperativo recordar que somos herederos de una nación forjada con principios y valores trascendentales. Frente a esta encrucijada crítica, debemos recordar nuestra responsabilidad como ciudadanos informados y conscientes. Cada voto que emitimos refleja nuestra dignidad y respeto por nosotros mismos. Vender o traicionar nuestros principios más íntimos equivale a despojarnos de nuestra propia humanidad.

Sucumbir a la tentación del egoísmo y la falta de integridad nos aleja de nuestra verdadera esencia y nos sumerge en un camino oscuro, impulsados por intereses mezquinos en lugar de valores profundos y duraderos. En este contexto, el discernimiento por sí solo no basta.

En el Frente Cívico y Social, entendemos que solo unidos podemos superar este desafío crucial y abrir paso a una nueva era política fundada en valores auténticos y proyectos transformadores. El tiempo es esencial y nuestra nación merece lo mejor.

No permitamos que la falta de visión y principios nos condene al estancamiento perpetuo. Juntos, podemos redescubrir el significado de la política como servicio verdadero al pueblo, redefiniendo así el futuro de nuestra nación.

El cambio está en nuestras manos. Es hora de reclamar nuestro futuro, de construirlo sobre los cimientos de nuestra integridad. ¡Despierta, RD!

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Opinión

La entrega de los nacionales de un Estado a la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Díaz

La Corte Penal Internacional requerirá en ciertas ocasiones  que un Estado Parte entregue a sus propios nacionales, cuando la persona sea sospechosa de haber cometido un crimen de la competencia de la CPI. No obstante, esto podría representar dificultades para aquellos Estados en los cuales su constitución expresamente prohíba  la extradición de sus nacionales, y podría requerir de soluciones creativas.

Los Estados deberían tomar en cuenta el ¨carácter específico de la Corte¨ al decir sobre la mejor manera de asegurar  que la nacionalidad de la persona requerida no afecte su entrega a la Corte Penal Internacional.

Los Estados Parte del Estatuto no podrán alegar bajo ninguna circunstancia que la nacionalidad del acusado, o una disposición constitucional que prohíbe la extradición de nacionales impida su entrega.

Para muchos Estados, la posibilidad de entregar sus nacionales a la CPI no necesita la implementación de una ley particular  más que aquella que prevea la entrega de cualquier persona  a la CPI.No obstante algunos Estados poseen una constitución que expresamente prohíbe la extradición de los nacionales. Estos Estados deben de escoger entre estas  dos opciones:

  1. a)Algunos Estados podrían distinguir en su legislación entre la extradición de una persona  a otro Estado y la entrega de una persona a la CPI, lo cual permitiría la entrega de nacionales a la CPI a pesar de la restricción a la ´´extradición¨ de nacionales a tribunales extranjeros, sin obstaculizar la habilidad del Estado  de cooperar plenamente con la CPI.

La ventaja de esta medida consiste  en el procedimiento simple a seguir para la entrega de una persona acusada a la CPI. También reconoce el carácter específico de la competencia de la CPI , la cual no puede considerarse como una jurisdicción extranjera , y prevé una manera más eficiente de proceder con la cooperación.

  1. b)La reforma podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio, asegurando  que la constitución no sea violada por la entrega de un nacional a la CPI. La ventaja de una enmienda constitucional con una referencia específica a la CPI yace en el hecho de que elimina cualquier posibilidad de que surja un conflicto normativo a  escala nacional.

Lo planteado anteriormente garantiza que los tribunales nacionales dicten sentencias de conformidad con sus obligaciones legales respecto al Estatuto de Roma, pese al posible dilema de entregar a un ciudadano a otro sistema judicial.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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