Opinión
Zona Colonial: una restauración con graves problemas
Por Narciso Isa Conde
En agosto del 2013 se inició el proyecto convenido entre el Ministerio de Turismo-MINTURI de este gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el propósito de restaurar y remodelar la vieja Ciudad Colonial de Santo Domingo, a un costo (crédito) de 60 millones de dólares:
-Cableado soterrado.
-Anchas aceras de mosaicos de coralina al mismo nivel de una estrecha calle de adoquines grises para el paso de vehículos en una sola vía; sin posibilidad de parqueo (ni de vehículos de pasajeros ni de carga), separadas aceras y vías por endebles pilotillos de cemento (mojones) colocados a cierta distancia uno de otros.
-Vías que se suponen darle supremacía al peatón local y al turista de a pié, tanto por la anchura de las aceras como por la estrechez de las calles transitables, de una sola vía y un solo carril; sin posibilidad de estacionamiento vehicular, ni siquiera de corta duración.
-Escasísima arborización, demasiado cemento.
-Drenajes y registros de los cableados subterráneos (agua potable, teléfono, electricidad, tele-cable, etc…) con tapas plásticas.
-Farolas modernas de estilo antiguo.
El diseño parece peatonal a simple vista, pero no lo es. Confunde.
La frontera entre calles y calzadas es sumamente vulnerable por vehículos pequeños y motocicletas, y fácilmente obstruibles por vehículos de transporte de mercancías en áreas donde coexisten casas de familia, restaurantes, colmadones, tiendas y otros negocios.
- División de la ejecución en dos fases.
Dados las limitaciones de financiamiento (el BID solo ha concedido 30 millones dólares), la ejecución del proyecto fue dividida en dos partes y dos fases.
-La primera fase sería ejecutada de inmediato en la Zona Sur de la Ciudad Colonial (desde el Malecón hasta la altura de la calle Restauración y desde la ría del Osama a la calle Palo Hincado).
-La segunda fase, Zona Norte (desde la calle Restauración hasta la ave. Mella) quedaría pendiente de ejecutar en función del logro del resto del financiamiento y, por el momento, únicamente se contempla adoquinar sus calles y reparar sus aceras, sin el cableado subterráneo.
- Las primeras muestras.
Las calles escogidas para el inicio del proyecto fueron la arzobispo Meriño, entre la calle Padre Billini y José Gabriel García (donde reside mi familia); la Isabel la Católica, entre Padre Billini y Arzobispo Portes; y la Arzobispo Portes, entre la Arzobispo Meriño y la Isabel la Católica. Casi una manzana.
El plazo inicial que nos comunicaron para concluir esas cuatro esquinas, subrayando que una vez avanzada su ejecución se comenzarían los trabajos en otras áreas de la zona, fue de un mes y 20 días (50 días en total) y ya vamos por 8 meses.
Se concluyeron las obras soterradas, las aceras y las vías transitables adoquinadas; incluso ya se están repintando las edificaciones.
No se ha sustituido el horrible cableado aéreo ni se han tumbados los mugrientos postes de luz, alegando problema con la EDE-Este, las telefónicas, compañías de cable y carencia de financiamiento para un gran transformador eléctrico que habrá de nutrir los cables que se van a soterrar. Se habla de resolver esa situación en la segunda mitad del 2014 y cuidado…
Además, a cada rato están sustituyendo adoquines nuevos y recomponiendo desagües mal diseñados; incluyendo el hecho de que las tapas plásticas de los mismos y de los registros la pusieron recientemente, provocando algunos accidentes en los huecos mal cerrados.
- Vicios de construcción y ominosas situaciones ya apreciables.
En esto días me enviaron copia de una carta firmada por Raquel Casares, vecina del área restaurada y traigo aquí dos párrafos que evidencian un vicio de construcción sumamente grave. Veamos:
“No voy a entrar en detalles sobre el proceso de licitación de esta obra, ni sobre la ausencia de participación ciudadana en la toma de decisiones, ni en la falta de medidas de seguridad a todos los niveles. Lo que sí quiero compartir con usted es la tremenda negligencia que la empresa Núcleo de Ingenieros (dirigida por el Ing. Amaury Cestari) ha cometido en el tramo de la calle Portes, ubicado entre la Isabel la Católica y la Meriño, al poner el nivel de la calle al mismo nivel de las entradas de muchas de las viviendas, como por ejemplo la mía.
Originalmente mi casa tenía unos 15 cm de diferencia con la calle, los cuales se volaron a la ligera y sin autorización. Hasta un niño de 10 años dominicano puede adivinar las consecuencias de tremenda falta de profesionalidad: cuando llueve el agua entra en las casas…
Igual es la situación en los demás tramos recientemente reconstruidos, solo que quizás en las calles-aceras de dirección Norte- Sur la pendiente más pronunciada hacia el Malecón contrarreste un poco el riesgo de inundaciones de las primeras plantas de las edificaciones.
Pero ciertamente no hemos pasado la prueba de fuego, dado que estamos en meses de sequía. Sin embargo, ya en una calle de orientación Este-Oeste se están sufriendo las malas consecuencias, que habrán de empeorares en la temporada de lluvia.
Pero eso no es todo. Otros graves problemas están anunciados, o ya evidenciados.
Ya les dije que las vías parecen peatonales, pero no lo son; lo que confunde a transeúntes y vecinos/as, sobre todo a niños/as y ancianos/as.
Esto se agrava porque el diseño se presta a que los tristemente célebres Delivery y toda la llamada “clase” motorista (más bien “muertohorita”) -acompañada del mal proceder de los dueños y clientes de negocios auspiciadores de desordenes-, carentes todos de la formación necesaria para preservar y respetar la zona remodelada (a sus edificaciones, mejoras, moradores y visitantes), ya se las pasan cruzando en los dos sentidos, por calles y aceras a velocidades meteóricas, o ya se parquean o montan mesas y sillas que obstruyen el caminar por las calzadas planas.
Ese diseño -extraño a la idiosincrasia criolla y a la realidad nacional- también se presta a la obstrucción de las calles y esquinas por los vehículos que cargan y descargan, y a la constante vulneración de la delimitación entre las áreas de tránsito vehicular y las aceras, usadas para cualquier cosa y víctimas de innumerables y frecuentes roturas de los frágiles pilotillos (mojones) de cementos que marcan la división; mal usados también como asiento de moradores y transeúntes, y mesitas para colocar vasos y bebidas.
La concepción de esa remodelación turística de factura española, ha creado un grave problema de aparcamiento, sin diseño de nuevos parqueos alternativos (ni provisionales ni permanentes). En todos los alrededores reina el caos. Y eso que todavía casi todos los establecimientos de diversión y comerciales de las áreas en remodelación están semi-paralizados, y no pocos al borde de la quiebra por las irresponsables tardanzas de los constructores, no justamente compensadas.
Los trencitos para turistas agravan sobremanera el tránsito en medio de ese gran desastre, fruto sobre todo de imprevisiones, improvisaciones y diseños españolizados.
El respeto por la gente, que al principio se exigió y mejoró, ha vuelto a ser vulnerado. No se consulta ni se avisa previamente lo que se va a hacer y se crean molestias innecesarias con sorpresivas obstrucciones al acceso y con las polvaredas y ruidos en la zona en remodelación; que aun en los lugares donde más se ha avanzado, parece interminable.
Los mosaicos de coralina, del color de la piedra caliza, lucen altamente vulnerables a las machas ocasionadas por bebidas coloreadas y aceites variados. Los adoquines presentan fallas y aflojamientos reiterados.
- Incoordinación y descontrol.
Todo esto acontece, todas esas violaciones se producen, todas esas amenazas se ciernen… y nadie es responsable, nadie vigila, nadie instruye, nadie controla. Nadie.
Muchas instituciones involucradas (Turismo, Patrimonio Cultural, Alcandía, Monumentos Históricos, Fundación de la Ciudad Colonial…), pero en verdad ni se comunican entre sí, ni resuelven, y más bien se obstruyen entre sí.
Cuchumil cuerpos policiales (Nacional, Municipal, Turística, Amet…) y ninguno previene, vigila, ordena, instruye y hace respetar las normas como se debe. Ninguno.
La empresa contratista, Núcleo de Ingenieros y el equipo técnico del Ministerio de Turismo, que trabajan cotidianamente, parecen no dar abasto y no interesarse en atender seria y constantemente a todas estas derivaciones; concentrándose en hacer la obra física tal y como está concebida, sin reparar en sus inadecuaciones.
- Causas y remedios de los males.
En la base de esta situación esta el hecho de la aceptación por el Ministerio de Turismo de un modelo de restauración con una visión preeminentemente turísticas y ajena a nuestra realidad.
La visión española de restauración ha sido trasplantada aquí, con su modelo de calles y aceras, con los materiales escogidos, el diseño, la cultura y costumbres que motivan su concreción, reñidos con un entorno social y cultural diferente. Nueva vez el euro-centrismo afectando una obra indudablemente valiosa.
La gran arquitecta y la empresa española seleccionada para su diseño podrá ser muy buena para concebir lo que se necesita hacer en materia de remodelación de villas antiguas para uso de sus poblaciones y para el turismo en IBIZA o ISLAS CANARIAS, o en cualquier ciudad o pueblito español; pero en verdad sabe poco de nuestros hábitos, de nuestras virtudes y defectos, de nuestra realidad en muchos órdenes. De ahí ese gran desfase, el cual se ha tornado peligroso.
Urge reaccionar, comenzando por los moradores/as de esta parte de la ciudad y por los/as que trabajan en ella.
Hay que buscar, sugerir, exigir… modificaciones, readecuaciones, correcciones.
Hay que salvar este importante esfuerzo.
Hay que involucrar a todas las partes interesadas u obligadas a buscarles salidas a los entuertos señalados, cueste lo que cueste. Existen realidades y tendencias inaceptables, incluso riesgosa, a las que hay encontrarles soluciones viables.
Procede retomar los contactos, intercambios y encuentros entre todas las partes para conjurar los desatinos, cambiar lo que haya que cambiar, prevenir las malas conductas, trazar pautas y establecer normas que se respeten y le impriman alma nacional, calidad humana y social a lo invertido.
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?