Opinión
Zona Colonial: una restauración con graves problemas
Por Narciso Isa Conde
En agosto del 2013 se inició el proyecto convenido entre el Ministerio de Turismo-MINTURI de este gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el propósito de restaurar y remodelar la vieja Ciudad Colonial de Santo Domingo, a un costo (crédito) de 60 millones de dólares:
-Cableado soterrado.
-Anchas aceras de mosaicos de coralina al mismo nivel de una estrecha calle de adoquines grises para el paso de vehículos en una sola vía; sin posibilidad de parqueo (ni de vehículos de pasajeros ni de carga), separadas aceras y vías por endebles pilotillos de cemento (mojones) colocados a cierta distancia uno de otros.
-Vías que se suponen darle supremacía al peatón local y al turista de a pié, tanto por la anchura de las aceras como por la estrechez de las calles transitables, de una sola vía y un solo carril; sin posibilidad de estacionamiento vehicular, ni siquiera de corta duración.
-Escasísima arborización, demasiado cemento.
-Drenajes y registros de los cableados subterráneos (agua potable, teléfono, electricidad, tele-cable, etc…) con tapas plásticas.
-Farolas modernas de estilo antiguo.
El diseño parece peatonal a simple vista, pero no lo es. Confunde.
La frontera entre calles y calzadas es sumamente vulnerable por vehículos pequeños y motocicletas, y fácilmente obstruibles por vehículos de transporte de mercancías en áreas donde coexisten casas de familia, restaurantes, colmadones, tiendas y otros negocios.
- División de la ejecución en dos fases.
Dados las limitaciones de financiamiento (el BID solo ha concedido 30 millones dólares), la ejecución del proyecto fue dividida en dos partes y dos fases.
-La primera fase sería ejecutada de inmediato en la Zona Sur de la Ciudad Colonial (desde el Malecón hasta la altura de la calle Restauración y desde la ría del Osama a la calle Palo Hincado).
-La segunda fase, Zona Norte (desde la calle Restauración hasta la ave. Mella) quedaría pendiente de ejecutar en función del logro del resto del financiamiento y, por el momento, únicamente se contempla adoquinar sus calles y reparar sus aceras, sin el cableado subterráneo.
- Las primeras muestras.
Las calles escogidas para el inicio del proyecto fueron la arzobispo Meriño, entre la calle Padre Billini y José Gabriel García (donde reside mi familia); la Isabel la Católica, entre Padre Billini y Arzobispo Portes; y la Arzobispo Portes, entre la Arzobispo Meriño y la Isabel la Católica. Casi una manzana.
El plazo inicial que nos comunicaron para concluir esas cuatro esquinas, subrayando que una vez avanzada su ejecución se comenzarían los trabajos en otras áreas de la zona, fue de un mes y 20 días (50 días en total) y ya vamos por 8 meses.
Se concluyeron las obras soterradas, las aceras y las vías transitables adoquinadas; incluso ya se están repintando las edificaciones.
No se ha sustituido el horrible cableado aéreo ni se han tumbados los mugrientos postes de luz, alegando problema con la EDE-Este, las telefónicas, compañías de cable y carencia de financiamiento para un gran transformador eléctrico que habrá de nutrir los cables que se van a soterrar. Se habla de resolver esa situación en la segunda mitad del 2014 y cuidado…
Además, a cada rato están sustituyendo adoquines nuevos y recomponiendo desagües mal diseñados; incluyendo el hecho de que las tapas plásticas de los mismos y de los registros la pusieron recientemente, provocando algunos accidentes en los huecos mal cerrados.
- Vicios de construcción y ominosas situaciones ya apreciables.
En esto días me enviaron copia de una carta firmada por Raquel Casares, vecina del área restaurada y traigo aquí dos párrafos que evidencian un vicio de construcción sumamente grave. Veamos:
“No voy a entrar en detalles sobre el proceso de licitación de esta obra, ni sobre la ausencia de participación ciudadana en la toma de decisiones, ni en la falta de medidas de seguridad a todos los niveles. Lo que sí quiero compartir con usted es la tremenda negligencia que la empresa Núcleo de Ingenieros (dirigida por el Ing. Amaury Cestari) ha cometido en el tramo de la calle Portes, ubicado entre la Isabel la Católica y la Meriño, al poner el nivel de la calle al mismo nivel de las entradas de muchas de las viviendas, como por ejemplo la mía.
Originalmente mi casa tenía unos 15 cm de diferencia con la calle, los cuales se volaron a la ligera y sin autorización. Hasta un niño de 10 años dominicano puede adivinar las consecuencias de tremenda falta de profesionalidad: cuando llueve el agua entra en las casas…
Igual es la situación en los demás tramos recientemente reconstruidos, solo que quizás en las calles-aceras de dirección Norte- Sur la pendiente más pronunciada hacia el Malecón contrarreste un poco el riesgo de inundaciones de las primeras plantas de las edificaciones.
Pero ciertamente no hemos pasado la prueba de fuego, dado que estamos en meses de sequía. Sin embargo, ya en una calle de orientación Este-Oeste se están sufriendo las malas consecuencias, que habrán de empeorares en la temporada de lluvia.
Pero eso no es todo. Otros graves problemas están anunciados, o ya evidenciados.
Ya les dije que las vías parecen peatonales, pero no lo son; lo que confunde a transeúntes y vecinos/as, sobre todo a niños/as y ancianos/as.
Esto se agrava porque el diseño se presta a que los tristemente célebres Delivery y toda la llamada “clase” motorista (más bien “muertohorita”) -acompañada del mal proceder de los dueños y clientes de negocios auspiciadores de desordenes-, carentes todos de la formación necesaria para preservar y respetar la zona remodelada (a sus edificaciones, mejoras, moradores y visitantes), ya se las pasan cruzando en los dos sentidos, por calles y aceras a velocidades meteóricas, o ya se parquean o montan mesas y sillas que obstruyen el caminar por las calzadas planas.
Ese diseño -extraño a la idiosincrasia criolla y a la realidad nacional- también se presta a la obstrucción de las calles y esquinas por los vehículos que cargan y descargan, y a la constante vulneración de la delimitación entre las áreas de tránsito vehicular y las aceras, usadas para cualquier cosa y víctimas de innumerables y frecuentes roturas de los frágiles pilotillos (mojones) de cementos que marcan la división; mal usados también como asiento de moradores y transeúntes, y mesitas para colocar vasos y bebidas.
La concepción de esa remodelación turística de factura española, ha creado un grave problema de aparcamiento, sin diseño de nuevos parqueos alternativos (ni provisionales ni permanentes). En todos los alrededores reina el caos. Y eso que todavía casi todos los establecimientos de diversión y comerciales de las áreas en remodelación están semi-paralizados, y no pocos al borde de la quiebra por las irresponsables tardanzas de los constructores, no justamente compensadas.
Los trencitos para turistas agravan sobremanera el tránsito en medio de ese gran desastre, fruto sobre todo de imprevisiones, improvisaciones y diseños españolizados.
El respeto por la gente, que al principio se exigió y mejoró, ha vuelto a ser vulnerado. No se consulta ni se avisa previamente lo que se va a hacer y se crean molestias innecesarias con sorpresivas obstrucciones al acceso y con las polvaredas y ruidos en la zona en remodelación; que aun en los lugares donde más se ha avanzado, parece interminable.
Los mosaicos de coralina, del color de la piedra caliza, lucen altamente vulnerables a las machas ocasionadas por bebidas coloreadas y aceites variados. Los adoquines presentan fallas y aflojamientos reiterados.
- Incoordinación y descontrol.
Todo esto acontece, todas esas violaciones se producen, todas esas amenazas se ciernen… y nadie es responsable, nadie vigila, nadie instruye, nadie controla. Nadie.
Muchas instituciones involucradas (Turismo, Patrimonio Cultural, Alcandía, Monumentos Históricos, Fundación de la Ciudad Colonial…), pero en verdad ni se comunican entre sí, ni resuelven, y más bien se obstruyen entre sí.
Cuchumil cuerpos policiales (Nacional, Municipal, Turística, Amet…) y ninguno previene, vigila, ordena, instruye y hace respetar las normas como se debe. Ninguno.
La empresa contratista, Núcleo de Ingenieros y el equipo técnico del Ministerio de Turismo, que trabajan cotidianamente, parecen no dar abasto y no interesarse en atender seria y constantemente a todas estas derivaciones; concentrándose en hacer la obra física tal y como está concebida, sin reparar en sus inadecuaciones.
- Causas y remedios de los males.
En la base de esta situación esta el hecho de la aceptación por el Ministerio de Turismo de un modelo de restauración con una visión preeminentemente turísticas y ajena a nuestra realidad.
La visión española de restauración ha sido trasplantada aquí, con su modelo de calles y aceras, con los materiales escogidos, el diseño, la cultura y costumbres que motivan su concreción, reñidos con un entorno social y cultural diferente. Nueva vez el euro-centrismo afectando una obra indudablemente valiosa.
La gran arquitecta y la empresa española seleccionada para su diseño podrá ser muy buena para concebir lo que se necesita hacer en materia de remodelación de villas antiguas para uso de sus poblaciones y para el turismo en IBIZA o ISLAS CANARIAS, o en cualquier ciudad o pueblito español; pero en verdad sabe poco de nuestros hábitos, de nuestras virtudes y defectos, de nuestra realidad en muchos órdenes. De ahí ese gran desfase, el cual se ha tornado peligroso.
Urge reaccionar, comenzando por los moradores/as de esta parte de la ciudad y por los/as que trabajan en ella.
Hay que buscar, sugerir, exigir… modificaciones, readecuaciones, correcciones.
Hay que salvar este importante esfuerzo.
Hay que involucrar a todas las partes interesadas u obligadas a buscarles salidas a los entuertos señalados, cueste lo que cueste. Existen realidades y tendencias inaceptables, incluso riesgosa, a las que hay encontrarles soluciones viables.
Procede retomar los contactos, intercambios y encuentros entre todas las partes para conjurar los desatinos, cambiar lo que haya que cambiar, prevenir las malas conductas, trazar pautas y establecer normas que se respeten y le impriman alma nacional, calidad humana y social a lo invertido.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD.
Las escaseces de divisas, alimentos, medicamentos, salarios y servicios públicos, como la electricidad, etc., predominan y se agravan en Cuba, donde no ha estallado una poblada contra el orden socio-político instaurado principalmente por la comprensión ciudadana del inhumano bloqueo económico-financiero y comercial de Estados Unidos y su inspiración en el líder histórico de su Revolución, Fidel Alejandro Castro Ruz. Ese prodigio comprueba el poder de la ideología y la herencia de los sistemas de valores como pilares para mantener el control del Estado.
Por Rommel Santos Diaz
La naturaleza sui generis de los tribunales Ad-Hoc los constituye al mismo tiempo como jurisdicciones que tienen un carácter limitado tanto ratione temporis como ratione loci.El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia solo tiene competencia para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1 de enero de 1991 en el territorio de la Ex República Federal Socialista de Yugoslavia mientras que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda tiene una competencia temporal aún más restringida dado que sólo puede juzgar los crímenes cometidos durante el año 1994 en el territorio de Ruanda.
Por su parte, la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente que tiene una competencia ratione temporis de carácter prospectivo, vale decir, se aplica sólo a los crímenes cometidos luego del 1 de julio del 2002, fecha de la entrada en vigor de su Estatuto. Además, su competencia ratione loci se basa en el principio de territorialidad y no en el principio de jurisdicción universal.
Por otro lado, conviene destacar que la forma de creación de los tribunales penales internacionales determina a su vez el modo como estos tribunales internacionales se relacionan con las jurisdicciones internas.
Así por ejemplo, la Corte Penal Internacional se rige por el principio de complementariedad en relación a la jurisdicción interna de los Estados. Esto tiene particular relevancia en los casos de competencia concurrente con la jurisdicción nacional, dado que la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional no es complementaria de la jurisdicción nacional, sino que en su lugar se trata de una jurisdicción internacional que tiene primacía sobre las instancias nacionales.
Lo anterior permite que en cualquier estado de un proceso ante un tribunal nacional tanto el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda puedan requerir a los tribunales nacionales la remisión del caso a sus respectivas competencias.
En relación a la existencia de mecanismos de cooperación judicial entre los tribunales penales internacionales, es pertinente subrayar que esta instituciones responden a principios distintos de aquellos que son propios del derecho penal internacional propios del derecho internacional privado y es en esta línea conservadora que ninguno de los estatutos de los tribunales internacionales contiene disposiciones específicas sobre cooperación entre ellos.
Así por ejemplo, el Estatuto de Roma regula las relaciones de cooperación y asistencia judicial sólo entre los Estados Parte y la Corte Penal Internacional y conforme al Artículo 2 de su Estatuto, se prevé en virtud del acuerdo entre la CPI y las Naciones Unidas, relaciones de cooperación con esta organización internacional.
Por tanto, el tratado de Roma no contiene referencias relativas a la forma como la Corte Penal Internacional podría vincularse con otros tribunales del sistema de justicia penal internacional.
Finalmente, tal como se observa en las líneas precedentes no existe un vínculo normativo entre la Corte Penal Internacional y los tribunales Ad-Hoc . No obstante, es innegable que la valiosa y extensa jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda servirán como referente en el desarrollo del trabajo jurisprudencial de la CPI.