Opinión
Abril, patrimonio y soberanía
Por Narciso Isa Conde
Abril es símbolo de la lucha por la soberanía.
Por la soberanía negada en tanto autodeterminación política (gobierno de Bosch-Constitución de 1963) y en tanto ocupación militar de territorio (Invasión Yanqui 1965).
Patria y patrimonio, que vienen de patriarcado -y que bien pudiera ser también matria- es Nación, recursos naturales, país, identidad cultural…
Recursos naturales son seres humanos, territorio y entorno marítimo.
Territorio es suelo (superficie, tierra, rocas, piedras…), subsuelo (lo que está debajo del suelo: aguas subterráneas, capas vegetales, rocas profundas, minerales líquidos y sólidas, gases comprimidos, restos de civilizaciones enterradas…) y el sobre-suelo abarca todo lo que está por encima de la superficie terrestre: flora, fauna, ríos, lagos, lagunas, aire, nubes….
Al paso de lo años, décadas, siglos, milenios… los seres humanos se organizan como tribus, poblaciones, sociedades; incluso se forjan como pueblos con determinadas identidades culturales (étnicas, alimenticias, costumbres, trayectorias históricas, cualidades, hábitos, condiciones laborales, relaciones políticas…)
Igual esas poblaciones organizadas pasan a ser colonias, semicolonias y neo-colonias bajo dominios imperialistas; o se constituyen en naciones soberanas o en países con independencias formales o ficticias.
A su vez se organizan como sociedades bajo determinados modos de producción, distribución, Estados, instituciones y sistemas políticos a lo largo de su historia.
En 1963, en el contexto de un capitalismo dependiente, pero no tan dependiente como hoy, el gobierno del profesor Juan Bosch, basándose en la avanzada Constitución de 1963 y en la organización estatal derivada de ella, intentó rescatar soberanía política, ejercer autodeterminación, construir democracia y establecer control sobre su patrimonio y su territorio.
Ese le costó su derrocamiento a cargo de los EEUU y del “bando traidor y parricida” (cívico-militar), del que nos habló Juan Pablo Duarte.
Triunvirato: Gobernación de colonia
La asunción del gobierno por el Triunvirato golpista le imprimió de nuevo la condición de gobernación de colonia al poder establecido, hasta que dos años después, en 1965, una revolución popular, cívico-militar, popular y soberana intentó recuperar y profundizar el proyecto liderado por el Profesor Bosch; el cual -tan pronto mostró su rostro victorioso sobre la fuerzas golpistas- fue brutalmente bloqueado por la intervención militar de EEUU, imponiendo a continuación:
-La usurpación para sí del poder político central.
-El control del territorio.
-La apropiación de patrimonios vía contratos, convenios y concesiones.
-La continuidad de la intervención militar, primero a través de sus tropas y luego de sus asesores, de las redes de la CIA y otros cuerpos de seguridad, y de la subordinación de los cuerpos militares y policiales criollos reconstruidos bajo su tutela.
-La dependencia financiera y comercial.
-Las inversiones leoninas.
Recolonización Neoliberal
Y más allá de esta lista vale señalar, que en el marco de esa dependencia, de las sucesivas crisis estructurales y el progresivo endurecimiento del sistema capitalista-imperialista mundial -del cual la República Dominicana y esta isla es un pequeño eslabón de la cadena de dominación de EEUU- tuvo lugar la reestructuración neoliberal impuesta por sus centros hegemónicos y la evolución de sus crisis hacia una crisis integral de toda la civilización burguesa; exhibiendo un sistema imperialista enfermo, senil, militarizado, carente de recursos naturales vitales para su continuidad, negador en mayor escala de soberanía y altamente destructivo.
Eso explica la ofensiva del gran capital sobre todo los países del sistema, incluida la República Dominicana, que registra una deuda extrema superior a la mitad de su PIB y ha comprometido alrededor del 50% de su presupuesto nacional en el pago de sus intereses y amortizaciones.
Explica a la vez la altísima voracidad del capital transnacional (con sede en sus países centrales) sobre los recursos naturales de todos los países del sistema, incluido el nuestro. Veamos:
-Barrick Gold desplegando su plan depredador y contaminador en Pueblo Viejo y zonas aledañas.
-Xstrata Niquel-Falcondo arrastrando un pasivo ambiental en Loma Peguera y Loma Ortega del 85% del área depredada, equivalente a 2,000 millones de dólares y pretendiendo apoderarse (para destruirla) de Loma Miranda, tesoro de agua y biodiversidad situado en plena Cordillera Central.
-Otras doscientas concesiones de exploración minera a lo largo y ancho de la Cordillera Central, casi todas situadas en las proximidades de nacimientos y cuencas de ríos que nacen en ese enorme reservorio de agua, el principal del país. 475 concesiones de exploración y explotación en todo el país.
-La ominosa amenaza que pende sobre la Sierra de Yamasá (Siete Picos) a cargo de la Gold Corp, que procura extraer oro, plata y cobre precisamente en la zona de nacimiento de los ríos Osama, Isabela, Río Verde, Río Yamasá, Guanuma, Máyiga y Básima.
-La poderosa Gold Guest se apresta a engullirse en San Juan de la Maguana, a costa de una gran tragedia medio-ambiental, enormes yacimientos de oro y plata, cuya explotación a cielo abierto tendría efectos letales sobre ríos, bosques, fauna y flora de esa provincia y especialmente del área de la misma ubicada en la Cordillera Central.
-La determinación de la canadiense UNI Gold de explotar la mina de oro de Restauración, con efectos catastróficos sobre todo el sistema de ríos y áreas verdes en ese punto fronterizo con Haití.
Esto solo para mencionar los puntos donde el peligro es más inminente en la vertiente de la minera destructiva. Restan por nombrar otras situaciones delicadas en muchos puntos del país, incluido San Cristóbal, Pedernales y Puerto Plata.
A la concesiones mineras -una con fines de explotación, otras con el propósito de violar áreas protegidas y controlar costas, montañas y lagos- se le agregan los contratos y los fideicomisos para apropiarse de zonas con vocación turísticas, vías de acceso, peajes, que con el avance impetuoso de la rapacidad privatizadora-extranjerizadora del patrimonio publico y natural de la nación, conforman un país concesionado y tomado, en tren de ser totalmente saqueado, depredado, contaminado y destruido.
Magnates criollos, funcionarios y corporaciones extrajeras se han apropiado del patrimonio natural del país, con el apoyo de los gobiernos neo-liberalizados y corrompidos del PLD y PRD; ambos herederos del balaguerismo.
Abundan los detalles que confirman esos designios:
-A la ricachona Diana Vilches le aprobaron ilegalmente “concesiones de títulos” sobre tres parques nacionales, Sierra Martín García incluida.
-Pablo Piñeira se adueñó de áreas costeras en Samaná, Río San Juan y Bávaro.
-Pepe Hidalgo (Globalia), avanzando hacia Parque del Este, influyó en ley 202-4 para morder una franja costera de 275,000 metros.
-Carlos Sánchez, preso en España (escándalo Marbella), adquirió dolosamente, vía Banco Central, enormes extensiones en la Costa Norte.
-El Central Romana de los Fanjul ocupa terrenos del Parque de Este, procurando modificar la ley.
-Los Hazoury ocuparon Cap-Cana, parte de la Galera y Bahía Rincón, agrediendo áreas protegidas.
Pero la peor corrupción es la privatización y extranjerización del suelo, sub-suelo y sobre-suelo, (incluidas fuentes de agua, recursos naturales diversos y hermosas áreas turísticas) mediante “concesiones mineras” y otros subterfugios, ya para ejecutar explotaciones que conllevan su destrucción, ya para apropiarse de su valor.
-En ese tenor los ríos Artibonito, Mao, Guayubín, Hinaje, Masacre, La Sidra de Toma, Limpio, Soca y Neita se los está cogiendo UNIGOLD; además de concesiones mineras ubicadas al borde del Parque Nalga de Maco.
-El Yaque del Norte, Yuna y afluentes están plagados de concesiones a la Barrick Gold, La Hispaniola y otras corporaciones mineras.
-Gold Corp –como ya señalamos- tiene concesiones en Sierra de Yamasá, donde nacen los ríos que le dan vida al Gran Santo Domingo y una parte de las provincias del Este del país.
-El Yaque del Sur, Mahoma, Mahomita, Nizao, Nigua y Haina están igualmente afectados.
-Concesiones “mineras” en La Colonia, Nizao, Costa Sur, Llanura Costera del Este, Costa Norte, Higüey y Los Haitises, se dedican a inversiones turísticas e inmobiliarias.
-El empresario peledeista Carlos Osoria tiene licencia para depredar el Yuna, Jayaco, Maimón…
-El Senador de Monte Cristi (PLD) Heinz Vieluf, el general Florentino Florentino y el empresario Freddy López se han adueñado de terrenos y manglares del Área Protegida de la Bahía de Luperón.
-Chester Stward, apoyada oficialmente, se cogió Playa del Puerto.
Rebeca MacDonald se apoderó de valiosas playas en Costa Norte, incluidas Caletón de Darío, Caletón Grande, Caletón Chiquito y La Boquita.
-José Clase, se está apoderando de la playa pública “La Playita”, incluido el monumentos a Héroes del 1949 y el 59 y bloqueando rutas de acceso con escombros.
Lumpen-Imperialismo y pueblos sin territorios y sin soberanía
La “patente de corso” la aprueba o refrenda cada Presidente de turno vía Dirección de Minería y Ministerio de Medio Ambiente; mientras el denominado proyecto de la Ley de Aguas persigue sentar las bases para convertir en propiedad privada el más valioso de todos los recursos territoriales.
El resultado es un país sin territorio para la vida de su pueblo.
Un país sin soberanía, recolonizado por las grandes potencias capitalistas ya no para establecer un determinado orden dependiente, sino para apoderarse de esas riquezas naturales a costa de su destrucción. Algo común a todas las naciones recolonizadas.
Esto concuerda con la caracterización formulada por el investigador marxista argentino, experto en prospectiva, Jorge Beinstein, respecto a la esencia del decadente sistema capitalista imperialista, de cara al presente y al futuro de la humanidad:
“El capitalismo ya no tiene horizonte positivo de referencia, su futuro visible se retrae a una velocidad inesperada, la crisis psicológicas de las elites centrales aumenta en una progresión geométrica (y también su peligrosidad, su irracionalidad). Si llevamos hasta las últimas consecuencias las tendencias decisivas del sistema (destrucción ambienal, concentración de ingresos, militarización, parasitismo, etc.) su posible supervivencia aparece bajo la forma de escenarios monstruosos marcados por grandes genocidios y desastres ecológicos cuya magnitud no tiene precedente en la historia humana. (J.Beinstein. COMUNISMO DEL SIGLO XXI, Editorial Trinchera, Caracas, Venezuela, pag. 11)
¡Lumpen imperialismo en acción depredadora!
- La isla se salva si dos pueblos se rebelan.
Aquí avanza ese proceso perverso y en Haití todo se multiplica para peor. Nuestra hermosa isla caribeña está concretamente amenazada de destrucción.
La reapropiación de la renta territorial en la forma descrita, al tiempo de elevar vertiginosamente las ganancias y el poder de las corporaciones asociadas al bando lumpen-burgués criollo, acelera el proceso de empobrecimiento de los seres humanos y de su entorno en toda la isla, exponiéndolas al colapso económico, político, social y natural.
Sus dos territorios dejan, con ritmos y tiempos diferentes, de ser fuentes de vida para sus pueblos.
La soberanía es previamente anulada para lograr ese objetivo imperial.
Los recursos naturales, incluidos los seres humanos, son rapazmente esquilmados, exprimidos y destrozados por esa impronta brutal del gran capital.
A los pueblos como el nuestro solo lo salva la indignación y movilización multitudinaria, la organización y conciencia capaces de crear un contra-poder popular-ciudadano que recupere el territorio y construya, en permanente creación, un poder del pueblo, armónico con sus intereses colectivos y con la constante reproducción del resto de la naturaleza y de la vida.
Abril es un mes para reflexionar y actuar en función de esa imperiosa necesidad.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.