Nacionales
Aprueban norma para embutidos
La regulación es para el etiquetado de los salamis, a fin de corregir las irregularidades de más de 100 fabricantes
El salami es un producto de consumo masivo.
La Comisión Nacional de Normas del Ministerio de Industria y Comercio (Cominor) aprobó de urgencia un reglamento para regular el etiquetado de los embutidos del país, lo cual servirá de base para mantener un control estricto de la calidad de esos productos de consumo masivo.
El director de Normas y Sistemas de Calidad (Digenor), Manuel Guerrero, dijo ayer que esa institución participó junto con el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) en la realización del estudio que se le hizo a los embutidos del país a los fines de medir su calidad.
Explicó que la iniciativa de hacerlo fue para atender a una inquietud de los productores de cerdos y de pollos, quienes alegaban que los embutidos de esos cárnicos se estaban fabricando con partes importadas de baja calidad, en detrimento de los productores pecuarios nacionales quienes ofrecen materia prima de alta calidad para producir salami.
La norma de etiquetado exige las especificaciones sobre qué tipo de producto e ingredientes contienen los embutidos, los niveles de nitrato de sodio que usan y otros elementos de especificación de estándares vigentes.
El objetivo fue determinar qué estaban consumiendo los dominicanos en materia de embutidos para luego crear una norma de etiquetado y establecer plazos a las empresas con problemas, a fin de que regularizaran su situación o de lo contrario serían sancionadas.
El análisis se realizó en febrero y los resultados estaban disponibles en marzo. Estuvo a cargo de Pro Consumidor, porque Digenor no tenía los más de un millón de pesos que costó su realización.
Se acordó llamar a las empresas con irregularidad para darles plazos de que se normalizaran. “Y así se hizo”, agregó Guerrero en declaraciones a elCaribe.
Al preguntarle por qué no participó en la rueda de prensa para presentar los resultados del estudio junto con Pro Consumidor, el funcionario respondió que había acordado con su directora, Altagracia Paulino, suspender el encuentro con los medios hasta que estuviera aprobada la norma, “pero finalmente decidieron hacer la rueda de prensa y no asistí, porque ya tenía compromisos”.
Más de 100 embutidoras ilegales
En República Dominicana operan más de 100 empresas fabricantes de salami sin regulación y de forma clandestina, por lo que la Asociación de Fabricantes de Embutidos y Procesadores de Carnes solicitó a las autoridades fortalecer sus sistemas de supervisión.
“Las fábricas informales han tenido un crecimiento de tal magnitud que hoy día existen más de un centenar de este tipo de operaciones”, indica un comunicado de los fabricantes de embutidos, que también es firmado por la Asociación de Embutidores del Cibao.
Agrega que es preciso que las autoridades supervisen esos productos informales y clandestinos con la misma rigurosidad que lo hacen con las empresas que sí cumplen los requisitos de las normativas vigentes. El estudio que realizó Pro Consumidor junto con Digenor indica que el 97% de las muestras tomadas no contiene las proteínas de rigor para ese tipo de producto, mientras que el 15% presenta coliformes fecales.
“La norma del etiquetado nos va a permitir hacer una supervisión más efectiva y directa, pues podremos analizar los embutidos por sus marcas y establecer las sanciones correspondientes de manera directa”, dijo el titular de Digenor.
Agregó que luego que se aplique la norma, los inspectores de Digenor podrán hacer análisis aleatorios a marcas específicas y si encuentran irregularidades se procederá a establecer las medidas de lugar y a informar a la población sobre cuáles productos no cumplen lo dispuesto en sus etiquetas.
Pero el titular de Digenor no especificó cuándo entrará en vigencia la norma del etiquetado, pues ahora es preciso darle un plazo a las empresas embutidoras para que se adapten a la nueva disposición y comiencen a hacer las especificaciones correspondientes del contenido de cada producto que ofrecen.
Luego, tomando en cuenta esos factores, Digenor dispondrá de programas de supervisión regulares, tomando muestras de salamis de las marcas que se comercializan, haciendo los análisis y determinando si están acorde con el contenido que se le informa a los consumidores.
Armonía con Pro Consumidor
Las relaciones entre el titular de Digenor y la directora de Pro Consumidor, Altagracia Paulino, se mantienen armoniosas y no hay diferencias marcadas que impliquen situaciones incómodas entre los titulares de ambas entidades.
Guerrero expresó que en todas las labores que realiza Pro Consumidor, Digenor participa y colabora, además de que se mantiene una comunicación constante entre los técnicos de las dos instituciones.
Los vendedores de embutidos cocidos alegan que sus ventas han bajado después que se publicó el estudio sobre el contenido de los salamis que se comercializan. Los productores de embutidos organizados aseguran que operan respetando las normas de calidad vigentes.
Tanto la Asociación de Fabricantes de Embutidos y Procesadores de Carnes, como la Asociación de Embutidores del Cibao denunciaron que en los últimos años ha habido una gran proliferación de “fábricas de patio, clandestinas”, las cuales no tienen inspección, no tienen permisos para operar y la mayoría de sus productos no tiene identificación.
Porcicultores y avicultores
Los productores de cerdos y de pollos han estado denunciando desde hace más de un año, que las empresas embutidoras están importando, de forma masiva, despojos de pollo y de cerdo desde Estados Unidos para utilizarlos en la producción de salami. Alegaban que esa práctica da como resultado la fabricación y comercialización de salamis de pavo y de pollo que en realidad estaban elaborados con materia prima de desecho en otros países industrializados. Sus exigencias se basaban en el hecho de que como productores locales, tienen en oferta materia prima de mejor calidad para la elaboración de embutidos, pero las empresas procesadoras preferían traer productos de otras naciones que les resultaba más barato. Sin embargo, para comprobar si era cierto que se estaba elaborando salamis con materia prima cárnica que no cumple los estándares nutritivos requeridos, Digenor ordenó un estudio de análisis de los embutidos en coordinación con Pro Consumidor.
Digenor no contaba con los recursos necesarios y por eso Pro Consumidor asumió los costos (poco más de un millón de pesos). Los resultados presentados esta semana parecen confirmar la veracidad de las denuncias que venían haciendo los porcicultores y polleros que exigen a los embutidores que les compren materia prima a ellos y no importada.
La rueda de prensa había sido suspendida
La rueda de prensa en la que Pro Consumidor se dispuso a presentar los resultados del estudio a los salamis estaba pautada para el martes 24, fecha en que se realizó. Pero un día antes, el lunes 23, la institución informó vía correo electrónico que la convocatoria había sido suspendida.
Sin embargo, al día siguiente, el martes 24, volvieron a llamar a los medios para decir que la rueda de prensa como quiera se iba a realizar. Esa es la razón por la que muchos medios no asistieron a la presentación del estudio. Esta situación concuerda con la versión del titular de Digenor, en el sentido de que previamente la rueda de prensa había sido suspendida y por eso no asistió.
La directora de Pro Consumidor defiende el estudio y no ha atendido al llamado de diversos sectores del país, incluyendo empresarios y hasta el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, para que identifique a las empresas de salami que cumplen y las que no cumplen las normas.
Regulación
Cuando apliquemos la norma del etiquetado podremos aplicar controles a las procesadoras que operan de manera irregular”.
Relaciones
Nosotros en Digenor trabajamos en armonía con Pro Consumidor y hacemos los análisis juntos. No hay diferencias en los procesos”.
Manuel Guerrero
Titular de Digenor
Santo Domingo, R.D.-Eran presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico dos hombres y una mujer que fueron encontrados muertos con múltiples impactos de balas en la carretera Federico Basilis de Jarabacoa y la ciudad de Santiago, según la La Policía Nacional.
informó que los dos hombres encontrados muertos con múltiples impactos de bala en la carretera Federico Basilis de Jarabacoa, eran presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico, y se les vincula directamente con el reciente asesinato de una mujer en Santiago de los Caballeros.
Los fallecidos fueron identificados como Natanael Peña, alias “El Cha”, y un hombre conocido hasta el momento como “La Rata”.
Según el informe preliminar, estos hombres mantenían una disputa por el control de puntos de drogas con Margarita Díaz García, alias “La China”, quien fue ultimada recientemente en La Yagüita de Pastor, en Santiago.
Las autoridades señalan que Díaz García y su pareja, Roberto Hans Sánchez Tejada, alias “El Flaco”, operaban la distribución de sustancias en esa zona.
El cruce de información entre la Dirección de Investigación (Dicrim) de La Vega y Santiago conectó ambos casos. La Policía Científica confirmó que los casquillos recolectados en la escena del asesinato de «La China» en Santiago coinciden en todas sus características con los levantados donde hallaron a «El Cha» y «La Rata», en el sector La Virgen de Jarabacoa.
El análisis de cámaras de seguridad permitió a las autoridades identificar el vehículo utilizado en el ataque de Santiago: una yipeta Honda CR-V, rojo vino (placa G-763855). El vehículo había sido rentado por Ruddy Manuel Moran Almonte, alias “La Pólvora”, un reconocido delincuente de la zona.
Durante los operativos desplegados en Jarabacoa, la Policía retuvo la yipeta mencionada, la cual era conducida por Erika Martínez Peralta, de 26 años. Al ser interrogada, la joven confesó que «La Pólvora» le había ordenado abandonar el vehículo.
Martínez Peralta guió a unidades élites de la Policía hasta una villa en el sector El Pedregal, donde se escondían los prófugos. Al notar la presencia policial, los hombres armados huyeron hacia una zona boscosa cerca del río Baiguate. Durante la persecución cayó abatido Miguel Marine Rodríguez, alias “La Cabra”.
A «La Cabra» se le ocupó una pistola calibre 9 milímetros. Los análisis balísticos confirmaron que esa fue el arma utilizada tanto en el asesinato de «La China» en Santiago, como en la ejecución de «El Cha» y «La Rata» en Jarabacoa.
La información del GPS proporcionada por la empresa de alquiler de vehículos evidenció que el sistema registró que la yipeta hizo una parada a las 4:15 de la madrugada del 20 de mayo de 2026 en el sector La Virgen, en Jarabacoa. Este fue el lugar y la hora exacta en la que los sicarios ejecutaron y abandonaron los cuerpos de Natanael Peña y el apodado «La Rata».
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados el proyecto que tiene el objetivo de reformar la Ley 16-92 del Código de Trabajo, el cual contiene diversas variaciones con respecto al documento actual.
Una de las alteraciones está centrada en la licencia por paternidad otorgada a los trabajadores. Para el Gobierno, el nuevo contenido que tendría la regulación laboral representa “un aumento del 100%”, ya que elevaría el periodo de dos a cuatro días.
“Hemos logrado consensos en aumento en un 100% de la licencia por paternidad a cargo de la empresa”, comunicó el 26 de agosto de 2024 el entonces ministro Luis Miguel De Camps, quien dirigió los diálogos realizados con empresarios y sectores sindicales antes de presentar la base del proyecto de ley que en la actualidad conoce el Congreso Nacional.
En las discusiones que han desarrollado durante más de un año, los legisladores habían acordado elevar la cantidad de días a siete, pero, finalmente, se limitaron a respaldar la recomendación enviada por el Poder Ejecutivo.
“Cuatro días laborables de licencia por paternidad con disfrute de salario para el caso de alumbramiento de la esposa o de la pareja debidamente registrada en la empresa”, dicta el nuevo texto que contendría el artículo 54 del documento.
Asimismo, algunos congresistas entendían necesario incluir a los hermanos en la lista de parientes que son considerados cuando el empleado requiera de una licencia por duelo establecida en cuatro días.
Esto significa que únicamente los familiares que aplican para ese caso son los abuelos, padres, hijos o la pareja del asalariado.
Por otro lado, los representantes de la cámara baja aprobaron también la realización de un cambio en la entrega de las propinas a los empleados de hoteles, restaurantes, cafés, barras y bares, “en general en los establecimientos comerciales donde se expande comida o bebida para su consumo en esos mismos lugares”.
Aunque se registraron intentos por parte de algunos senadores y diputados de eliminar ese apartado, la propuesta legislativa mantuvo el 10% de gratificación que debe entregar el empleador, recolectado de un tributo colocado a cuenta pagada por el consumidor. Esta bonificación no incluye al personal que integra el área gerencial y administrativa.
Según establece la pieza, los trabajadores y empleadores de los establecimientos podrán acordar que el repartimiento porcentual de la propina derive de criterios que “tomen en consideración la generación del porcentaje de propina en cada una de las áreas de servicios de los establecimientos, así como la posibilidad de incluir a quienes no asistieron a sus labores ese día”.
Uno de los temas más conflictivos dentro del proceso de debate que ha causado el tema de la reforma laboral es la cesantía, luego de que el sector empresarial haya manifestado en diversas ocasiones la intención que tienen de modificarla, a través de la colocación de un límite.
El proyecto legislativo también agrega una figura antes no contemplada para los procesos judiciales: El juez conciliador.
Este tendría la responsabilidad de proponer soluciones razonables, a través de reflexiones que considere oportunas, para intentar que el empleador y el asalariado logren un acuerdo cuando tengan conflictos reportados ante los juzgados.
Asimismo, los diputados colocaron un tope para establecer una duración máxima de 24 meses para el término de los procesos judiciales.
Momentos después de que la sociedad conociera sobre la aprobación del documento legislativo, alrededor de 80 colectivos comerciales se pronunciaron a través del Consejo Nacional de las Empresas Privadas (Conep) para expresar su rechazo, ya que “aspectos pueden incrementar costos laborales, generar incertidumbre jurídica y dificultad para generar nuevos empleos formales”.
Los diputados aún no han reaccionado a las debilidades, según aseguran los comerciantes, que contiene supuestamente el proyecto de ley.
Santiago, R.D. – Las labores en los tribunales del pais fueron paralizadas por jueces, juezas y servidores judiciales que denuncian “abandono”, sobrecarga laboral y el deterioro extremo en que aseguran opera actualmente el Poder Judicial.
Vestidos de negro, con pancartas en alto y lanzando consignas frente al Palacio de Justicia de Santiago, cientos de magistrados y empleados judiciales protagonizaron una jornada de protesta que suspendió miles de audiencias y dejó prácticamente paralizada gran parte de la administración de justicia en República Dominicana.
La manifestación, respaldada por más de 450 jueces y más de 2,000 servidores judiciales a nivel nacional, fue definida por sus organizadores como un “grito desesperado” ante años de reclamos ignorados por las autoridades del sistema judicial.
“Este es un día histórico y trascendental para la judicatura nacional”, declaró la magistrada Esther Carolina Reyes Aracena, jueza sustituta de presidente en funciones del Segundo Tribunal Colegiado de Santiago, al explicar que la protesta busca obligar a las autoridades a escuchar las denuncias acumuladas durante años.
Tras el acto, jueces y empleados se trasladaron a sus respectivos tribunales para realizar la cancelación simbólica de los roles de audiencia, oficializando así el paro nacional de 24 horas, que impactará directamente miles de procesos judiciales pendientes.
La jornada alcanzó su punto más fuerte con la lectura del “Manifiesto por la Dignidad de la Justicia”, pronunciado por el magistrado Rubén Uceta, quien lanzó duras críticas contra la gestión administrativa del Poder Judicial y denunció un escenario de “crisis institucional”.
“La justicia no puede sostenerse únicamente sobre vocación, sacrificio personal y compromiso individual. La justicia requiere condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales”, expresó el juez ante decenas de magistrados y servidores que respondían con aplausos y consignas.
El documento describe un sistema judicial golpeado por la falta de jueces, déficit de personal, bajos salarios, exceso de expedientes, renuncias masivas, inseguridad y deterioro de las infraestructuras judiciales.
Según denunciaron, la escasez de personal ha obligado a muchos empleados a asumir funciones equivalentes a las de dos, tres y hasta cuatro personas, mientras magistrados manejan cargas laborales que calificaron como “inhumanas”.
Los jueces también cuestionaron el manejo del presupuesto institucional, denunciando que, mientras tribunales operan en precariedad, se destinan millones de pesos a gastos considerados innecesarios.
Entre los ejemplos señalados, mencionaron el montaje de un árbol navideño valorado en cerca de 11 millones de pesos, así como gastos en publicidad, eventos, viajes, restaurantes e influencers.
“No a la industrialización de la justicia. No a la desigualdad salarial. No a la dilapidación de recursos en privilegios y campañas publicitarias”, proclamó Uceta durante la lectura del manifiesto.
“Ya no es tiempo de diagnósticos ni de planificación; es tiempo de decisiones concretas y ejecutables”, advirtieron.
El manifiesto dejó claro que la protesta no está dirigida contra una persona específica, sino contra “un modelo de gestión” que, según denunciaron, ha ignorado sistemáticamente los reclamos de jueces y servidores judiciales.