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Opinión

A la luz de la cuarta ola de cambios en el continente

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Por Narciso Isa Conde

NARCISO-ISA-CONDE11111121Al llegar a los cincuenta años de fundadas las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas FARC -convertida en Ejercitó del Pueblo bajo la coordinación del  camarada Manuel Marulanda, a quien siempre admiré y valoré como uno de los luchadores revolucionarios más firme, persistente, sagaz, inteligente y abnegado de las insurgencias se nos presenta con nuevos emplazamientos la necesidad de volver sobre el debate de las formas de lucha, las fuerzas y los caminos de la revolución en nuestra América.

La guerra sucia contra el pueblo colombiano se inició a raíz del asesinato de Gaitán a raíz del Bogotazo en el año 1948, desatada a continuación la gran y prolongada matanza a cargo de las fuerzas conservadoras tuteladas por la oligarquía colombiana.

A la luz de lo acontecido durante esta larga, accidentada y heroica existencia de las FARC, me luce extremadamente inconsistente -aun en el contexto de los actuales diálogos en busca de una salida política al conflicto social armado- negar  la validez histórica de la lucha armada en la Colombia actual, en la Colombia que ha devenido en una plataforma de bases militares estadounidenses y en teatro de crueles operaciones militares y paramilitares.

Pero como esa inconsistencia se expresa desde una visión política-ideológica, que apelando a ciertas razones aparentes y superficiales, exhorta a descartar totalmente a escala continental la insurgencia popular, es preciso que nos esforcemos por valorar no simplemente el significado de las victorias electorales progresistas o de izquierda y la importancia de los procesos de reformas avanzadas que tienen lugar en una serie de países del continente, sino también -y sobre todo- los complejos caminos de la revolución en nuestra América; necesariamente conformados por las más variadas indignaciones y rebeldías, imposibilitada de ser excluida de ellas, por la esencia violenta y destructiva del presente capitalismo senil, altamente militarizado, el poder armado del pueblo como medio de acción y/o disuasión.

Y las FARC-EP son una obligada referencia en este importante debate.

 Los caminos

Esta reflexión resulta más pertinente en la medida existe una lectura interesada, unilateral y reduccionista de los procesos de cambio que se desarrollan en la región, la  que procura descartar todo lo que no sea el acceso al gobierno por elecciones y alienta reeditar el viejo dilema Vía Armada vs. Vía Pacífica o Violencia vs.  Elecciones, potenciando así el simplismo aquel que tanto contribuyó a la división de las izquierdas en los años 60 y 70 del pasado siglo XX.

No se trata de eso. La realidad actual es mucho más rica y compleja que esa supuesta disyuntiva.

Las propias FARC-EP, en su  proceso de desarrollo han evolucionado como un ejército guerrillero con milicias populares adicionales; se han constituido no solo como un ejército del pueblo, sino también como un partido comunista clandestino, como un movimiento político, social y cultural marxista-bolivariano, como una potente organización articuladora de un gran abanico de fuerzas transformadoras dispuestas a combatir en diversos escenarios; como un componente fundamental de un movimiento por la paz con justicia, soberanía y dignidad humana; como una especie de contra-poder popular abanderado de un pliego de demandas democratizadoras, articuladas a la propuesta de poder constituyente y orientada a la refundación del Estado colombiano.

No hay tabúes ni exclusiones de métodos.

No se reniega ni de las armas ni de los votos.

Todas las formas y modalidades de lucha tiene su validez y oportunidad, y todas admiten combinaciones, cada una en sus tiempos.

Las FARC han dado un gran aporte para superar visiones unilaterales, accionando ahora en el corazón de unos de los procesos con dinamismo ascendente y en el contexto de una oleada popular continental sensiblemente afectada en el presente por el impacto variado de concepciones reformistas al interior de las nuevas y viejas izquierdas gobernantes.

Nuevas reflexiones sobre la revolución necesaria.

En nuestro caso -y en el de no pocos/a revolucionarios/as de estos tiempos- las experiencias vividas y los intensos debates realizados a lo largo de las últimas décadas, (a consecuencia de los importantes acontecimientos registrados en este periodo), nos ha permitido desarrollar una visión cada vez más integral, abarcadora y profunda del acontecer continental y sus perspectivas; tomando siempre como eje irrenunciable la necesidad de la revolución, en tanto cambio radical en la hegemonía de clase, de género,  ideológica, cultural… en tanto cambio de los sujetos sociales en materia de poder en la sociedad civil popular y también en el poder estatal; en tanto respuesta a una crisis insoluble, ya crónica, dentro del capitalismo y la dominación imperialista.

 Y pienso que las FARC-EP no han estado ausentes de esas transformaciones en el modo de reflexionar, crecer, actuar y procurar una línea de acción y de acumulación integral y multifacética.

En sentido general, en no pocos escenarios nacionales del continente y del mundo, así se ha venido abordando este tema crucial en una parte de las izquierdas y sujetos transformadores, especialmente en cuanto a las modalidades de lucha y a la construcción de fuerzas y propuestas, a la acumulación político-militar y cultural, a la ruptura del monopolio militar impuesto desde el poder establecido en decadencia, a las transiciones revolucionarias y a las búsquedas de puntos de no retorno al pasado.

Igual respecto al nuevo poder en torno al vínculo Estado y sociedad, a las formas  de propiedad, a las relaciones del Estado, partidos y movimientos sociales; y  a las raíces culturales propias de los diferentes procesos.

También esta reelaboración toca al sistema jurídico-político, a la participación y las decisiones democráticas, a la institucionalidad, a las bases constitucionales del sistema y al proyecto estratégico de la sociedad sin Estado, siempre vinculado al proyecto de patria grande liberada y revolución mundial.

De esta nueva manera de pensar se deriva que no es lo mismo vía de la revolución y vía de la toma del poder central del Estado, ni tampoco que es igual hablar de vía de la revolución o de vía de la toma del poder que de las vías de aproximación a esos objetivos.

Y dentro de esta lógica ha estado muy presente la idea de que el poder del pueblo no simplemente se toma, sino que se crea, se construye en todos los órdenes, se desarrolla paralelamente al existente como contra-poder; y también se toma cuando se trata de reemplazar el viejo aparato estatal con la participación y decisión del pueblo; concebida fundamentalmente ese poder en estrecha relación con todos los pilares de la dominación, concebido como liberación y contra-hegemonía, autoridad bien ganada, influencia político-cultural decisiva en el tejido social y en las nuevas instituciones; como proyecto transformador de la sociedad y como poder popular.

Esto es, como transición a una sociedad basada en la asociación o comunidad de seres humanos absolutamente libres, lo que exige la extinción progresiva del Estado.

Experiencias que han estado presente en esta reflexión.

La determinación de las FARC-EP de no dejar de ser lo que ha sido y, por el contrario, superarse dialécticamente con la misma esencia, tiene un valor comparativo muy trascendente al interior del proceso continental.

La historia reciente y el presente latino-caribeño nos ayudan mucho en esta necesaria reflexión vinculada a la práctica revolucionaria.

En los años 70, en una fase de predominio de procesos violentos, Salvador Allende y la Unidad Popular lograron acceder al gobierno por la “vía pacífica”, a través de un proceso electoral.

No se trató, claro estaba, de un nuevo poder. Solo se alcanzó el gobierno.

Lo fallido en ese caso no fue alcanzar esa victoria electoral, sino la posterior incapacidad para defenderla y avanzar a consecuencia de una visión constitucionalista-reformista; la incapacidad política y militar para responder a la violencia y al poder militar de los enemigos de ese proceso. Las limitaciones para producir el paso de ser gobierno al poder real del pueblo.

Desafíos similares, en mejores condiciones y en contextos institucionales más avanzados, se le pueden presentar –y casos específicos se le están presentando- a procesos actuales como el venezolano, boliviano y el ecuatoriano si no optan por mediatizarse y se deciden por profundizar las reformas en dirección a la revolución. Esa necesaria profundización solo es posible a partir de una activa movilización popular y una necesaria recreación de las vanguardias transformadoras, hoy casi inexistentes, o desarticuladas, o dispersas.

No es lógico desde una óptica revolucionaria objetar avances por vía electoral (muchas veces precedidos de fuertes confrontaciones sociales), ni procede menospreciar cualquier otro triunfo electoral de carácter progresista, avanzado, inspirado en el propósito de avanzar hacia un proceso revolucionario.

Eso no es lo que está en cuestión.

Lo que se discute es si ese logro basta o no basta, si se debe detener la marcha en ese contexto institucional, si se debe o no ir más lejos, si en caso de pretender avanzar hacia un nuevo poder y hacia las transformaciones estructurales, se deben o no ignorar las respuestas necesarias a las consabidas resistencias violentas que eso entraña; si se debe  o no ceder frente a las reacciones de obstrucción, a las variadas reacciones de violencia contra-revolucionarias o anti-reformas, a la desestabilización y subversión reaccionaria, orquestada constantemente por una burguesía imperialista mafiosa asociada al gran capital local de igual calaña.

Si de antemano se debe desistir de la contrapartida revolucionaria y de la respuesta también violenta desde el pueblo ante esas obstrucciones reaccionarias.

Si se debe proceder de manera tal que el monopolio de las armas sea eternamente de las derechas y del imperialismo.

Lo que se cuestiona es si hay que declarar definitivamente clausurada la vía violenta, la guerra de guerrillas, las insurrecciones populares armadas, los levantamientos cívico-militares, los contragolpes revolucionarios, las guerras  patrióticas contra los invasores, las guerras de todo el pueblo, las guerras asimétricas…Más cuando estamos frente un poder imperialista, burguesías y derechas políticas caracterizadas por una vocación  no precisamente pacifista, algo totalmente ausente de la naturaleza violenta del sistema capitalista dominante, potenciada en medio de su múlti-crisis y de su actual dinámica destructiva.

Lo que objetamos es que anticipadamente líderes que actúan a nombre de las izquierdas en sus respectivos países y que ganan elecciones con esas banderas,  resignen (por los riesgos que conlleva) la necesidad de cambios profundos y se limiten a  paliar algunos males, a hacer reformas más o menos importantes, o a contemporizar en vertientes importantes de la dominación burguesa-imperialista, o a moverse  parcial y limitadamente con cierta independencia en la política exterior y a plegarse en otros aspectos significativos;  o, peor aun, a administrar y moderar inteligentemente  modelos neoliberales, o a intentar nuevos modelos social-demócratas.

Lo que hay que debatir es si las izquierdas, después de las recientes victorias electorales y sus ascensos a gobiernos -precedidas algunas de ellas de grandes convulsiones sociales- deben limitarse a reformar lo existente o deben proponerse reemprender el camino revolucionario.

Lo que se impone es discutir el carácter de la presente crisis capitalista. Si el poderío militar y mediático del imperialismo nos obliga a la moderación o si su crisis irresoluble nos brinda la oportunidad de hacer revolución.

En el actual proceso de cambios a nivel continental nos encontramos con actitudes diferenciadas entre sus protagonistas en cuanto a ese dilema.

La profundidad de las reformas es diferente en Ecuador y Bolivia, por ejemplo, a las que se dan en Brasil, Uruguay y El Salvador. La distancia es mayor respecto a Chile o Argentina.

La experiencia del proceso hacia la revolución en Venezuela es diferente en su origen, como lo fue en mayor grado el camino cubano y el mismo nicaragüense en su primera etapa.

La masacre militar a raíz del “Caracazo”, rompió en Venezuela la quietud del dominio de la partidocracia, de la burguesía parasitaria, de las transnacionales y del imperialismo estadounidense, y generó como contrapartida del levantamiento militar del MRB-200 encabezado por Chávez.

Se trató de una especie de insurrección militar impactante. Un acto de rebeldía armada, nada pacífico(aunque poco sangriento), que posibilitó una original acumulación de poder militar, garantía posterior de todas las victorias (electorales y no electorales) y transformaciones en paz; paz precaria, amenazada, asechada, no solo por el golpismo violento, sino por los procesos intervenciones gringos-colombianos camino a nuevas agresiones militares.

Si vemos las revoluciones como procesos, ni tan pacífico ha sido el proceso hacia ella que ha tenido lugar en la Venezuela bolivariana de  los últimos años. Su esencia, pese al peso de la vía electoral después del levantamiento militar de principio de los 90, no es el simple civilismo sino la alianza pueblo-fuerzas armadas.

Se trata, además, de un proceso inconcluso y todavía cargado de las incertidumbres  que pueden generar planes funestos del imperialismo, peores que las sediciones anteriores y que el golpe derrotado, como lo demuestran los acontecimientos recientes cargados de violentas guarimbas.

Un proceso afectado también por el peso del reformismo a nombre de la revolución y el peso del rentismo petrolero y la cultura consumista, mezclado con el capitalismo privado, a nombre del socialismo; aunque con una significativa corriente anticapitalista a su interior y significativos espacios de poder popular.

Un proceso constantemente amenazado por la violencia contrarrevolucionaria imperialista y la reacción fascistoide interna, amenazado por la penetración del para-militarismo colombiano y la intervención directa d EEUU, tal y como lo revelan múltiples hechos a lo largo de los últimos años.

Revolución pacífica pero armada, decía Chávez.

Por lo que desde ella no es correcto negar “persé” la pertinencia del uso de la contra-violencia armada y no armada desde el poder popular-comunal.

Esto sobre todo a la luz del recrudecimiento de la violencia contrarrevolucionaria y del persistente plan desestabilizador, impregnado del despliegue de fuertes componentes fascistas, imperialistas y paracos, puestos en marcha en Venezuela, apuntando también contra el avance de los diálogos de paz en Colombia.

No parece acertado abordar ese plan desestabilizador recurriendo en gran medida a las concesiones al gran capital privado y a las derechas, es decir, con dando pasos muy alejadas del contenido esencial de Golpe de Timón y del Plan de la Patria propuesto por Chávez; contrarias,  en fin, a la profundización del proceso y marcadas por la idea de pervivir o sobrevivir retrocediendo. Eso lejos de desalentar envalentona a sus protagonistas, que van logrando parte de sus objetivos combinando violencia y negociación.

Cuba tuvo que hacer dos años de revolución armada para vivir 50 años de paz, independencia y conquistas sociales trascendentes, pero nunca desistió de volver a la vía armada frente a la posible ejecución de los designios violentos de la contrarrevolución imperial. Por el contrario, su determinación en ese aspecto llegó al punto de darle cuerpo, como medio de autodefensa de masas, a la tesis de la guerra de todo el pueblo de inspiración vietnamita, sin dejar de poner sus cohetes de cara a la Florida.

Y por eso la Cuba revolucionaria no pudo ser derribada, vigente todavía la continuidad ascendente de su proceso -sensiblemente degradado a lo largo de varias décadas por el estatismo-burocrático- solo si al tiempo de preservar esa firmeza defensiva surgen factores capaces de reactivar la posibilidad de un relevo generacional, un viraje antiburocrático y socializante de lo estatal, y un nuevo modelo de orientación socialista más participativo y eficiente; perspectiva que lamentablemente se está quedando atrás por la marcada preeminencia del “camino chino”, reforzado ahora por la ley de inversión extranjera, que facilita la restauración pacífica (¿???) del capitalismo desde un estatismo burocrático abierto a la impronta actual de la burguesía transnacional.

Colombia, el valor de la insurgencia y los cincuenta años de FARC.

En Colombia existe una especie de engendro macabro en términos de Estado y de poder. Es, seguido del modelo represivo y fascistoide hondureño, la nota más discordante a escala continental.

Un Estado narco-paramilitar, terrorista, feroz.

Una dominación violenta, corrupta, asquerosa, criminal, en todos planos y vertientes, como la caracterizaron el comandante Marulanda, los líderes de las FARC y el ELN, y todos/as los/as dirigentes e intelectuales revolucionarios de ese país.

Un país con grados elevados de presencia militar estadounidense (siete bases militares) y arrastrado a jugar un papel puntero en los planes de agresión estadounidenses y de conquista militar de la Amazonía; así como en los programas contrarrevolucionarios contra Venezuela y Ecuador.

No hay que repetir aquí los datos que prueban su vocación persistente por el genocidio y las masacres. Esto dura ya 60 años y cada día ese poder se torna más violento y empobrecedor, más excluyente y saqueador. La era neoliberal y el poder de los halcones ha potenciado todo esto en el peor de los sentidos. Esto incluso ha cruzado los periodos de diálogos de paz y ha gravitado para abortarlos.

Cruza incluso el actual esfuerzo hacia la salida política -presente en la agenda de la Mesa de Diálogo de la Habana, traspasada felizmente al debate nacional- basado en un inmenso de deseo popular de paz, en la renovación de las convicciones colectivas a favor de una salida política a un conflicto social armado sin desenlace militar a la vista, y lo amenaza pese a estos tener mejor base de sustentación que los diálogos anteriores y haber logrado mayores avances.

Esos diálogos están también fundamentalmente amenazados por la raigambre de la violencia y el guerrerismo en Colombia y por la naturaleza del imperialismo y de su propia crisis.

La insurgencia, las FARC y el ELN, los movimientos sociales radicales, han sido una necesaria contrapartida; independientemente de cualquier error cometido en su largo y heroico batallar. Lejos de ser matriz de la violencia han sido esencialmente insurgencia por la paz y por la vida

Ese mérito estará definitivamente vinculado a la historia, al pensamiento y al accionar de esa leyenda viva y trascendente que el pueblo humilde bautizó cariñosamente con el sobrenombre de “Tiro Fijo”.

Se trata, por demás, de un importantísimo acumulado político-militar, no solo para enfrentar lo que está cruel realidad ha deparado y puede deparar, sino además como garantía para construir una paz sólida, erradicando las causas estructurales de la confrontación violenta.

Sugerirle a las FARC-EP que se desmovilice y acceda a la vida pública y legal en el contexto de un Estado con las características descritas y en una situación como la existente en Colombia  y en el mundo, es como pedirle que lo arriesgue todo y se exponga al exterminio; equivale a solicitarle que liquide de sopetón al patrimonio político-militar y el contrapoder integral construido en décadas de sacrificios y pase a ser víctima de segura de retaliaciones sin posibilidad de responder.

Aceptar ahora esa sugerencia envenenada, o decidirla por cuenta propia en cualquier otra oportunidad, es sencillamente suicida;  porque sería un paso hacia un abismo mortal y una forma de liquidar la opción de paz duradera, vinculada indisolublemente a la justicia social y a la soberanía nacional.

Esto implicaría disolver a cambio de nada, o de muy poco, el único ejército popular, irregular antiimperialista, pro-socialista, existente en Colombia y en esa sub-región.

Y digo el único, porque esa misma valoración es válida también para el ELN, que es aunque diferenciado y en menor escala, es el otro componente de ese ejército y de la contrapartida popular-militar insurgente colombiana, que junto al torrente político-social civil generado por ambas fuerzas y por innumerables movimientos transformadores gestados antes y durante los actuales diálogos de paz, han sido potenciados por la firmeza, por la profundidad propositiva y la apertura hacia la sociedad colombiana exhibida por las FARC-EP en esta nueva y difícil oportunidad para abrirle cauces a la paz; sin que se hayan conjurado los riesgos de recrudecimiento de la guerra por decisión del poder transnacional y local que históricamente la han sustentado y ahora vuelve a negarse a un cese al fuego.

La opción de paz depende de la preservación y ampliación de ese acumulado político- militar logrado por esa extraordinaria capacidad de resistencia exhibida a lo largo de los últimos 50 años, superando reveses, desmintiendo vaticinios agoreros, recuperándose de los golpes recibidos, venciendo estigmatizaciones perversas, creciendo en calidad y cantidad más allá de las declinaciones temporales, forzando a su reconocimiento como fuerza beligerante, combinando firmeza estratégica y flexibilidad táctica, renovando y enriqueciendo su pensamiento teórico-político sin embotar el filo revolucionario ni renunciar al proyecto emancipatorio socialista-comunista.

La opción de paz en un contexto de reformas sociales, políticas y económicas –no de revolución y socialismo en lo inmediato- contiene en su despliegue un eventual riesgo de embotar el filo revolucionario de la contra-parte anti-sistema, anticapitalista.

Cuando se consuman los acuerdos –algo no fácil en este nuevo caso- el uso de la legalidad  y la incursión en los espacios institucionales por una fuerza marxista revolucionaria, con grandes posibilidades de convertirse en una gran fuerza electoral, casi siempre emplaza desde las corrientes contradictorias que es capaz de generar, o a un proceso paulatino de integración al sistema reformado, o a emplear lo acumulado para dinamizar las reformas en dirección a las transformaciones revolucionarias de orientación socialista; incluida la asunción de nuevas y originales rupturas de la institucionalidad y del dominio del gran capital, desarrollando sin contemplaciones un potente contra-poder popular dinamitador del sistema dominante.

Ese proceso es complejo y contradictorio. El sistema tiene una gran capacidad contaminante e influye de múltiples maneras sobre sus contrarios.  El enemigo no solo nos hace la guerra con balas, bombas y artefactos militares. Tiene infinita facetas influyentes y una buena parte de las más sutiles tienen que ver con lo político-electoral, con las llamadas cuotas de poder, la cultura dominante y la nueva realidad material influyente.

Los ejemplos mundiales sobran y los casos de metamorfosis políticas negativas de fuerzas revolucionarias en los periodos post-paz negociadas abundan en nuestra América. Se que las FARC-EP y el ELN tienen muy presente esas lecciones negativas.

Ojala que esa enorme fuerza transformadora colombiana, que incluye en forma relevante a las FARC-EP, pero no solo, sea preservada y potenciada en todas sus vertientes y contenidos, cual que sea el resultado final de los nuevos diálogos de paz. Es mi deseo en ocasión de esta boda de oro y dignidad de las FARC, sobretodo porque aprecio que en Colombia está presente todavía uno de los pocos procesos dinámicos ascendente con energías, firmeza y conducción revolucionarias.

¿Declinación de la ola transformadora continental?

En la diversidad que conforma esta cuarta oleada de cambios continentales, el enorme déficit de viejas y nuevas vanguardias revolucionarias, ha influido para  asentar el reformismo en la conducción de esos procesos, incluyendo en aquellos con significativa independencia del imperialismo y no tutelados por burguesías y partidocracias tradicionales.

En el contexto de la dialéctica reforma y revolución, la reforma está predominando; aunque la contra-reforma no haya vencido a la reforma, ni se haya impuesto totalmente la contra-revolución.

El surgimiento de corrientes neofascistas, en algunos casos, ha operado potenciando el reformismo en actores políticos de primer orden de procesos de cambios sensiblemente debilitados.

Eso se ha producido en detrimento de la revolución, determinando estancamientos y retrocesos; sin que todavía la dinámica rebelde de las bases populares esté totalmente agotada, ni en esos escenarios, ni en aquellos bajo control total de la burguesía transnacional y local, hegemonizados políticamente por las derechas. Y sin que las causas que potencian la multi-crisis crónica del capitalismo hayan sido conjuradas.

Todo lo contrario. La última palabra no se ha dicho y es poco probable que pueda pronunciarse por el momento.

La declinación está en marcha, pero no es fatal. Ella afecta el nuevo momento colombiano, pero éste a su vez podría inyectarle nuevas energías a la ola ya menguada, como también podrían hacerlo otros procesos en gestación. Depende del proceder de las vanguardias allí y más allá.

La responsabilidad de esas fuerzas en gestación y de todos los factores revolucionarios anti-capitalistas continentales y mundiales, lejos de reducirse, se ha incrementado como nunca antes en la historia de la humanidad.

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Opinión

La CIA, Mockingbird y los periodistas

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(I)

Por Oscar López Reyes

Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.

En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.

La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.

A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.

Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.

Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:

1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.

2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.

3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.

4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.

5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.

6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.

7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.

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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.

 

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Opinión

Cuando el privilegio pesa más que el salario

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Por Isaías Ramos

En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?

La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.

No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.

Primero derechos; después privilegios.

La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.

Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.

Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.

Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:

  • ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
  • ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
  • ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?

Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.

Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.

A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.

Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.

Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.

La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.

¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?

¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?

En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.

Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.

En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.

Despierta RD

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Opinión

La Corte Penal Internacional y los Tribunales Penales Internacionales  (1 de 2)

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Por Rommel Santos Díaz

A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia  y Ruanda  son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.

Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el  Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución  827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)

En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como  por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del  Tribunal Penal Internacional  para Ruanda.

La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional  para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal  hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.

De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional  que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones  de la Corte Penal Internacional.

Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.

Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas  para mantener la seguridad y la paz internacional.

Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.

Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su  independencia con respecto a dicha organización internacional.

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