Conecta con nosotros

Opinión

A la luz de la cuarta ola de cambios en el continente

Published

on

Por Narciso Isa Conde

NARCISO-ISA-CONDE11111121Al llegar a los cincuenta años de fundadas las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas FARC -convertida en Ejercitó del Pueblo bajo la coordinación del  camarada Manuel Marulanda, a quien siempre admiré y valoré como uno de los luchadores revolucionarios más firme, persistente, sagaz, inteligente y abnegado de las insurgencias se nos presenta con nuevos emplazamientos la necesidad de volver sobre el debate de las formas de lucha, las fuerzas y los caminos de la revolución en nuestra América.

La guerra sucia contra el pueblo colombiano se inició a raíz del asesinato de Gaitán a raíz del Bogotazo en el año 1948, desatada a continuación la gran y prolongada matanza a cargo de las fuerzas conservadoras tuteladas por la oligarquía colombiana.

A la luz de lo acontecido durante esta larga, accidentada y heroica existencia de las FARC, me luce extremadamente inconsistente -aun en el contexto de los actuales diálogos en busca de una salida política al conflicto social armado- negar  la validez histórica de la lucha armada en la Colombia actual, en la Colombia que ha devenido en una plataforma de bases militares estadounidenses y en teatro de crueles operaciones militares y paramilitares.

Pero como esa inconsistencia se expresa desde una visión política-ideológica, que apelando a ciertas razones aparentes y superficiales, exhorta a descartar totalmente a escala continental la insurgencia popular, es preciso que nos esforcemos por valorar no simplemente el significado de las victorias electorales progresistas o de izquierda y la importancia de los procesos de reformas avanzadas que tienen lugar en una serie de países del continente, sino también -y sobre todo- los complejos caminos de la revolución en nuestra América; necesariamente conformados por las más variadas indignaciones y rebeldías, imposibilitada de ser excluida de ellas, por la esencia violenta y destructiva del presente capitalismo senil, altamente militarizado, el poder armado del pueblo como medio de acción y/o disuasión.

Y las FARC-EP son una obligada referencia en este importante debate.

 Los caminos

Esta reflexión resulta más pertinente en la medida existe una lectura interesada, unilateral y reduccionista de los procesos de cambio que se desarrollan en la región, la  que procura descartar todo lo que no sea el acceso al gobierno por elecciones y alienta reeditar el viejo dilema Vía Armada vs. Vía Pacífica o Violencia vs.  Elecciones, potenciando así el simplismo aquel que tanto contribuyó a la división de las izquierdas en los años 60 y 70 del pasado siglo XX.

No se trata de eso. La realidad actual es mucho más rica y compleja que esa supuesta disyuntiva.

Las propias FARC-EP, en su  proceso de desarrollo han evolucionado como un ejército guerrillero con milicias populares adicionales; se han constituido no solo como un ejército del pueblo, sino también como un partido comunista clandestino, como un movimiento político, social y cultural marxista-bolivariano, como una potente organización articuladora de un gran abanico de fuerzas transformadoras dispuestas a combatir en diversos escenarios; como un componente fundamental de un movimiento por la paz con justicia, soberanía y dignidad humana; como una especie de contra-poder popular abanderado de un pliego de demandas democratizadoras, articuladas a la propuesta de poder constituyente y orientada a la refundación del Estado colombiano.

No hay tabúes ni exclusiones de métodos.

No se reniega ni de las armas ni de los votos.

Todas las formas y modalidades de lucha tiene su validez y oportunidad, y todas admiten combinaciones, cada una en sus tiempos.

Las FARC han dado un gran aporte para superar visiones unilaterales, accionando ahora en el corazón de unos de los procesos con dinamismo ascendente y en el contexto de una oleada popular continental sensiblemente afectada en el presente por el impacto variado de concepciones reformistas al interior de las nuevas y viejas izquierdas gobernantes.

Nuevas reflexiones sobre la revolución necesaria.

En nuestro caso -y en el de no pocos/a revolucionarios/as de estos tiempos- las experiencias vividas y los intensos debates realizados a lo largo de las últimas décadas, (a consecuencia de los importantes acontecimientos registrados en este periodo), nos ha permitido desarrollar una visión cada vez más integral, abarcadora y profunda del acontecer continental y sus perspectivas; tomando siempre como eje irrenunciable la necesidad de la revolución, en tanto cambio radical en la hegemonía de clase, de género,  ideológica, cultural… en tanto cambio de los sujetos sociales en materia de poder en la sociedad civil popular y también en el poder estatal; en tanto respuesta a una crisis insoluble, ya crónica, dentro del capitalismo y la dominación imperialista.

 Y pienso que las FARC-EP no han estado ausentes de esas transformaciones en el modo de reflexionar, crecer, actuar y procurar una línea de acción y de acumulación integral y multifacética.

En sentido general, en no pocos escenarios nacionales del continente y del mundo, así se ha venido abordando este tema crucial en una parte de las izquierdas y sujetos transformadores, especialmente en cuanto a las modalidades de lucha y a la construcción de fuerzas y propuestas, a la acumulación político-militar y cultural, a la ruptura del monopolio militar impuesto desde el poder establecido en decadencia, a las transiciones revolucionarias y a las búsquedas de puntos de no retorno al pasado.

Igual respecto al nuevo poder en torno al vínculo Estado y sociedad, a las formas  de propiedad, a las relaciones del Estado, partidos y movimientos sociales; y  a las raíces culturales propias de los diferentes procesos.

También esta reelaboración toca al sistema jurídico-político, a la participación y las decisiones democráticas, a la institucionalidad, a las bases constitucionales del sistema y al proyecto estratégico de la sociedad sin Estado, siempre vinculado al proyecto de patria grande liberada y revolución mundial.

De esta nueva manera de pensar se deriva que no es lo mismo vía de la revolución y vía de la toma del poder central del Estado, ni tampoco que es igual hablar de vía de la revolución o de vía de la toma del poder que de las vías de aproximación a esos objetivos.

Y dentro de esta lógica ha estado muy presente la idea de que el poder del pueblo no simplemente se toma, sino que se crea, se construye en todos los órdenes, se desarrolla paralelamente al existente como contra-poder; y también se toma cuando se trata de reemplazar el viejo aparato estatal con la participación y decisión del pueblo; concebida fundamentalmente ese poder en estrecha relación con todos los pilares de la dominación, concebido como liberación y contra-hegemonía, autoridad bien ganada, influencia político-cultural decisiva en el tejido social y en las nuevas instituciones; como proyecto transformador de la sociedad y como poder popular.

Esto es, como transición a una sociedad basada en la asociación o comunidad de seres humanos absolutamente libres, lo que exige la extinción progresiva del Estado.

Experiencias que han estado presente en esta reflexión.

La determinación de las FARC-EP de no dejar de ser lo que ha sido y, por el contrario, superarse dialécticamente con la misma esencia, tiene un valor comparativo muy trascendente al interior del proceso continental.

La historia reciente y el presente latino-caribeño nos ayudan mucho en esta necesaria reflexión vinculada a la práctica revolucionaria.

En los años 70, en una fase de predominio de procesos violentos, Salvador Allende y la Unidad Popular lograron acceder al gobierno por la “vía pacífica”, a través de un proceso electoral.

No se trató, claro estaba, de un nuevo poder. Solo se alcanzó el gobierno.

Lo fallido en ese caso no fue alcanzar esa victoria electoral, sino la posterior incapacidad para defenderla y avanzar a consecuencia de una visión constitucionalista-reformista; la incapacidad política y militar para responder a la violencia y al poder militar de los enemigos de ese proceso. Las limitaciones para producir el paso de ser gobierno al poder real del pueblo.

Desafíos similares, en mejores condiciones y en contextos institucionales más avanzados, se le pueden presentar –y casos específicos se le están presentando- a procesos actuales como el venezolano, boliviano y el ecuatoriano si no optan por mediatizarse y se deciden por profundizar las reformas en dirección a la revolución. Esa necesaria profundización solo es posible a partir de una activa movilización popular y una necesaria recreación de las vanguardias transformadoras, hoy casi inexistentes, o desarticuladas, o dispersas.

No es lógico desde una óptica revolucionaria objetar avances por vía electoral (muchas veces precedidos de fuertes confrontaciones sociales), ni procede menospreciar cualquier otro triunfo electoral de carácter progresista, avanzado, inspirado en el propósito de avanzar hacia un proceso revolucionario.

Eso no es lo que está en cuestión.

Lo que se discute es si ese logro basta o no basta, si se debe detener la marcha en ese contexto institucional, si se debe o no ir más lejos, si en caso de pretender avanzar hacia un nuevo poder y hacia las transformaciones estructurales, se deben o no ignorar las respuestas necesarias a las consabidas resistencias violentas que eso entraña; si se debe  o no ceder frente a las reacciones de obstrucción, a las variadas reacciones de violencia contra-revolucionarias o anti-reformas, a la desestabilización y subversión reaccionaria, orquestada constantemente por una burguesía imperialista mafiosa asociada al gran capital local de igual calaña.

Si de antemano se debe desistir de la contrapartida revolucionaria y de la respuesta también violenta desde el pueblo ante esas obstrucciones reaccionarias.

Si se debe proceder de manera tal que el monopolio de las armas sea eternamente de las derechas y del imperialismo.

Lo que se cuestiona es si hay que declarar definitivamente clausurada la vía violenta, la guerra de guerrillas, las insurrecciones populares armadas, los levantamientos cívico-militares, los contragolpes revolucionarios, las guerras  patrióticas contra los invasores, las guerras de todo el pueblo, las guerras asimétricas…Más cuando estamos frente un poder imperialista, burguesías y derechas políticas caracterizadas por una vocación  no precisamente pacifista, algo totalmente ausente de la naturaleza violenta del sistema capitalista dominante, potenciada en medio de su múlti-crisis y de su actual dinámica destructiva.

Lo que objetamos es que anticipadamente líderes que actúan a nombre de las izquierdas en sus respectivos países y que ganan elecciones con esas banderas,  resignen (por los riesgos que conlleva) la necesidad de cambios profundos y se limiten a  paliar algunos males, a hacer reformas más o menos importantes, o a contemporizar en vertientes importantes de la dominación burguesa-imperialista, o a moverse  parcial y limitadamente con cierta independencia en la política exterior y a plegarse en otros aspectos significativos;  o, peor aun, a administrar y moderar inteligentemente  modelos neoliberales, o a intentar nuevos modelos social-demócratas.

Lo que hay que debatir es si las izquierdas, después de las recientes victorias electorales y sus ascensos a gobiernos -precedidas algunas de ellas de grandes convulsiones sociales- deben limitarse a reformar lo existente o deben proponerse reemprender el camino revolucionario.

Lo que se impone es discutir el carácter de la presente crisis capitalista. Si el poderío militar y mediático del imperialismo nos obliga a la moderación o si su crisis irresoluble nos brinda la oportunidad de hacer revolución.

En el actual proceso de cambios a nivel continental nos encontramos con actitudes diferenciadas entre sus protagonistas en cuanto a ese dilema.

La profundidad de las reformas es diferente en Ecuador y Bolivia, por ejemplo, a las que se dan en Brasil, Uruguay y El Salvador. La distancia es mayor respecto a Chile o Argentina.

La experiencia del proceso hacia la revolución en Venezuela es diferente en su origen, como lo fue en mayor grado el camino cubano y el mismo nicaragüense en su primera etapa.

La masacre militar a raíz del “Caracazo”, rompió en Venezuela la quietud del dominio de la partidocracia, de la burguesía parasitaria, de las transnacionales y del imperialismo estadounidense, y generó como contrapartida del levantamiento militar del MRB-200 encabezado por Chávez.

Se trató de una especie de insurrección militar impactante. Un acto de rebeldía armada, nada pacífico(aunque poco sangriento), que posibilitó una original acumulación de poder militar, garantía posterior de todas las victorias (electorales y no electorales) y transformaciones en paz; paz precaria, amenazada, asechada, no solo por el golpismo violento, sino por los procesos intervenciones gringos-colombianos camino a nuevas agresiones militares.

Si vemos las revoluciones como procesos, ni tan pacífico ha sido el proceso hacia ella que ha tenido lugar en la Venezuela bolivariana de  los últimos años. Su esencia, pese al peso de la vía electoral después del levantamiento militar de principio de los 90, no es el simple civilismo sino la alianza pueblo-fuerzas armadas.

Se trata, además, de un proceso inconcluso y todavía cargado de las incertidumbres  que pueden generar planes funestos del imperialismo, peores que las sediciones anteriores y que el golpe derrotado, como lo demuestran los acontecimientos recientes cargados de violentas guarimbas.

Un proceso afectado también por el peso del reformismo a nombre de la revolución y el peso del rentismo petrolero y la cultura consumista, mezclado con el capitalismo privado, a nombre del socialismo; aunque con una significativa corriente anticapitalista a su interior y significativos espacios de poder popular.

Un proceso constantemente amenazado por la violencia contrarrevolucionaria imperialista y la reacción fascistoide interna, amenazado por la penetración del para-militarismo colombiano y la intervención directa d EEUU, tal y como lo revelan múltiples hechos a lo largo de los últimos años.

Revolución pacífica pero armada, decía Chávez.

Por lo que desde ella no es correcto negar “persé” la pertinencia del uso de la contra-violencia armada y no armada desde el poder popular-comunal.

Esto sobre todo a la luz del recrudecimiento de la violencia contrarrevolucionaria y del persistente plan desestabilizador, impregnado del despliegue de fuertes componentes fascistas, imperialistas y paracos, puestos en marcha en Venezuela, apuntando también contra el avance de los diálogos de paz en Colombia.

No parece acertado abordar ese plan desestabilizador recurriendo en gran medida a las concesiones al gran capital privado y a las derechas, es decir, con dando pasos muy alejadas del contenido esencial de Golpe de Timón y del Plan de la Patria propuesto por Chávez; contrarias,  en fin, a la profundización del proceso y marcadas por la idea de pervivir o sobrevivir retrocediendo. Eso lejos de desalentar envalentona a sus protagonistas, que van logrando parte de sus objetivos combinando violencia y negociación.

Cuba tuvo que hacer dos años de revolución armada para vivir 50 años de paz, independencia y conquistas sociales trascendentes, pero nunca desistió de volver a la vía armada frente a la posible ejecución de los designios violentos de la contrarrevolución imperial. Por el contrario, su determinación en ese aspecto llegó al punto de darle cuerpo, como medio de autodefensa de masas, a la tesis de la guerra de todo el pueblo de inspiración vietnamita, sin dejar de poner sus cohetes de cara a la Florida.

Y por eso la Cuba revolucionaria no pudo ser derribada, vigente todavía la continuidad ascendente de su proceso -sensiblemente degradado a lo largo de varias décadas por el estatismo-burocrático- solo si al tiempo de preservar esa firmeza defensiva surgen factores capaces de reactivar la posibilidad de un relevo generacional, un viraje antiburocrático y socializante de lo estatal, y un nuevo modelo de orientación socialista más participativo y eficiente; perspectiva que lamentablemente se está quedando atrás por la marcada preeminencia del “camino chino”, reforzado ahora por la ley de inversión extranjera, que facilita la restauración pacífica (¿???) del capitalismo desde un estatismo burocrático abierto a la impronta actual de la burguesía transnacional.

Colombia, el valor de la insurgencia y los cincuenta años de FARC.

En Colombia existe una especie de engendro macabro en términos de Estado y de poder. Es, seguido del modelo represivo y fascistoide hondureño, la nota más discordante a escala continental.

Un Estado narco-paramilitar, terrorista, feroz.

Una dominación violenta, corrupta, asquerosa, criminal, en todos planos y vertientes, como la caracterizaron el comandante Marulanda, los líderes de las FARC y el ELN, y todos/as los/as dirigentes e intelectuales revolucionarios de ese país.

Un país con grados elevados de presencia militar estadounidense (siete bases militares) y arrastrado a jugar un papel puntero en los planes de agresión estadounidenses y de conquista militar de la Amazonía; así como en los programas contrarrevolucionarios contra Venezuela y Ecuador.

No hay que repetir aquí los datos que prueban su vocación persistente por el genocidio y las masacres. Esto dura ya 60 años y cada día ese poder se torna más violento y empobrecedor, más excluyente y saqueador. La era neoliberal y el poder de los halcones ha potenciado todo esto en el peor de los sentidos. Esto incluso ha cruzado los periodos de diálogos de paz y ha gravitado para abortarlos.

Cruza incluso el actual esfuerzo hacia la salida política -presente en la agenda de la Mesa de Diálogo de la Habana, traspasada felizmente al debate nacional- basado en un inmenso de deseo popular de paz, en la renovación de las convicciones colectivas a favor de una salida política a un conflicto social armado sin desenlace militar a la vista, y lo amenaza pese a estos tener mejor base de sustentación que los diálogos anteriores y haber logrado mayores avances.

Esos diálogos están también fundamentalmente amenazados por la raigambre de la violencia y el guerrerismo en Colombia y por la naturaleza del imperialismo y de su propia crisis.

La insurgencia, las FARC y el ELN, los movimientos sociales radicales, han sido una necesaria contrapartida; independientemente de cualquier error cometido en su largo y heroico batallar. Lejos de ser matriz de la violencia han sido esencialmente insurgencia por la paz y por la vida

Ese mérito estará definitivamente vinculado a la historia, al pensamiento y al accionar de esa leyenda viva y trascendente que el pueblo humilde bautizó cariñosamente con el sobrenombre de “Tiro Fijo”.

Se trata, por demás, de un importantísimo acumulado político-militar, no solo para enfrentar lo que está cruel realidad ha deparado y puede deparar, sino además como garantía para construir una paz sólida, erradicando las causas estructurales de la confrontación violenta.

Sugerirle a las FARC-EP que se desmovilice y acceda a la vida pública y legal en el contexto de un Estado con las características descritas y en una situación como la existente en Colombia  y en el mundo, es como pedirle que lo arriesgue todo y se exponga al exterminio; equivale a solicitarle que liquide de sopetón al patrimonio político-militar y el contrapoder integral construido en décadas de sacrificios y pase a ser víctima de segura de retaliaciones sin posibilidad de responder.

Aceptar ahora esa sugerencia envenenada, o decidirla por cuenta propia en cualquier otra oportunidad, es sencillamente suicida;  porque sería un paso hacia un abismo mortal y una forma de liquidar la opción de paz duradera, vinculada indisolublemente a la justicia social y a la soberanía nacional.

Esto implicaría disolver a cambio de nada, o de muy poco, el único ejército popular, irregular antiimperialista, pro-socialista, existente en Colombia y en esa sub-región.

Y digo el único, porque esa misma valoración es válida también para el ELN, que es aunque diferenciado y en menor escala, es el otro componente de ese ejército y de la contrapartida popular-militar insurgente colombiana, que junto al torrente político-social civil generado por ambas fuerzas y por innumerables movimientos transformadores gestados antes y durante los actuales diálogos de paz, han sido potenciados por la firmeza, por la profundidad propositiva y la apertura hacia la sociedad colombiana exhibida por las FARC-EP en esta nueva y difícil oportunidad para abrirle cauces a la paz; sin que se hayan conjurado los riesgos de recrudecimiento de la guerra por decisión del poder transnacional y local que históricamente la han sustentado y ahora vuelve a negarse a un cese al fuego.

La opción de paz depende de la preservación y ampliación de ese acumulado político- militar logrado por esa extraordinaria capacidad de resistencia exhibida a lo largo de los últimos 50 años, superando reveses, desmintiendo vaticinios agoreros, recuperándose de los golpes recibidos, venciendo estigmatizaciones perversas, creciendo en calidad y cantidad más allá de las declinaciones temporales, forzando a su reconocimiento como fuerza beligerante, combinando firmeza estratégica y flexibilidad táctica, renovando y enriqueciendo su pensamiento teórico-político sin embotar el filo revolucionario ni renunciar al proyecto emancipatorio socialista-comunista.

La opción de paz en un contexto de reformas sociales, políticas y económicas –no de revolución y socialismo en lo inmediato- contiene en su despliegue un eventual riesgo de embotar el filo revolucionario de la contra-parte anti-sistema, anticapitalista.

Cuando se consuman los acuerdos –algo no fácil en este nuevo caso- el uso de la legalidad  y la incursión en los espacios institucionales por una fuerza marxista revolucionaria, con grandes posibilidades de convertirse en una gran fuerza electoral, casi siempre emplaza desde las corrientes contradictorias que es capaz de generar, o a un proceso paulatino de integración al sistema reformado, o a emplear lo acumulado para dinamizar las reformas en dirección a las transformaciones revolucionarias de orientación socialista; incluida la asunción de nuevas y originales rupturas de la institucionalidad y del dominio del gran capital, desarrollando sin contemplaciones un potente contra-poder popular dinamitador del sistema dominante.

Ese proceso es complejo y contradictorio. El sistema tiene una gran capacidad contaminante e influye de múltiples maneras sobre sus contrarios.  El enemigo no solo nos hace la guerra con balas, bombas y artefactos militares. Tiene infinita facetas influyentes y una buena parte de las más sutiles tienen que ver con lo político-electoral, con las llamadas cuotas de poder, la cultura dominante y la nueva realidad material influyente.

Los ejemplos mundiales sobran y los casos de metamorfosis políticas negativas de fuerzas revolucionarias en los periodos post-paz negociadas abundan en nuestra América. Se que las FARC-EP y el ELN tienen muy presente esas lecciones negativas.

Ojala que esa enorme fuerza transformadora colombiana, que incluye en forma relevante a las FARC-EP, pero no solo, sea preservada y potenciada en todas sus vertientes y contenidos, cual que sea el resultado final de los nuevos diálogos de paz. Es mi deseo en ocasión de esta boda de oro y dignidad de las FARC, sobretodo porque aprecio que en Colombia está presente todavía uno de los pocos procesos dinámicos ascendente con energías, firmeza y conducción revolucionarias.

¿Declinación de la ola transformadora continental?

En la diversidad que conforma esta cuarta oleada de cambios continentales, el enorme déficit de viejas y nuevas vanguardias revolucionarias, ha influido para  asentar el reformismo en la conducción de esos procesos, incluyendo en aquellos con significativa independencia del imperialismo y no tutelados por burguesías y partidocracias tradicionales.

En el contexto de la dialéctica reforma y revolución, la reforma está predominando; aunque la contra-reforma no haya vencido a la reforma, ni se haya impuesto totalmente la contra-revolución.

El surgimiento de corrientes neofascistas, en algunos casos, ha operado potenciando el reformismo en actores políticos de primer orden de procesos de cambios sensiblemente debilitados.

Eso se ha producido en detrimento de la revolución, determinando estancamientos y retrocesos; sin que todavía la dinámica rebelde de las bases populares esté totalmente agotada, ni en esos escenarios, ni en aquellos bajo control total de la burguesía transnacional y local, hegemonizados políticamente por las derechas. Y sin que las causas que potencian la multi-crisis crónica del capitalismo hayan sido conjuradas.

Todo lo contrario. La última palabra no se ha dicho y es poco probable que pueda pronunciarse por el momento.

La declinación está en marcha, pero no es fatal. Ella afecta el nuevo momento colombiano, pero éste a su vez podría inyectarle nuevas energías a la ola ya menguada, como también podrían hacerlo otros procesos en gestación. Depende del proceder de las vanguardias allí y más allá.

La responsabilidad de esas fuerzas en gestación y de todos los factores revolucionarios anti-capitalistas continentales y mundiales, lejos de reducirse, se ha incrementado como nunca antes en la historia de la humanidad.

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Opinión

La  rehabilitación en el Estatuto de Roma

Published

on

Por Rommel Santos Diaz

Adicionalmente, el Estatuto de Roma prevé la posibilidad de la rehabilitación. Según el artículo 110, la Corte deberá  revisar todas las condenas de prisión cuando el recluso  haya cumplido las dos terceras partes  de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua para determinar si esta puede reducirse.

En el punto anterior la CPI  considera estos aspectos como si la persona hubiese asistido  a la Corte con la localización de cualquier bien objeto de una multa, decomiso u órdenes de reparación que pudiesen beneficiar a la víctima.

La CPI también podrá tomar en consideración  ¨otros factores indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba, que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro  e importante como para justificar la reducción de la pena¨

Por consiguiente una cadena perpetua  podría reducirse  a 25 años de prisión en algunos casos. Si la CPI decide no reducir la sentencia de la persona después de la primera revisión, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo  a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.

Durante las negociaciones sobre las penas de la CPI, muchos Estados estuvieron a favor de la aplicación de la pena de muerte en los casos extremos. El numero de Estados con pena de muerte  es poco menor que el de aquellos que no tienen pena de muerte.

No existe la oportunidad  para rehabilitación alguna cuando se impone la pena de muerte. Por ende la cadena perpetua con la posibilidad de reducirla a 25 años, es un compromiso  razonable entre la pena de muerte y la prisión máxima de 30 años.

Los Estados deberán recordar que el artículo 80 del Estatuto de Roma expresamente establece que el Estatuto no afecta la aplicación por parte de los Estados de aquellas penas prescritas por su propio derecho interno , ni afecta la ley de aquellos Estados  que no impongan las penas prescritas en el Estatuto de Roma.

Los Estados Partes no deben imponer las mismas penas por los mismos delitos en su jurisdicción, ni deberán aplicar las condenas de prisión  a no ser que voluntariamente lo quieran hacer. En este caso, los Estados podrán también especificar las condiciones bajo las cuales  aceptarían a las personas condenadas, inclusive la condición de no aplicar la cadena perpetua.

Por consiguiente, los Estados Partes que cuenten con las disposiciones constitucionales que prohíban la imposición de la cadena perpetua  solo necesitaran permitir la excepción de entregar a la persona a la CPI, pese a que tal persona pueda ser condenada a cadena perpetua.

Los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán entregar a la persona acusada a la CPI cuando ésta así lo solicite, aún si existe la posibilidad de que dicha persona sea condenada a cadena perpetua.

En el caso de muchos Estados, la potestad de la CPI para imponer la cadena perpetua no necesitará la aplicación de medidas legislativas particulares. Sin embargo, en algunos Estados la constitución explícitamente prohíbe la extradición de una persona a un Estado  donde se aplica esta pena , o que declara la cadena perpetua como un castigo cruel. Estos Estados cuentan con dos opciones:

  1. a) Establecer claramente, en la norma que implemente el Estatuto, la distinción entre la extradición de una persona a otro Estado y la  entrega de una persona a la Corte Penal Internacional.

Algunos Estados podrán realizar esta distinción en su legislación, lo cual les permitiría entregar personas a la CPI aunque exista una restricción  a la ¨extradicion¨de personas a tribunales que impongan la pena de cadena perpetua. Esto les permitiría mantenerla prohibición de extraditar a una persona a un tribunal extranjero, sin interferir con la habilidad de cooperar plenamente con la CPI.

  1. b) La reforma a la Constitución podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio. Podría especificarse que la cadena perpetua impuesta por la CPI de conformidad con el Estatuto de Roma para algunos de los crímenes allí enumerados no viola la Constitución.

Debería también mencionarse  que el Estado puede entregar a la persona acusada a la CPI a pesar de que exista la posibilidad de la cadena perpetua. La enmienda constitucional  podría también mencionar que la CPI puede reducir la condena  después de 25 años, existiendo así la posibilidad de la rehabilitación.

Finalmente, la ventaja de una  reforma constitucional que elimina cualquier posibilidad de un conflicto normativo, garantiza que los tribunales nacionales dicten sus fallos de conformidad con sus obligaciones legales establecidas en el Estatuto de Roma.

Rommelsntosdiaz@gmail.com

Continue Reading

Opinión

La P.N. y los miedos de Abinader

Published

on

Luis Abinader enfrenta críticas por su incapacidad para frenar las ejecuciones extrajudiciales de la Policía Nacional, reflejando un temor a su poder.

  • El texto denuncia ocho muertes de un tirón y 40 en un mes.
  • Se acusa al presidente de conminar entregas, avalando de hecho ejecuciones extrajudiciales.
  • La supuesta reforma policial es calificada de farsa para entretener y engañar.

Por Narciso Isa Conde

Ahora las ejecuciones judiciales o asesinatos policiales son por paquetes o ramilletes: ocho de un tirón… 40 en un mes y unos días.

El nuevo jefe, o da la orden, o la banda criminal interna tiene luz verde para tirar los cadáveres en las narices de los pobladores donde acribillan a los condenados ilegalmente a pena de muerte.

Abinader los conmina a entregarse para evitar que le vaya peor, autorizando en los hechos su ejecución.

Dicen, con razón, que Luis Abinader le tiene miedo a todo.

A Donald Trump, a Marco Rubio, a la CIA, a la DEA, a Netanyahu, al Mossad, al Comando Sur…

A los Vicini, los Rainieri, los Risek… a los bancos y las bancas, a sus ARS y AFP, y a todos los oligarcas más ricos que él…

A los granceros… a los magnates depredadores y explotadores y a los influencers de diferentes calibres y calañas…

A los López Pilarte y Miguel Gutiérrez.

 A Hipólito, a Leonel y hasta el semi-acosado Danilo.

En este delicado tema de la perversión de la P.N. de sus matanzas, de sus prácticas y asociaciones mafiosas recurrentes… su estructura criminal y sus asesores israelí, estadounidense, chilenos, colombianos y españoles saben muy bien que Abinader le tiene miedo, y que la reforma es una farsa para entretener y un cuento para engañar.

En verdad, no le temen a ese allante.

Por ese miedo, Abinader es incapaz de dar una orden para cerrar categóricamente el tenebroso capítulo de las ejecuciones extrajudiciales.

 Es incapaz de dar un zapatazo, de emplazar a los jefes policiales, de amenazarlos con castigos severos, para que detengan su horrible carrera delictiva. Carece de energía y valor para ponerlos en su sitio, aunque sea solo en ese punto.

 Por el contrario, perdió autoridad y continúa apoyando y modernizando un cuerpo policial criminal, integrado por bandas especializadas en todos los delitos; dotándolo de nuevos equipos que mal usan, deterioran o se roban.

Esa cobardía permisiva y su ideología convierten al mandatario en cómplice de una institución cuyas entrañas están podridas.

El mal es estructural, sistémico, crónico. No cede con cirugía extirpadora de tumores. Desde hace décadas hizo metástasis.

Luis Abinader lo sabe y alimenta sus tumores y metástasis. Cada cambio de jefatura y cada reforma y cada plan de seguridad ciudadana, es eso.

La cultura despótica, criminal, delictiva… resiste “depuraciones” parciales. Ella se recompone fácilmente y se retroalimenta, siempre asociada a otras variantes de la corrupción de Estado, ya sea política, empresarial o narco-criminal.

En el interior de la Policía Nacional se recicla también la ideología autoritaria-neoliberal rodeada de un Estado y una sociedad civil en los que domina el criterio de que la gente vale por lo que consume, por las banalidades que disfruta y el dinero que posee.

Rebrota fácilmente en su seno el viejo caudillismo (Trujillo, Balaguer…), reencarnado y estimulado por los presidentes más recientes: Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y el propio Luis Abinader, el actual.

La P.N.es un cuerpo militar y se auto-protege con el manto del autoritarismo y el secretismo castrense.

Un cuerpo acostumbrado al abuso, la crueldad y el robo.

Más que interrogar, tortura; física y mentalmente.

Los mayores ingresos personales a nivel de alta oficialidad provienen de lo ilícito, sin que nadie los fiscalice: extorsión, soborno empresarial, complicidad con bandas civiles, protección de delincuentes de todas las calañas, narco-corrupción.

La policía no previene ni persuade, sino que mete miedo y reprime, y hasta le hace la guerra al pueblo, maltratando a civiles.

Atemoriza a presidentes cobardes y a congresistas perversos que la exhortan a ser más duros y más criminales.

Importantes sectores de la P.N. son insaciablemente adictos a esas inconductas inducidas por sus jefes y estimuladas por el modelo de actuación de la clase dominante-gobernante.

Continue Reading

Opinión

Experiencias con 14 presidentes (2 de 2)

Published

on

Por Oscar López Reyes

En su fuero eminentemente profesional, el periodista labora para empresas periodísticas, instituciones estatales y organizaciones de otras índoles, con la ética “como el zumbido al moscardón” y la dignidad sobre la mesa. En cualesquiera de esas órbitas, diáfanamente ha de mantener su compromiso con la libertad, la democracia y el bien común, sin manipular la verdad ni inquirir ventajas personales; sin erosionar confianzas ni confabularse con pestañas tenebrosas del poder político-económico.

Con unos y otros presidentes de la República he interactuado en 50 años, ya en entrevistas, tertulias y otros encuentros periodísticos y en quehaceres oficiales. Incumbentes de todos los gobiernos han requerido los servicios profesionales independientes de quien escribe, sin condicionamientos políticos en un clima de respeto. En todos he aceptado las propuestas de trabajo, menos en una regencia de ocho años.

7.- JOAQUÍN BALAGUER RICARDO (1 de septiembre de 1906, Bisonó, Santiago-14 de julio de 2002, Santo Domingo). Mandatos presidenciales: 1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996. Durante su administración 1966-1978, varios periodistas cayeron abatidos a balazos, y para abordarlo había que aprovechar circunstancias especiales, como su llegada al salón de Embajadores del Palacio Nacional para encabezar las reuniones de cada miércoles de la Comisión Nacional de Desarrollo, y al término tanto de las misas dominicales de la capilla de la Casa de Gobierno como en las inauguraciones de obras públicas.

En 1973 decidió presidir una rueda de prensa, en la mañana de cada jueves, y por lo general se exigía que, con antelación, presentaran las preguntas a ser formuladas que eran punzantes y con frecuencia respondía exaltado. Singularizó por la anarquía, por cuyas razones fue suspendida sin retorno. En su nuevo gobierno de 10 años (1986-1996), Joaquín Balaguer se mostró más receptivo con los periodistas. Por lo menos una vez a la semana yo lo entrevistaba durante sus caminatas, a las 6 de la tarde, por el parque Mirador Sur. Me entregó el Premio de los Jayces ‘72 como joven sobresaliente de 1992, en un acto en el Palacio Nacional, y en ese período laboré como encargado de relaciones públicas del Instituto para el Desarrollo del Suroeste (Indesur), con sede en Azua.

8.- ANTONIO GUZMÁN FERNÁNDEZ (12 de febrero de 1911, La Vega- 4 de julio de 1982, Santo Domingo). Administración gubernamental: 16 de agosto de 1978 – 4 de julio de 1982. A este modelo de accionar democrático y cambios, había que sacarle los datos con preguntas directas, durante inauguraciones y otras actividades, y sus informaciones más relevantes provenían de sus discursos.

Guzmán Fernández respondía con un lenguaje campechano, y se coronó con la gloria de que en su gestión se instalaron y desarrollaron las principales unidades de relaciones públicas gubernamentales. En el citado cuatrienio, conversé con él cuando yo fungía como encargado de relaciones públicas del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). Y en El Nuevo Diario profundicé en un análisis sobre las razones de su suicidio en su despacho del Palacio Nacional, el 4 de julio de 1982, entre la medianoche y la madrugada.

9.- JACOBO MAJLUTA AZAR (9 de octubre de 1934, Santo Domingo-2 de marzo de 1996, Tampa, Florida, Estados Unidos. Jefe de Estado en funciones: 4 de julio de 1982-16 de agosto de 1982, 43 días. Como vicepresidente constitucional, el 4 de julio de 1982 asumió la presidencia de la República tras el fallecimiento del presidente Antonio Guzmán Fernández, ambos electos para el período 1978-1982.

Platicamos periodísticamente en encuentros en su vieja residencia de la avenida Independencia número 555 (entre las calles Benito Monción y Socorro Sánchez) y su nueva residencia de Arroyo Hondo, con el auxilio y la compañía de Rafael Gamundi Cordero. Sobresalió por su afectividad y franqueza con los periodistas.

10.- SALVADOR JORGE BLANCO (5 de julio de 1926 -Santiago-26 de diciembre de 2010, Santo Domingo). Ciclo de su autoridad presidencial: 16 de agosto de 1982 y 16 de agosto de 1986. Este tercer presidente de la República del PRD tomaba asiento en su despacho del Palacio Nacional a las 7 de la mañana, a la misma hora en que este servidor comenzaba a laborar como periodista del Departamento de Prensa de la sede presidencial. En esa condición asiduamente tomaba notas de declaraciones oficiales en actos a los que no tenían acceso los periodistas que cubrían la fuente palaciega. Luego me designaron director de relaciones públicas de los ministerios de Relaciones Exteriores e Industria y Comercio.

Jorge Blanco contestaba preguntas de los reporteros en actos especiales, como en la presentación de credenciales de diplomáticos y encuentros sociales. Cada jueves conversaba con ellos al término de las Audiencias Populares, organizadas en el hoy salón Hermanas Mirabal de la primera planta del Palacio Nacional y en gobernaciones de distintos pueblos. Dos veces lo visité cuando estuvo recluido –en un ambiente cuasi solitario- en la desaparecida cárcel preventiva del ensanche La Fe y publiqué crónicas sobre su internamiento en la clínica Gómez Patiño y su salida del país con fines de salud.

11.- LEONEL FERNÁNDEZ REYNA (26 de diciembre de 1953, Santo Domingo). Lapsos como regente del Poder Ejecutivo: 1996-2000 y 2004-2012. Catedrático y filosófico de la comunicación en las aulas universitarias y en el diario existir, resaltaba que no se peleaba con sacerdotes ni periodistas. En esa línea, confraternizó y ayudó a una legión de estos últimos.

Compañeros en la escuela de comunicación social de la Universidad Dominicana O&M y los encuentros con el teórico Jimmy Sierra, solidarios en los avatares del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y cercanos de oficinas en la calle El Conde, Fernández Reyna me llamó como asesor de comunicación de los consejos consultivos de los dominicanos en el exterior, con asiento en el Palacio Nacional, y luego como secretario del consejo de administración de Certv/RTVD, honoríficamente durante tres años, cuando presenté renuncia.

12.- HIPÓLITO MEJÍA DOMÍNGUEZ (22 de febrero de 1941, Gurabo, Santiago). Mandato presidencial: 2000-2004. Hablaba con franqueza y sin contención con los periodistas hasta tres veces en un solo día. Responsable y valiente, se caracterizó por ser locuaz y jocoso, y espontáneamente me otorgó -el 5 de abril de 2003- la condecoración de la Medalla Presidencial al Mérito Civil, en una ceremonia celebrada en el Palacio Nacional.

Tras ser designados por Hipólito Mejía, Manuel (Chiqui) Troncoso Cuesta, presidente y gerente general, y Luis Martínez como subgerente del Banco Nacional de la Vivienda (BNV), me encargaron de las relaciones públicas de esa institución, en el 2001.

13.- DANILO MEDINA SÁNCHEZ (10 de noviembre de 1951, Arroyo Cano, San Juan). Mandato presidencial: 2012-2020. Ha sido el más huidizo, apagado e insulso de los presidentes de la República, y apenas abrió los brazos para hacer buenas migas e intimar con una camada de buenos allegados redactores élites y comentaristas. Mis relaciones en la gobernanza de Medina Sánchez no pasaron de un simple saludo y una mirada furtiva.

Cinco viejos camaradas del Partido Comunista de la República Dominicana (Pacoredo), entre ellos dos sometidos actualmente a la Justicia por corrupción, no pudieron convencerme para que junto a ellos me integrara a la campaña electoral de Medina Sánchez, y no acepté trabajar en el gobierno durante su mandato de ocho años. ¡Presidente, la afectividad, presidente!, encabezaban los artículos publicados en el vespertino El Nacional, como advertencia.

14.- LUIS ABINADER CORONA (12 de julio de 1967, en Santo Domingo). Mandatos presidenciales: 2020-2024 y 2024-2028. En el 2020 innovó con un nuevo estilo de suministrar informaciones: el Twitter, ahora X. Prosiguió, desde el 28 de agosto de 2023, con LA Semanal con la Prensa, en el salón de las Cariátides del Palacio Nacional, transmitida en vivo por la plataforma de streaming YouTube. Se enquistó en el espacio de diálogo gubernamental más innovador, abierto entre formalidades protocolares y bromas, así como dinámico en la generación de noticias preeminentes.

Con Abinader Corona he mantenido nexos académicos y familiares por cuatro décadas, y en estos 6 años de su gobierno he sido director de comunicación de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog) y la Contraloría General de la República, para sumar 42 años de servicios a instituciones del Estado.

Sinopsis. En el Palacio Nacional (dos veces) y en un palacio judicial, en la Cancillería, un banco estatal, Radiotelevisión Dominicana, Industria y Comercio, en la Contraloría, el Indrhi, el Consejo Nacional de Fronteras, Indesur y Digecog conocí y platiqué con jefes de Estado y estas instituciones me obsequiaron múltiples ofrendas: vida, participación en eventos históricos, tener acceso a informaciones privilegiadas, aprendizajes y experiencias para el crecimiento personal, amistades, honores y agasajos. Y me abrieron pétalos para escribir sobre políticas públicas, transformaciones en el Estado y memoriales históricos.

……………………………………………

El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.

………………………………………….

Continue Reading

Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
www.larepublicaonline.com  / Email: periodico@larepublicaonline.com
Copyright © 2021 Blue National Group