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Opinión

A la luz de la cuarta ola de cambios en el continente

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Por Narciso Isa Conde

NARCISO-ISA-CONDE11111121Al llegar a los cincuenta años de fundadas las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas FARC -convertida en Ejercitó del Pueblo bajo la coordinación del  camarada Manuel Marulanda, a quien siempre admiré y valoré como uno de los luchadores revolucionarios más firme, persistente, sagaz, inteligente y abnegado de las insurgencias se nos presenta con nuevos emplazamientos la necesidad de volver sobre el debate de las formas de lucha, las fuerzas y los caminos de la revolución en nuestra América.

La guerra sucia contra el pueblo colombiano se inició a raíz del asesinato de Gaitán a raíz del Bogotazo en el año 1948, desatada a continuación la gran y prolongada matanza a cargo de las fuerzas conservadoras tuteladas por la oligarquía colombiana.

A la luz de lo acontecido durante esta larga, accidentada y heroica existencia de las FARC, me luce extremadamente inconsistente -aun en el contexto de los actuales diálogos en busca de una salida política al conflicto social armado- negar  la validez histórica de la lucha armada en la Colombia actual, en la Colombia que ha devenido en una plataforma de bases militares estadounidenses y en teatro de crueles operaciones militares y paramilitares.

Pero como esa inconsistencia se expresa desde una visión política-ideológica, que apelando a ciertas razones aparentes y superficiales, exhorta a descartar totalmente a escala continental la insurgencia popular, es preciso que nos esforcemos por valorar no simplemente el significado de las victorias electorales progresistas o de izquierda y la importancia de los procesos de reformas avanzadas que tienen lugar en una serie de países del continente, sino también -y sobre todo- los complejos caminos de la revolución en nuestra América; necesariamente conformados por las más variadas indignaciones y rebeldías, imposibilitada de ser excluida de ellas, por la esencia violenta y destructiva del presente capitalismo senil, altamente militarizado, el poder armado del pueblo como medio de acción y/o disuasión.

Y las FARC-EP son una obligada referencia en este importante debate.

 Los caminos

Esta reflexión resulta más pertinente en la medida existe una lectura interesada, unilateral y reduccionista de los procesos de cambio que se desarrollan en la región, la  que procura descartar todo lo que no sea el acceso al gobierno por elecciones y alienta reeditar el viejo dilema Vía Armada vs. Vía Pacífica o Violencia vs.  Elecciones, potenciando así el simplismo aquel que tanto contribuyó a la división de las izquierdas en los años 60 y 70 del pasado siglo XX.

No se trata de eso. La realidad actual es mucho más rica y compleja que esa supuesta disyuntiva.

Las propias FARC-EP, en su  proceso de desarrollo han evolucionado como un ejército guerrillero con milicias populares adicionales; se han constituido no solo como un ejército del pueblo, sino también como un partido comunista clandestino, como un movimiento político, social y cultural marxista-bolivariano, como una potente organización articuladora de un gran abanico de fuerzas transformadoras dispuestas a combatir en diversos escenarios; como un componente fundamental de un movimiento por la paz con justicia, soberanía y dignidad humana; como una especie de contra-poder popular abanderado de un pliego de demandas democratizadoras, articuladas a la propuesta de poder constituyente y orientada a la refundación del Estado colombiano.

No hay tabúes ni exclusiones de métodos.

No se reniega ni de las armas ni de los votos.

Todas las formas y modalidades de lucha tiene su validez y oportunidad, y todas admiten combinaciones, cada una en sus tiempos.

Las FARC han dado un gran aporte para superar visiones unilaterales, accionando ahora en el corazón de unos de los procesos con dinamismo ascendente y en el contexto de una oleada popular continental sensiblemente afectada en el presente por el impacto variado de concepciones reformistas al interior de las nuevas y viejas izquierdas gobernantes.

Nuevas reflexiones sobre la revolución necesaria.

En nuestro caso -y en el de no pocos/a revolucionarios/as de estos tiempos- las experiencias vividas y los intensos debates realizados a lo largo de las últimas décadas, (a consecuencia de los importantes acontecimientos registrados en este periodo), nos ha permitido desarrollar una visión cada vez más integral, abarcadora y profunda del acontecer continental y sus perspectivas; tomando siempre como eje irrenunciable la necesidad de la revolución, en tanto cambio radical en la hegemonía de clase, de género,  ideológica, cultural… en tanto cambio de los sujetos sociales en materia de poder en la sociedad civil popular y también en el poder estatal; en tanto respuesta a una crisis insoluble, ya crónica, dentro del capitalismo y la dominación imperialista.

 Y pienso que las FARC-EP no han estado ausentes de esas transformaciones en el modo de reflexionar, crecer, actuar y procurar una línea de acción y de acumulación integral y multifacética.

En sentido general, en no pocos escenarios nacionales del continente y del mundo, así se ha venido abordando este tema crucial en una parte de las izquierdas y sujetos transformadores, especialmente en cuanto a las modalidades de lucha y a la construcción de fuerzas y propuestas, a la acumulación político-militar y cultural, a la ruptura del monopolio militar impuesto desde el poder establecido en decadencia, a las transiciones revolucionarias y a las búsquedas de puntos de no retorno al pasado.

Igual respecto al nuevo poder en torno al vínculo Estado y sociedad, a las formas  de propiedad, a las relaciones del Estado, partidos y movimientos sociales; y  a las raíces culturales propias de los diferentes procesos.

También esta reelaboración toca al sistema jurídico-político, a la participación y las decisiones democráticas, a la institucionalidad, a las bases constitucionales del sistema y al proyecto estratégico de la sociedad sin Estado, siempre vinculado al proyecto de patria grande liberada y revolución mundial.

De esta nueva manera de pensar se deriva que no es lo mismo vía de la revolución y vía de la toma del poder central del Estado, ni tampoco que es igual hablar de vía de la revolución o de vía de la toma del poder que de las vías de aproximación a esos objetivos.

Y dentro de esta lógica ha estado muy presente la idea de que el poder del pueblo no simplemente se toma, sino que se crea, se construye en todos los órdenes, se desarrolla paralelamente al existente como contra-poder; y también se toma cuando se trata de reemplazar el viejo aparato estatal con la participación y decisión del pueblo; concebida fundamentalmente ese poder en estrecha relación con todos los pilares de la dominación, concebido como liberación y contra-hegemonía, autoridad bien ganada, influencia político-cultural decisiva en el tejido social y en las nuevas instituciones; como proyecto transformador de la sociedad y como poder popular.

Esto es, como transición a una sociedad basada en la asociación o comunidad de seres humanos absolutamente libres, lo que exige la extinción progresiva del Estado.

Experiencias que han estado presente en esta reflexión.

La determinación de las FARC-EP de no dejar de ser lo que ha sido y, por el contrario, superarse dialécticamente con la misma esencia, tiene un valor comparativo muy trascendente al interior del proceso continental.

La historia reciente y el presente latino-caribeño nos ayudan mucho en esta necesaria reflexión vinculada a la práctica revolucionaria.

En los años 70, en una fase de predominio de procesos violentos, Salvador Allende y la Unidad Popular lograron acceder al gobierno por la “vía pacífica”, a través de un proceso electoral.

No se trató, claro estaba, de un nuevo poder. Solo se alcanzó el gobierno.

Lo fallido en ese caso no fue alcanzar esa victoria electoral, sino la posterior incapacidad para defenderla y avanzar a consecuencia de una visión constitucionalista-reformista; la incapacidad política y militar para responder a la violencia y al poder militar de los enemigos de ese proceso. Las limitaciones para producir el paso de ser gobierno al poder real del pueblo.

Desafíos similares, en mejores condiciones y en contextos institucionales más avanzados, se le pueden presentar –y casos específicos se le están presentando- a procesos actuales como el venezolano, boliviano y el ecuatoriano si no optan por mediatizarse y se deciden por profundizar las reformas en dirección a la revolución. Esa necesaria profundización solo es posible a partir de una activa movilización popular y una necesaria recreación de las vanguardias transformadoras, hoy casi inexistentes, o desarticuladas, o dispersas.

No es lógico desde una óptica revolucionaria objetar avances por vía electoral (muchas veces precedidos de fuertes confrontaciones sociales), ni procede menospreciar cualquier otro triunfo electoral de carácter progresista, avanzado, inspirado en el propósito de avanzar hacia un proceso revolucionario.

Eso no es lo que está en cuestión.

Lo que se discute es si ese logro basta o no basta, si se debe detener la marcha en ese contexto institucional, si se debe o no ir más lejos, si en caso de pretender avanzar hacia un nuevo poder y hacia las transformaciones estructurales, se deben o no ignorar las respuestas necesarias a las consabidas resistencias violentas que eso entraña; si se debe  o no ceder frente a las reacciones de obstrucción, a las variadas reacciones de violencia contra-revolucionarias o anti-reformas, a la desestabilización y subversión reaccionaria, orquestada constantemente por una burguesía imperialista mafiosa asociada al gran capital local de igual calaña.

Si de antemano se debe desistir de la contrapartida revolucionaria y de la respuesta también violenta desde el pueblo ante esas obstrucciones reaccionarias.

Si se debe proceder de manera tal que el monopolio de las armas sea eternamente de las derechas y del imperialismo.

Lo que se cuestiona es si hay que declarar definitivamente clausurada la vía violenta, la guerra de guerrillas, las insurrecciones populares armadas, los levantamientos cívico-militares, los contragolpes revolucionarios, las guerras  patrióticas contra los invasores, las guerras de todo el pueblo, las guerras asimétricas…Más cuando estamos frente un poder imperialista, burguesías y derechas políticas caracterizadas por una vocación  no precisamente pacifista, algo totalmente ausente de la naturaleza violenta del sistema capitalista dominante, potenciada en medio de su múlti-crisis y de su actual dinámica destructiva.

Lo que objetamos es que anticipadamente líderes que actúan a nombre de las izquierdas en sus respectivos países y que ganan elecciones con esas banderas,  resignen (por los riesgos que conlleva) la necesidad de cambios profundos y se limiten a  paliar algunos males, a hacer reformas más o menos importantes, o a contemporizar en vertientes importantes de la dominación burguesa-imperialista, o a moverse  parcial y limitadamente con cierta independencia en la política exterior y a plegarse en otros aspectos significativos;  o, peor aun, a administrar y moderar inteligentemente  modelos neoliberales, o a intentar nuevos modelos social-demócratas.

Lo que hay que debatir es si las izquierdas, después de las recientes victorias electorales y sus ascensos a gobiernos -precedidas algunas de ellas de grandes convulsiones sociales- deben limitarse a reformar lo existente o deben proponerse reemprender el camino revolucionario.

Lo que se impone es discutir el carácter de la presente crisis capitalista. Si el poderío militar y mediático del imperialismo nos obliga a la moderación o si su crisis irresoluble nos brinda la oportunidad de hacer revolución.

En el actual proceso de cambios a nivel continental nos encontramos con actitudes diferenciadas entre sus protagonistas en cuanto a ese dilema.

La profundidad de las reformas es diferente en Ecuador y Bolivia, por ejemplo, a las que se dan en Brasil, Uruguay y El Salvador. La distancia es mayor respecto a Chile o Argentina.

La experiencia del proceso hacia la revolución en Venezuela es diferente en su origen, como lo fue en mayor grado el camino cubano y el mismo nicaragüense en su primera etapa.

La masacre militar a raíz del “Caracazo”, rompió en Venezuela la quietud del dominio de la partidocracia, de la burguesía parasitaria, de las transnacionales y del imperialismo estadounidense, y generó como contrapartida del levantamiento militar del MRB-200 encabezado por Chávez.

Se trató de una especie de insurrección militar impactante. Un acto de rebeldía armada, nada pacífico(aunque poco sangriento), que posibilitó una original acumulación de poder militar, garantía posterior de todas las victorias (electorales y no electorales) y transformaciones en paz; paz precaria, amenazada, asechada, no solo por el golpismo violento, sino por los procesos intervenciones gringos-colombianos camino a nuevas agresiones militares.

Si vemos las revoluciones como procesos, ni tan pacífico ha sido el proceso hacia ella que ha tenido lugar en la Venezuela bolivariana de  los últimos años. Su esencia, pese al peso de la vía electoral después del levantamiento militar de principio de los 90, no es el simple civilismo sino la alianza pueblo-fuerzas armadas.

Se trata, además, de un proceso inconcluso y todavía cargado de las incertidumbres  que pueden generar planes funestos del imperialismo, peores que las sediciones anteriores y que el golpe derrotado, como lo demuestran los acontecimientos recientes cargados de violentas guarimbas.

Un proceso afectado también por el peso del reformismo a nombre de la revolución y el peso del rentismo petrolero y la cultura consumista, mezclado con el capitalismo privado, a nombre del socialismo; aunque con una significativa corriente anticapitalista a su interior y significativos espacios de poder popular.

Un proceso constantemente amenazado por la violencia contrarrevolucionaria imperialista y la reacción fascistoide interna, amenazado por la penetración del para-militarismo colombiano y la intervención directa d EEUU, tal y como lo revelan múltiples hechos a lo largo de los últimos años.

Revolución pacífica pero armada, decía Chávez.

Por lo que desde ella no es correcto negar “persé” la pertinencia del uso de la contra-violencia armada y no armada desde el poder popular-comunal.

Esto sobre todo a la luz del recrudecimiento de la violencia contrarrevolucionaria y del persistente plan desestabilizador, impregnado del despliegue de fuertes componentes fascistas, imperialistas y paracos, puestos en marcha en Venezuela, apuntando también contra el avance de los diálogos de paz en Colombia.

No parece acertado abordar ese plan desestabilizador recurriendo en gran medida a las concesiones al gran capital privado y a las derechas, es decir, con dando pasos muy alejadas del contenido esencial de Golpe de Timón y del Plan de la Patria propuesto por Chávez; contrarias,  en fin, a la profundización del proceso y marcadas por la idea de pervivir o sobrevivir retrocediendo. Eso lejos de desalentar envalentona a sus protagonistas, que van logrando parte de sus objetivos combinando violencia y negociación.

Cuba tuvo que hacer dos años de revolución armada para vivir 50 años de paz, independencia y conquistas sociales trascendentes, pero nunca desistió de volver a la vía armada frente a la posible ejecución de los designios violentos de la contrarrevolución imperial. Por el contrario, su determinación en ese aspecto llegó al punto de darle cuerpo, como medio de autodefensa de masas, a la tesis de la guerra de todo el pueblo de inspiración vietnamita, sin dejar de poner sus cohetes de cara a la Florida.

Y por eso la Cuba revolucionaria no pudo ser derribada, vigente todavía la continuidad ascendente de su proceso -sensiblemente degradado a lo largo de varias décadas por el estatismo-burocrático- solo si al tiempo de preservar esa firmeza defensiva surgen factores capaces de reactivar la posibilidad de un relevo generacional, un viraje antiburocrático y socializante de lo estatal, y un nuevo modelo de orientación socialista más participativo y eficiente; perspectiva que lamentablemente se está quedando atrás por la marcada preeminencia del “camino chino”, reforzado ahora por la ley de inversión extranjera, que facilita la restauración pacífica (¿???) del capitalismo desde un estatismo burocrático abierto a la impronta actual de la burguesía transnacional.

Colombia, el valor de la insurgencia y los cincuenta años de FARC.

En Colombia existe una especie de engendro macabro en términos de Estado y de poder. Es, seguido del modelo represivo y fascistoide hondureño, la nota más discordante a escala continental.

Un Estado narco-paramilitar, terrorista, feroz.

Una dominación violenta, corrupta, asquerosa, criminal, en todos planos y vertientes, como la caracterizaron el comandante Marulanda, los líderes de las FARC y el ELN, y todos/as los/as dirigentes e intelectuales revolucionarios de ese país.

Un país con grados elevados de presencia militar estadounidense (siete bases militares) y arrastrado a jugar un papel puntero en los planes de agresión estadounidenses y de conquista militar de la Amazonía; así como en los programas contrarrevolucionarios contra Venezuela y Ecuador.

No hay que repetir aquí los datos que prueban su vocación persistente por el genocidio y las masacres. Esto dura ya 60 años y cada día ese poder se torna más violento y empobrecedor, más excluyente y saqueador. La era neoliberal y el poder de los halcones ha potenciado todo esto en el peor de los sentidos. Esto incluso ha cruzado los periodos de diálogos de paz y ha gravitado para abortarlos.

Cruza incluso el actual esfuerzo hacia la salida política -presente en la agenda de la Mesa de Diálogo de la Habana, traspasada felizmente al debate nacional- basado en un inmenso de deseo popular de paz, en la renovación de las convicciones colectivas a favor de una salida política a un conflicto social armado sin desenlace militar a la vista, y lo amenaza pese a estos tener mejor base de sustentación que los diálogos anteriores y haber logrado mayores avances.

Esos diálogos están también fundamentalmente amenazados por la raigambre de la violencia y el guerrerismo en Colombia y por la naturaleza del imperialismo y de su propia crisis.

La insurgencia, las FARC y el ELN, los movimientos sociales radicales, han sido una necesaria contrapartida; independientemente de cualquier error cometido en su largo y heroico batallar. Lejos de ser matriz de la violencia han sido esencialmente insurgencia por la paz y por la vida

Ese mérito estará definitivamente vinculado a la historia, al pensamiento y al accionar de esa leyenda viva y trascendente que el pueblo humilde bautizó cariñosamente con el sobrenombre de “Tiro Fijo”.

Se trata, por demás, de un importantísimo acumulado político-militar, no solo para enfrentar lo que está cruel realidad ha deparado y puede deparar, sino además como garantía para construir una paz sólida, erradicando las causas estructurales de la confrontación violenta.

Sugerirle a las FARC-EP que se desmovilice y acceda a la vida pública y legal en el contexto de un Estado con las características descritas y en una situación como la existente en Colombia  y en el mundo, es como pedirle que lo arriesgue todo y se exponga al exterminio; equivale a solicitarle que liquide de sopetón al patrimonio político-militar y el contrapoder integral construido en décadas de sacrificios y pase a ser víctima de segura de retaliaciones sin posibilidad de responder.

Aceptar ahora esa sugerencia envenenada, o decidirla por cuenta propia en cualquier otra oportunidad, es sencillamente suicida;  porque sería un paso hacia un abismo mortal y una forma de liquidar la opción de paz duradera, vinculada indisolublemente a la justicia social y a la soberanía nacional.

Esto implicaría disolver a cambio de nada, o de muy poco, el único ejército popular, irregular antiimperialista, pro-socialista, existente en Colombia y en esa sub-región.

Y digo el único, porque esa misma valoración es válida también para el ELN, que es aunque diferenciado y en menor escala, es el otro componente de ese ejército y de la contrapartida popular-militar insurgente colombiana, que junto al torrente político-social civil generado por ambas fuerzas y por innumerables movimientos transformadores gestados antes y durante los actuales diálogos de paz, han sido potenciados por la firmeza, por la profundidad propositiva y la apertura hacia la sociedad colombiana exhibida por las FARC-EP en esta nueva y difícil oportunidad para abrirle cauces a la paz; sin que se hayan conjurado los riesgos de recrudecimiento de la guerra por decisión del poder transnacional y local que históricamente la han sustentado y ahora vuelve a negarse a un cese al fuego.

La opción de paz depende de la preservación y ampliación de ese acumulado político- militar logrado por esa extraordinaria capacidad de resistencia exhibida a lo largo de los últimos 50 años, superando reveses, desmintiendo vaticinios agoreros, recuperándose de los golpes recibidos, venciendo estigmatizaciones perversas, creciendo en calidad y cantidad más allá de las declinaciones temporales, forzando a su reconocimiento como fuerza beligerante, combinando firmeza estratégica y flexibilidad táctica, renovando y enriqueciendo su pensamiento teórico-político sin embotar el filo revolucionario ni renunciar al proyecto emancipatorio socialista-comunista.

La opción de paz en un contexto de reformas sociales, políticas y económicas –no de revolución y socialismo en lo inmediato- contiene en su despliegue un eventual riesgo de embotar el filo revolucionario de la contra-parte anti-sistema, anticapitalista.

Cuando se consuman los acuerdos –algo no fácil en este nuevo caso- el uso de la legalidad  y la incursión en los espacios institucionales por una fuerza marxista revolucionaria, con grandes posibilidades de convertirse en una gran fuerza electoral, casi siempre emplaza desde las corrientes contradictorias que es capaz de generar, o a un proceso paulatino de integración al sistema reformado, o a emplear lo acumulado para dinamizar las reformas en dirección a las transformaciones revolucionarias de orientación socialista; incluida la asunción de nuevas y originales rupturas de la institucionalidad y del dominio del gran capital, desarrollando sin contemplaciones un potente contra-poder popular dinamitador del sistema dominante.

Ese proceso es complejo y contradictorio. El sistema tiene una gran capacidad contaminante e influye de múltiples maneras sobre sus contrarios.  El enemigo no solo nos hace la guerra con balas, bombas y artefactos militares. Tiene infinita facetas influyentes y una buena parte de las más sutiles tienen que ver con lo político-electoral, con las llamadas cuotas de poder, la cultura dominante y la nueva realidad material influyente.

Los ejemplos mundiales sobran y los casos de metamorfosis políticas negativas de fuerzas revolucionarias en los periodos post-paz negociadas abundan en nuestra América. Se que las FARC-EP y el ELN tienen muy presente esas lecciones negativas.

Ojala que esa enorme fuerza transformadora colombiana, que incluye en forma relevante a las FARC-EP, pero no solo, sea preservada y potenciada en todas sus vertientes y contenidos, cual que sea el resultado final de los nuevos diálogos de paz. Es mi deseo en ocasión de esta boda de oro y dignidad de las FARC, sobretodo porque aprecio que en Colombia está presente todavía uno de los pocos procesos dinámicos ascendente con energías, firmeza y conducción revolucionarias.

¿Declinación de la ola transformadora continental?

En la diversidad que conforma esta cuarta oleada de cambios continentales, el enorme déficit de viejas y nuevas vanguardias revolucionarias, ha influido para  asentar el reformismo en la conducción de esos procesos, incluyendo en aquellos con significativa independencia del imperialismo y no tutelados por burguesías y partidocracias tradicionales.

En el contexto de la dialéctica reforma y revolución, la reforma está predominando; aunque la contra-reforma no haya vencido a la reforma, ni se haya impuesto totalmente la contra-revolución.

El surgimiento de corrientes neofascistas, en algunos casos, ha operado potenciando el reformismo en actores políticos de primer orden de procesos de cambios sensiblemente debilitados.

Eso se ha producido en detrimento de la revolución, determinando estancamientos y retrocesos; sin que todavía la dinámica rebelde de las bases populares esté totalmente agotada, ni en esos escenarios, ni en aquellos bajo control total de la burguesía transnacional y local, hegemonizados políticamente por las derechas. Y sin que las causas que potencian la multi-crisis crónica del capitalismo hayan sido conjuradas.

Todo lo contrario. La última palabra no se ha dicho y es poco probable que pueda pronunciarse por el momento.

La declinación está en marcha, pero no es fatal. Ella afecta el nuevo momento colombiano, pero éste a su vez podría inyectarle nuevas energías a la ola ya menguada, como también podrían hacerlo otros procesos en gestación. Depende del proceder de las vanguardias allí y más allá.

La responsabilidad de esas fuerzas en gestación y de todos los factores revolucionarios anti-capitalistas continentales y mundiales, lejos de reducirse, se ha incrementado como nunca antes en la historia de la humanidad.

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Opinión

La justicia-espectáculo no devuelve lo robado

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Por Isaías Ramos

Una nación no se empobrece solamente cuando le roban dinero. Se empobrece cuando el robo se normaliza, cuando la impunidad se administra, cuando la persecución de la corrupción se percibe como selectiva y cuando la justicia se convierte en espectáculo para entretener la indignación, pero no para devolverle al pueblo lo que le quitaron.

La corrupción no vive solo en expedientes, titulares o ruedas de prensa. Se siente cuando falta medicina en un hospital, cuando una escuela se deteriora, cuando un apagón apaga un negocio, cuando una familia se endeuda para comer y cuando un joven descubre que el mérito no pesa tanto como la conexión.

Después de hablar de un país donde la movilidad social está bloqueada, hay que decirlo con claridad: la corrupción es una fábrica de inmovilidad social. Roba dinero, sí; pero también roba confianza, oportunidades, futuro y dignidad.

El informe de clima social de LS Consulting confirma que corrupción y costo de vida se consolidan como ejes del malestar: el costo de vida es la experiencia diaria; la corrupción, la explicación de por qué ese costo no se administra mejor. También muestra que 78% de los consultados siente que el gobierno no da el ejemplo cuando pide austeridad.

Ahí está el fondo: el pueblo recorta, se endeuda, sacrifica salud, alimentación, transporte y tranquilidad; mientras observa que arriba muchas veces no hay la misma disciplina, transparencia ni sacrificio.

Por eso la lucha contra la corrupción no puede ser selectiva ni teatral. Cuando no recupera bienes, no desmonta redes, no cambia reglas, no audita subsidios, no transparenta concesiones, no revisa exenciones y no devuelve recursos al pueblo, deja de ser justicia y se convierte en espectáculo. Una justicia-espectáculo puede producir titulares, pero no reconstruye movilidad social.

El país no necesita “pan y circo” anticorrupción. Necesita justicia con recuperación de activos y reforma institucional.

Y aquí cabe una pregunta que la República debe hacerse sin miedo: ¿para qué se aprobó y promulgó una Ley de Extinción de Dominio si los bienes ilícitos no se persiguen con firmeza, si lo robado no se recupera con transparencia y si esos recursos no vuelven a escuelas, hospitales, agua, seguridad, electricidad y oportunidades?

La Ley núm. 340-22 regula la extinción de dominio como acción autónoma, independiente y patrimonial, ejercida contra bienes ilícitos y no como sustituto del juicio penal contra una persona. Reconoce derechos y garantías de las partes afectadas y exige declaración judicial a favor del Estado.

Hay que hablar con rigor. La extinción de dominio no significa quitar bienes por discurso, presión política o condena mediática. La ley dispone que el juicio sea en audiencia pública, oral y contradictoria; que las pruebas se debatan; que el Ministerio Público pruebe las causales de procedencia y la ausencia de buena fe; y que el estándar aplicable sea la preponderancia de la prueba.

Pero tampoco puede convertirse en letra muerta. Frente a una acción debidamente sustentada, quien ostenta bienes cuestionados tiene derecho a defenderse y aportar prueba fehaciente sobre su origen lícito y su buena fe. Si un tribunal competente determina que esos bienes tienen origen o destino ilícito y que no existe buena fe jurídicamente protegida, no deben seguir amparados por la lentitud, la influencia o el poder económico. Deben pasar al Estado y volver al bien común.

Cada peso robado que no se recupera se convierte en deuda moral, fiscal y social que terminarán pagando nuestros hijos.

No basta con presentar culpables si los bienes robados no regresan al patrimonio público. Y no basta con perseguir casos si las mismas prácticas vuelven con otro contrato, otra nómina, otra exención o una nueva concesión.

La verdadera lucha contra la corrupción debe responder tres preguntas: ¿dónde está el dinero?, ¿quiénes se beneficiaron?, ¿qué reglas deben cambiar para que no vuelva a ocurrir?

La corrupción también se disfraza de legalidad. A veces ocurre con contratos blindados, incentivos eternos, obras sobrevaluadas, compras sin competencia real, subsidios sin beneficiario claro y privilegios convertidos en política pública.

Por eso el combate a la corrupción no puede limitarse al funcionario que mete la mano. También debe mirar al modelo que permite capturar decisiones públicas, recibir beneficios sin retorno y trasladar el costo al ciudadano común.

Esto no es contra empresarios productivos ni contra inversión responsable. Es contra privilegios sin consecuencia, subsidios sin auditoría, incentivos sin resultados e impunidad vestida de normalidad.

La Constitución dominicana no manda un Estado de espectáculo. Manda un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en dignidad humana, derechos fundamentales, trabajo, soberanía popular y separación de poderes. Cuando los recursos se pierden en corrupción, clientelismo o privilegios, no solo se viola la ética pública: se contradice el mandato constitucional.

En el Frente Cívico y Social estamos convencidos de que la lucha anticorrupción debe dejar de ser temporada de titulares y convertirse en política permanente de Estado: registro público de bienes recuperados, auditorías de subsidios y exenciones, contrataciones transparentes, control ciudadano de obras, protección a denunciantes, sanción patrimonial y destino social de los recursos recuperados.

Cada peso recuperado debe tener rostro y destino: escuelas, hospitales, agua, seguridad, transporte, electricidad, apoyo productivo, juventud y movilidad social. Porque lo robado no puede quedarse en expedientes. Lo robado debe volver al pueblo.

No se trata de venganza. Se trata de República. No se trata de dividir al país. Se trata de unir a la ciudadanía alrededor de una regla básica: quien robe al pueblo debe responder ante la justicia y ante la República.

Porque un país donde la corrupción entretiene más de lo que repara no está haciendo justicia: está administrando indignación. Y una nación que administra indignación, pero no recupera lo robado, no abre camino. Lo bloquea.

Ya basta de justicia-espectáculo: lo robado debe volver al pueblo y la República debe ser gobernada con orden constitucional.

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Opinión

El Giro Constitucional de 2010 y la Inclusión Electoral como Expresión de la Dignidad

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Por Robinson Lebrón

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El bloque de constitucionalidad y la dimensión sustantiva del sufragio

La proclamación de la Constitución del 26 de enero de 2010 supuso una ruptura paradigmática en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, al transicional formalmente desde un Estado clásico de derecho hacia un Estado Social y Democrático de Derecho. Esta transformación situó a la dignidad humana en la cúspide axiológica del sistema, definiéndola en su artículo 5 como el fundamento ético y ontológico de la República, y reforzándola en el artículo 38 como un valor sagrado, innato e inviolable.

Bajo esta nueva matriz dogmática, los derechos políticos tradicionalmente interpretados como meras facultades procedimentales para la alternancia del poder adquirieron la categoría de derechos fundamentales vinculados directamente al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía individual. Votar y ser elegible dejaron de ser simples mecanismos técnicos de agregación de preferencias para convertirse en un canal de autorrealización ciudadana.

El Tribunal Constitucional dominicano, a través de su prolífica jurisprudencia a partir de 2012, consolidó este criterio al establecer que los derechos de ciudadanía no pueden ejercerse plenamente si se despoja al individuo de las condiciones mínimas materiales y de respeto a su integridad moral. Por consiguiente, la legitimidad de los procesos electorales en los últimos veinte años empezó a medirse no solo por la pulcritud del cómputo de las boletas, sino por la capacidad del Estado para garantizar que cada ciudadano concurra a las urnas en condiciones de libertad, igualdad y no discriminación.

Mecanismos de inclusión fáctica: El Voto Accesible

Uno de los hitos más tangibles en la operativización de la dignidad humana dentro del sistema electoral dominicano ha sido el desmantelamiento progresivo de las barreras arquitectónicas y metodológicas que históricamente excluyeron a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. En consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el mandato de igualdad del artículo 39 de la Carta Magna, la Junta Central Electoral (JCE) implementó de manera sistemática a partir de la década de 2010 la política de Voto Accesible.

Esta política institucionalizada se ramificó en tres componentes principales que devolvieron la autonomía al elector:

  • Colegios Electorales en Primeros Niveles: La reubicación obligatoria de las mesas de votación en las plantas bajas de los recintos escolares y recintos públicos para garantizar el libre acceso de ciudadanos con movilidad reducida o usuarios de sillas de ruedas.
  • Plantillas Braille: La introducción de boletas auxiliares con relieve para las personas con discapacidad visual, permitiendo por primera vez el ejercicio del voto secreto e independiente, eliminando la necesidad de delegar su voluntad en un tercero, práctica que lesionaba directamente su dignidad y privacidad.
  • El Programa de Voto en Casa: Un plan piloto ejecutado en los últimos ciclos electorales diseñado para trasladar al personal de las mesas de votación y las urnas directamente a los hogares de ciudadanos con condiciones de salud extremas o inmovilidad absoluta, reconociendo su estatus de miembros plenos de la soberanía política del Estado.

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Opinión

Cumplimiento  de la condena de la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Diaz

El Estatuto de Roma dispone lo que debe realizarse luego del cumplimiento de la condena, según las limitaciones sobre el enjuiciamiento o el castigo de otros delitos. El Estatuto prevé sobre la transferencia de la persona que no sea un nacional de Estado que ejecuta, extradita o entrega al Estado que lo solicite.

La descripción que hace el Estatuto de Roma podría verse detallada de la regla de especialidad. Regula el derecho individual de proteger a una persona que esta condenada o que cumple una condena, para que no sea enjuiciada o extraditada, salvo que la CPI lo acepte a solicitud del Estado.

Sin embargo, el Estatuto de Roma establece que la Corte Penal Internacional sólo podrá referirse a la solicitud de un Estado ¨¨¨luego de haber escuchado la opinión de la persona condenada¨.

Si un Estado acepta a una persona condenada, se necesitaran procedimientos apropiados para que se respete a cabalidad con este requisito. Particularmente los Estados de ejecución deberán adherirse a lo dispuesto en varias partes del Estatuto de Roma.

En cuanto a las medidas de parte de los Estados Partes de la CPI para la implementación cabe destacar  que esto podría requerir de cambios tanto legislativos como administrativos por parte de los Estados aceptantes.

En lo referente a la revisión por parte de la CPI para reducir condenas, el Estatuto de Roma establece claramente que solo la Corte tiene la potestad de reducir la condena luego de haber dado audiencia a la persona condenada.

La revisión de una sentencia por parte de la CPI deberá llevarse a cabo cuando la persona haya cumplido dos tercios de la condena, o 25 años en el caso de la cadena perpetua. La CPI podrá reducir la sentencia basándose en los elementos en lo que al respecto establece el Estatuto de Roma.

En el contexto de cumplimiento de las obligaciones los Estados no deberán interferir con las condenas impuestas por la Corte Penal Internacional, ya sea reduciendo o modificando la sentencia. En este sentido se recomienda que los Estados  deberán revisar su legislación para evitar esta posibilidad.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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