Opinión
Arrasó la abstención en Colombia: Zuluaga y Santos, minorías precarias
Por Narciso Isa Conde
La abstención en Colombia alcanzó la cifra record de un 63%.
A eso hay que agregarle un porcentaje significativo de votos en blanco y otros expresamente anulados, que llega a un 6 o 7 % de los votos depositados, alrededor del 3% del electorado.
El 63%, más ese 3%, coloca el rechazo a esas elecciones y régimen colombiano en niveles records, agravando la ilegitimidad de las elecciones colombianas y del régimen político establecido.
El total depositados (correspondiente solo al 37% del total de los electores inscritos) se repartió de la siguiente manera:
–Oscar Iván Zuluaga (extrema derecha uribista) 30%.
–Manuel Santos (Presidente en Busca de la reelección) 25%.
–Martha Ramírez (Partido Conservador) 15%.
–Clara López (Polo Democrático, centro y centro-izquierda) 15%.
–Enrique Penaloza (Partido Verde) 8%.
–Votos nulos 2%.
–Votos en blanco 5%.
En ese contexto electoral la votación de Zuluaga alcanza apenas el 12% de los electores y la delpresidente Santos el 10%.
La ilegitimidad de ambos se evidencia extremadamente elevada en el marco de ese proceso seudo-democrático, que por demás revela un mayor deterioro de la confianza de la sociedad respecto al modelo neoliberal imperante y a la institucionalidad corrupta, militarizada y subordinada a EE.UU, y respecto a la partidocracia, la burguesía dependiente y las narcos-mafias que lo sustentan.
Las izquierdas revolucionarias y los movimientos políticos y sociales trasformadores representado/as por las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC-EP), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, y por un basto arco iris de organizaciones populares, obreras, campesinas, juveniles, profesionales, indígenas y de mujeres, denunciaron esa realidad y coincidieron en no concurrir en esas condiciones a esos degradados comicios; insistiendo en la necesidad de una previa salida política al conflicto social armado; vinculando su concreción a la puesta en marcha de una Asamblea Constituyente, que asuma el debate de los temas no consensuados en la Mesa de Diálogos de la Habana y refrende los acuerdo alcanzados.
Todo esto, claro está, en dirección a definir nuevas bases jurídicas, políticas e institucionales, y reglas democráticas claras para el ejercicio del sufragio y de la oposición; así como una nueva estrategia para el desarrollo integral de la sociedad colombiana.
Incluso la insurgencia guerrillera llegó a proponer formalmente la posposición de esos comicios hasta alcanzar a plazo corto esos objetivos.
Estos resultados le han dado la razón.
- No habrá mayorías fuera de la abstensión, solo minorías precarias.
El alto grado de la ilegitimidad del régimen político, de los procesos electorales y de los partidos tradicionales está a la vista de todo el mundo.
Con esos resultados de primera vuelta, es claro que en la segunda vuelta fijada para próximo 15 de junio no será posible elegir un presidente ni constituir un gobierno con el respaldo mínimo necesario que garantice legitimidad imprescindible y el grado de confianza política para gestionar ese Estado, por demás en proceso de putrefacción.
Tanto Zuluaga como Santos representan minorías precarias, sensiblemente desacreditadas en medio de un pleito espurio por el patrimonio del país y el Estado, entendido como negocio de facciones burguesas y lumpen burguesas
Zuluaga y Uribe representan además la intensificación inminente y descarnada de la guerra sucia y del terrorismo de Estado, la cual no ha cesado durante la actual Administración de Manuel Santos (aunque éste ciertamente haya aceptado utilitariamente los Diálogos de Paz).
- Las elecciones 2014 y la paz.
El hecho de que la fuerza neofascista-uribista haya superado con un 5% a la otra facción derechista que encabeza el Presidente Santos, no significa en absoluto que el pueblo colombiano se haya inclinado por votar por la contra la paz, por alentar la guerra y despreciar los diálogos de La Habana, como presionan ciertos ideólogos de las derechas. Esa es una visión miope de esos resultados.
Las propias votaciones indican todo lo contrario.
En la abstención mayoritaria hay un enorme contingente pro-paz. Igual en el voto por el Polo Patriótico y por el Partido Verde.
Está presente ese anhelo también en buena medida en el voto por Manuel Santos, que usó oportunistamente esa bandera y en el voto por el Partido Conservador, que también apoyo los diálogos de paz.
La inmensa mayoría de pueblo colombiano está por la paz, alrededor de un 80%.
El presidente Santos no ha sido lo suficientemente consecuente con ese anhelo popular, al punto que se ha negado a un cese al fuego bilateral y ha bloqueado importantes demandas democráticas; mientras que Uribe y Zuluaga, consecuente con su extremismo, lograron erosionarlo en primera vuelta, proponiéndose alcanzar en la segunda una victoria pírrica que persigue –entre otros objetivos- seguir haciendo negocio con la guerra y la narco-corrupción, patear de inmediato la Mesa de Diálogos, desconocer los limitados avances logrados en La Habana, boicotear UNASUR Y CELAC y tratar de sumir a Colombia en un una tenebrosa etapa de saqueo y caos a tono con los designios de los halcones de Washington. Todo esto en medio de un profundo desgaste y de un rechazo masivo a lo que ellos representan, que podría conducir a ese tipo de gestión fascistoide a la ingobernabilidad a consecuencia del levantamiento popular generalizado.
De reelegirse Santos hay quienes piensan que a mediano plazo podría inclinarse también por patear la mesa de los diálogos de paz para reconciliarse con la extrema derecha que lo ha debilitado y sintonizarse más con Washington, aunque manejándose con menos rigidez.
A la insurgencia, a las izquierdas de todas las vertientes, a los grandes movimientos sociales y políticos-sociales, a las fuerzas consecuentemente democráticas y pro-paz… le tocaría imponer en las calles, ciudades y campos el camino de la paz y la democracia con justicia social y soberanía, vía poder constituyente.
No olvidemos, además, que detrás de la guerra esta el decadente imperialismo estadounidense y asus ambiciones sobre la Amazonía, que por demás cuenta ya con 7 bases militares y numerosas unidades, tutelando el ejército regular y apadrinando a las derechas de todos los colores.
Por eso, solo la conversación del clamor por la paz, la libertad, la auto-determinación y por la vida en movimiento multitudinario que reclame liquidar las raíces del conflicto social armado, propiciando profundo cambios estructurales e imponiendo desde abajo la nueva democracia y la paz con dignidad humana, podría derrotar esos nefastos designios.
En cuanto que a Manuel Santos, por el tipo de burguesía que encarna y por el uso oportunista que ha hecho del tema de la paz, le resulta más difícil que a Zuluaga desembarazarse de sopetón de ese clamor popular. Pero no menos cierto es que está también atado al imperio (al extremo de meter a Colombia en la OTAN) y a intereses que la impiden aceptar el cambio democrático vía acuerdos de paz, circunscribiéndose a su uso politiquero y a la ilusoria pretensión de alcanzar la rendición condicionada de las fuerzas insurgentes vía concesiones menores.
La trayectoria, la perfidia, la tramposería y esa condición del presidente que aspira a reelegirse no lo hacen, a mí entender, merecedor del respaldo de las fuerzas del campo popular y revolucionario.
Ese es un pleito de perros entre dos facciones de poder de un capitalismo y un régimen político decadentes; un pleito por la hegemonía en su interior, que a esas facciones malvadas y a sus neo-caudillos, les toca librarlo solo con sus propias fuerzas, sin la ayuda de los/as buenos/as.
Al heroico pueblo colombiano y a las fuerzas leales a sus intereses colectivos les toca derrotar a ambas facciones y sus perversos designios. La tesis de apoyar “menos malo”, en caso donde la maldad igual se expresa con matices, estilos e intereses diferentes, es harto conocida. Tan conocida como sus efectos divisionistas y dispersantes del campo revolucionario. La independencia de clase, propósitos y líneas se impone. Solo el pueblo salva al pueblo.
28 de mayo, 2014, Santo Domingo, RD.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.