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Opinión

Arrasó la abstención en Colombia: Zuluaga y Santos, minorías precarias

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Por Narciso Isa Conde

NARCISO-ISA-CONDE11111121La abstención en Colombia alcanzó  la cifra record de un 63%.

A eso hay que agregarle un porcentaje significativo de votos en blanco y otros expresamente anulados, que llega a un 6 o 7 %  de los votos depositados, alrededor del 3% del electorado.

El 63%,  más ese 3%, coloca el rechazo a esas elecciones y régimen colombiano en niveles records, agravando la ilegitimidad de las elecciones colombianas y del régimen político establecido.

otoEl total depositados (correspondiente solo al 37% del total de los electores inscritos) se repartió de la siguiente manera:

–Oscar Iván Zuluaga (extrema derecha uribista) 30%.

–Manuel Santos (Presidente en Busca de la reelección) 25%.

–Martha Ramírez (Partido Conservador) 15%.

–Clara López (Polo Democrático, centro y centro-izquierda) 15%.

–Enrique Penaloza (Partido Verde) 8%.

–Votos nulos 2%.

–Votos en blanco 5%.

En ese contexto electoral la votación de Zuluaga alcanza apenas el 12% de los electores y la delpresidente Santos el 10%.

La ilegitimidad de ambos se evidencia extremadamente elevada en el marco de ese proceso seudo-democrático, que por demás revela un mayor deterioro de la confianza de la sociedad respecto al modelo neoliberal imperante y a la institucionalidad corrupta, militarizada y subordinada a EE.UU, y respecto a la partidocracia, la burguesía dependiente y las narcos-mafias que lo sustentan.

Las izquierdas revolucionarias y los movimientos políticos y sociales trasformadores representado/as por las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC-EP), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, y por un basto arco iris de organizaciones populares, obreras, campesinas, juveniles, profesionales, indígenas y de mujeres, denunciaron esa realidad y coincidieron en no concurrir en esas condiciones a esos degradados comicios; insistiendo en la necesidad de una previa salida política al conflicto social armado; vinculando su concreción a la puesta en marcha de una Asamblea Constituyente, que asuma el debate de los temas no consensuados en la Mesa de Diálogos de la Habana y refrende los acuerdo alcanzados.

Todo esto, claro está, en dirección a definir nuevas bases jurídicas, políticas e institucionales, y reglas democráticas claras para el ejercicio del sufragio y de la oposición; así como una nueva estrategia para el desarrollo integral de la sociedad  colombiana.

Incluso la insurgencia guerrillera llegó a proponer formalmente la posposición de esos comicios hasta alcanzar a plazo corto esos objetivos.

Estos resultados le han dado la razón.

  • No habrá mayorías fuera de la abstensión, solo minorías precarias.

 El alto grado de la ilegitimidad del régimen político, de los procesos electorales y de los partidos tradicionales está a la vista de todo el mundo.

Con esos resultados de primera vuelta, es claro que en la segunda vuelta fijada para próximo 15 de junio no será posible elegir un presidente ni constituir un gobierno con el respaldo mínimo necesario que garantice legitimidad imprescindible y el grado de confianza política para gestionar ese Estado, por demás en proceso de putrefacción.

Tanto Zuluaga como Santos representan minorías precarias, sensiblemente desacreditadas en medio de un pleito espurio por el patrimonio del país y el Estado, entendido como negocio de facciones burguesas y lumpen burguesas

Zuluaga y Uribe representan además la intensificación inminente y descarnada de la guerra sucia y del terrorismo de Estado, la cual no ha cesado durante la actual Administración de Manuel Santos (aunque éste ciertamente haya aceptado utilitariamente los Diálogos de Paz).

  • Las elecciones 2014 y la paz.

El hecho de que la fuerza neofascista-uribista haya superado con un 5% a la otra facción derechista que encabeza el Presidente Santos, no significa en absoluto que el pueblo colombiano se haya inclinado por votar por la contra la paz, por alentar la guerra y despreciar los diálogos de La Habana, como presionan ciertos ideólogos de las derechas. Esa es una visión miope de esos resultados.

Las propias votaciones indican todo lo contrario.

En la abstención mayoritaria hay un enorme contingente pro-paz. Igual en el voto por el Polo Patriótico y  por el Partido Verde.

Está presente ese anhelo también en buena medida en el voto por Manuel Santos, que usó oportunistamente esa bandera y en el voto por el Partido Conservador, que también apoyo los diálogos de paz.

La inmensa mayoría de pueblo colombiano está por la paz, alrededor de un 80%.

El presidente Santos no ha sido lo suficientemente consecuente con ese anhelo popular, al punto que se ha negado a un cese al fuego bilateral y ha bloqueado importantes demandas democráticas; mientras que Uribe y Zuluaga, consecuente con su extremismo, lograron erosionarlo en primera vuelta, proponiéndose alcanzar en la segunda una victoria pírrica que persigue –entre otros objetivos- seguir haciendo negocio con la guerra y la narco-corrupción, patear de inmediato la Mesa de Diálogos, desconocer los limitados avances logrados en La Habana, boicotear UNASUR Y CELAC y tratar de sumir a Colombia en un una tenebrosa etapa de saqueo y caos a tono con los designios de los halcones de Washington. Todo esto en medio de un profundo desgaste y de un rechazo masivo a lo que ellos representan, que podría conducir a  ese tipo de gestión fascistoide a la ingobernabilidad a consecuencia del levantamiento popular generalizado.

De reelegirse Santos hay quienes piensan que a mediano plazo podría inclinarse también por patear la mesa de los  diálogos de paz para reconciliarse con la extrema derecha que lo ha debilitado y sintonizarse más con Washington, aunque manejándose con menos rigidez.

A la insurgencia, a las izquierdas de todas las vertientes, a los grandes movimientos sociales y políticos-sociales, a las fuerzas consecuentemente democráticas y pro-paz… le tocaría imponer en las calles, ciudades y campos el camino de la paz y la democracia con justicia social y soberanía, vía poder constituyente.

No olvidemos, además, que detrás de la guerra esta el decadente imperialismo estadounidense y asus ambiciones sobre  la Amazonía, que por demás cuenta ya con 7 bases militares y numerosas unidades, tutelando el ejército regular y apadrinando a las derechas de todos los colores.

Por eso, solo la conversación del clamor por la paz, la libertad, la auto-determinación y por la vida en movimiento multitudinario que reclame liquidar las raíces del conflicto social armado, propiciando profundo cambios estructurales e imponiendo desde abajo la nueva democracia y la paz con dignidad humana, podría derrotar esos nefastos designios.

En cuanto que a Manuel Santos, por el tipo de burguesía que encarna y por el uso oportunista que ha hecho del tema de la paz, le resulta más difícil que a  Zuluaga desembarazarse de sopetón de ese clamor popular. Pero no menos cierto es que está también atado al imperio (al extremo de meter a Colombia en la OTAN) y a intereses que la impiden aceptar el cambio democrático vía acuerdos de paz, circunscribiéndose a su uso politiquero y a la ilusoria pretensión de alcanzar la rendición condicionada de las fuerzas insurgentes vía concesiones menores.

La trayectoria, la perfidia, la tramposería y esa condición del presidente que aspira a reelegirse no lo hacen, a mí entender, merecedor del respaldo de las fuerzas del campo popular y revolucionario.

Ese es un pleito de perros entre dos facciones de poder de un capitalismo y un régimen político decadentes; un pleito por la hegemonía en su interior, que a esas facciones malvadas y a sus neo-caudillos, les toca librarlo solo con sus propias fuerzas, sin la ayuda de los/as buenos/as.

Al heroico pueblo colombiano y a las fuerzas leales a sus intereses colectivos les toca derrotar a ambas facciones y sus perversos designios. La tesis de apoyar “menos malo”, en caso donde la maldad igual se expresa con matices, estilos e intereses diferentes, es harto conocida. Tan conocida como sus efectos divisionistas y dispersantes del campo revolucionario. La independencia de clase, propósitos y líneas se impone. Solo el pueblo salva al pueblo.

28 de mayo, 2014, Santo Domingo, RD.

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Opinión

Tres mitos de la Suprema: consenso, apoliticidad e imparcialidad

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La selección de la Suprema Corte refleja acuerdos políticos más que imparcialidad, cuestionando el mito de apoliticidad y consenso democrático.

  • El texto sostiene que la unanimidad en el CNM responde a pactos políticos, no convicciones coincidentes.
  • Se menciona a Justiniano Montero Montero como juez de carrera con posibles lealtades tácitas.
  • La SCJ y el Tribunal Constitucional son descritos como claves para proteger élites políticas.

Por Narciso Isa Conde

Escuchando tantos elogios al consenso unánime, a la apoliticidad e imparcialidad en el proceso de la selección y conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ), les plantee a algunos amigos expertos en el tema que me parecía que ese consenso tiene mucho de pacto entre dos fuerzas políticas: una con mayoría precaria y la otra con una cuota significativa.

Les señalé que ser juez de carrera no es necesariamente ser apolítico o apartidista, y que no es verdad que esta ocasión este gobierno no trataría de asegurar su impunidad, para lo cual la SCJ es una entidad judicial clave.

 Dicho esto, les sugerí ir a más profundidad en estas valoraciones, sobre todo después de lo acontecido con los cambios realizados en otras de las altas cortes.

 El disco duro de la sociología política dominicana nos habla del mito de la neutralidad técnica frente a la cruda política del poder y la búsqueda de impunidad, y posibilita llegar a estas consideraciones:

·         La carrera judicial no es un búnker como para afirmar que, porque el magistrado Justiniano Montero Montero provenga de la base de la judicatura, eso lo despoja de vínculos, simpatías, lealtades tácitas o de la prudencia necesaria para sobrevivir décadas dentro del sistema. Más cuando es tradición que para ascender en la escalera judicial dominicana se requiere navegar aguas donde la denominadas clase política y la oligarquía capitalista siempre tiene antenas y capacidad de veto.

·          Cuando fuerzas mayoritarias con cuentas de corrupción pendientes (como las del PRM y sus empresarios) y minorías con peso institucional (como la representación de FP desde una impunidad protegida) llegan a un voto unánime en el CNM, no se debe a una voluntad democrática colectiva o a un consenso por convicciones coincidentes. Ni en ese caso, ni en casos parecidos.

·         Por lo general, ese resultado responde a un pacto de coexistencia pacífica: se reparten espacios o se validan perfiles donde los actores políticos principales aseguran que no habrá sorpresas radicales ni persecuciones judiciales desbocadas contra los círculos de poder salientes o vigentes.

·         En la República Dominicana, el control o la influencia sobre las altas cortes cumple una función sistémica histórica de protección a los integrantes del poder constituido y a las elites capitalistas.

·         Ningún liderazgo político con fuerza real entrega el poder o diseña transiciones obviando el control de la Suprema Corte de Justicia (máxima instancia de apelación penal y casación) y del Tribunal Constitucional.

·         La experiencia con los cambios en otras altas cortes del país ha demostrado que los repartos de cuotas, presentados como consensos, terminan funcionando como un engranaje de equilibrio de determinadas debilidades: «tú no me tocas los flancos vulnerables de mi gestión, yo no dinamito los tuyos».

·         El sistema judicial se convierte así en un fiel de la balanza que modera los conflictos entre élites partidarias y empresariales, pero que no rompe el statu quo estructural de la llamada clase política tradicional y de toda la clase dominante-gobernante.

Entonces, surgió la necesidad de responder a esta pregunta fuñona:

¿Acaso tiene Abinader el control absoluto de la SCJ?

 Lo cierto es que más que un control absoluto de “títeres” o «marionetas» (que afectaría la imagen benévola de supuesta independencia institucional y la fantasía de la separación de poderes, tan cara para los organismos multilaterales, instancias internacionales, la diplomacia simuladora y las apariencias), lo que se construyó fue un control por entendimientos mutuamente convenientes, con un diseño de perfiles moderados:

Se evitan así perfiles y situaciones confrontativas o disidencias y disidentes reales que puedan activar investigaciones incómodas.

En su lugar se colocan figuras que garantizan una «paz social y corporativa» adecuada al sistema de dominación, administrando la justicia con un mando conservador que frene o disuelva cualquier intento de depuración profunda o propósito de romper con la inercia de impunidad sistémica.

La verdad es que detrás del ropaje técnico y la unanimidad formal se esconde una arquitectura de negociación política donde las cúpulas partidarias y empresariales aseguran su retaguardia institucional.

Nada de consenso democrático, apoliticismo o imparcialidad.

Acuerdos por conveniencia de las partes, casi nunca con equilibrio absoluto o paridad en el poder de decisión.

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Opinión

Descalifican libros y ganadores con IA (6 de 10)

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Por Oscar López Reyes

Sin equidad en la osadía ni encogimiento de hombros, magnates de la inteligencia artificial (IA) se atribuyen la potestad de apoderarse de textos (plagio) de libros, revistas y periódicos, y academias y editoras despojan de premios a obras escritas por máquinas, en virtud de la usencia de sensibilidad creativa, autenticidad y mérito, que implica un engaño a jurados y lectores. Procuran así preservar la reputación de los galardones.

Adicionalmente, la IA empequeñece la pluralidad y la investigación periodística. El aprovechamiento por las oligopólicas corporativas de obras registradas legalmente para entrenar sus modelos de lenguaje (LLM) algorítmicos, sin la aceptación de sus autores (plagio automatizado), cuyos nombres eliminan, gestó una usurpación jurídica y otro ético (expoliación de propiedad intelectual), porque el software comercializa un saber sistematizado, en desconocimiento del esfuerzo y sacrificio del progenitor original o primario.

La aplicación de la IA también procrea una crisis en la esfera editorial (entre editores y lectores), por la publicación de libros cimentados en algoritmo, y por la mezcla de la creación humana y esta nueva tecnología. El plagio no sólo infringe los derechos de autor, sino que arruina la calidad intelectual periodística.

¿Cómo lidiar con esta asunción ilegítima de autoría?

Asociaciones de escritores y medios de comunicación, como The New York Times, han demandado judicialmente a OpenAl y a otras de la competencia imperfecta, por difundir libros y trabajos periodísticos como suyos. Asimismo, como garantía de sinceridad y certeza, Authors Guild en Estados Unidos e iniciativas en Europa han presentado certificaciones con las etiquetas de “literatura orgánica” o “escrito por un humano”.

También, las nominaciones de acreditados premios, como el Goncourt, han sido retiradas a los escritores de novelas Thélyson Orélien (canadiense, “Fue eso o morir o Era eso o morir”), Mia Ballard (estadounidense, “Chica Tímida”) y a David Silva (peruano, “Donde el agua trabaja”) y, por igual, se ha producido la cancelación de la venta de sus obras literarias por sospechas o admisiones de plagio conectados con recursos cibernéticos.

Carencia de pluralidad y entorno humano. Socava la pluralidad y la disparidad de abordajes delegar la selección de información, la redacción y verificación a la IA, sin la sensibilidad, creatividad, el criterio ético, la profundidad y la depuración objetiva de un periodista comprometido con la verdad. Los prototipos generativos instructivos con documentos preexistentes en internet plasman y postean deformaciones geográficas, históricas, estereotipos y discriminaciones.

El algoritmo deshumanizante de los procesos productivos acarrea la ruptura con principios éticos y la iniciación de un duelo entre el talento humano y las máquinas: un minúsculo grupo de corporaciones privadas y estados nacionales estructuran, explícitas o implícitamente, fórmulas y directrices que normatizan infraestructuras cibernéticas globales.

La contrastación presencial y el discurso mediático se torna ineludible para averiguar y fiscalizar poderes, con estricto nivel profesional, para ganar la confianza de las audiencias.

¿Cuáles son las respuestas?

Para contrapesar, en la competencia profesional contra el algoritmo y por el predominio de la pluralidad, la sensibilidad, se impone reconstruir la conversación colectiva y ampliar la presencia del periodista en los foros abiertos: amplificar la agenda comunitaria, diversificar las fuentes, consultar a expertos, contar historias, dando cabida a las voces más disidentes.

Como valores consustanciales y diferenciales del reporterismo se exige más entrevistas, más crónicas, más reportajes, más descripciones y narraciones, y más análisis cubiertos de originalidad y exclusividad, identificándose con las agrupaciones, asociaciones, congregaciones, equipos, brigadas, corros y peñas locales.

Reducción en labor investigativa. La IA atenta con las opiniones divergentes. El recorte de planillas de redactores, correctores y editores, para aminorar gastos de producción, mengua la competencia metodológica mediática, porque margina la reflexión y el análisis. Lo anterior quiere decir que la automatización excesiva arrebata a la contraargumentación democrática y a la información su rigor y la fiscalización humana, porque descansa en motores de probabilidad estadística.

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Referencias bibliográficas:

1.- Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/

2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.

3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.

5.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.

6.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

7.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.

8.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.

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Opinión

La Constitución como medida del poder

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Por Isaías Ramos

 Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a creerle. Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.

El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del poder.

El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.

Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que proclaman.

La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.

Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.

En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.

El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones políticas y dificultades de organización institucional.

El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura. Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las decisiones del Tribunal Constitucional.

Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a la autoridad obligada a ejecutarla.

Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la anula por sí sola.

Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades respondan por sus decisiones.

El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral 12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función pública.

Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.

Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir responsabilidades como al ejercer autoridad.

En 2044 celebraremos dos La Constitución como medida del poder

siglos de independencia y de nuestra primera Constitución. Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y autoridades que respondan por su cumplimiento.

El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.

¡El 2044 comienza hoy!

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