Opinión
Arrasó la abstención en Colombia: Zuluaga y Santos, minorías precarias
Por Narciso Isa Conde
La abstención en Colombia alcanzó la cifra record de un 63%.
A eso hay que agregarle un porcentaje significativo de votos en blanco y otros expresamente anulados, que llega a un 6 o 7 % de los votos depositados, alrededor del 3% del electorado.
El 63%, más ese 3%, coloca el rechazo a esas elecciones y régimen colombiano en niveles records, agravando la ilegitimidad de las elecciones colombianas y del régimen político establecido.
El total depositados (correspondiente solo al 37% del total de los electores inscritos) se repartió de la siguiente manera:
–Oscar Iván Zuluaga (extrema derecha uribista) 30%.
–Manuel Santos (Presidente en Busca de la reelección) 25%.
–Martha Ramírez (Partido Conservador) 15%.
–Clara López (Polo Democrático, centro y centro-izquierda) 15%.
–Enrique Penaloza (Partido Verde) 8%.
–Votos nulos 2%.
–Votos en blanco 5%.
En ese contexto electoral la votación de Zuluaga alcanza apenas el 12% de los electores y la delpresidente Santos el 10%.
La ilegitimidad de ambos se evidencia extremadamente elevada en el marco de ese proceso seudo-democrático, que por demás revela un mayor deterioro de la confianza de la sociedad respecto al modelo neoliberal imperante y a la institucionalidad corrupta, militarizada y subordinada a EE.UU, y respecto a la partidocracia, la burguesía dependiente y las narcos-mafias que lo sustentan.
Las izquierdas revolucionarias y los movimientos políticos y sociales trasformadores representado/as por las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC-EP), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, y por un basto arco iris de organizaciones populares, obreras, campesinas, juveniles, profesionales, indígenas y de mujeres, denunciaron esa realidad y coincidieron en no concurrir en esas condiciones a esos degradados comicios; insistiendo en la necesidad de una previa salida política al conflicto social armado; vinculando su concreción a la puesta en marcha de una Asamblea Constituyente, que asuma el debate de los temas no consensuados en la Mesa de Diálogos de la Habana y refrende los acuerdo alcanzados.
Todo esto, claro está, en dirección a definir nuevas bases jurídicas, políticas e institucionales, y reglas democráticas claras para el ejercicio del sufragio y de la oposición; así como una nueva estrategia para el desarrollo integral de la sociedad colombiana.
Incluso la insurgencia guerrillera llegó a proponer formalmente la posposición de esos comicios hasta alcanzar a plazo corto esos objetivos.
Estos resultados le han dado la razón.
- No habrá mayorías fuera de la abstensión, solo minorías precarias.
El alto grado de la ilegitimidad del régimen político, de los procesos electorales y de los partidos tradicionales está a la vista de todo el mundo.
Con esos resultados de primera vuelta, es claro que en la segunda vuelta fijada para próximo 15 de junio no será posible elegir un presidente ni constituir un gobierno con el respaldo mínimo necesario que garantice legitimidad imprescindible y el grado de confianza política para gestionar ese Estado, por demás en proceso de putrefacción.
Tanto Zuluaga como Santos representan minorías precarias, sensiblemente desacreditadas en medio de un pleito espurio por el patrimonio del país y el Estado, entendido como negocio de facciones burguesas y lumpen burguesas
Zuluaga y Uribe representan además la intensificación inminente y descarnada de la guerra sucia y del terrorismo de Estado, la cual no ha cesado durante la actual Administración de Manuel Santos (aunque éste ciertamente haya aceptado utilitariamente los Diálogos de Paz).
- Las elecciones 2014 y la paz.
El hecho de que la fuerza neofascista-uribista haya superado con un 5% a la otra facción derechista que encabeza el Presidente Santos, no significa en absoluto que el pueblo colombiano se haya inclinado por votar por la contra la paz, por alentar la guerra y despreciar los diálogos de La Habana, como presionan ciertos ideólogos de las derechas. Esa es una visión miope de esos resultados.
Las propias votaciones indican todo lo contrario.
En la abstención mayoritaria hay un enorme contingente pro-paz. Igual en el voto por el Polo Patriótico y por el Partido Verde.
Está presente ese anhelo también en buena medida en el voto por Manuel Santos, que usó oportunistamente esa bandera y en el voto por el Partido Conservador, que también apoyo los diálogos de paz.
La inmensa mayoría de pueblo colombiano está por la paz, alrededor de un 80%.
El presidente Santos no ha sido lo suficientemente consecuente con ese anhelo popular, al punto que se ha negado a un cese al fuego bilateral y ha bloqueado importantes demandas democráticas; mientras que Uribe y Zuluaga, consecuente con su extremismo, lograron erosionarlo en primera vuelta, proponiéndose alcanzar en la segunda una victoria pírrica que persigue –entre otros objetivos- seguir haciendo negocio con la guerra y la narco-corrupción, patear de inmediato la Mesa de Diálogos, desconocer los limitados avances logrados en La Habana, boicotear UNASUR Y CELAC y tratar de sumir a Colombia en un una tenebrosa etapa de saqueo y caos a tono con los designios de los halcones de Washington. Todo esto en medio de un profundo desgaste y de un rechazo masivo a lo que ellos representan, que podría conducir a ese tipo de gestión fascistoide a la ingobernabilidad a consecuencia del levantamiento popular generalizado.
De reelegirse Santos hay quienes piensan que a mediano plazo podría inclinarse también por patear la mesa de los diálogos de paz para reconciliarse con la extrema derecha que lo ha debilitado y sintonizarse más con Washington, aunque manejándose con menos rigidez.
A la insurgencia, a las izquierdas de todas las vertientes, a los grandes movimientos sociales y políticos-sociales, a las fuerzas consecuentemente democráticas y pro-paz… le tocaría imponer en las calles, ciudades y campos el camino de la paz y la democracia con justicia social y soberanía, vía poder constituyente.
No olvidemos, además, que detrás de la guerra esta el decadente imperialismo estadounidense y asus ambiciones sobre la Amazonía, que por demás cuenta ya con 7 bases militares y numerosas unidades, tutelando el ejército regular y apadrinando a las derechas de todos los colores.
Por eso, solo la conversación del clamor por la paz, la libertad, la auto-determinación y por la vida en movimiento multitudinario que reclame liquidar las raíces del conflicto social armado, propiciando profundo cambios estructurales e imponiendo desde abajo la nueva democracia y la paz con dignidad humana, podría derrotar esos nefastos designios.
En cuanto que a Manuel Santos, por el tipo de burguesía que encarna y por el uso oportunista que ha hecho del tema de la paz, le resulta más difícil que a Zuluaga desembarazarse de sopetón de ese clamor popular. Pero no menos cierto es que está también atado al imperio (al extremo de meter a Colombia en la OTAN) y a intereses que la impiden aceptar el cambio democrático vía acuerdos de paz, circunscribiéndose a su uso politiquero y a la ilusoria pretensión de alcanzar la rendición condicionada de las fuerzas insurgentes vía concesiones menores.
La trayectoria, la perfidia, la tramposería y esa condición del presidente que aspira a reelegirse no lo hacen, a mí entender, merecedor del respaldo de las fuerzas del campo popular y revolucionario.
Ese es un pleito de perros entre dos facciones de poder de un capitalismo y un régimen político decadentes; un pleito por la hegemonía en su interior, que a esas facciones malvadas y a sus neo-caudillos, les toca librarlo solo con sus propias fuerzas, sin la ayuda de los/as buenos/as.
Al heroico pueblo colombiano y a las fuerzas leales a sus intereses colectivos les toca derrotar a ambas facciones y sus perversos designios. La tesis de apoyar “menos malo”, en caso donde la maldad igual se expresa con matices, estilos e intereses diferentes, es harto conocida. Tan conocida como sus efectos divisionistas y dispersantes del campo revolucionario. La independencia de clase, propósitos y líneas se impone. Solo el pueblo salva al pueblo.
28 de mayo, 2014, Santo Domingo, RD.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?