Opinión
Arrasó la abstención en Colombia: Zuluaga y Santos, minorías precarias
Por Narciso Isa Conde
La abstención en Colombia alcanzó la cifra record de un 63%.
A eso hay que agregarle un porcentaje significativo de votos en blanco y otros expresamente anulados, que llega a un 6 o 7 % de los votos depositados, alrededor del 3% del electorado.
El 63%, más ese 3%, coloca el rechazo a esas elecciones y régimen colombiano en niveles records, agravando la ilegitimidad de las elecciones colombianas y del régimen político establecido.
El total depositados (correspondiente solo al 37% del total de los electores inscritos) se repartió de la siguiente manera:
–Oscar Iván Zuluaga (extrema derecha uribista) 30%.
–Manuel Santos (Presidente en Busca de la reelección) 25%.
–Martha Ramírez (Partido Conservador) 15%.
–Clara López (Polo Democrático, centro y centro-izquierda) 15%.
–Enrique Penaloza (Partido Verde) 8%.
–Votos nulos 2%.
–Votos en blanco 5%.
En ese contexto electoral la votación de Zuluaga alcanza apenas el 12% de los electores y la delpresidente Santos el 10%.
La ilegitimidad de ambos se evidencia extremadamente elevada en el marco de ese proceso seudo-democrático, que por demás revela un mayor deterioro de la confianza de la sociedad respecto al modelo neoliberal imperante y a la institucionalidad corrupta, militarizada y subordinada a EE.UU, y respecto a la partidocracia, la burguesía dependiente y las narcos-mafias que lo sustentan.
Las izquierdas revolucionarias y los movimientos políticos y sociales trasformadores representado/as por las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC-EP), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, y por un basto arco iris de organizaciones populares, obreras, campesinas, juveniles, profesionales, indígenas y de mujeres, denunciaron esa realidad y coincidieron en no concurrir en esas condiciones a esos degradados comicios; insistiendo en la necesidad de una previa salida política al conflicto social armado; vinculando su concreción a la puesta en marcha de una Asamblea Constituyente, que asuma el debate de los temas no consensuados en la Mesa de Diálogos de la Habana y refrende los acuerdo alcanzados.
Todo esto, claro está, en dirección a definir nuevas bases jurídicas, políticas e institucionales, y reglas democráticas claras para el ejercicio del sufragio y de la oposición; así como una nueva estrategia para el desarrollo integral de la sociedad colombiana.
Incluso la insurgencia guerrillera llegó a proponer formalmente la posposición de esos comicios hasta alcanzar a plazo corto esos objetivos.
Estos resultados le han dado la razón.
- No habrá mayorías fuera de la abstensión, solo minorías precarias.
El alto grado de la ilegitimidad del régimen político, de los procesos electorales y de los partidos tradicionales está a la vista de todo el mundo.
Con esos resultados de primera vuelta, es claro que en la segunda vuelta fijada para próximo 15 de junio no será posible elegir un presidente ni constituir un gobierno con el respaldo mínimo necesario que garantice legitimidad imprescindible y el grado de confianza política para gestionar ese Estado, por demás en proceso de putrefacción.
Tanto Zuluaga como Santos representan minorías precarias, sensiblemente desacreditadas en medio de un pleito espurio por el patrimonio del país y el Estado, entendido como negocio de facciones burguesas y lumpen burguesas
Zuluaga y Uribe representan además la intensificación inminente y descarnada de la guerra sucia y del terrorismo de Estado, la cual no ha cesado durante la actual Administración de Manuel Santos (aunque éste ciertamente haya aceptado utilitariamente los Diálogos de Paz).
- Las elecciones 2014 y la paz.
El hecho de que la fuerza neofascista-uribista haya superado con un 5% a la otra facción derechista que encabeza el Presidente Santos, no significa en absoluto que el pueblo colombiano se haya inclinado por votar por la contra la paz, por alentar la guerra y despreciar los diálogos de La Habana, como presionan ciertos ideólogos de las derechas. Esa es una visión miope de esos resultados.
Las propias votaciones indican todo lo contrario.
En la abstención mayoritaria hay un enorme contingente pro-paz. Igual en el voto por el Polo Patriótico y por el Partido Verde.
Está presente ese anhelo también en buena medida en el voto por Manuel Santos, que usó oportunistamente esa bandera y en el voto por el Partido Conservador, que también apoyo los diálogos de paz.
La inmensa mayoría de pueblo colombiano está por la paz, alrededor de un 80%.
El presidente Santos no ha sido lo suficientemente consecuente con ese anhelo popular, al punto que se ha negado a un cese al fuego bilateral y ha bloqueado importantes demandas democráticas; mientras que Uribe y Zuluaga, consecuente con su extremismo, lograron erosionarlo en primera vuelta, proponiéndose alcanzar en la segunda una victoria pírrica que persigue –entre otros objetivos- seguir haciendo negocio con la guerra y la narco-corrupción, patear de inmediato la Mesa de Diálogos, desconocer los limitados avances logrados en La Habana, boicotear UNASUR Y CELAC y tratar de sumir a Colombia en un una tenebrosa etapa de saqueo y caos a tono con los designios de los halcones de Washington. Todo esto en medio de un profundo desgaste y de un rechazo masivo a lo que ellos representan, que podría conducir a ese tipo de gestión fascistoide a la ingobernabilidad a consecuencia del levantamiento popular generalizado.
De reelegirse Santos hay quienes piensan que a mediano plazo podría inclinarse también por patear la mesa de los diálogos de paz para reconciliarse con la extrema derecha que lo ha debilitado y sintonizarse más con Washington, aunque manejándose con menos rigidez.
A la insurgencia, a las izquierdas de todas las vertientes, a los grandes movimientos sociales y políticos-sociales, a las fuerzas consecuentemente democráticas y pro-paz… le tocaría imponer en las calles, ciudades y campos el camino de la paz y la democracia con justicia social y soberanía, vía poder constituyente.
No olvidemos, además, que detrás de la guerra esta el decadente imperialismo estadounidense y asus ambiciones sobre la Amazonía, que por demás cuenta ya con 7 bases militares y numerosas unidades, tutelando el ejército regular y apadrinando a las derechas de todos los colores.
Por eso, solo la conversación del clamor por la paz, la libertad, la auto-determinación y por la vida en movimiento multitudinario que reclame liquidar las raíces del conflicto social armado, propiciando profundo cambios estructurales e imponiendo desde abajo la nueva democracia y la paz con dignidad humana, podría derrotar esos nefastos designios.
En cuanto que a Manuel Santos, por el tipo de burguesía que encarna y por el uso oportunista que ha hecho del tema de la paz, le resulta más difícil que a Zuluaga desembarazarse de sopetón de ese clamor popular. Pero no menos cierto es que está también atado al imperio (al extremo de meter a Colombia en la OTAN) y a intereses que la impiden aceptar el cambio democrático vía acuerdos de paz, circunscribiéndose a su uso politiquero y a la ilusoria pretensión de alcanzar la rendición condicionada de las fuerzas insurgentes vía concesiones menores.
La trayectoria, la perfidia, la tramposería y esa condición del presidente que aspira a reelegirse no lo hacen, a mí entender, merecedor del respaldo de las fuerzas del campo popular y revolucionario.
Ese es un pleito de perros entre dos facciones de poder de un capitalismo y un régimen político decadentes; un pleito por la hegemonía en su interior, que a esas facciones malvadas y a sus neo-caudillos, les toca librarlo solo con sus propias fuerzas, sin la ayuda de los/as buenos/as.
Al heroico pueblo colombiano y a las fuerzas leales a sus intereses colectivos les toca derrotar a ambas facciones y sus perversos designios. La tesis de apoyar “menos malo”, en caso donde la maldad igual se expresa con matices, estilos e intereses diferentes, es harto conocida. Tan conocida como sus efectos divisionistas y dispersantes del campo revolucionario. La independencia de clase, propósitos y líneas se impone. Solo el pueblo salva al pueblo.
28 de mayo, 2014, Santo Domingo, RD.
Por Oscar López Reyes
Desde la declaratoria de independencia de Inglaterra por 13 colonias enclavadas en la costa Este de América del Norte, el 4 de julio de 1776, Estados Unidos ha experimentado una expansión imparable, vasta y mamut, cobijada en su aventajada ubicación entre los océanos Atlántico y Pacífico, sus crecidos recursos naturales (tierras fértiles, carbón, hierro y petróleo), el ingenio y acometividad industrial de una élite, las guerras y el saqueo de bienes extraterritoriales.
Los aportes de la principal superpotencia a la economía, la educación, la salud, la cultura y la ciencia a través de la investigación, son apreciables. Pongamos de relieve diez de los fundamentales, a propósito de la conmemoración del 250 aniversario de su independencia:
1.- ECONOMÍA Y FINANZAS. Descuella con el Producto Interno Bruto (PIB) más voluminoso del globo terráqueo, que supera los 32 billones de dólares y que acumula más del 25% del patrimonio planetario. Se empinó como la primera economía del universo, inspirada en el modelo de libre mercado, amparada en su riqueza natural, el grueso mercado de consumo interno, sus incesantes transformaciones tecnológicas y su moneda robusta (el dólar), que le otorgan un poder bancario internacional. Por esos atributos cuenta con Wall Street, el centro financiero de más operaciones globales.
2.- NOVEDADES TECNOLÓGICAS. Estados Unidos asienta las más influyentes corporaciones tecnológicas, que van desde la informática, la biotecnología, la farmacéutica, la industria espacial, la ciberseguridad y la inteligencia artificial, que avasallan el panorama informático/digital universal, como Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta Platforms (Facebook, Instagram y WhatsApp), Broadcom, Tesla, Oracle e Intel.
3.- EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. Estados Unidos lidera los rankings mundiales de los centros universitarios, principalmente por su excelencia educativa y su impacto en la investigación y producción científica, como Princeton, Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Harvard, Stanford, Yale y Columbia.
4.- INFLUENCIA SOCIO-CULTURAL. La ascendencia transnacional de Estados Unidos ha sido protagónica, particularmente por la exportación y difusión de la industria cultural y el entretenimiento, como la música, el consumo mediático y el cine (Hollywood), históricamente taquillero y hegemónico en la producción audiovisual y las plataformas digitales.
5.- ASCENDENCIA DEPORTIVA. Las becas universitarias, la calidad de las infraestructuras físicas, la comercialización y la estratégica operatividad de las ligas profesionales estadounidenses, con la contratación de calificados talentos nacionales e internacionales, han colocado las competencias deportivas nacionales en un alto peldaño, con sustanciales beneficios monetarios y un impacto internacional. Por esa causativa, Estados Unidos ha trascendido en los juegos olímpicos y las grandes ligas profesionales de béisbol (MLB), el baloncesto (NBA), el fútbol (NFL) y el fútbol americano (MLB).
6.- INVESTIGACIÓN E INVENCIONES. En Estados Unidos inventaron la iluminación eléctrica, el telégrafo, teléfono, el avión, la penicilina a escala industrial, la vacuna contra el polio, la anestesia, el trasplante de órganos, el láser, el descenso de nave espacial a la Luna, el primer satélite de comunicación, el sistema de pronóstico meteorológico satelital, el primer transbordador espacial, la computadora personal, el microprocesador, la robótica, la Internet y la Web, el proyecto de Genoma Humano, el GPS, la tecnología de células madre, etc., por cuya labor de investigación y desarrollo está en el primer lugar en cantidad de premios Nobel.
7.- CONSERVACIÓN AMBIENTAL GLOBAL Ha sido pionero en la conservación ambiental, con el desarrollo del Parque Nacional Yellowstone, en 1872; la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act de 1970), la reducción de la contaminación industrial y más de 30 logros en esta área.
8.- PRODUCCIÓN ENERGÉTICA. Activó, desde 1869, la producción comercial del petróleo, la innovación en el transporte, el tren intercontinental, el descubrimiento de crudo en Pensilvania; la segunda revolución industrial, el desarrollo de plantas de energía nuclear y la reserva de gran cantidad de petróleo y gas natural.
9.- REFORMAS SOCIALES Y POLÍTICAS. Desde su proclamación como República independiente, en Estados Unidos han sido impulsadas transformaciones internas esenciales, como la abolición de la esclavitud, el establecimiento de derechos civiles, como el sufragio para las minorías; el sistema federal con división de poderes, las libertades individuales frente al poder central y los programas de seguridad social Medicare, Medicaid y alimentos para auxiliar a personas de bajos ingresos.
10.- ACOGIDA DE EMIGRANTES. Atracción y recepción de millones de emigrantes, que son recursos humanos para la producción empresarial y estatal y que, a la vez, oportunidades de trabajo para la sostenibilidad financiera y el envío de remesas a sus países de origen.
En pocas palabras, los inventos, emprendimientos y productividad con el sello “Made in the U.S.A.”, desde antes de la Revolución Industrial y en la Era Digital, han salvado millones de vidas y coadyuvado con la transformación de la economía global y los quehaceres cotidianos. Han mecanizado y automatizado transiciones y modificaciones en las interacciones humanas, los procesos sociales y económicos, en hábitos de consumo y la cultura, en transacciones monetarias, en el accionar laboral, leyes y otras normas, así como en estructuras societarias.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.
Por Isaías Ramos
Ningún pueblo despierta una mañana descubriendo que perdió su libertad.
La historia nunca comienza por el final.
Primero cambia el lenguaje. Después cambian las leyes. Más tarde se desplazan los límites del poder. Y solo al final una sociedad comprende cuánto costó haber permanecido indiferente.
Esta semana comienza la aplicación del nuevo Código Penal dominicano. Para muchos, el debate terminó con su promulgación. En realidad, apenas comienza.
Un Código Penal no se mide únicamente por los delitos que incorpora ni por la severidad de sus penas. Su verdadero examen consiste en responder una pregunta esencial:
¿Permanece plenamente subordinado a la Constitución?
El poder de castigar es la facultad más intensa del Estado. Permite investigar, acusar, imponer medidas de coerción y privar de libertad. Precisamente por eso necesita límites más claros, no márgenes más amplios.
Toda ley penal debió ser examinada con el máximo rigor constitucional antes de que el primer ciudadano padeciera sus efectos. Aunque una disposición sea declarada inconstitucional posteriormente, ninguna sentencia devuelve íntegramente el tiempo, la honra o la libertad ya perdidos.
La experiencia comparada deja advertencias que ninguna democracia prudente debería ignorar.
En Cuba, figuras como el desacato han sido cuestionadas por brindar protección penal reforzada a las autoridades y restringir la crítica al poder. En Nicaragua, organismos internacionales han objetado la utilización de delitos relacionados con el orden público y la seguridad nacional frente a manifestaciones y expresiones ciudadanas. En Venezuela, el debilitamiento de los controles institucionales estuvo acompañado por una reducción del espacio para la expresión, la protesta y la vigilancia ciudadana.
Los contextos fueron diferentes. Pero la advertencia terminó siendo la misma:
Las libertades rara vez desaparecen de un solo golpe.
Las restricciones se acumulan. Se justifican. Se normalizan. Se aceptan.
Y cuando una sociedad comprende sus consecuencias, recuperar los derechos perdidos resulta mucho más difícil que haberlos protegido a tiempo.
Si aquellos pueblos hubieran podido mirar décadas hacia el futuro y contemplar familias divididas, millones obligados a abandonar la tierra que amaban y millones más sobreviviendo entre restricciones, miedo, precariedad y opresión, ¿qué no habrían hecho para defender cada espacio de libertad mientras todavía estaban a tiempo?
Los pueblos nunca lamentan haber defendido demasiado pronto su Constitución. Lo que lamentan es haber comprendido demasiado tarde cuánto valía.
Existe otra lección. Quienes hoy poseen poder político, económico, institucional o mediático suelen olvidar que las leyes que ayudan a aprobar o justificar no permanecerán eternamente bajo su control.
Los gobiernos cambian. Las mayorías cambian. Los jueces cambian. Los fiscales cambian.
Pero las leyes pueden sobrevivir a quienes las promovieron.
Una norma que hoy parece útil contra un adversario puede mañana aplicarse contra quien la celebró. El verdadero estadista no legisla pensando en el poder que posee, sino en la protección que cualquier ciudadano necesitará cuando ese poder cambie de manos.
En momentos de polarización cometemos un error peligroso: discutimos quién ocupa el poder y olvidamos cuánto poder debería tener cualquiera que gobierne.
Nos dejamos dividir por partidos, simpatías y antipatías. Mientras discutimos personas, dejamos de defender principios. Y cuando una sociedad deja de defender principios, el poder deja de encontrar límites.
Las constituciones no preguntan quién gobierna. Preguntan hasta dónde puede llegar cualquier gobernante.
Por eso el artículo 7 de nuestra Carta Magna define a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, la separación de poderes y la soberanía popular.
No es una frase ornamental. Es el mandato al que debe someterse toda ley, especialmente aquella que concede al Estado el poder de castigar.
La persistencia de cuestionamientos sobre el desacato, el ultraje, la protesta, la responsabilidad por actos de terceros y otros tipos de redacción amplia exige un escrutinio constitucional firme.
Desde el Frente Cívico y Social entendemos que todas las acciones directas de inconstitucionalidad relacionadas con esta ley deben ser conocidas con la mayor celeridad compatible con un examen riguroso e independiente.
No se pide al Tribunal Constitucional un resultado determinado, sino una respuesta dentro de un plazo razonable. Cuando normas penales vigentes pueden afectar derechos fundamentales, la celeridad deja de ser una cuestión procesal: se convierte en garantía de libertad, seguridad jurídica y paz institucional.
La demora también produce consecuencias constitucionales.
La Constitución no solo protege derechos. También protege la paz de la República.
Defender la Constitución nunca debilita la lucha contra el crimen. La legitima. Una democracia necesita un Derecho Penal firme frente a la delincuencia, la violencia y la corrupción, pero también frente a la arbitrariedad.
Seguridad y libertad no son enemigas. Ambas dependen del respeto irrestricto a la Constitución.
La historia ya nos habló. Ahora nos corresponde decidir si aprendemos de ella o esperamos a que sea demasiado tarde.
Porque cuando la Constitución deja de ser el límite del poder, el poder termina convirtiéndose en el límite de la libertad.
La historia todavía no ha escrito nuestro destino. Que nuestros hijos puedan decir, algún día, que esta fue la generación que decidió honrar su Constitución antes de descubrir cuánto costaba perderla.
Por Rommel Santos Diaz
De conformidad con el Estatuto de Roma el Estado de ejecución de la pena no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte Penal Internacional.
Solo la Corte Penal Internacional podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.
Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte Penal Internacional examinará la pena para determinar si esta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.
Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma , la Corte Penal Internacional podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:
- a)Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte Penal Internacional en sus investigaciones y enjuiciamientos;
- b)Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte Penal Internacional en otros casos, en particular ayudando a esta en la localización de los bienes sobre los cuales recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o
- c)Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.
Finalmente, la Corte Penal Internacional, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.