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Análisis Noticiosos

Proyecto de ley establecería un minifundismo municipal

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Por Juan Bolívar Díaz

Un proyecto aprobado en primera lectura por el Senado ascendería los 234 distritos municipales a la misma categoría de los 156 municipios, totalizando 390 entidades autónomas y modificaría proporciones del gasto en un festín clentelista.

Municipios-dominicanosUn proyecto de ley aprobado en primera lectura por el Senado establecería un minifundismo municipal al declarar autónomos los 234 distritos municipales lo que les daría la misma categoría de los 156 municipios para un total de 390 ayuntamientos, de los cuales 117 tienen menos de 4 mil habitantes.

Se trata de una contra reforma que establece nuevos criterios para el gasto municipal, en lo que se configura como un festín clientelista, y que desconoce sin preaviso, en la forma y el fondo, el consenso de diez años de discusiones que concluyó en la actual ley municipal 176-07.

Autonomía a los distritos

Tras el informe favorable de su Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos el Senado aprobó en primera lectura un proyecto sometido por los senadores Rafael Calderón, de Azua, y Charles Mariotti de Monte Plata, que reformaría la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, a fin de otorgarle plena autonomía administrativa y presupuestaria a los Distritos Municipales hasta ahora concebidos como subdivisión territorial dependiente del ayuntamiento municipal.

Los proponentes se basan en que “en ninguna de sus partes la Constitución de la República consigna que las funciones y actuaciones de los Distritos Municipales están sujetas a la autoridad del municipio al que corresponden, y que contrariamente le establece el derecho a patrimonio propio, autonomía presupuestaria, potestad normativa, administrativa y de uso de suelo”.

Otra consideración estima “justo el reclamo de los Distritos Municipales de eliminar el vínculo de dependencia administrativa entre el Municipio y el Distrito Municipal en virtud de que constitucionalmente son territorios con la misma capacidad jurídica y sin subordinación entre uno y otro”.

El proyecto también modificaría la proporción en que la ley 176-07 distribuye el uso de los fondos de los municipios, hasta ahora 40 por ciento para infraestructuras, 31 para servicios, 25 para pago de personal, y el restante 4 por  ciento para salud, educación y género. Se unifican las proporciones destinadas a servicios y personal en un global 56 por ciento, lo que permitiría mayores partidas para nóminas y nominillas de por sí ya abultadas en muchos de los ayuntamientos que no cumplen la ley.

Serían 390 ayuntamiento

La propuesta de ley abonaría el progresivo mini fraccionamiento del territorio nacional que se ha criticado hace décadas. En la actualidad rigen 155 municipios y hay otro por constituir y 232 distritos y 2 por ser establecidos para un total de 390 entidades que operarían todas  con la misma categoría, como ayuntamientos autónomos y con presupuestos independientes y sin fiscalización del municipio, aunque con distintas denominaciones que sólo se justifican en la concepción del distrito como subdivisión municipal. Si fueran entidades con igual rango, no habría explicación para que la Constitución mantenga las dos categorías.

Es relevante que hay 12 distritos con población menor de 2 mil personas, 40 con menos de 3 mil, 88 con menos de 4 mil y 117, justo la mitad, con población menor de 5 mil personas, y apenas 48, el 21 por ciento, pasan de los 10 mil habitantes. El Distrito Palo Alto, el menor de todos, apenas tiene 958 personas. Si se aprueba el proyecto de ley todos tendrían la misma autonomía que el Distrito Nacional, cuya población es de 965 mil habitantes, que Santiago con 983 mil, o Santo Domingo Este que registra 787 mil habitantes.

Redondeando la población nacional en 10 millones, si se divide entre 156 municipios, arroja un promedio de 64 mil 102, lo que ya se considera una fragmentación excesiva. Entre 390 ayuntamientos se reduciría a un promedio de 25 mil 641 personas.

La provincia de Azua, cuyo senador es uno de los proponentes de la reforma, es  ejemplo del minifundismo territorial, pues es líder nacional  en municipios con 10, uno más que Santiago que es 6 veces más poblada, y también en distritos municipales con 22. La provincia Santo Domingo, la más poblada del país, con casi dos millones de habitantes, sólo tiene 7 municipios y 8 distritos.

Contrareforma municipal

El proyecto sometido al Senado sin previa discusión con nadie, constituye una contra reforma, que desconoce en aspectos fundamentales el largo proceso de consenso que precedió la aprobación de la Ley 176 del 2007 sobre el Distrito Nacional y los Municipios, la cual se debatió durante una década con amplia participación de la Federación de Municipios, entidades gubernamentales, de las organizaciones sociales y expertos nacionales e internacionales. En todo el proceso hubo auspicios y financiamiento de organismos internacionales.

Aunque no se ha explicitado públicamente, se tiene entendido que el proyecto cuenta  con apoyo de la Asociación Dominicana de Distritos Municipales. Tampoco ha fijado posición la Federación Dominicana de Municipios, pero se da por hecho que no auspiciará la reforma, al menos en cuanto al desprendimiento de los distritos.

El Foro de Municipalistas, que integra numerosas organizaciones de la sociedad civil y unos 300 alcaldes, alcaldesas y regidores, así como expertos en la materia, fue la que en los últimos días denunció el proyecto como una “contrareforma regresiva” y se dirigió al Congreso el viernes reclamando consenso sobre la ley de los municipios.

Domingo Matías, vocero del Foro adelantó “serias objeciones” al contenido del proyecto y al procedimiento: “tratar de pasar casi en secreto una reforma que abriría el riesgo de que los presupuestos municipales sean utilizado para incrementar la nómina de los gobiernos locales sin establecer criterios contraviene el proceso de reforma de la administración pública que viene impulsando el Poder Ejecutivo a partir de la Estrategia Nacional de Desarrollo”, sostuvo.

Previo a la aprobación de la Ley 176-07 ya existía la alarma por el mini fraccionamiento territorial impulsado por el clientelismo político, por lo que se estableció que los nuevos municipios deberían tener por lo menos 15 mil habitantes, cifra a la que no llegaba la tercera parte de los ya establecidos. Todavía después se aprobaron algunos sin esa proporción poblacional.

Contra sentencia del TC

Domingo Matías, uno de los más reputados expertos municipalistas sostiene que el proyecto choca con dos sentencias del Tribunal Constitucional sobre actos de la Junta del Distrito Municipal de Verón, la 67-13 que declaró  nulo el establecimiento de impuestos y la 152-13 que le restó potestad de crear su propia Oficina de Planeamiento Urbano. “Los Distritos Municipales son órganos descentralizados y extensiones de los ayuntamientos, es la conclusión de la sentencia 67-13” especificó.

 Matías no niega que el nuevo marco constitucional demande una revisión de la Ley de Municipios, pero también la Estrategia Nacional de Desarrollo, convertida en ley, así como la Ley de Regionalización y Plan Nacional de Reordenamiento Territorial y el Pacto Municipal en discusión con el presidente Danilo Medina.

Reivindicando la participación social, reclama “avanzar hacia una reforma municipal que sea viable, que conlleve más consecuencias para los actos de corrupción y promueva la cultura de la transparencia”.

Si la mayoría de los 155 municipios no cumplen las más elementales normas de contabilidad y contraloría, como ha certificado la Cámara de Cuentas, la más que duplicación al convertir los distritos en ayuntamientos autónomos auspiciará un mayor dispendio  de los recursos municipales. Los vocales de los distritos  querrán tener la remuneración que ya se da a los regidores de los municipios. Y serán 390 unidades reclamando un “palacio municipal” y el derecho a repartir entre su clientela política una proporción del presupuesto público.

La mezcla de la flexibilización de la proporción del presupuesto municipal destinado a pagos de personal y de servicios, englobándolos, con la homologación de los distritos con los municipios, tiene una clara marca de intención clientelar. En distritos de mil personas podrían distribuirse el presupuesto y alcanzar a más de la mitad y hasta a la totalidad de sus habitantes.-

Artículo publicado originalmente en el periódico Hoy.-

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Análisis Noticiosos

El trasfondo del asentamiento de saldados salvadoreños en Haití

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Por José Cabral

El envío de dos mil militares salvadoreños a Haití luce que no se trata de la supuesta gratitud y bondad con el pueblo más pobre del hemisferio, sino de un plan orquestado desde la administración Trump para que sea parte de su propósito de destruir el derecho internacional.

Bukele y todos los actores de la comunidad internacional y de Haití saben que el problema de las bandas es sólo una parte, tal vez la menos importante, de la crisis que padece la hermana nación, porque territorio que no tenga autoridad pública termina vandalizado.

Es tanto así, que si mañana las bandas resultan derrotadas quedaría pendiente la tarea más compleja de la crisis haitiana, que tiene que ver con que allí el Estado sólo existe en el papel, pero no en la realidad.

Entonces, si se partiera de la hipótesis de que las bandas sean desarticuladas, por la vía que sea, habría que preguntarse si existe algún plan para reestructurar el Estado a los fines de que la autoridad pública pueda hacer cumplir el mandato de la ley y la Constitución?

Todo el mundo sabe que no, incluido Bukele y también la administración estadounidense, lo cual indica que se le crean falsas expectativas sobre la base de un plan que no tiene mucho que ver con  un pueblo que ya no aguanta más maltratos y violencia.

El problema tiene muchas aristas, porque además hay que preguntarse si la parte del Ejército del Salvador presente en Haití cuenta con los recursos para permanecer allí por largo tiempo si es que fuera necesario.

De manera, que mediante un análisis sopesado del problema se puede colegir que lo que ocurre con lo decidido por Bukele parece inscribirse más que en cualquier otra cosa en una vanidad y al interés de vender una imagen de ser un presidente omnipotente, pero además a través de él cuestionar la idoneidad del derecho internacional como parte de los objetivos del “Escudo de las Américas”.

En este contexto, luce estar la medida del presidente salvadoreño de enviar más de dos mil militares a Haití en una acción paralela a la Fuerza de Supresión de Pandillas que operaba en la hermana nación mediante un esfuerzo conjunto de una serie de países miembros de la ONU, a un interés de ego personal y de cumplir y justificar la razón de la existencia del “Escudo de las Américas”, creación de Donald Trump.

Como se ve, el asentamiento de los militares salvadoreños ni siquiera luce que tenga como objetivo principal rescatar sus cuatro compañeros secuestrados y probablemente asesinados por las bandas que ejecutaron la acción, ya que se sabe que este tipo de desenlace puede ocurrir en cualquier lugar donde hay una confrontación armada.

Otra cuestión es que la ofensiva de Bukele persigue justificar y legitimar los esfuerzos individuales propiciados por la administración de los Estados Unidos a través del “Escudo de las Américas” para quitarle sentido al derecho internacional, lo cual quiere decir que los países latinoamericanos, en este caso, “amuelan cuchillo” para su propia garganta.

Hay, a caso, alguien que ponga en duda que el accionar de Bukele en Haití fortalece la deteriorada  imagen de Donald Trump, a quien se le cae  la casa encima, no sólo por la derrota sufrida en las elecciones de medio tiempo, sino porque los gobiernos que tienen su aval en Latinoamérica  su   han entrado en un nivel de descrédito que se puede pronosticar su expulsión del control de los Estados de esas naciones.

De manera, que se puede colegir que la reunión de Bukele con Trump en la Casa Blanca a propósito del envío de los soldados salvadoreños a Haití, haya servido para discutir la estrategia que ahora se observa.

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Análisis Noticiosos

La esclavitud disfrazada de tradición

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Por Rafael N. Fernández

En Santiago de los Caballeros, la esclavitud se viste de coches tirados por caballos.

Los caballos tiran de los coches bajo un sol que quema el asfalto.

Lo que para muchos dominicanos y turistas es “pintoresco”, para el caballo es una práctica insoportable  y una condena injusta.

Los caballos viven una vida miserable bajo el calor el extremo, jadeando,  sedientos y a veces ni suficiente agua reciben.

Trabajan jornadas excesivas, sufren latigazos y hasta heridas cuando se niegan a seguir caminando.

Lo peor es la falta de libertad, pues nacen, crecen, enferman y mueren tirando de carruajes y sin poder correr libres en un pastizal, sin elegir qué comer, sin poder simplemente ser caballos.

Decir que es tradición no hace que sea correcto, la ignorancia ha disfrazado de cultura lo que en realidad es explotación.

Justificar el sufrimiento animal porque “es una tradición” es la misma lógica que ha sostenido la esclavitud a lo largo y ancho de la historia.

Una tradición no puede estar por encima de la vida y la dignidad de seres que sufren y que no pueden defenderse de sus verdugos.

En 1889, en Turín, Friedrich Nietzsche presenció cómo un cochero golpeaba brutalmente a un caballo y corrió angustiado hacia el animal, lo abrazó y lloro desconsoladamente por su angustia, tiempo después  sufrió el colapso que marcó el final de su vida pública.

Mientras otros pasaban y miraban la escena indiferentes, Nietzsche miro en aquel animal a un ser que sufría,  que no podía defender  y que no podía defenderse.

La indiferencia no debe ser la respuesta ante el maltrato  animal,       el accionar que atormenta la existencia de esos tristes caballos debe ser detenido, hay que hacerle un alto a la crueldad, es un delito que debe cesar.

¿Cómo es posible que aún poseamos un nivel de ignorancia tan grande que veamos el sufrimiento de un animal como algo normal y para colmo  llamarlo “tradición”?

¿Hasta cuándo tienen que seguir padeciendo?

Lo más indignante y terrible es que,  tanto el gobierno central como el municipal, se hacen de la vista gorda y prefieren mantenerse al margen; les resulta más barato no intervenir que enfrentar la realidad  y  buscar otras alternativas económicas para los cocheros.

El silencio del poder sostiene por tradición una práctica que es una maldición para los pobres caballos y una vergüenza para la sociedad dominicana.

Acabar con la esclavitud animal no es dejar sin trabajo a los cocheros, es reemplazar  los coches tirados por caballos por carruajes eléctricos y, a la vez, crear refugios o santuarios naturales para que los caballos puedan sentirse en paz, descansar, y vivir la vida que nunca han podido vivir, porque la ignorancia humana se la ha arrebatado.

Un pueblo que se dice civilizado no puede medir su progreso en edificios y avenidas mientras ignora el sufrimiento de seres indefensos que transitan contra su voluntad cada día por sus calles.

Santiago se llama “de los caballeros” y se supone que ser caballero es proteger al más débil, y mientras haya un caballo jadeando bajo el sol, con la mirada cansada,  sin agua y sin descanso, ese nombre será una ironía, la esclavitud animal es un absurdo que debe ser eliminado de nuestra sociedad.

Estar a favor de la abolición de la esclavitud animal, es estar a favor de la verdad y de la razón.

No podemos decir que somos buenas personas si nos empeñamos en mantener una tradición que es sinónimo de crueldad para seres tan nobles, indefensos e inocentes.

 

Rafael N. Fernández (Escritor y poeta dominicano)

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Análisis Noticiosos

Otra vez el nepotismo legislativo

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Por José Cabral

La conducta de los partidos políticos ya se ha hecho una cultura en la República Dominicana, una de cuyas expresiones es el llamado nepotismo legislativo, el cual tiene que ver con la escogencia de un hijo, esposa o familiar cercano cuando muere un diputado o senador.

Si bien es cierto que la sustitución es mediante un mecanismo que consiste en la presentación de una terna del partido por el que fue elegido el congresista fallecido, pero ello no implica que la inclinación tenga que ser por un hijo, un hermano o la esposa del legislador muerto como se estila en el país.

Es un comportamiento que se repite constantemente, pese a que lo lógico fuera que el escogido sea otro dirigente de ese partido que haya logrado algunos méritos en la misma circunscripción para ocupar la posición, a los fines de que la organización cumpla con lo prometido durante la campaña por ese legislador que ya ha muerto.

Sin embargo, las cosas no ocurren de esa manera porque los cargos públicos son manejados por los partidos políticos como una propiedad de quien resultó electo a una curul congresional, convirtiéndose el asunto en una especie de herencia familiar.

Por esa razón yo he planteado desde una perspectiva crítica que los partidos políticos debían someter un proyecto de ley para que la figura de la determinación de herederos sea extendida al derecho electoral para que los familiares sean los sucesores de los cargos públicos, lo cual implica un problema ético.

Ello así porque los cargos electivos públicos no son un patrimonial familiar, ya que el ciudadano ha dado su voto por un candidato para que mediante la democracia representativa lo represente en el Congreso Nacional, es decir, que no lo hizo para que el cargo sea concedido a un familiar ante su ausencia definitiva como si se tratara de un patrimonio privado.

Pero la práctica ya se ha convertido en un mandato y en consecuencia los cargos vacantes por muerte de diputados y senadores siempre quedan en manos de sus familiares como si se tratara de una herencia patrimonial.

Siempre he sostenido que los partidos políticos tienen el mismo comportamiento en lo que respecta a la implementación de políticas públicas y de igual modo en asuntos como el tratado en este artículo.

Que nadie se cree ilusiones de que los partidos van a cambiar ese comportamiento, ya que cuando llegan al control del Estado lo manejan como si fuera una herencia que les dejó sus abuelos.

De manera, que en esto se confirma también que los partidos políticos, tanto grandes, medianos y pequeños, actúan como si fueran uno, cuya única diferencia es el nombre de los dirigentes, el color que lo identifica y como se hace llamar.

Entonces, en lo que muy bien se puede llamar nepotismo legislativo también se comportan de igual manera y manejan las curules vacantes por muerte de sus titulares como si se tratara de la partición de una herencia patrimonial dejada por el causante.

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