Análisis Noticiosos
Desafíos para Danilo a mitad de gobierno
Por Elba García
El presidente Medina llega a la mitad de su gobierno con amplia aprobación fruto del mejoramiento del gasto, de su austeridad y la ausencia de oposición, pero cada vez más amarrado por su propio partido por su decisión de no pelearse con nadie.
El presidente Medina llega a la mitad de su gobierno con amplia aprobación fruto del mejoramiento del gasto, de su austeridad y la ausencia de oposición, pero cada vez más amarrado por su propio partido por su decisión de no pelearse con nadie.
El gobierno de Danilo Medina llega a su primera mitad con alta aprobación por su mejoramiento de la inversión pública, especialmente en educación, por su austeridad, reducción de la corrupción y por mayor cercanía a la población, ayudado por la ausencia de oposición política.
Pero sin haber podido solventar los graves problemas de la pobreza, la energía eléctrica, la inseguridad ciudadana, la corrupción y la impunidad, enfrentará una difícil segunda mitad, limitado por las precariedades económicas y las luchas internas en su partido, precipitadas por la actitud presidencial de no enfrentarse con nadie
Los mayores éxitos
El mayor éxito de la primera mitad del gobierno del presidente Danilo Medina ha sido la reorientación de la limitada inversión pública (con apenas 5 por ciento en gasto de capital este año), especialmente su esfuerzo por cumplir la ley que destina el 4 por ciento del producto bruto interno para la educación, 15 años después de su promulgación.
Aunque todavía no ha alcanzado el 4 por ciento, el gobierno se aproxima a la meta, muy concentrado en la construcción de aulas para viabilizar la extensión de la jornada escolar, relegando otros aspectos fundamentales como la formación de maestros. La concretización del Pacto por la Educación y una campaña por erradicar el analfabetismo ha completado el crédito en el sector.
La atención a la pequeña y mediana empresa y productores agropecuarios, con el particular sello personal de las visitas presidenciales ha constituido otro éxito reconocido, aunque los 11 mil millones de pesos que han comprometido en dos años no llegan al 2 por ciento del presupuesto de gastos del 2014, y sólo se han desembolsado unos 7 mil millones de pesos, apenas unos 163 millones de dólares.
Una política de austeridad, cercanía con la gente y humildad de Medina, en contraste con el boato y la malversación de su antecesor, han contribuido al alto porcentaje de aprobación, de hasta 80 por ciento, que ha registrado el gobierno en las encuestas. La renegociación del contrato sobre la explotación de la mina de oro de Cotuí constituyó un hito en la popularidad del mandatario.
Se debe acreditar al gobierno de Danilo Medina el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y la reducción del déficit que registran las finanzas públicas en los últimos siete años, aunque para ello ha tenido que continuar la política de alto endeudamiento, que según la cámara de cuentas se incrementó en 28 por ciento sólo en el 2013 y que éste año prosigue espoleado por el pago de capital e intereses de la deuda vieja, los subsidios y transferencias y el gasto corriente.
Los mayores fracasos
No haber logrado concretar los pactos Fiscal y Eléctrico, que junto al Educativo integran una trilogía básica de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se cuenta entre los fracasos de esta primera mitad de gobierno. Escasa voluntad política, amarres partidarios y las urgencias por el enorme déficit fiscal que heredó, determinaron que el gobierno arrancara con otra reforma tributaria, evadiendo comprometerse en un pacto fiscal de amplio espectro que implicaría restricción y reorientación del gasto.
Ha cifrado su ataque a la crisis energética en la construcción de dos grandes plantas de energía basadas en el carbón, el ingrediente de generación más contaminante y cuestionado, y aunque ha invertido en el terreno, llega a la mitad del período sin haber conseguido su financiamiento, por lo que será difícil concluirlas en este gobierno.
El combate a la inseguridad ciudadana ha sido otro propósito de poco éxito, sin haberse materializado la “reforma integral de la Policía Nacional bajo el liderazgo del Ministerio de Interior y Policía”, como tampoco la “reestructuración y profesionalización” de las relaciones exteriores, planteadas en el discurso inaugural del presidente Medina.
Los resultados en el mejoramiento de la salud se corresponden con la pobre inversión que no alcanza al 2 por ciento del producto interno, absolutamente insuficiente. La positiva supresión de las cuotas por atención en los hospitales públicos no ha podido ser compensada, traduciéndose en precariedades, mientras la epidemia de la Chikungunya sumió este año el sistema en crisis con lenta respuesta oficial.
Quemado en transparencia
El gobierno de Medina ha hecho esfuerzos por mejorar la transparencia en las contrataciones, incluyendo veedores en organismos claves como el Ministerio de la Presidencia, pero aún está lejos de alcanzar las metas del Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad suscrito en lc campaña electoral por iniciativa del movimiento Participación Ciudadana y Transparencia Internacional. El segundo monitoreo, de julio pasado, lo quema con apenas 22 por ciento de cumplimiento, registrando retroceso en las informaciones de muchas páginas de Internet, No se ha logrado establecer la cuenta única del tesoro ni se han eliminado organismos infuncionales ni duplicidades.
Se reconoce una reducción de la corrupción, pero con una manifiesta decisión de mantener la impunidad, sin combatir los conflictos de intereses, el clientelismo, el nepotismo, las nominillas y las decisiones en beneficio propio de los ejecutivos gubernamentales y especialmente en los organismos descentralizados y autónomos. En contradicción con los principios éticos que rigen la administración pública a la luz de la Ley de Función Pública.
Un fracaso total ha sido la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que no ha cumplido prácticamente ninguna de las 42 funciones que le atribuyó el decreto 486-12, que la creó. Ha ignorado el informe financiero que debe reclamar cada año a los funcionarios públicos obligados a declaración jurada de bienes. Su titular, Vincho Castillo, quedó descalificado con su ridícula declaración jurada de bienes donde excluyó gran parte de sus haberes. Nunca se conocieron tampoco los informes trimestrales sobre la aplicación de los decretos 499-12 y 262-13 que establecieron un plan de austeridad hasta diciembre del 2013.
El reparto del Estado
Pese a la buena intención de mejorar la administración pública, el gobierno de Medina llega a su primera mitad manteniendo en general el reparto del Estado sobre el que fundamentó su predominio el presidente Leonel Fernández. Dos tercios de los organismos estatales conservan los mismos titulares, desde los ministerios, a las direcciones generales, hasta las cámaras legislativas y de las instituciones autónomas y descentralizadas. Se trata de un sistema de parcelación del Estado, donde los dirigentes del Comité Político del partido de gobierno y sus aliados parecen inamovibles. Y desde luego cada uno de ellos dispone de amplia discreción en las nóminas, niveles salariales y otros beneficios, con frecuentes escándalos públicos.
El presidente Medina parece haberse empeñado en no pelearse con nadie. Ni siquiera sustituyó o trasladó al embajador ante el Vaticano, quien incurrió en tres desaguisados diplomáticos públicos en una misma semana, llegando al extremo de discutir en la prensa recomendaciones privadas que le formulara la Cancillería.
En un país de tan arraigada cultura presidencialista, muchos confunden la liberalidad con debilidad y abusan. Eso puede explicar que dirigentes de su partido, de las cámaras legislativas y hasta ministros y directores generales subordinados lo dejaran prácticamente solo lidiando con la crisis internacional originada en la sentencia del Tribunal Constitucional que desnacionalizó a decenas de miles de personas.
Mientras el mandatario buscaba una salida humanitaria al escándalo, hasta subalternos directos y el liderazgo de su partido preferían sumarse al discurso excluyente de los seudos nacionalistas. Los impunes desafíos al reglamento de la Ley 169-14, que conjura el conflicto, tienen connotación de cuestionamiento al presidente y a su Ministro de la Presidencia por parte de aliados y funcionarios gubernamentales.
Intereses corporativos
Si en la primera mitad de su período el presiente Medina no pudo sobreponerse a los intereses corporativos partidarios para hacer el gobierno que quería y con los funcionarios que le fueran más leales, será casi imposible en la segunda mitad, sobre todo cuando ya la lucha por la candidatura presidencial del partido gobernante para el 2016 limita o determina las acciones gubernamentales. Fue un exceso permitir que funcionarios subalternos iniciaran una campaña electoral en el primer año de su gestión.
Los intereses corporativos han sido determinantes en que Danilo Medina produjera cambios formales significativos en el ejercicio presidencial, pero no de fondo en la gestión gubernamental, como parte de lo que “nunca se ha hecho”. Pretendió hacer tortillas sin romper huevos, y al final puede concluir con un “dry clean” para que se pueda vuelva a lo que antes se hizo.
Medina y sus asesores pueden reivindicar su gestión por el alto nivel de aprobación, que no es insólito, ya que los presidentes dominicanos llegan a la mitad del período con buena aceptación, incluyendo a Antonio Guzmán, Jorge Blanco, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. El declive comienza con la segunda mitad. Aunque Medina ha estado por encima del promedio, lo que en parte se atribuye al desguañangue de la oposición. El surgimiento de una alternativa opositora y la lucha por la candidatura oficialista con todas sus consecuencias, y en un escenario económico precario, serán el gran desafío para Danilo Medina en la segunda mitad de su gobierno, que inicia esta semana.-
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.