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TSA ordena no gravar compras
Sentencia. La pasada semana el tribunal de Jurisdicción Nacional, adoptó esa misma posición, pero de manera provisional.
Los jueces de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenaron ayer al director general de Aduanas abstenerse de aplicar el cobro de un impuesto a las compras por internet por debajo de los 200 dólares.
El tribunal, presidido por Federico Fernández e integrado por Rafael Ciprián y Mildred Hernández, adoptó la decisión tras acoger un recurso de amparo preventivo presentado por la Fundación Justicia y Transparencia, Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico y la Asociación Dominicana de Empresas Courrier (ASODEC).
La pasada semana, el tribunal de Jurisdicción Nacional, adoptó esa misma posición, pero de manera provisional hasta tanto se conociera el recurso de amparo preventivo presentado por estas organizaciones que buscaban la anulación de la resolución que ordena el pago de derechos e impuestos aduaneros de mercancías importadas menores de US$200.
En el dispositivo de la sentencia, dada por leída y entregada a las partes envueltas en el proceso por la secretaría del tribunal, también se rechazó la solicitud del pago de un astreinte a favor de los accionantes. Asimismo, el tribunal rechazó un medio de inadmisión planteado por el director general de Aduanas, Fernando Fernández y los intervinientes voluntarios, que fueron la Organización Nacional de Empresas Comerciales y la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.
También la Asociación Nacional de Importadores, la Unión Nacional de Empresarios, Asociación Nacional de Industriales Textiles, Asociación de Comerciantes de la Avenida Duarte, Asociación de Comerciantes del Centro de Santiago, el Ministerio de Hacienda, al cual se adhirió el procurador General Administrativo.
Igualmente, los jueces en su sentencia, acogieron una solicitud de exclusión del proceso presentada por el entonces presidente del Senado de la República, Reinaldo Pared Pérez. El tribunal alega que se han vulnerado los derechos relativos al debido proceso administrativo que implica la sujeción de la administración pública al ordenamiento jurídico nacional, que debe fundamentarse en el respeto irrestricto a la legalidad.
Aduanas publicó un aviso de circulación nacional donde se comunica que la mercancía importada deben pagar los derechos e impuestos aduaneros que corresponden a partir del 15 de este mes. El director general de Aduanas, Fernando Fernández, acusó a los propietarios de empresas de couriers de canibalizar la categoría B, que dijo en una mala interpretación de un decreto exonera de impuestos las compras por Internet con montos por debajo de US$200.
MEDIDA DE LA DGA HA GENERADO DEBATES
Recientemente, el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado conjuntamente con Aduanas e Impuestos Internos sobre la exención del impuesto alas compras realizadas por la internet de menos de US$200, y segén expertos el mismo está en lo correcto en cuanto al fondo, pues todo lo que se importa debe tributar en igualdad de condiciones, pero no tiene la jerarquía para derogar o modificar leyes o decretos.
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Santo Domingo, R.D.-Una nueva etapa en la reforma del servicio exterior dispuso el Gobierno dominicano con una transformación estructural del sistema consular, que incluye que la totalidad de los ingresos de los consulados dominicanos pasen en lo adelante al Estado.
De esta manera, el presidente Luis Abinader dispone continuar la reforma del servicio exterior, con la adopción de medidas decisivas en el ámbito consular que consolidan un modelo de gestión basado en la integridad institucional, la transparencia y la rendición de cuentas.
Esta fase no parte de cero: da continuidad a los cambios ya implementados y profundiza una transformación orientada a ordenar, profesionalizar, fortalecer e integrar el funcionamiento del servicio diplomático y consular en su conjunto.
Como medida central, la totalidad de los ingresos generados por los servicios consulares será transferida a la Cuenta Única del Tesoro (CUT). Con ello, se asegura un manejo centralizado de los recursos públicos bajo criterios estrictos de control y supervisión estatal, lo que permitirá disponer de los recursos necesarios para expandir y abrir nuevos servicios consulares en aquellas localidades donde han sido requeridos por los dominicanos.
Asimismo, se dispone la implementación de una escala salarial digna para el personal consular, en condiciones equiparables a las del servicio diplomático, corrigiendo distorsiones históricas y garantizando un trato más justo y coherente para estos servidores públicos.
De igual forma, el Ministerio de Relaciones Exteriores continuará avanzando en la organización de los consulados conforme a criterios objetivos de necesidad operativa y servicio al ciudadano, asegurando estructuras más racionales y funcionales.
El nuevo sistema será implementado de manera gradual en todos los consulados y secciones consulares dominicanas en el mundo, conforme a un proceso ordenado que garantice su correcta aplicación y sostenibilidad. La última etapa del proceso iniciará el 1ero de enero del 2027.
Esta reforma se inscribe en el marco del proceso más amplio de institucionalización del Estado impulsado por el presidente Abinader, en el marco del proyecto RD Meta 2036, que procura duplicar el producto interno bruto del país en la próxima década, así como en la estrategia nacional de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que exige estándares cada vez más elevados de gobernanza pública y gestión de los recursos del Estado.
Con esta decisión, el Gobierno dominicano reafirma su determinación de consolidar un servicio exterior moderno, ordenado y al servicio de los dominicanos, fortaleciendo la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos y alineando su gestión con las mejores prácticas internacionales.
Santo Domingo, R.D.-El receso de la audiencia preliminar dispuso el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo caso la continuación fue fijado para el lunes 20 de abril.
La decisión del juez Raymundo Mejía busca otorgar un plazo razonable a los terceros civilmente demandados y a varios querellantes para que respondan a la acusación presentada por el Ministerio Público, la cual ya fue leída un resumen en el día de hoy.
El magistrado explicó que la próxima sesión estará dedicada a las conclusiones de las partes querellantes y aquellos que respaldan la acusación del Ministerio Público y se centran en el reclamo civil tendrán intervenciones breves.
Dispuso que quienes presentan calificaciones jurídicas distintas o análisis de hechos independientes recibirán un tratamiento acorde a la complejidad de sus planteamientos.
Una vez concluyan todos los querellantes, se fijará una fecha exclusiva para los abogados de los hermanos Espaillat y los terceros civilmente demandados.
Aunque inicialmente se evaluó el lunes 13 de abril, el tribunal descartó la fecha debido a la coincidencia con el juicio del caso Búfalo, un proceso complejo que requiere la presencia de los mismos fiscales actuantes en el expediente Jet Set.
«Le vamos a rogar a los querellantes que resuman sus exposiciones lo más que puedan para que podamos avanzar en la próxima jornada», exhortó el juez Mejía durante la audiencia.
El proceso judicial busca determinar la responsabilidad penal y civil de los propietarios del establecimiento tras el desplome del techo ocurrido el 8 de abril de 2025, siniestro que dejó un saldo trágico de 236 fallecidos y decenas de heridos, conmocionando a la sociedad dominicana.
Santo Domingo, R.D.-El juez del Primer Juzgado de Instruccion del Distrito Nacional recibió una solicitud del Ministerio Público para dictar auto de apertura a juicio en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo colapsó el 8 de abril de 2025 provocando la muerte de 236 personas.
Los fiscales Enmanuel Ramírez , Miguel Collado y Rosa Ysabel Mejía, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, solicitaron al magistrado Raymundo Mejía que los imputados sean enviados a juicio de fondo para responder por los hechos que se les atribuyen.
Igualmente, el órgano acusador solicitó formalmente mantener las medidas de coerción impuestas contra los acusados.
Además de la libertad restringida, el Ministerio Público enfatizó la necesidad de mantener las medidas cautelares reales sobre el patrimonio de los hermanos Espaillat, las cuales incluyen inmovilización de productos bancarios y financieros, oposición al traspaso de bienes inmuebles, oposición al traspaso de vehículos de motor.
De acuerdo con el fiscal Enmanuel Ramírez, estas disposiciones legales tienen como objetivo fundamental asegurar la disponibilidad de activos para el resarcimiento económico de las familias afectadas. «Estas medidas buscan garantizar que los bienes permanezcan disponibles en beneficio de las víctimas, querellantes y actores civiles para cuando se dicte una sentencia definitiva», explicó el magistrado.
El pedido se produjo luego de que los fiscales concluyeran la lectura del resumen de la acusación. Previamente, el juez Raymundo Mejía había rechazado varios incidentes presentados por la defensa que buscaban, una vez más, el aplazamiento de la audiencia.
En la instancia acusatoria, que consta de 156 páginas, el fiscal Collado detalló la presunta responsabilidad de los hermanos Espaillat en el desplome que dejó un saldo de 236 muertos y más de 80 heridos.
El Ministerio Público tipifica los hechos como homicidio involuntario, golpes y heridas involuntarias. (Artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano).
Los fiscales sustentan la acusación con cientos de elementos de prueba. Establecieron que los acusados agravaron su situación al sobrecargar la estructura del techo con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos de resistencia.
Además, señalaron que los propietarios ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del local, priorizando el ahorro de recursos sobre la seguridad.