Análisis Noticiosos
El empinado camino de la concertación
Por Juan Bolívar Díaz
Crece en el país la convicción sobre la necesidad de concertación para constituir un amplio frente que detenga el proceso de monopolización del poder, por lo menos con una nueva composición del Congreso Nacional sino puede producir una alternabilidad a los últimos tres períodos de gobierno, llamados a prolongarse por siete más.
Guillermo Moreno acaba de proponer una mesa de concertación sobre bases bastante parecidas a la plataforma de la Convergencia por un Mejor País, por lo que nadie entiende las razones por las que no se materializa, a no ser el predominio de la vocación individualista prevaleciente en los sectores progresistas y de izquierda.
El diálogo de Guillermo. El jurista Guillermo Moreno, líder del partido Alianza País, y una de las reservas éticas de la política nacional, acaba de proponer una “mesa de diálogo y concertación política” para dar fundamento programático a la concertación o convergencia planteada por otros para cambiar el curso político, económico y social del país. Comparte el criterio de que por el monopolio del poder prevaleciente, “ningún sector político, por sí solo, puede desplazar el partido gobernante y su proyecto de perpetuación en el poder”, que el presidente del PLD, Leonel Fernández ha proyectado por lo menos hasta el 2044.
Moreno sostiene que “Al partido gobernante nadie le podrá derrotar en el terreno del clientelismo y de las prácticas políticas tradicionales. No se le va a derrotar por el número de siglas que se sumen en acuerdos de cúpulas o por proclamas o programas formales de los que luego nadie se acuerda y mucho menos respetan”.
La condición esencial para participar en el diálogo que propicia “es que haya identidad en la necesidad de un cambio político para producir un cambio de rumbo”. Precisa que la mesa “tiene que avanzar para producir a la brevedad posible un acuerdo de mínimos que vaya construyendo puentes de conexión e identidad con y desde la ciudadanía”. Que se debe concertar la ampliación de los derechos a una educación de calidad, a la salud, la seguridad social, el trabajo decente, el salario justo, el transporte seguro, a la vivienda y la alimentación.
Guillermo Moreno deja bien claro que la concertación no puede ser “para un desplazamiento puro y simple del partido gobernante, sin asumir expresamente el cambio de modelo y comprometerse a hacer las reformas y transformaciones que le den un nuevo rumbo al país”.
Ni tanto ni tan poco. Cualquier concertación que aspire a capitalizar el descontento político de amplio espectro tendría que partir de una base de reformas que contenga el deterioro económico, político y social, que reivindique la institucionalidad democrática y se comprometa muy concretamente a desmontar la parcelación y reparto del Estado, el clientelismo, la corrupción y la impunidad, y plantee el imperio de la ley.
No puede ser una lista de propósitos generales, sino una enunciación programática que, por ejemplo, implique el compromiso de todos sus candidatos a eliminar los barrilitos, cofrecitos, nominillas, sueldos y pensiones privilegiadas que llegan a implicar hasta dos cientas veces el salario mínimo estatal, limitación de los vicecónsules, embajadores y altos cargos y organismos gubernamentales parasitarios.
Sin pretender una revolución socialista ni un proyecto autoritario al estilo venezolano, la Concertación o Convergencia debe programar la reducción de la pobreza y una mejor distribución del ingreso al estilo brasileño, refundar la República en el cumplimiento de la Constitución y las leyes y en el fortalecimiento de las instituciones, como el Poder Legislativo, con reformas que reencausen los partidos políticos y desmonten la manipulación de los órganos judiciales, el ministerio público y los organismos de control.
No pueden ser unas cuantas páginas apresuradamente hilvanadas, pero tampoco un ampuloso programa que distraiga la oposición mientras los aspirantes a la continuidad saturan la ciudadanía de propaganda, con un aparato mediático que genera fatalismo y resignación. El concierto no puede ser determinado por una sola fuerza, por más masas que aporte, pero tampoco se puede ignorar la realidad de la diversidad.
Liderazgo y candidatos. Lo primero que requiere todo proceso de concertación es de líderes en capacidad de dirigirlo, sobreponiendo los intereses personales y grupales para armonizar el conjunto y generar una sinergia que cree nuevas ilusiones más allá del entorno partidario en amplios segmentos sociales insatisfechos, abstencionistas o resignados ante el deterioro de la política partidista y del ejercicio gubernamental.
La Convergencia podría contar con múltiples aspirantes a candidaturas en todos los niveles, pero para escogerlas es fundamental un liderazgo con autoridad moral y en disposición a dar ejemplo de renunciamiento. El antecedente a tener en cuenta sería el del frente que venció a Balaguer en 1978, bajo el liderazgo de Francisco Peña Gómez. El poder del peledeísmo en el poder es tan apabullante como el que encarnaba Balaguer en su período gubernamental 1966-78, que el PRD solo no hubiese podido relevarlo.
Sólo después de pasar por un diálogo como el propuesto por Moreno, convocando a todas las fuerzas políticas y sectores interesados, con bases programáticas para el cambio de rumbo, deberían discutirse candidaturas de Convergencia. Para politólogos como Rosario Espinal la escogencia de la candidatura presidencial no puede implicar una larga campaña ni luchas que frustrarían la concertación y generarían incertidumbres y desconfianzas.
Algunos favorecen una consulta popular con el padrón de electores, exceptuando a los militantes de los partidos del frente gobernante. Hay quienes plantean una “encuesta jumbo científica” primero con todos los aspirantes y si nadie logra más del 50 por ciento, una segunda rápido con los dos preferidos. Los 32 candidatos a senadores deberían escogerse por consenso del liderazgo del frente opositor, incluyendo a representantes de cada partido y a personas relevantes de los diversos ámbitos sociales, mientras para diputados y cargos municipales debería imperar la votación democrática de las jurisdicciones, guardando la cuota propuesta del 25 por ciento para representación de las minorías.
Fraguar esa concertación no luce fácil. El desafío es fuerte para los que quieren una opción alternativa, favorecida en los más diversos sectores nacionales, unos por cansancio de la gestión peledeísta de tres períodos consecutivos y cuatro de los últimos cinco, y otros por temor al regreso del doctor Leonel Fernández, por el poder que concentra, por el desastre fiscal y la corrupción en que dejó el país y las dudas de que pueda gobernar sin repetirlos.-
Bastantes coincidencias
Tras esos planteamientos se debe asumir una respuesta pública de los sectores que promueven la Convergencia por un Mejor País, dada la coincidencia con la agenda programática que ésta proclamó en su asamblea del 6 de julio, cuando llamó a concertar un cambio político “que no sólo desplace la corporación PLD del poder en el 2016, sino que produzca una transformación profunda del modelo económico, del sistema político y de la sociedad dominicana”.
No sobran las advertencias de ambas partes, puesto que el pragmatismo político que se ha apoderado del sistema partidista lleva a muchos a una simple disputa por alcanzar el poder para reproducir, como ha ocurrido tantas veces en el pasado reciente, los modelos excluyentes, conservadores, corruptores y personalistas que han marcado la historia nacional desde la fundación de la República.
La plataforma de la Convergencia fue proclamada por ocho agrupaciones políticas, una de las cuales, el Frente Amplio, ya es la conjunción de otras tantas de la izquierda que se conformó para las elecciones del 2012. Entre los convergentes está el Parido Revolucionario Mayoritario (PRM), constituido por los principales líderes y dirigentes nacionales del dividido Partido Revolucionario Dominicano, lo que aportaría perspectivas de masas a un frente opositor, pero también podría transportar la vocación divisionista y los vicios del viejo sistema de partidos que muchos quieren desplazar.
Con el agravante de que los agrupamientos de la izquierda y personalidades progresistas no han sido inmunes a las prácticas seudo democráticas, los individualismos y la renuencia al concierto, como se ha demostrado en los intentos de concertación para las dos anteriores elecciones presidenciales. Para la última, Alianza País que postulaba a Guillermo Moreno, el Frente Amplio, con Julián Serulle, Alianza Por la Democracia, que llevó a Max Puig, Dominicanos por el Cambio, postulando a Eduardo Estrella, y el Partido Democrático Independiente, con Ismael Reyes, pasaron más de un año barajando una concertación que al final fracasó. Sólo Moreno pasó del 1 por ciento en la votación del 2012, con 62 mil 290 votos, 1.37 por ciento.
Por José Cabral.
La partidocracia dominicana está sumergida en un pantano de lodo que tiene profundas raíces culturales, cuya salvación no la puede proporcionar nadie, absolutamente nadie, porque luce algo difícil, por no decir difícil.
La figura del depredador está dentro del espíritu de los actores de la vida política partidaria de la nación, pero esa condición no es fruto del capricho de uno o dos de los que conforman la partidocracia, sino de prácticamente todos sus dirigentes y militantes, porque se trata de una visión de vida asociada con una explicación cultural, no de otra cosa.
Hay quienes justifican este comportamiento que hoy sumerge a los partidos políticos en el peor de los descréditos al hecho del atraso y la pobreza que ha caracterizado al país desde mucho antes de su nacimiento como república.
Sin embargo, la realidad es que, aunque esas consideraciones sean muy atendibles, porque ahí también entra la baja educación ciudadana, lo cierto es que en el país se ha desarrollado una visión de vida que lleva a la mayoría de la gente a sólo pensar en la adquisición de bienes materiales, aun aquellos que lo tienen todo.
En mi opinión, aparte de lo cultural, se suma la entrada salvaje del neoliberalismo que se ha llevado de paro los valores cívicos y morales y puede decirse que se ha robado al dominicano y que ahora el referente más importante es identificar la vía que permita de forma más fácil acumular fortunas.
Yo he dicho en otras ocasiones que en el país la mayoría de los políticos quieren llegar al control del Estado para llevarse a sus bolsillos el dinero del patrimonio público, cuya principal desfachatez es que después de sus travesuras someter un proyecto de ley para atacar la corrupción.
Entonces, todo el que busca fortunas tiene dos caminos para tenerla y son el narcotráfico o la política que se ejerce en el país a través de los partidos políticos, pequeños, medianos y grandes, cuyos dirigentes saben muy bien que cuando se prestan al juego de los que tienen mayor aceptación popular no sólo reciben dinero de la Junta Central Electoral, sino también de la ocupación de un cargo público cuando se convierte en bisagra del que ha sido elegido para dirigir los destinos nacionales.
El problema es sumamente grave y preocupante y por esa razón a la partidocracia le importa muy poco el destino de la democracia nacional, sino buscar más dinero para sus bolsillos, lo que explica que no respete el mandato constitucional y del que se derivan las candidaturas independientes.
Por esta y otras muchas más razones sostengo que la derrota de la partidocracia en esta confrontación entre la política y el derecho va a depender de cómo se asuma la actitud del Congreso Nacional de anular una opción que no es caprichosa, sino que está consignada en la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Yo tengo la esperanza de que la partidocracia sea derrotada como ha ocurrido en la historia de la República Dominicana, en la que personajes con mucha sensibilidad patriótica se han armado de coraje y les han cortado las cabezas a férreas dictaduras que han retrasado el avance de la democracia nacional.
Todo el mundo sabe que, así como el doctor Joaquín Balaguer proclamaba que la Constitución no era más que un pedazo de papel, cuyo concepto aun prevalece en los nuevos actores de la vida política nacional, pero con la diferencia de que simulan lo contrario porque sencillamente el país es mas de percepción que de realidad.
Pero no se puede olvidar que, si bien la Constitución no es respetada, cuya comprobación se puede hacer con la gran cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional no ejecutadas, las mismas siguen ahí y nadie podrá borrarlas.
Es bueno que se entienda que esa realidad de vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, sólo perdurará hasta que el soberano, el pueblo dominicano, tolera las travesuras de la partidocracia que no respeta ley y que utiliza el Estado para aliarse con el bajo mundo y con los peores intereses de la nación.
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!