Nacionales
Plantea resolver salario mínimo con excedentes de los altos funcionarios
VENTURA CAMEJO FAVORECE NINGÚN FUNCIONARIO GANE MÁS QUE PRESIDENTE
Debate. El ministro Ramón Ventura Camejo habla en la Gobernación Provincial, durante un seminario de Socialización del Plan Estratégico del
MAP, con la presencia de la gobernadora Miledys Núñez y otros funcionarios, celebrado en la Gobernación Provincial de San Francisco de Macorís.
El ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, consideró que con los excedentes de los sueldos que tienen los funcionarios que ganan más que el Presidente de la República, el gobierno debe cubrir el reajuste salarial del 45 por ciento de los servidores del Estado, los cuales reciben un salario de 5,117 pesos mensuales.
Ventura Camejo indicó que la Ley General de Salarios señala que ningún funcionario del gobierno debe ganar un sueldo mayor al del Presidente de la República. Dijo que eso hay que asumirlo con firmeza.
El principal ejecutivo del Ministerio de Administración Pública (MAP) habló durante un seminario de Socialización de su Agenda Estratégica, el cual fue celebrado en la Gobernación Provincial, con la presencia de la gobernadora, Miledys Núñez; el alcalde Félix Manuel Rodríguez, el director regional del Ministerio de Salud Pública, Luis Adolfo Domínguez, y otras autoridades, de acuerdo a lo informado por el vocero de Prensa del MAP, Luis Céspedes Peña.
Precisó que hay instituciones donde sus funcionarios se colocaron salarios caprichosos, pero ya llegó el tiempo de que hay que aplicar la Ley de Salarios. Indicó que mientras unos abusan con excesos salariales en el Estado, otros viven en la miseria.
¿Qué es lo que va a comprar un empleado público con 5 mil 117 pesos?, se preguntó el ministro Ventura Camejo.
Explicó que se supone que un salario justo mínimo debe corresponderse con el costo de la canasta familiar. Apeló al presidente Medina para que en la parte central de su gobierno, ningún funcionario del Estado gane más que el jefe de Estado. Afirmó que nadie trabaja más que el Presidente de la República, por lo que su salario debe ser el mayor en la administración pública. Dijo que no debe permitirse que un sector del gobierno tenga salarios excesivos, y el 45 por ciento, 5 mil 117 pesos.
Informó que el 80 por ciento de los pensionados también recibe ese mismo salario.
Dijo que ya hay que hacer lo que nunca se había hecho, como es el establecimiento de la disciplina.
Agregó que habló con el presidente Medina y éste lo envió a conversar con las autoridades del Presupuesto, para que se vayan solucionando los problemas relacionados con la Ley de Salarios.
Declaró que la idea es que se priorice en los empleados de más bajos niveles económicos a partir del año que viene.
Acción de justicia
Ventura Camejo dijo que se está por buen camino y es una de las cosas que se está solucionando en la administración pública. Dijo que se trata de una acción de justicia, porque es necesario darles los incentivos a los empleados que más lo necesitan.
Observó que esa tarea también forma parte del concepto de la planificación de la administración pública.
En la actividad estaban presentes los viceministros Pedro Nina, Carlos Manzano y Julio Canelo. Cientos de empleados de las diferentes instituciones participaron en el evento.
El seminario fue impartido por el consultor Frank González, Lorgia Grullón, Geremías Miliano, Reyson Lizardo, el viceministro Canelo y Georgina Rodríguez, subdirectora del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
EL PRESIDENTE SE HA SUMADO AL DEBATE
En los últimos días, el presidente Danilo Medina, el empresario José Luis Corripio (Pepín) y otras personalidades han favorecido un aumento de salario. Inclusive el jefe de Estado afirmó que con un sueldo de 10 mil pesos mensuales nadie puede vivir dignamente.
También las principales centrales sindicales del país han pedido que se convoque al Comité Nacional de Salarios, para discutir un reajuste salarial, lo que fue objetado en principio por organizaciones empresariales, que advierten el riesgo de esa medida para muchas empresas.
listindiario.com
Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.
El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.
El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.
En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.
El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.
Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Santo Domingo, R.D.-Por voluntad propia dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos, decidieron acogerse a la solicitud de extradición de la justicia estadounidense.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.