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Plantea resolver salario mínimo con excedentes de los altos funcionarios
VENTURA CAMEJO FAVORECE NINGÚN FUNCIONARIO GANE MÁS QUE PRESIDENTE
Debate. El ministro Ramón Ventura Camejo habla en la Gobernación Provincial, durante un seminario de Socialización del Plan Estratégico del
MAP, con la presencia de la gobernadora Miledys Núñez y otros funcionarios, celebrado en la Gobernación Provincial de San Francisco de Macorís.
El ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, consideró que con los excedentes de los sueldos que tienen los funcionarios que ganan más que el Presidente de la República, el gobierno debe cubrir el reajuste salarial del 45 por ciento de los servidores del Estado, los cuales reciben un salario de 5,117 pesos mensuales.
Ventura Camejo indicó que la Ley General de Salarios señala que ningún funcionario del gobierno debe ganar un sueldo mayor al del Presidente de la República. Dijo que eso hay que asumirlo con firmeza.
El principal ejecutivo del Ministerio de Administración Pública (MAP) habló durante un seminario de Socialización de su Agenda Estratégica, el cual fue celebrado en la Gobernación Provincial, con la presencia de la gobernadora, Miledys Núñez; el alcalde Félix Manuel Rodríguez, el director regional del Ministerio de Salud Pública, Luis Adolfo Domínguez, y otras autoridades, de acuerdo a lo informado por el vocero de Prensa del MAP, Luis Céspedes Peña.
Precisó que hay instituciones donde sus funcionarios se colocaron salarios caprichosos, pero ya llegó el tiempo de que hay que aplicar la Ley de Salarios. Indicó que mientras unos abusan con excesos salariales en el Estado, otros viven en la miseria.
¿Qué es lo que va a comprar un empleado público con 5 mil 117 pesos?, se preguntó el ministro Ventura Camejo.
Explicó que se supone que un salario justo mínimo debe corresponderse con el costo de la canasta familiar. Apeló al presidente Medina para que en la parte central de su gobierno, ningún funcionario del Estado gane más que el jefe de Estado. Afirmó que nadie trabaja más que el Presidente de la República, por lo que su salario debe ser el mayor en la administración pública. Dijo que no debe permitirse que un sector del gobierno tenga salarios excesivos, y el 45 por ciento, 5 mil 117 pesos.
Informó que el 80 por ciento de los pensionados también recibe ese mismo salario.
Dijo que ya hay que hacer lo que nunca se había hecho, como es el establecimiento de la disciplina.
Agregó que habló con el presidente Medina y éste lo envió a conversar con las autoridades del Presupuesto, para que se vayan solucionando los problemas relacionados con la Ley de Salarios.
Declaró que la idea es que se priorice en los empleados de más bajos niveles económicos a partir del año que viene.
Acción de justicia
Ventura Camejo dijo que se está por buen camino y es una de las cosas que se está solucionando en la administración pública. Dijo que se trata de una acción de justicia, porque es necesario darles los incentivos a los empleados que más lo necesitan.
Observó que esa tarea también forma parte del concepto de la planificación de la administración pública.
En la actividad estaban presentes los viceministros Pedro Nina, Carlos Manzano y Julio Canelo. Cientos de empleados de las diferentes instituciones participaron en el evento.
El seminario fue impartido por el consultor Frank González, Lorgia Grullón, Geremías Miliano, Reyson Lizardo, el viceministro Canelo y Georgina Rodríguez, subdirectora del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
EL PRESIDENTE SE HA SUMADO AL DEBATE
En los últimos días, el presidente Danilo Medina, el empresario José Luis Corripio (Pepín) y otras personalidades han favorecido un aumento de salario. Inclusive el jefe de Estado afirmó que con un sueldo de 10 mil pesos mensuales nadie puede vivir dignamente.
También las principales centrales sindicales del país han pedido que se convoque al Comité Nacional de Salarios, para discutir un reajuste salarial, lo que fue objetado en principio por organizaciones empresariales, que advierten el riesgo de esa medida para muchas empresas.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-Será emitida este miércoles 24 por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional su sentencia sobre la muerte de Joshua Fernández, hecho por el cual están imputados Wesly Dicent Carmona «el Dotolcito«, Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) y Luis Brito Troncoso (Luisito).
La audiencia está pautada para las 4:00 de la tarde.
El joven (19 años) murió producto de un disparo durante un asalto que presuntamente cometieron los imputados en el parqueo de la discoteca Kiss Bar, en el Distrito Nacional.
El Ministerio Pública pidió una condena de 30 años contra alias «El Dotolcito«, al considerarlo el ideólogo del asalto cometido por Chiquito y Luisito. Para estos dos solicitó 40 años de reclusión, por ser los perpetuadores del atraco en que resultó ultimado el joven.
Santo Domingo, R.D.-Los abogados del ex-procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, plantearon este martes que su defendido fue «descargado» por el Consejo Superior del Ministerio Público de toda la acusación que le imputa el Ministerio Público «al no identificar actos irregulares durante su gestión 2016-2020″.
Conforme al MP, Rodríguez, quien está judicializado con el caso Medusa, cometió, junto a otras personas, malvensación de fondos públicos usando los recursos de la entidad mientras estuvo a su frente.
Un documento suministrado a la prensa por los abogados del imputado indica que Carlos Balcácer, Nelys Rivas y Gustavo Biaggi presentaron varios incidentes ante el juez Amauri Martinez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional Amauri, que tutela la audiencia preliminar del caso.
Según la defensa de Rodríguez, luego de revisar los documentos de la gestión del imputado dijo: «se aprueba y ratifica los actos, gestiones, ejecuciones y operaciones llevadas a cabo durante el período 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, y otorga descargo completo, absoluto y definitivo, tan amplio como en derecho fuese necesario, a favor del Procurador General de la República, Dr. Jean Alain Rodríguez«.
«El Ministerio Público revisó dos veces cada peso que se movió en mi gestión«, manifestó Jean Alain Rodríguez en una breve intervención en la sala de audiencias.
Indicó que el Consejo Superior aprobó y ratificó los actos, gestiones, ejecuciones y operaciones llevadas a cabo durante el periodo 16 de agosto de 2016 al 16 de agosto de 2020, tiempo en que el imputado junto a los demás señalados en el juicio estuvieron al frente de la Procuraduría General de la República.
Dijo que la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público establecen que ese órgano ejerce sus funciones conforme a los principios de unidad de actuaciones, jerarquía e indivisibilidad, destacando la ley que sus miembros actúan como un solo cuerpo, lo que significa que si un fiscal otorga hoy un descargo o un archivo a un ciudadano, no puede mañana otro fiscal acusar ese ciudadano por el mismo hecho y es lo que sucede en este caso, solo que el descargo proviene del máximo órgano del Ministerio Público, único responsable de la administración de la institución y de la política de persecución y fue ese órgano que descargó a Jean Alain Rodríguez por los actos contenidos en la acusación.
- «Estos descargos son emitidos por los superiores jerárquicos de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), tanto así que fue este Consejo que designó a Wilson Camacho y a todos los nuevos fiscales de esta gestión«, leyó el Consejo de Defensa al juez.
- Los miembros del Ministerio Público que revisaron el uso de los recursos y que aprobaron los actos y otorgaron los descargos definitivos, incluyen a los procuradores Rodolfo Espiñeira, primer sustituto de Miriam Germán Brito; Pedro Frías Morillo, designado como Procurador Adjunto por el Presidente de la República Luis Abinader mediante decreto No.22-24; y otros 6 destacados miembros del Ministerio Público elegidos por más de 1,500 fiscales, todos los cuales permanecen en sus cargos, ya que han sido ratificados o ascendidos por esta gestión.
SANTO DOMINGO.- En segunda lectura fue aprobado en el Senado de la República el proyecto que modifica la Ley 42-01 General de Salud, para que el Estado disponga la creación de unidades de atención mental y centros de rehabilitación psicosocial en las principales provincias del país.
La iniciativa, del senador Franklin Peña por San Pedro de Macorís, modifica los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley 42-01, para establecer la provisión de redes de atención comunitaria, como viviendas, tutelas, hogares de paso, hospital de días y para el seguimiento ambulatorio a través de los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC).
Dice la normativa en el párrafo del artículo 18, la cual pasa a la Cámara de Diputados para su ponderación, que “es un deber del Estado propiciar de hospitales de salud mental, centro de rehabilitación psicosocial en las principales provincias.
El artículo 36 expresa que el tratamiento de las personas con enfermedades o trastornos mentales o con discapacidad psíquica o intelectual se realizará con apego a los estándares de atención.
Agrega el numeral 3, que se debe proporcionar a estas personas un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible y a criterios de costo-efectividad, en relación al mejoramiento de la salud y bienestar integral de la persona; en tanto, el numeral 6 precisa que “la atención de salud no podrá dar lugar a discriminación respecto de otras enfermedades, en relación a cobertura de prestaciones y tasa de aceptación de licencias médicas.
“El Estado proveerá atención en salud mental a personas vulnerables, en conflicto o no con la ley, sin distinción de edad, nacionalidad, patrimonio, sexo o religión”, precisa la iniciativa.