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Plantea resolver salario mínimo con excedentes de los altos funcionarios
VENTURA CAMEJO FAVORECE NINGÚN FUNCIONARIO GANE MÁS QUE PRESIDENTE
Debate. El ministro Ramón Ventura Camejo habla en la Gobernación Provincial, durante un seminario de Socialización del Plan Estratégico del
MAP, con la presencia de la gobernadora Miledys Núñez y otros funcionarios, celebrado en la Gobernación Provincial de San Francisco de Macorís.
El ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, consideró que con los excedentes de los sueldos que tienen los funcionarios que ganan más que el Presidente de la República, el gobierno debe cubrir el reajuste salarial del 45 por ciento de los servidores del Estado, los cuales reciben un salario de 5,117 pesos mensuales.
Ventura Camejo indicó que la Ley General de Salarios señala que ningún funcionario del gobierno debe ganar un sueldo mayor al del Presidente de la República. Dijo que eso hay que asumirlo con firmeza.
El principal ejecutivo del Ministerio de Administración Pública (MAP) habló durante un seminario de Socialización de su Agenda Estratégica, el cual fue celebrado en la Gobernación Provincial, con la presencia de la gobernadora, Miledys Núñez; el alcalde Félix Manuel Rodríguez, el director regional del Ministerio de Salud Pública, Luis Adolfo Domínguez, y otras autoridades, de acuerdo a lo informado por el vocero de Prensa del MAP, Luis Céspedes Peña.
Precisó que hay instituciones donde sus funcionarios se colocaron salarios caprichosos, pero ya llegó el tiempo de que hay que aplicar la Ley de Salarios. Indicó que mientras unos abusan con excesos salariales en el Estado, otros viven en la miseria.
¿Qué es lo que va a comprar un empleado público con 5 mil 117 pesos?, se preguntó el ministro Ventura Camejo.
Explicó que se supone que un salario justo mínimo debe corresponderse con el costo de la canasta familiar. Apeló al presidente Medina para que en la parte central de su gobierno, ningún funcionario del Estado gane más que el jefe de Estado. Afirmó que nadie trabaja más que el Presidente de la República, por lo que su salario debe ser el mayor en la administración pública. Dijo que no debe permitirse que un sector del gobierno tenga salarios excesivos, y el 45 por ciento, 5 mil 117 pesos.
Informó que el 80 por ciento de los pensionados también recibe ese mismo salario.
Dijo que ya hay que hacer lo que nunca se había hecho, como es el establecimiento de la disciplina.
Agregó que habló con el presidente Medina y éste lo envió a conversar con las autoridades del Presupuesto, para que se vayan solucionando los problemas relacionados con la Ley de Salarios.
Declaró que la idea es que se priorice en los empleados de más bajos niveles económicos a partir del año que viene.
Acción de justicia
Ventura Camejo dijo que se está por buen camino y es una de las cosas que se está solucionando en la administración pública. Dijo que se trata de una acción de justicia, porque es necesario darles los incentivos a los empleados que más lo necesitan.
Observó que esa tarea también forma parte del concepto de la planificación de la administración pública.
En la actividad estaban presentes los viceministros Pedro Nina, Carlos Manzano y Julio Canelo. Cientos de empleados de las diferentes instituciones participaron en el evento.
El seminario fue impartido por el consultor Frank González, Lorgia Grullón, Geremías Miliano, Reyson Lizardo, el viceministro Canelo y Georgina Rodríguez, subdirectora del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
EL PRESIDENTE SE HA SUMADO AL DEBATE
En los últimos días, el presidente Danilo Medina, el empresario José Luis Corripio (Pepín) y otras personalidades han favorecido un aumento de salario. Inclusive el jefe de Estado afirmó que con un sueldo de 10 mil pesos mensuales nadie puede vivir dignamente.
También las principales centrales sindicales del país han pedido que se convoque al Comité Nacional de Salarios, para discutir un reajuste salarial, lo que fue objetado en principio por organizaciones empresariales, que advierten el riesgo de esa medida para muchas empresas.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva dictó el Tribunal de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra los siete implicados en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer de camión recolector de desechos sólidos, perseguido y agredido por un grupo de motoristas en el Palacio de Justicia de Santiago.
El Tribunal dispuso el cumplimento de la medida de coerción la cumplan en los centros de Corrección y Rehabilitación (CCR), ubicados en Santiago, La Vega y Moca, siendo estos Rafey Hombres, El Pinito y La Isleta, respectivamente.
Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.
Tanto los abogados de los imputados, como el defensor legal de la familia de Deivy, expresaron su conformidad con la medida impuesta por el Tribunal, entendiendo que es la adecuada en esta fase inicial de investigación, de acuerdo a los hechos que se le imputan.
“Esta es una etapa iniciaría, en la que el Ministerio Público se prepara para ampliar la acusación, y posteriormente determinar la calificación por personas, porque no todos están en la misma condición”, indicó Russel Aracena, abogado de dos de los imputados en el caso.
Celine Abreu, hermana de la víctima, expresó la conformidad de su familia con la decisión tomada por el juez. “Estamos conformes, vamos a esperar más adelante que se haga la voluntad de Dios, que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley con todo el que tenga que ver”, aseguró.
El Ministerio Público dio la calificación jurídica que define la asociación de malhechores, la premeditación y asesinato, en violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano para los implicados en este caso.
Santo Domingo, R.D.-El magistrado Raymundo Mejia, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aseguró este lunes que el Ministerio Público cometió un error durante el peritaje de las pruebas del caso Jet Set.
Mejía realizó esta afirmación durante la audiencia preliminar en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, afirmando que si hay algo que debe cuidarse durante un proceso legal, es la coherencia.
“Si hay una cosa que hay que procurar en la administración de justicia es la coherencia, no importa que la parte esté a favor o en contra, pero el Tribunal tiene que ser coherente”, afirmó.
Mejía hizo esta valoración al aseverar que la Constitución dominicana garantiza el debido proceso, subrayando que cuando cualquier prueba aportada entra en un proceso legal, estos deben ser notificados a la parte contraria, a fin de que estas puedan tener validez bajo el “principio de contradicción”.
“En pocas palabras, no era posible que se hiciese un peritaje sin la contraparte intervenir”, dijo.
También explicó que si a una de las partes se le impide intervenir en el peritaje, pueden solicitar realizar uno en cualquier etapa del proceso.
Afirmó que un tribunal debe examinar el derecho de defensa para garantizar que el proceso legal se lleve de manera correcta, lo que le permite a la defensa de los hermanos Espaillat realizar su peritaje y defenderse de sus acusaciones en igualdad de condiciones.
“De manera constitucional, el juez tiene la obligación de garantizarle el derecho de contradicción y de defensa a todas las partes, como se lo he garantizado a las víctimas desde el primer momento”, expresó.
Las explicaciones del juez se produjeron cuando la defensa de los Espaillat pidió que se esperen los resultados del peritaje que están realizando en la zona cero de la tragedia para presentar su defensa.
El juez rechazó ese pedimento y les dijo que esa se trataba de una sola prueba, y que ellos podían comenzar su defensa con las restantes. Su idea es que pueden incluir ese peritaje como prueba si los resultados les llegan mientras exponen o, en su defecto, podrían utilizarlo en otra fase del proceso.
Mejía recesó para el este viernes la continuación del juicio preliminar que se sigue en contra de Antonio y Maribel Espaillat.
El magistrado informó que debió reajustar el cronograma la referida fecha, a las 9:00 de la mañana, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los imputados.
Mejía aclaró que la audiencia prevista originalmente para inicios de mayo no podrá efectuarse el día programado debido al asueto correspondiente al Día del Trabajo.
Santo Domingo, R.D.-Gregory Adames, víctima de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreció su testimonio en el que expuso presuntas negligencias y la «insensibilidad» de la administración del establecimiento antes del colapso que cobró la vida de 236 personas y más de 180 personas heridas.
Adames, quien era empleado del establecimiento comercial, dijo ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que la tragedia fue una «muerte anunciada» y que la ambición económica se antepuso a la seguridad de los clientes y empleados.
Según el relato de Adames, los problemas estructurales y eléctricos no eran nuevos y que los propietarios del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, tenían conocimiento de esa situación.
«Desde 2023 había cables provisionales. Los técnicos decían que no se podía abrir, pero él (Antonio) decía que esa semana se abría porque se abría. Prefería resolver con intercambios que invertir en lo que realmente se necesitaba», denunció Adames.
El testimonio detalló una falta de mantenimiento en el techo del local. Adames describió cómo, ante las constantes filtraciones y el desprendimiento de plafones, la solución de la gerencia fue colocar lonas plásticas sobre el techo falso para acumular el agua y vaciarla antes de cada evento, en lugar de reparar la estructura de concreto que ya se estaba desmoronando.
El relato alcanzó su punto más crítico al describir las horas previas al colapso. Adames narró que, tras un incidente con un cliente al que casi le cae un pedazo de techo a las 11:00 p.m., le suplicó a la señora Maribel Espaillat suspender la actividad.
«Doña, usted está pensando en la fiesta que viene, pero lo que nos están advirtiendo puede ser peor» y la respuesta de la propietaria fue que la fecha era «demasiado buena» para cerrar», señaló en sus palabras.
Gregory Adames rechazó que sus declaraciones se deban a envidia o rencor personal, insistiendo en que su motivación es la verdad y el respeto a la memoria de las víctimas, incluidos siete de sus compañeros de trabajo que perdieron la vida.
«Lo que yo escuché ahí dentro no lo vio nadie. Personas llamando, golpeando bajo los escombros… esto no es por envidia, es por la verdad. Aquí hay un pueblo herido porque murieron 230 y pico de personas que pudieron ser cualquiera», concluyó ante el juez en un turno en el que las víctimas tuvieron derecho a la palabra.