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Dan plazo 20 días al Central Romana para desalojar terrenos
Uno de los propietarios de los terrenos, el abogado Salvador Catrain, dijo que el Central Romana Corporation se está apoyando en los resortes del poder para mantener la ocupación ilegal
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República otorgó un plazo de 20 días para que el Central Romana Corporation desaloje de manera voluntaria varias parcelas de terrenos playeros que ocupa en la localidad de Nisibón,en la provincia la Altagracia, y que desde hace varias décadas supuestamente pertenecen a las familias Richiez y Morla.
En nombre de los propietarios de los terrenos, el abogado Salvador Catrain dijo que «el Central Romana Corporation se está apoyando en los resortes del poder para mantener ilegalmente la ocupación de los terrenos».
Indicó que luego de que la Procuraduría General de la República otorgara el auxilio de la fuerza pública para su desalojo, lo que el Central Romana Corporation ha hecho es reforzar la seguridad del lugar, colocando una enorme cantidad de guardianes privados.
“Se trata de un desacato judicial utilizando la fuerza y los resortes del poder, luego de que ellos (Central Romana Corporation) perdieran el caso en los Tribunales de la República, sin ninguna posibilidad de que estas decisiones sean revertidas, pues ya han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada».
Catrain presentó el Oficio No. 03485 y el Auto 043, ambos documentos sellados y firmados por el Procurador General Adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos, en los cuales se conmina al Central Romana Corporation a entregar de manera voluntaria los terrenos a sus auténticos dueños a más tardar en un plazo de veinte (20) días contados a partir de la notificación de la misma, o de lo contrario, se haría un desalojo forzoso utilizando el auxilio de la fuerza pública.
El otorgamiento del auxilio de la fuerza pública para el desalojo se hace en virtud de sentencias en firme emitidas por el Tribunal Superior de Tierras y de la Suprema Corte de Justicia a favor de las familias Richiez y Morla.
De acuerdo con Catrain, quien estuvo acompañado de los representantes de ambas familias, el otorgamiento del auxilio de la fuerza pública tuvo su origen en el expediente sobre terrenos registrados incoado por Central Romana Corporation en febrero del año 2009.
Sin embargo, manifestó que el tribunal restituyó de manera inmediata mediante sentencia de referimiento la posesión de estas tierras a sus legítimos propietarios, las familias Richiez y Morla. “Esas sentencias han sido desacatadas por el Central Romana Corporation, grupo empresarial que desde el inicio del caso ha mostrado poco o ningún respeto por el sistema judicial dominicano.
Catrain indicó que el desacato del Central Romana Corporation al mandato del más alto Tribunal de la República, pone en entredicho la seguridad jurídica del país, y agregó que por ser ésta una empresa con tanto poder y prestigio, la comunidad jurídica en general; así como también la comunidad jurídica internacional, se siente sorprendida con su actitud irrespetuosa y prepotente de ocupar por la fuerza terrenos que no le pertenecen, y que tienen claramente identificados a sus legítimos dueños.
Posición del Central Romana
Recientemente, en un espacio pagado publicado en periódico de papel, el Central Romana afirmó que adquirió estos terrenos en fecha 17 de mayo de 1959 y que ha mantenido “de manera continua, pacífica e ininterrumpida la posesión” de los mismos desde hace 56 años, con una permanente explotación ganadera.
“Unos 30 años después del saneamiento inmobiliario que resultó en la parcela antes indicada y estar el Central Romana Corporation en pleno dominio de su derecho de propiedad y posesión de sus terrenos, terceras personas llevaron a cabo un proceso de localización de posesiones inmobiliarias que resultó en la expedición de títulos de propiedad a su favor”, explica.
Señala que “estas personasn y algunos inescrupulosos especuladores han pretendido que los terrenos que les corresponden son los mismos que pertenecen al Central Romana Corporation y cuyo derecho de propiedad le antecede por décadas”.
Indica que, ante la situación descrita, se han suscitado diversos procesos judiciales que continúan ventilándose ante los tribunales de justicia principalmente relacionados con la localización o ubicación de las parcelas de que se trata.
La empresa advierte que “pretender ocupar los terrenos o desalojar a nuestra empresa de sus terrenos, constituye un serio y grave atentado a su derecho de propiedad consagrado y protegido en la Constitución de la República”.
almomento.net
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.