Análisis Noticiosos
La excesiva desigualdad social emponzoña la pobreza
La distribución local de la renta sigue generando una pobreza que lleva aparejada la exclusión social y acentúa los contrastes entre ricos y pobres, como en toda América Latina
Los arrabales se multiplican, aparecen en llanos y montañas, alojando poblaciones expuestas a derrumbes y a la contaminación ambiental. Archivo
No somos ya un país descalzo. Y aunque por la extrema desigualdad unos lleven zapatos de marcas exclusivas y otros de medio uso, comprados en regueras, lo cierto es que salvo algún muchachito de esos que desandan las calles en su diario entrenamiento en la escuela del delito, no vemos pies al aire. ¡Todos estamos calzados! Pero mientras caminamos miramos con recelo a uno y otro lado, atemorizados, espantándonos hasta de nuestra sombra. ¿Qué ha ocurrido?.
Al caminar asoman signos de ostentosa riqueza, de provocadora opulencia, vemos el dinero correr sobre ruedas en yipetas de lujo, tomar alturas en torres y elevados, extenderse por plazas comerciales con seductoras ofertas que pretenden saciar la voracidad de un consumismo enloquecedor que nos hace perder valores, vivir estresados, ansiosos, frustrados.
Exclusión y violencia. La distribución de la renta sigue generando una pobreza que lleva aparejada la exclusión social, acentúa los contrastes entre ricos y pobres, como en toda América Latina, la región más desigual pero también la más violenta, aunque despierta esperanzas Brasil, adonde Lula arremetió contra la pobreza. Y conforta la sencillez de Mujica, presidente de Uruguay, que en estos tiempos de ostentación prosigue su vida con modestos bienes.
Al repartir las riquezas, en República Dominicana persisten las asimetrías de tiempos pretéritos, con la diferencia de que antes la población no tenía las expectativas sociales que hoy perviven en todos los estratos de la sociedad, induciendo a acciones ilícitas que engendran violencia.
La corrupción, el robo impune al Estado cobra ribetes insospechados, desbordan la delincuencia y la prostitución, el tráfico y consumo de drogas. El narcotráfico, con un alto grado de conexión con la economía formal a través del lavado de activos, se cuela por los resquicios de las ansias de poder, de tener y de placer que compulsivamente lleva a delinquir a personas de clase alta, media y baja. Encuentra un caldo de cultivo en la pobreza, penetrando en un marco de desigualdades sociales, de desintegración familiar.
¿Qué ha sucedido? Más de una vez nos lo advirtieron, pero rehusamos oír, negativa que también es parte del hechizo. Hemos cambiado, deslumbrados por modelos de éxito que fundamentan la felicidad en el tener y el placer.
Vivimos seducidos por el estilo de vida de los ricos, arrobados ante el lujo y el confort, los vehículos y apartamentos de lujo, viajes, fiestas, espectáculos, resort. Y si no accedemos a esos bienes y servicios, nos sentimos frustrados, ansiosos, violentos.
¿Qué ha sucedido?, nos preguntamos unos a otros cuando a diario estalla la violencia dentro y fuera del hogar. Homicidos, feminicidios, asaltos y robos que no respetan templos, tarjas, puentes ni hidrantes.
Personas de diferentes estratos se insertan a redes mafiosas, caen en ajustes de cuentas, los barrios quedan ensangrentados con la gran cantidad de jóvenes, de presuntos o reales delincuentes acribillados día tras día por la brutal represión policial.
Impacto en los pobres. Todos estamos calzados, ni siquiera vamos zapatos en manos como los abuelos campesinos para no estropearlos, o quizás para dar un respiro a sus pies negados a andar enjaulados. Calzados hay, comprados en el mercado de pulgas, que prospera en un país con tanta gente que calza y viste de medio uso pese al relumbrón del crecimiento económico. Al caminar vemos por doquier los símbolos de la desigualdad. Los pobres se deslumbran con la opulencia. Conscientes de la falta de oportunidades, de movilidad social por el estudio y el trabajo, muchos se resignan, impotentes en su pobreza de caminos cerrados.
Y siguen en su mísero hábitat soportando la violencia de una cotidianidad infernal a orillas de ríos o al borde de precipicios, entre aguas negras y basureros que arropan el caserío de callejones laberínticos y cañadas pestilentes como la riqueza mal habida.
Familias numerosas, el padre triciclero, la mujer en servicios domésticos, los hijos en la calle o solos en la casa, víctimas de accidentes o de violación, niños y niñas prostituidos, utilizados en la venta de drogas. Los abuelos mendigando o “buscándosela” por los mercados, ancianos indefensos sin protección social. Familias en una sola habitación, con letrinas colectivas, iluminando apagones con velas que carbonizan infantes.
Otros se rebelan. Ante la ostentación otros, principalmente jóvenes, se sienten excluidos, iracundos al no poder satisfacer sus ansias de consumo. Y deciden tener dinero, ¡no importa cómo! Y lo consiguen. No tienen que romper la vitrina como en la poblada de abril de 1984.
Delinquir es el camino, la vía ilegal que vieron tomar a funcionarios ilícita e impunemente enriquecidos con la creciente corrupción, a poderosos narcotraficantes y los potentados que los apoyan. Se agrupan en bandas delictivas o se ponen al servicio de los narcos, y los barrios quedan minados de puntos de drogas. Dinero tienen y les basta, pero con él no se compra un antídoto contra la rabia que sienten por la exclusión.
¿Hacia dónde nos conduce este segundo decenio del siglo XXI sin respuestas idóneas contra la pobreza y la desigualdad?
El Gobierno gasta millones de pesos en planes sociales ineficaces, Tarjetas de Solidaridad poco solidarias porque reproducen la pobreza. Mientras, la avaricia mantiene la acumulación excesiva de los ricos, el individualismo atrapa a una sociedad indiferente, ciega a las penurias de los desposeídos, de quienes recelan, en quienes ven potenciales asaltantes, porque el perfil del delincuente tiene ropaje de pobre.
¿Acaso no acaba de ahorcarse un joven, humillado al ser acusado de robarse unas chancletas?
Privaciones de los pobres resaltan con extravagante consumo de ricos
La elite económica y social incluye un 6% de la población, alrededor de 142,500 hogares integrados por unas 570,000 personas. Poseen capacidad financiera para costearse un consumo conspicuo, una vida principesca sustentada en una economía en dólares, con activos y cuentas bancarias suficientes para proteger económicamente a la generación por venir.
No les basta el dinero, buscan poder, influencia, los mueve la competencia en los negocios, en empresas fortalecidas con alianzas y franquicias, incursionando en nuevos renglones de la economía.
Viven en alucinante fasto, unos más moderados, otros bajo la borrachera del consumo suntuario, sin prurito ante una pobreza que la ambición sin límites provoca. Entre las riquezas surgidas del esfuerzo de vida están las fácilmente ganadas y joyas, escandalosamente derrochadas, joyas, vehículos del año, obras de arte compradas en galerías de París y de Londres. Durante sus periplos por el mundo se hospedan en los mejores hoteles o en sus residencias en Europa y Estados Unidos, frecuentan costosos restaurantes, espectáculos artísticos en Nueva York, Berlín o París.
En el pico de la pirámide se insertan altos funcionarios del Gobierno, políticos corruptos que dilapidan los dineros del Estado. Sus familias exhiben un consumo dispendioso, invierten en torres, edificios completos, mansiones y villas veraniegas cotizadas en cifras fabulosas.
El Estado ha sido incapaz de responder, el gasto social se convierte en dádivas cargadas de paternalismo y de proselitismo político.
Las políticas sociales deberán aplicar fórmulas tendentes a reducir la pobreza y la exclusión, que garanticen un régimen de derecho, la igualdad de oportunidades a la salud, a la educación y otros servicios. Superar los esquemas clientelistas y asistenciales, propiciando fuentes de empleo productivo.
Durante decenios, los gobiernos se han quitado presión social, siendo permisivos con la emigración, más aún desde que las remesas se convirtieron en soporte de la economía. No importaba la ilegalidad y el peligro de los viajes en yola, los naufragios y muertes, la desintegración familiar y sus nefastas consecuencias. Ese recurso se agota, hace años regresan grupos deportados de EU, y otros retornan expulsados por la crisis económica en Europa.
Las claves
1. Sin soporte social
Por vía del mercado y de la competencia la sociedad incentiva el consumo, a todos llega la promoción y el deseo de disfrutar del estilo de vida ofertado por los medios de comunicación. Pero no hay soporte social para acceder a tan elevados niveles de consumo. Las mayorías no tienen posibilidad de sufragarlos, el estudio ni el trabajo pueden enriquecerlos con la rapidez que su ansiedad demanda. Surge la frustración ante esas ansias de consumo insatisfechas, impulsando la búsqueda de vías ilícitas para saciarlas.
2. No es la pobreza en sí
La pobreza no es en sí la generadora de violencia, un fenómeno multicausal en el que intervienen factores psicosociales, condicionantes económicos, culturales. Sin embargo, la pobreza lleva consigo la exclusión, la frustración de una vida sin oportunidades, lo que facilita reacciones agresivas. Esa frustración, fruto de la desigualdad en una sociedad obsesionada por el consumo, genera violencia.
3. Seguridad
La clase alta y media alta ya no disfrutan su riqueza con la tranquilidad de antes, temen un secuestro, robos, asaltos. Quieren preservar su riqueza, no totalmente blindada. Hay fisuras pese a los sistemas de seguridad con tecnología de punta, discretos dispositivos, cercas virtuales y sensores de alerta.
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Análisis Noticiosos
El Caribe lleva la delantera en legislación contra el plástico en América Latina.
Legislar contra el plástico en América Latina: el Caribe lleva la delantera y Centroamérica se queda atrás
Bogotá.-El plástico es uno de los materiales más ubicuos de nuestra sociedad. Está en los celulares, en la ropa y en los empaques en los que llegan los domicilios. Es tanta su ubicuidad que, en forma de microplásticos, también se ha identificado en el hígado, el intestino y el cerebro humano, y en la fosa de las Marianas, a 6.800 metros de profundidad en el océano Pacífico. La relación con el plástico encaja perfectamente en lo que es una “relación tóxica”: contamina ecosistemas terrestres y marinos, afecta la salud humana y, pese a esto, en 2023, según la Organización de las Naciones Unidas, su producción mundial alcanzó los 436 millones de toneladas métricas.
A pesar de la evidencia, no hemos podido terminar esa relación. En 2025, casi cuatro años después de que los países acordasen crear un tratado global contra la contaminación por plástico, las negociaciones entraron en un paréntesis: se suspendieron en agosto y Luis Vayas-Valdivieso, el ecuatoriano que las presidía, renunció. El 7 de febrero de 2026, tras una votación en Ginebra (Suiza), el cargo volvió a quedar en manos de un latinoamericano: en las del chileno Julio Cordano, director de la División de Medio Ambiente de la Cancillería y de quien, se espera, le pueda dar un nuevo aire a las negociaciones. “Tenemos el reto de lograr consensos que sean realistas, pero ambiciosos, algo crucial para el éxito del acuerdo”, señaló en un comunicado Cornado tras ser elegido.
“La lucha contra los plásticos ha sido una con un sello latinoamericano desde el origen”, comenta Alberto Quesada, experto internacional en contaminación marina y gestión de residuos plásticos, y que ha participado como observador de las negociaciones desde su inicio. “Perú, de la mano de Ruanda, fue la que presentó la resolución para el tratado”. De forma más lenta de lo que requiere la emergencia —una que se empezó a anunciar desde los años 60—, los países de América Latina y el Caribe también han creado leyes para regular el plástico, una necesaria carrera en la que las islas del gran Caribe van liderando.
Caribe a la vanguardia, Centroamérica atrás
La avalancha de plásticos no es ajena a América Latina y el Caribe. En los años 80, el consumo promedio anual por habitante era de 7 kilogramos, pero actualmente alcanzó los 35. Aunque es una cifra por debajo del promedio global (50 kilogramos), las proyecciones indican que, si no cambian las tendencias, en dos décadas será de entre 60 y 80 kilogramos. Los cálculos son de la Alianza Global de Alternativas a la Incineración (GAIA) y Break Free From Plastics (BFFP), organizaciones que también hicieron el ejercicio de rastrear si los países de la región tienen alguna ley o marco que los regule.
De 34 países –y para mediados de 2025–, 23 tenían alguna legislación nacional específica, tres contaban con normas departamentales o estatales, y solo siete (el 20%) estaban en blanco. Pero si se tiene en cuenta el reciente decreto federal de Brasil que, entre otras cosas, exige un contenido mínimo de material reciclado en envases de plástico, empezando porque sea del 22% desde 2026 y aumente gradualmente a 2040, el número de países con legislación actual es de 24. Mientras en el Caribe todos los países han aprobado alguna normal nacional, en Centroamérica y México solo lo han hecho el 38% y, en Sudamérica, un 50%.
Legislación contra los plásticos en América Latina y el Caribe
En el Caribe, por estar conformado de islas, donde el mar es cercano, el exceso de plásticos evidente, y el cambio climático golpea fuerte (el petróleo es la principal materia prima para la fabricación de la mayoría de plásticos), los países han sabido actuar más pronto. Como recuerda Quesada, en 2007 se convirtieron en uno de los primeros lugares en crear un plan regional sobre basura marina. Pocos años después, en 2012, Haití fue pionero en el subcontinente al prohibir ciertos productos plásticos de un solo uso, aunque, como señala el reporte, “la puesta en práctica de la legislación enfrenta desafíos significativos”. Con diversas leyes, además, Antigua y Barbuda dio la parada para hacer las normas más estrictas. Desde 2018 prohibió los recipientes de poliestireno expandido (conocido como icopor, unicel, telgopor y plumavit), así como los plásticos de un solo uso. Algo que no han logrado muchos.
En América Latina y el Caribe, los productos que más se han prohibido son las bolsas plásticas (88%), las pajillas, popotes o pitillos (63%), el poliestireno expandido (51%) y los contenedores de alimentos (43%).
Prohibición específica de productos plásticos en América Latina y el Caribe
Adméas, a través de metodologías que se han realizado para otros artículos científicos, el trabajo de Rodríguez apunta que, en la región, la producción primaria de resinas plásticas se concentra casi en su totalidad en cinco países asociados a la existencia de la industria petrolera: Brasil, México, Argentina, Colombia y Venezuela. Hacerle trazabilidad a la botella de plástico que llega a nuestras manos no es fácil: tiene varias materias primas y no hay transparencia desde los sectores en decir desde dónde vienen los insumos. Esa falta de información pública se suma a la lista de por qué no hemos sido capaces de cortar la relación con los plásticos.
elpais.com
Análisis Noticiosos
La jurisdicción contenciosa administrativa, una caricatura del sistema de justicia.
Por José Cabral.
En una sociedad como la dominicana, donde los antivalores aparecen en todos los escenarios, fruto de una herencia histórico- cultural fundamentada en el caudillismo, el machismo, el patriarcado, el amiguismo, entre otras distorsiones, es lo que explica que el país haya caído en dictaduras férreas como las de Pedro Santana, Ulises Heureaux (Lilí y la de Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Esta vocación dictatorial todavía perdura en muchos dominicanos, ya que, aunque se salió de esos gobiernos violadores de derechos humanos fundamentales, pero aún perdura la tendencia en el país, máxime cuando una persona adquiere cierta autooridad a través de la administración pública, la inclinación por las arbitrariedades que provienen del poder.
Entonces, a partir de esa premisa se puede decir que la jurisdicción contenciosa administrativa juega un papel de primer orden en el sistema de justicia nacional, porque tiene la sagrada misión de juzgar a la administración frente a los abusos que se cometen en contra del administrado.
Los avances en esta rama del derecho que se observan en los textos de las leyes 13-07 y 107-13, las cuales son una continuación de lo que consignan los artículos 164 y 167 de la Constitución de la Republica, no parecen que jueguen su papel en el marco del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país desde el año 2010.
La jurisdicción contenciosa administrativa parece que se ha quedado estacionaria en lo que disponía la Ley 1494 de que a través de ella la administración se juzgaba a sí misma, mediante la llamada justicia tenida, ya que sus sentencias son una especie de bochorno y evitan que el ciudadano pueda recurrir en contra de la conducta abusiva del funcionario público.
Las sentencias de los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa son la principal frustración y negación del proceso de constitucionalización del derecho, cuyas ponderaciones dejan mucho que desear y son decepcionantes para que el administrado logre sobreponerse a los atropellos de la administración que ya no encajan en el contexto del neo-constitucionalismo.
Naturalmente, hay que decir que el fenómeno no es exclusivo de la jurisdicción contenciosa administrativa, sino de todo el sistema de justicia, en el que se observa que se producen graves violaciones a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, así como de principios como el de celeridad procesal, el plazo razonable que devienen en justicia tardía, que no es otra cosa que denegación de justicia.
Todo este cuadro dice claramente que en el país todavía no se ha superado la denominada constitución de fachada, es decir, que la misma es muy bonita en el papel, pero que la práctica es una negación de ella, lo cual deja muy mal parada a la democracia nacional.
Sin embargo, hay que ratificar que lo que se observa en la jurisdicción contenciosa administrativa llena de vergüenza a los que de alguna manera abogan por una mejor administración de justicia, cuyas principales decisiones casi siempre terminan en nulidad mediante los recursos de revisión en esta materia elevados ante el Tribunal Constitucional (TC)
Lo interesante de las debilidades que se observan en todo el sistema de justicia es que en los discursos de los que lo representan, como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el país camina tan bien en esta materia que habría que compararlo con las naciones donde el estado de derecho tiene un real y contundente empoderamiento.
¿Percepción o realidad?
Por José Cabral
En la República Dominicana se estila hablar de que en el país se ha avanzado en lo referente al Estado Social Democrático de Derecho, lo cual sólo existe en la cabeza de los que se la pasan proyectando una percepción que nada tiene que ver con la realidad.
Puede decirse que el proceso de constitucionalización del derecho se produce en el papel, pero no en la realidad, lo que crea una serie de incertidumbres en la sociedad.
La jurisdicción contenciosa administrativa es una que no hay forma de que tenga un desempeño en función de una buena administración de justicia, porque si el funcionario público incurre en graves violaciones de los derechos fundamentales, peor pasa con los jueces de la misma, quienes no hay forma de que demuestren que se manejan en función del impacto de los valores y principios constitucionales en sus decisiones, lo cual es definitivamente una negación de los supuestos avances en esta materia.
Las sentencias de la jurisdicción contenciosa administrativa son una especie de caja de resonancia de los pedidos en sus conclusiones de la Procuraduría General Administrativa, cuyos contrasentidos jurídicos son el pan de cada día en las audiencias de sus diferentes salas, lo que impacta negativamente al ciudadano.
Por el momento quiero reproducir una carta enviada al presidente del Tribunal Superior Administrativa ante una decisión tomada en virtud de la solicitud de una medida cautelar frente a los abusos que comete la empresa Distribuidora del Norte (EDENORTE) en contra de los usuarios.
Sin embargo, la falta de razonabilidad y racionalidad de los jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA), principalmente de su presidente, causa más indignación que los atropellos que comete el órgano del Estado que maneja la referida empresa.
A continuación reproduzco la carta enviada al presidente del TSA a propósito de su sentencia mediante la cual niega una medida cautelar, cuyo razonamiento, aparte de ridículo, revela hasta donde en el país se cuenta con una Constitución de fachada, cuyo respeto a los derechos fundamentales sólo existe en el texto, pero no en la realidad.
Señor
Magistrado Diomedes Y. Villalona G.
Presidente del Tribunal Superior Administrativo
Magistrado Villalona:
La presente es para dejar sentada mi indignación por la reiteración de decisiones que dejan muy mal parada a la jurisdicción contenciosa administrativa en la República Dominicana, cuyo desempeño deja mucho que desear, a pesar de que se enarbola que su base de sustentación es el nuevo constitucionalismo que se rige por valores y principios.
El mejor ejemplo de que la jurisdicción contenciosa administrativa se maneja con un nivel de razonabilidad y de racionalidad que no supera lo que ocurre en los juzgados de paz o tribunales inferiores, donde las decisiones son generalmente muy superficiales y carentes de una aceptable ponderación, es la sentencia emitida y que genera la presente comunicación.
La última joya del presidente del Tribunal Superior Administrativo ante los abusos cometidos por la Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), la cual ha incurrido en una serie de atropellos que revelan que los derechos de los consumidores y de los administrados están en manos de juzgadores que sólo sirven como caja de resonancia de los funcionarios públicos que actúan al margen de la Ley 13-07 y de la 107-13, así como de la 1494, ya que su misión no parece ser otra que imponer una carga procesal y económica que se agrava cuando finalmente se emite un fallo carente de toda lógica jurídica en detrimento del impetrante y en favor del impetrado..
En este sentido, he querido dejar sentado mi rechazo al comportamiento y el daño que genera esta jurisdicción contenciosa administrativa en detrimento de un buen derecho, de una buena administración de justicia, que deteriora la imagen del sistema de justicia en la República Dominicana, dado que en el fallo se establece qué tan grande es su falta de razonabilidad al negar una medida cautelar en virtud de un corte del servicio de electricidad que lleva varios meses bajo el argumento de que no se aportaron pruebas de que el recurrente no tiene el referido servicio, pese a que la propia ley ofrece la respuesta al respecto.
Cómo se puede entender semejante decisión, ya que es un contrasentido que el recurrente diga que se le cortó arbitrariamente el servicio de energía eléctrica y que mediante la medida cautelar solicite la reconexión del mismo, pero que, en un choque con cualquier razonamiento lógico, máxime cuando la parte recurrida no ha invocado lo contrario de lo alegado por el cliente, el tribunal niegue el pedido sustentándose en que no se aportaron las pruebas al respecto, sobre todo cuando el órgano se niega a entregar documentos que comprometan su irresponsabilidad e ilegalidad.
La realidad es que ese desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa es una vergüenza ante el proclamado empoderamiento del neoconstitucionalismo, que se basa en la aplicación de valores y principios que van de las manos con los derechos humanos fundamentales.
La decisión tomada en torno a la medida cautelar es una especie de anuncio anticipado de que el recurso que tiene que ver con el fondo también será fallado en contra, en razón de que, como digo más arriba, la decisión tomada deja muy claro que las acciones de cualquier administrado es un esfuerzo perdido por los criterios con que se maneja la jurisdicción contenciosa administrativa en el país, convirtiéndose en una vergüenza para el derecho comparado, interamericano e internacional.
El mejor consejo para cualquier administrado abusado por la administración es desistir de buscar justicia en la jurisdicción contenciosa administrativa por representar una vergüenza para el sistema de justicia nacional, ya que como lo dije más arriba sus decisiones están determinadas por los contrasentidos jurídicos que invoca generalmente la Procuraduría General Administrativa, cuyos procesos para lo único que sirven es para aumentar la carga procesal y costos económicos en desfavor del ciudadano a través de notificaciones arbitrarias y abusivas.
Este desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual todavía está estacionaria en la llamada justicia retenida, mediante la cual la administración se juzga a sí misma y cuyos jueces eran designados por el Poder Ejecutivo, igual que el que preside la Procuraduría General Administrativa, llena de vergüenza a cualquier buen dominicano, dado que se supone que el Tribunal Superior Administrativa está bajo el control y la tutela de la Suprema Corte de Justicia en virtud del mandato de la Ley 13-07.
Evidentemente que la decisión de negar la medida cautelar tiene el propósito de condenar al fracaso la demanda principal en razón de que impone que el recurrente tenga que negociar con EDENORTE para restablecer el servicio y de ese modo disponer la inadmisibilidad de la misma por existir un acuerdo que deja sin sentido el pedido principal de la parte recurrente que, entre otras cosas, busca una indemnización por los daños morales y materiales causados.
No está de más recordar que el artículo 22 de la Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas ante la Administración y el derecho a la defensa establece que la administración debe probar sus alegatos. El procedimiento sancionador obliga a la administración a sustentar la validez de sus actos y pruebas, además que existe la carga de la prueba que en los procedimientos sancionadores la administración pública tiene la obligación de probar los hechos que fundamentan sus decisiones contra un ciudadano en función del principio de legalidad, ya que el funcionario público está limitado por las normas de procedimiento y la Constitución, no pudiendo actuar sin sustento probatorio, ya que la presunción de validez no es absoluta. Otro principio violado por la jurisdicción contenciosa administrativa es el de celeridad, consignado en el artículo 19 de la Ley 107-13, en cuya virtud las actuaciones administrativas se realizarán optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en plazo razonable que, en todo caso, no podrá superar los dos meses a contar desde la presentación de la solicitud en el órgano correspondiente, salvo que la legislación sectorial indique un plazo mayor. En especial, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los efectos de que los procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones injustificadas, de manera escrita o a través de técnicas y medios electrónicos. La medida cautelar solicitada por el impetrante fue fallada en contra de lo que dispone al articulo 7 de la Ley 13-07, Orgánica del Tribunal Superior Administrativo, la cual se conoció el 16 de diciembre y fue fallada el 22 de enero, pese a que se habla de cinco días después de la celebrada la audiencia en la que las partes plantean sus conclusiones, principalmente cuando hay una afectación mayor, porque el recurrente no tiene servicio de energía eléctrica y que en consecuencia todas las labores comerciales y empresariales están paralizadas y la reactivación está determinada por el fallo de la misma.
Este es un ejemplo de que en el país existe una Constitución de fachada que niega los supuestos avances y fortalecimiento del Estado Social Democrático de Derecho, lo cual es una explicación de que República Dominicana es una sociedad que vive más de la percepción que de la realidad.
Sin otro particular,
José Antonio Cabral Salcedo.