Análisis Noticiosos
El dilema de Danilo ante la Corte Interamericana
Por Juan Bolívar Díaz
La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucional el instrumento de ratificación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obligaría al presidente Danilo Medina a someterla de nuevo al Congreso Nacional o cargar la responsabilidad de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos.
La denuncia de la Convención conlleva un año de preaviso, período en que seguirían surtiendo efecto violaciones de derechos humanos y no invalidaría las condenas emitidas por la CIDH, cuyo incumplimiento podría ser dilucidado en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y otros foros internacionales.
Una carga bien pesada. Es criterio generalizado entre especialistas en derecho constitucional y relaciones internacionales que la sentencia 256-14 del TC constituye una carga muy pesada para el Gobierno del presidente Medina, que ha consumido tiempo y energía durante los últimos 14 meses tratando de paliar la reprobación universal desde la emisión de la sentencia 168/13 que dejó sin nacionalidad a decenas de miles de dominicanos descendientes de inmigrantes irregulares, en gran proporción haitianos.
Entre septiembre de 2013 y mayo pasado el Gobierno tuvo que concentrar esfuerzos para afrontar las consecuencias de la sentencia que desconoció retroactiva mente hasta 1929 los registros de nacimiento de decenas de miles de personas, lo que generó un amplio rechazo internacional y una profunda división nacional. Durante ese período, el presidente Danilo Medina y sus principales colaboradores del Ministerio de la Presidencia tuvieron que emplearse a fondo para buscar “una salida humanitaria” a la masiva y grave exclusión.
La mayoría de los dirigentes del partido de Gobierno y de sus aliados parecieron ignorar la posición del mandatario y se sumaron a los planteamientos ultranacionalistas que reivindican una soberanía absoluta que los tratados internacionales han relativizado. Creyeron encontrarla en la aprobación y promulgación de la Ley 169-14 que devuelve la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes irregulares que no hayan incurrido en falsedad de escritura pero obligaba a inscribirse como extranjeros al segmento que nunca fue inscrito en el Registro Civil.
En medio de denuncias sobre incumplimiento de esta ley y acabando de ampliar el estrecho plazo que se otorgó a los nacidos en el país carentes de registro civil, el Gobierno se enfrentó a la sentencia condenatoria de la CIDH y al reactivo dictamen del TC que complica las relaciones exteriores del Estado dominicano, con grave responsabilidad sobre el presidente Medina, situación en la que el Gobierno no quería verse comprometido.
Serias consecuencias. Expertos, como Eduardo Jorge Prats, han sostenido que para denunciar la Convención se requiere una previa reforma constitucional, en virtud del artículo 74.3 de la Carta Magna que indica que “Los tratados, pactos y convenios relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado.
La denuncia conlleva muchos riesgos. El primero será afrontar un escenario internacional todavía más desfavorable que el que en el último año trajo al país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al secretario general de las Naciones Unidas, al presidente de la Unión Europea y al vicepresidente de Estados Unidos, movidos por el interés de abrir a la nación espacio de reconciliación con el derecho internacional.
Baste advertir que esta semana se produjo un hecho tan inesperado como la declaración del Gobierno de Uruguay que deploró el intento de desconocer la CIDH “porque podría tener consecuencias jurídicas que debilitarían el compromiso de República Dominicana con el sistema interamericano de derechos humanos” y reafirmó la posición uruguaya de “firme respaldo” al mismo y a sus dos órganos fundamentales, la Comisión y la Corte Interamericanas.
Así como en el país han sido escasos los expertos que han defendido las sentencias del TC, en el exterior lo que puede esperarse es comunicados como el de esta semana de 52 organizaciones encabezadas por Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación Robert Kennedy y la Oficina para América Latina de la Conferencia Nacional de Iglesias de Estados Unidos. El Caucus Negro del Congreso estadounidense y un grupo de estados africanos han mantenido expectativa de que la desnacionalización masiva sea revocada, y se dice que prestos a declarar boicots contra la República Dominicana, bajo acusación de discriminación racial y apatridia. Todo lo que puede esperarse será dañino para la imagen de un país muy dependiente del turismo, remesas, la inversión y el crédito internacional. Situarse fuera del derecho internacional implica riesgos.
Mandarla al Congreso. Las demandas internas para que el Gobierno evite denunciar la Convención y convertirse en paria de los derechos humanos, incluyeron esta semana a 36 organizaciones, y no son muchas más por temor al chantaje nacionalista pero la preocupación abarca a importantes sectores empresariales.
Frenando el derrotero de simple rechazo de la sentencia de la CIDH, el canciller Andrés Navarro anunció al comenzar la semana que el Gobierno había decidido iniciar una serie de consultas con los expertos constitucionalistas y en derecho internacional. Se sabe que varios de los más acreditados han sido ya escuchados y que fuera de los militantes en los grupos nacionalistas, hay consenso sobre la “orfandad jurídica” de la sentencia del TC.
En un panel realizado el miércoles en Teleantillas, los juristas Carlos Salcedo, Francisco Alvarez Valdez, Naseff Perdomo y Fernanda Frías coincidieron en declarar vergonzosa y carente de argumento la sentencia. Ellos, como antes Jorge Prats y Flavio Darío Espinal, señalaron que una salida para el presidente Medina, sin contradecir la sentencia del TC, podría ser enviar al Congreso la declaración de adhesión a la CIDH solicitándole una nueva ratificación.
Eso no sería del agrado de los radicales nacionalistas, pero remitiría el debate a un escenario legítimo y pluripartidista y el presidente no cargaría él solo con la responsabilidad de denunciar el sistema de derechos humanos con argumentos risibles.
Consultar a la misma CIDH. El punto 22 del dispositivo de la reciente condena de la CIDH da un plazo de un año al Estado dominicano a partir de su notificación para “rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma”, por lo que el Gobierno no tiene que precipitar ninguna decisión.
Tiene derecho incluso a apelar a la misma corte acogiéndose al artículo 67 de la Convención, que aunque plantea que el fallo de la corte es definitivo e inapelable, “En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretaría a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la notificación del fallo”.
Con ratificar que se estudia la situación y pedir la consulta, que podría incluir la pregunta de si es posible desconocer la corte sin denunciar la Convención, se ganaría tiempo y el Gobierno podría desplegar una estrategia destinada a buscar apoyo para ver con frialdad las consecuencias de la ruptura y de un “ilícito internacional”, como lo calificó el exembajador ante la OEA Roberto Alvarez, que generaría por lo menos aislamiento.
Si en el ínterin se decide cumplir la Ley 169-14, entregando las actas de nacimiento retenidas ilegítimamente, podría fortalecerse la posición de que el Estado trata de evitar la apatridia. En organismos internacionales hay desconcierto porque a seis meses de promulgada esa ley apenas un puñado de los desnacionalizados han recibido sus documentos.
Para todo eso se precisa un mayor protagonismo presidencial, por ejemplo para persuadir a la Junta Central Electoral para que acate definitivamente la ley que dispone la entrega de las actas de nacimiento y cédulas a los hijos de inmigrantes irregulares que no hayan sido responsables de falsificación de documentos, que son la inmensa mayoría.
Si Danilo Medina quiere seguir gobernando sin contradecir a los ultranacionalistas, no tiene ninguna opción que no sea cargar con la responsabilidad histórica de denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos y dejar a la sociedad dominicana sin ese recurso.
LA CLAVE
Sobre la JCE
Se precisa un mayor protagonismo presidencial para persuadir a la Junta Central Electoral para que acate definitivamente la ley que dispone la entrega de las actas de nacimiento y cédulas a los hijos de inmigrantes irregulares que no hayan sido responsables de falsificación de documentos.
En México, la alerta de las inundaciones recientes llegó “cuando la ola ya estaba encima”, según dijo un testigo. En Haití, el huracán ‘Melissa’ no llegó, pero fue el país del Caribe donde más muertes dejó el potente ciclón. Los desastres se vuelven catástrofes por sistemas que se omiten y presupuestos que se desvían
Podemos hablar del paso de los huracanes y tormentas como si fueran una serie de números y nombres que desfilan: Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda, Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa. El último de esta temporada 2025 en el Atlántico, Melissa, dejó al 77% de Jamaica sin electricidad, al menos 28 muertos, más de 25.000 personas en refugios de emergencia; a Haití con 40 fallecidos, decenas de desaparecidos y más de 160 viviendas inundadas; a Cuba con 735.000 personas evacuadas.
Y pensamos en esas personas —las afortunadas— que siguen con vida, pero que perdieron sus hogares y que no tienen dinero para reconstruirlas; que con el tiempo terminarán por reconstruir(se) hasta que el paso de un futuro huracán les vuelva a atravesar por la mitad.
Empezamos, entonces, a asimilar mejor el concepto de “injusticia climática” cuando desciframos estas cifras en el periódico y vemos los encabezados que compiten en grandilocuencia: “el más devastador”, “el más fuerte”, “el más destructivo”. Atravesados como rayo por la palabra cambio climático.
Es más difícil pensar en conceptos y cifras cuando estos se viven en carne propia. Es, también, más difícil tomar distancia de estas tragedias para preguntarse qué convirtió estos desastres en catástrofes humanitarias, crisis de salud pública y económicas. ¿Qué tuvo que acontecer para que esto sucediera?
Quisiera hablar de desastres en un sentido más amplio. En México, hace tan solo unas semanas, lluvias torrenciales en cinco estados provocaron la muerte de al menos 70 personas y otras 70 más siguen desaparecidas. Se estima, también, que hay más de 100.000 viviendas afectadas. Cuando nos preguntamos qué pasó, los sobrevivientes hablan: “La alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
Y entonces, empezamos a entender el tipo de cosas que tienen que acontecer para que lo inevitable suceda.
En su momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no se escatimaría en recursos para atender a víctimas y que este año se aprobaron 19.000 millones de pesos mexicanos (unos 1.200 millones de dólares) para la atención de desastres.
Pero la atención no es lo mismo que la prevención. Como no es lo mismo salvar vidas que resarcir daños y enterrar muertos.
Cuando vemos los masivos recortes presupuestales a los sistemas de alerta temprana en México, en beneficio al tren Maya, a PEMEX, entre otros, entendemos por qué, el sistema mexicano de protección civil, que fue único e innovador a nivel global en su momento, sea tan insuficiente hoy en día. Se explica mejor el desmoronamiento de la comunicación de riesgos, la ausencia de convenios de colaboración con las telefonías para que alerten a las poblaciones vulnerables y los fondos de Prevención de Desastres desarticulados.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En junio de este año, la ONU lanzó las alertas en Haití: el 96% de la población estaba en riesgos por desastres y, sin embargo, no existía el financiamiento necesario para activar sistemas de prevención ni material de emergencia post-desastre. Hacía tan solo unos meses, la ONU había decretado que el gobierno no tenía la capacidad de proteger a su población en su entrada a la época más difícil del año, la presente y temible temporada de huracanes. La ONU pedía 908 millones de dólares para apoyar a Haití, a mediados de junio tan solo había logrado reunir el 8%.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En México, como en muchos otros países, la memoria sobre lugares a riesgo se fue gradualmente borrando y la legislación se hizo esquiva: los territorios inundables se volvieron habitables y se convenció a las poblaciones vulnerables de que eran seguros. Se omitieron, también, las estrategias de prevención y adaptación.
Y el problema, después, fue que “la alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
En Haití, el huracán Melissa no llegó. Pero en las últimas décadas, el país fue paulatinamente acabando con sus bosques y zonas húmedas que permitían las infiltraciones al subsuelo, limitando las inundaciones; transformó sus árboles en energía para electricidad y debilitó los territorios que eran barrera a los deslizamientos de terreno. El huracán Melissa no llegó, pero Haití, que tenía ya a 230.000 haitianos en refugios improvisados, sufrió las consecuencias más mortíferas de la región tras su paso.
Las dinámicas territoriales de las últimas décadas y la degradación de los ecosistemas son ese tipo de cosas que tienen que suceder para que lo inevitable acontezca.
Y así, los desastres se vuelven catástrofes por procesos que se construyen, sistemas que se omiten, presupuestos que se desvían, personas cuyas vidas se juzgan poco importantes. Los escenarios son conocidos, las tragedias son previsibles, pero por falta de capacidad, se vuelven imposibles de evitar.
Estos desastres y tragedias ocurren a tan solo una semana de que se lleve a cabo la COP30, el evento climático más importante a nivel global, en donde se decidirá, entre otros temas, las inversiones que tienen que ser destinadas a la adaptación, la ayuda que recibirán los países más vulnerables a los riesgos climáticos y el rol de esos estados insulares que, a pesar de no ser responsables del cambio climático, terminan siendo los más afectados.
elpais.com
Análisis Noticiosos
Al menos 64 muertos y decenas de detenidos en una megaoperación contra el crimen organizado en Río de Janeiro
El gobernador afirma que “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” y pide ayuda a las Fuerzas Armadas
Sao Paulo.- Río de Janeiro vive este martes una jornada de caos colosal e intensos tiroteos por una operación policial contra el crimen organizado que ya es la más letal de la historia de la ciudad brasileña. Al menos 64 personas han muerto (incluidos cuatro agentes) y 81 han sido detenidas, según datos oficiales. El despliegue de 2.500 policías en esta megaoperación, que se ha centrado inicialmente en dos grandes barriadas cariocas de favelas, pretende frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, el segundo grupo más poderoso del crimen organizado en el país sudamericano. El gobernador del Estado de Río, Claudio Castro, se ha quejado de que “Río está sola en esta guerra”, ha criticado la falta de apoyo del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y ha pedido ayuda a las Fuerzas Armadas.
Río de Janeiro, turística, antigua capital y el hogar de seis millones de vecinos, es simultáneamente una ciudad muy desigual y acostumbrada a la violencia, pero las dosis desplegadas este martes resultan extraordinarias incluso para los locales. El descomunal despliegue policial ha sido respondido con intensos tiroteos por los hombres del Comando Vermelho, que incluso han lanzado granadas desde drones sobre los agentes. Horas después, el grupo criminal ha desplegado a sus miembros, que han cortado avenidas y calles con barricadas por toda la ciudad y por la zona metropolitana.
Las autoridades han elevado el nivel de alerta en Río ciudad y los noticiarios se han llenado de imágenes de avenidas cortadas con autobuses, coches quemados y decenas de hombres sin camiseta a los que los agentes se llevan detenidos. La policía se ha incautado de al menos 75 fusiles.
El baño de sangre en Río se ha producido a las puertas de que Brasil acoja a partir de la semana que viene la cumbre mundial del cambio climático, la COP30, que se celebrará en Belém, en la Amazonia, a más de 3.000 kilómetros de distancia. El presidente Lula será el anfitrión de una cumbre los días 6 y 7.
El principal objetivo de la operación policial es el jefe del Comando Vermelho en una barriada carioca llamada Complexo da Penha, el capo Edgar Alves de Andrade, apodado Doca. Los agentes, que tenían un centenar de órdenes de arresto, también buscan a decenas de sus lugartenientes.
Ya a primera hora de la mañana, las autoridades habían anunciado que los tiroteos entre agentes y criminales obligaron a suspender las clases en 45 colegios y a desviar 12 líneas de autobús. Por la tarde, el CV había logrado cortar el tráfico en al menos una quincena de puntos de la ciudad, incluida la avenida Brasil, una de las principales arterias viarias. “Es un escenario de guerra”, le ha contado la profesora Suellen Gomes al diario Estadão desde el Complexo do Alemão. Según ella, los tiros empezaron al amanecer y nadie fue al colegio. “Ninguna escuela de esta zona abre cuando hay operación”, explica.
Para atrapar a los jefes del negocio, a los contables que les ayudan a blanquear sus ganancias y a los soldados de a pie que con los que mantienen el control absoluto sobre barriadas completas donde dictan la ley, las autoridades han movilizado un despliegue enorme. A los 2.500 agentes de la policía militar y la civil involucrados, se han sumado una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros, drones policiales y una docena de vehículos de demolición.
El gobernador Castro, bolsonarista, se ha quejado de que las Fuerzas Armadas rechazaron tres veces sus peticiones para que le enviaran blindados de apoyo. Ha pedido ayuda a los militares con el argumento de que esta “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” sino que está alimentada “por las armas del narcotráfico internacional”.
El secretario de Seguridad Pública Victor Santos, ha destacado que toda la operación se diseñó y se realiza con apoyo del Gobierno federal. Santos ha lamentado el caos para los vecinos y los heridos, pero ha recalcado que esta acción “era necesaria, estaba planificada, se basa en inteligencia y va a continuar”.
El epicentro de la megaoperación son dos enormes conjuntos de favelas donde viven casi 300.000 personas, el Complexo da Penha y el Complexo do Alemão. El primero es, según la fiscalía de combate a las familias criminales de Río, un centro neurálgico de las actividades del Comando Vermelho. El Complexo da Penha, dice una nota del Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), “es un punto estratégico para el flujo de drogas y armas, gracias a que está en las proximidades de varias autopistas, y se ha convertido en una de las principales bases del proyecto expansionista del grupo criminal”.
Uno de cada cuatro brasileños, es decir, 50 millones de personas, viven en barrios dominados por el crimen organizado, según un reciente estudio de la Universidad de Cambridge. El Comando Vermelho, el PCC u otros grupos armados, imponen su ley a sus vecinos y, en ocasiones, impide la acción de las autoridades. Los vecinos directamente afectados, que suelen ser pobres, negros y periféricos, se encuentran atrapados entre dos fuegos, abandonados por las autoridades, blanco fácil y presa de las balas perdidas, además de sometidos a extorsión.
En los últimos tiempos los delincuentes han descubierto las bondades del trabajo en remoto. Un fiscal del Estado amazónico de Rondonia explicaba recientemente en el diario O Globo que los jefes de las franquicias del Comando Vermelho por otros estados, sobre todo los fronterizos con otros países, se están refugiando en Río de Janeiro, que hasta este martes eran la principal guarida del grupo. “Se dieron cuenta de que el jefe ya no necesitaba estar en su estado natal. Podía estar protegido en Río y tomar decisiones por videollamada”, explicaba al diario carioca Anderson Batista de Oliveira, jefe del Gaeco en Rondonia. “El capo está en un lugar de difícil acceso para la policía, y la organización protege así a sus principales activos”, añadía.
Hasta ahora la operación más letal de Río era la de la favela de Jacarezinho, en el centro, donde en 2021 murieron 27 personas. La policía de Brasil es considerada una de las que más mata y más muere del mundo. En torno a un 10% de las muertes violentas suelen ser obra de uniformados. La de Río, tanto de la ciudad como del Estado, ha destacado durante años a nivel nacional por su alto. La creciente incorporación de cámaras en los uniformes ha contribuido a reducir las muertes en enfrentamientos a tiros con criminales.
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México.-La historia de Zhi Dong Zhang se parece más a la de un agente doble durante la Guerra Fría que a la de un capo chino del fentanilo. Acusado de mover miles de kilos de droga y de blanquear millones de dólares a través de una organización criminal con tentáculos en medio mundo, Zhi Dong fue detenido en otoño del año pasado en Ciudad de México. Es un objetivo prioritario para Estados Unidos y todo parecía listo para su inminente extradición. Pero este verano escapó y dio comienzo una peripecia por varios países en un desesperado intento por esquivar la justicia estadounidense.
La decisión del juez fue criticada incluso por la presidenta, Claudia Sheinbaum. En plena negociación de un acuerdo de seguridad con EE UU, que tiene al fentanilo como enemigo público número uno, la mandataria salió a defender los avances de su Gobierno en el combate contra el crimen y cargó contra la decisión judicial. “El juez, sin ningún argumento, porque la Fiscalía estuvo peleando y dando todos los argumentos, le da prisión domiciliaria. No debería de haber tenido esa resolución por parte de un juez”. “¿Cómo es posible?”, insistió la mandataria, quien argumentó que su Gobierno ha estado insistiendo “en la corrupción del Poder Judicial”. El mismo juez de la capital que dio la polémica orden de mandar a Zhi Dong a arresto domiciliario hizo lo mismo con el exprocurador general, Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa.
La fuga del narco chino sucedió además en un momento especialmente delicado. Seis días antes, un tribunal federal de Georgia había emitido nuevos cargos contra Zhi Dong. En concreto, le acusan de lavar, solo entre los años 2020 y 2021, al menos 20 millones de dólares en Estados Unidos, a través de una compleja trama de más de 150 empresas fantasma y 170 cuentas bancarias.
Célula mexicana, célula china
El cerco sobre Zhi Dong se estrechó tras la detención reciente de uno de sus operadores, Ruipeng Li, al que le confiscaron cientos de documentos bancarios vinculados con Zhi Dong. Según la denuncia del tribunal de Georgia, a la que ha tenido acceso este diario, Li explicó a las autoridades estadounidenses cómo estaba organizado el negocio criminal. Por un lado, una célula mexicana se encargaba de recolectar el dinero de la venta de droga a los traficantes finales. Por otro, una célula china se dedicaba a recibir ese dinero negro y lavarlo a través de la red de empresas y cuentas bancarias.
La denuncia recoge un listado exhaustivo de los pagos por goteo que se realizan en distintas cuentas y en diferentes Estados: Georgia, California, Illinois, Nueva York, Michigan. Siempre por sumas que no superaban los 100.000 dólares y siempre en entidades solventes como Bank of América, JP Morgan o Wells Fargo. Según la denuncia, porque “esos bancos están acostumbrados a recibir altas sumas de dinero sin hacer demasiadas preguntas”. La mayoría de las transacciones eran a favor de la empresa Mnemosyne International Trading Inc, una de las compañías fachada vinculadas a Zhi Dong.
La investigación de la DEA incluye la intervención de llamadas y mensajes, así como seguimientos a las casas de seguridad donde resguardaban la droga. Zhi Dong utilizaba palabras clave para comunicarse con sus cómplices. “Coffee” significaba fentanilo. “Food”, cocaína. Los cálculos sobre la cantidad total de droga que la organización transportaba de México a EE UU ascienden a más de 1000 kilos de cocaína y casi 2.000 de fentanilo.
La denuncia judicial incluye también una descripción de Zhi Dong. Nacido en Pekín en 1987. Algo más de un metro setenta de estatura y unos 80 kilos. Pelo negro y ojos marrones. Alías: Brother Wang, El Chino, Tocayo, Pancho y Nelson Mandela. El enigmático capo chino usaba diferentes identidades y pasaportes falsos para moverse sin levantar sospechas entre América, Asía y Europa. Hasta su fuga de Ciudad de México y su intento de entrada en Rusia y posterior destino en Cuba. Las andanzas de Zhi Dong parece que esta vez están más cerca de acabar en una prisión estadounidense.
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