Opinión
Una digresión inoportuna
Por Melvin Mañón
Y una advertencia en primera línea al lector. Este artículo debe leerse como complemento a una publicación anterior a la firma de Felipe Ciprián titulada: “Las mesnadas de Leonel atacan”. Debo consignar además que, ese artículo de Felipe, trajo hasta mí, una pieza de información, un eslabón contextual que durante mucho tiempo había buscado sin encontrar. Me refiero a la herencia legada a los dominicanos por Juan Bosch. Adicionalmente, aunque en menor medida, recomiendo al lector, repasar otro artículo, esta vez de mi autoría titulad “De lo que estamos hablando”. Finalmente, pido excusas por entrar a este tema, en cierto modo en desmedro de otros de mayor urgencia y actualidad.
Tengo sabido, escrito y publicado tanto en artículos como libros que don Juan Bosch era un hombre austero en lo personal, serio en su conducta, pulcro en el manejo de los recursos, exigente en el comportamiento propio y ajeno, apegado a una ética por todos conocida, educador y maestro por vocación tanto como por necesidad. Como todos los dominicanos que saben algo de la historia de su país, he sabido que cuando fue presidente, después tampoco, don Juan no robó, no mató, no abusó. También tengo sabido que don Juan fue un excelente narrador y más de una vez he leído todos sus cuentos y disfrutado sus ensayos y de todos estos ángulos de Juan Bosch he dicho, compartido, escrito y educado también.
Pero había otro Juan Bosch soberbio, intolerante, caprichoso si se me permite usar la palabra, cuya existencia se me asomaba ocasionalmente sin que hubiera yo podido armar el rompecabezas poniendo esas piezas en el contexto apropiado. De hecho, ese acercamiento a la personalidad de don Juan y por ende a su legado me vino original y reiteradamente por vía del coronel Caamaño en Cuba y posteriormente a través de oficiales constitucionalistas y uno que otro dirigente de izquierda o intelectual independiente. Tres Caamañ Francisco Alberto, que no necesita presentación; Claudio, que tampoco la necesita y Álvaro, quien fuera escolta de Francis durante toda la contienda de abril, dieron ante mí testimonio de inconformidad y disgusto profundo con Juan Bosch y tres veces estuve yo en desacuerdo con ellos. Ahora ya no lo estoy, en gran medida, gracias a los trabajos de Felipe Ciprián, algunos de cuyos párrafos cito íntegros a continuación:
“La llegada del PLD al gobierno no fue, para nada, el resultado de su heroísmo, sino un regalo obligado de Joaquín Balaguer en 1996 para detener a Fernando Álvarez Bogaert, que como candidato a la Vicepresidencia de la República sería el seguro Presidente con la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez, que medio país sabía que estaba en “artículo de muerte” y aun así era el favorito para ganar las elecciones presidenciales postulado por el PRD.
Viví la rebelión del país entero contra los efectos perversos de la receta del FMI aplicada por Salvador Jorge Blanco en abril de 1984 donde más de 300 personas fueron asesinadas por tropas militares y de la Policía Nacional por orden directa y expresa del gobernante, 5,000 quedaron heridas de bala y 18,000 fueron llevadas a la cárcel.
En el cementerio, en los hospitales y en la cárcel se juntaron principalmente personas humildes de los barrios, militantes de izquierda, algunos perredeístas, reformistas que desafiaban al gobierno del PRD que les arrebató el poder, pero no peledeístas. Ese no era su estilo. Era un partido –definido así por el mismo líder Juan Bosch- de “gente seria” que no participaba en “pobladas”, que no invadía terrenos para que los campesinos sin tierra pudieran trabajar y que no se manifestaba en las calles.
El PLD aplicó tan bien esa directriz que cuando se vinculó, finalmente, al movimiento obrero, dividió la Central General de Trabajadores (CGT) que lideraba Francisco Antonio Santos y creó la CGT-Mayoritaria (morada) de Nélsida Marmolejos. En el caso de la zona rural, el vigoroso Movimiento Campesino Independiente (MCI) que tanto esfuerzo nos costó forjar y echar a luchar, fue ocupado por su cúpula, diezmado y finalmente destruido por el PLD para aplastar cualquier lucha reivindicativa en el campo.
En más de una ocasión, luego de la rebelión popular de 1984 y cuando la continuidad de las protestas desencadenaba paros generales, el propio Bosch -para justificar la ausencia del PLD al lado de las protestas- dijo que esos paros no eran generales, porque si bien la industria, el comercio, el transporte y la docencia se paralizaban, los “guardias y policías” estaban trabajando en la represión de la manifestación contra el FMI y el gobierno de Jorge Blanco.
Todo lo anterior está suficientemente documentado como para concluir que cuando se trataba de luchar contra las arbitrariedades, defender la libertad y reivindicar el derecho de la gente a una vida digna, los peledeístas se limitaban a hacerlo por su periódico “Vanguardia del Pueblo” y en reuniones internas, mientras a otros nos correspondía ir a batirnos en los caminos y campos del país para defender los derechos.
Pero todo cambió cuando llegaron al poder. El gobierno Leonel abandonó todo lo bueno de Bosch y copió y amplió lo malo de los gobiernos de Balaguer y su “anillo palaciego”.
El valor que les faltó para enfrentarse a Jorge Blanco-FMI en abril de 1984 y las jornadas subsiguientes, ahora les sobra para encubrir la corrupción y el desparpajo en el ejercicio de la política desde el partido que fundara Juan Bosch desde la más extrema honradez personal y humildad en su estilo de vida”.
Felipe Ciprián, quien vivió los hechos relatados mientras yo mismo estuve muchos de esos años en el exilio me ha permitido ensamblar esa crítica con la de los Caamaño. En su repudio, y quizás debiera decir su horror a la violencia, don Juan incurrió en otros errores al patrocinar e impulsar políticas que tuvieron un efecto desmovilizador. Como suele decirme Álvaro Caamañ “Nosotros moríamos por restaurar en el poder a un hombre que no quería ser Presidente”. Nunca fue exactamente así pero ayuda a entender y sobre todo a completar el rompecabezas. Como consignaba en un artículo anterior, ya citado más arriba, la campaña electoral de 1962 fue la época del “borrón y cuenta nueva” que le dio a Bosch los votos de los trujillistas y que al final, por una ventaja política transitoria, consagró la impunidad como práctica esencial de convivencia. Fue una solución que nunca ha sido bien analizada y cuyas consecuencias todavía lamentamos porque muchas de estas impunidades recientes arrancan de esa matriz. Muchas de las complicidades entretejidas por la impunidad que se alimenta del olvido en el cuerpo social, se alimentaron de este precedente reforzando el componente histórico.
El amor y el respeto a la paz no deberían ser confundidos con la resistencia pacífica. La lucha de Ghandi en la India siempre fue extremadamente violenta dentro del reclamo propio de rechazar la violencia. Esa aparente paradoja se explica por las agallas, el temple y el coraje que exige la resistencia pacífica; la violencia infinita a la que expone a quienes la sufren y la extraordinaria violencia de quienes la imponen, la practican y viven de ella.
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?