Análisis Noticiosos
Es de derechos humanos, no de dogmas religiosos
Por Juan Bolívar Díaz
Al conocer la petición del presidente Danilo Medina de despenalizar el aborto en tres circunstancias específicas, el Congreso Nacional afronta el desafío de legislar para todos y en función del Estado de derechos, evadiendo las presiones de las iglesias que quieren imponer sus creencias y dogmas religiosos a toda la sociedad.
Valentía de Danilo. Fue un acto de valentía del presidente Danilo Medina el haber observado los artículos del Código Penal recién aprobado por el Congreso en los cuales se penaliza el aborto sin hacer excepción de circunstancias en que esté en juego la vida y la dignidad de la madre, en contradicción con dogmas sustentados por el poder fáctico religioso.
La comunicación con la que el mandatario devolvió al Congreso el nuevo Código Penal es específica y, contrario a lo que se ha querido presentar en obvia manipulación, no está abogando por el aborto ni por “una cultura de muerte”, sino por derechos de las mujeres y respeto a la vida y la diversidad, instituidos en la Constitución de la República y en numerosos tratados internacionales.
El documento presidencial plantea que la complejidad de la infracción relativa a la interrupción del embarazo, en la que entra en juego la vida de la madre, “exige ineludiblemente hacer explícitos los supuestos excepcionales en los que debe prevalecer el derecho fundamental a la vida de la mujer embarazada, o el derecho al respeto de su dignidad humana y de su integridad psíquica y moral, resguardándose al mismo tiempo también la seguridad jurídica de quienes tienen la obligación de brindar asistencia médica”.
Los argumentos de la observación se resumen en que “lo más justo, equilibrado y acorde con el espíritu de protección de derechos y humanidad que debe regir al Estado sería equiparar nuestra legislación con la mayoría de los países del mundo, que permite la interrupción del embarazo, cuando sea practicada por personal médico especializado, en establecimientos de salud, públicos o privados, dentro de los plazos que se consideren de lugar y sólo en tres supuestos debidamente fundamentados: cuando la vida de la madre corre peligro, cuando la madre ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida”.
Dogmas ya superados. Las iglesias dominicanas, amparadas en el atraso y en el oportunismo político, insisten en batallas hace tiempo perdidas en casi todo el mundo. Estudios internacionales documentan que sólo en el estado del Vaticano y en Malta, Chile, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, se mantiene la prohibición absoluta del aborto. En 47 países, Europa, Australia, Estados Unidos y Canadá, se autoriza en general, y en otros 145 cuando peligra la “salud física o psíquica” de la madre, y en caso de violación e incesto.
Hasta el siglo pasado el dogmatismo religioso impuso a toda la sociedad la también “indisolubilidad del matrimonio” y se estigmatizó a los que por todo el mundo legalizaban el divorcio. En Chile, último en el continente, eso ocurrió hace apenas 10 años, con la oposición de la Iglesia Católica. Hoy sólo en la católica Filipinas está prohibido el divorcio, “por mandato divino”. Todavía se oponen a que el Estado eduque y proporcione a los pobres preservativos para planificar su familia y evitar embarazos no deseados.
Es imposible citar los innumerables tratados y documentos internacionales y de las asociaciones nacionales que legitiman los derechos a la vida y la dignidad de la mujer, subordinando los embarazos que atenten contra ellas. Pero es imprescindible citar la respuesta que ha dado a los dogmáticos el vocero del Gobierno, Roberto Rodríguez Marchena: “Ninguna ley puede obligar a una mujer embarazada a morir cuando gracias a la ciencia médica puede vivir, ninguna ley puede obligar a una mujer a parirle un hijo al delincuente que la violó, ninguna ley puede impedir a un médico mantener viva a una mujer embarazada que podría morir”.
El derecho a la prédica. Aunque muchos dogmas religiosos, en contradicción con la ciencia y el desarrollo social, son rechazados por fieles creyentes, los pastores tienen derecho a proclamarlos. No hay que ser ateo para rechazarlos, porque hasta entre los teólogos hay disensiones. Al final del Concilio Vaticano II, Paulo VI creó una comisión pontificia sobre planificación familiar que concluyó aprobando los anticonceptivos, pero medio siglo después, la doctrina sigue invariable, aunque las encuestas indican que más del 80 por ciento de los católicos los usan.
Los predicadores podrían tener éxito en que una parte de sus fieles acepten subordinar la vida de la mujer, de la madre, a menudo con otros hijos pequeños, y de la esposa, a un embarazo inviable como el ectópico, o cargar y dar a luz una criatura con deformidades incompatibles con la vida. Podrán lograr incluso que algunas acepten el fruto de la violencia, pero no pueden imponerlo a quien crea lo contrario.
Es frecuente que muchos creyentes de todos los niveles sociales apelen a la interrupción del embarazo en esas circunstancias, con el apoyo de sus médicos, y cuando no encuentren posibilidad de hacerlo en el país, viajarán muy cerca (a Puerto Rico o Florida) para que les practiquen el aborto. Muy pocos creerán que es un mandato divino aceptar que una niña violada, embarazada y traumatizada tenga que cargar toda su vida con el fruto de ese crimen. Menos aún que manden a la cárcel a una que prefiera abortarlo.
Es terriblemente contradictorio que los fundamentalistas antiabortistas acepten que un policía decida él solo matar a un delincuente en las calles, sin mayor oportunidad de vida, por el solo hecho de sentirse amenazado. “Derecho a la defensa” que niegan a la mujer y a la ciencia médica. Con silencio y hasta justificación eclesial en 20 años la Policía ha dado muerte a unos 4 mil jóvenes pobres, delincuentes y presuntos delincuentes como el padre José Tineo.
Políticas de salud pública. Es un maniqueísmo pretender que si el Estado respeta derechos y conciencias está promoviéndo la promiscuidad sexual. La educación y los preservativos son cuestiones universales de las políticas de salud, y en vez de promover el aborto podrían reducirlo, ya que en los hospitales se cuentan por decenas de miles cada año. Las más ignorantes, pobres e indigentes llegan y mueren por las complicaciones de métodos primitivos.
Esas políticas son más urgentes en un país que lidera el continente en embarazos de niñas y adolescentes, muchos por violación o incesto, y con una de la más altas tasas de mortalidad materno-infantil. Ahora que el presidente Medina ha tenido la valentía de defender el interés social por encima de dogmas, se debe esperar es que el debate sea respetuoso, argumentativo, abierto a la pluralidad, sin el chantaje de las excomuniones o las condenas eternas que tantas ignominias han producido en la historia de la humanidad.
Posiciones absolutistas
La Conferencia del Episcopado Dominicano y diversos voceros, así como el Consejo de Unidad Evangélica (CODUE) y otros sectores religiosos abogan por la posición absolutista, según la cual desde que dos células se unen nada puede separarlas. Se amparan en el artículo 37 de la Constitución, donde lograron consagrar la inviolabilidad de la vida “desde la concepción hasta la muerte”.
Sostienen que la “legalización del aborto es dictar pena de muerte”, como si se estuviera promoviendo todo tipo de aborto. Dicen que aún en peligro de muerte, tanto la madre como el médico deben procurar “salvar las dos vidas”, sin reconocer excepciones en las que solo hay una vida real, como cuando el desarrollo del feto es inviable o trae graves deformaciones.
Como ejemplo suficiente está el llamado embarazo ectópico, cuando la fertilización se produce fuera del útero, mayormente en la trompa de la mujer; ese proyecto de ser humano es absolutamente inviable, no puede desarrollarse ahí ni trasplantarse al útero. Su único destino es estallar en un desangramiento, que mientras más se dilate será más riesgoso para la madre con graves complicaciones de salud y hasta la muerte. Eso no es religioso, sino científico, de políticas públicas.
Practicar el aborto cuando “la criatura tenga malformaciones”, es para esas iglesias “condenar a muerte a una vida indefensa e inocente”. Ignoran o manipulan el argumento presidencial, que se refiere a “malformaciones incompatibles con la vida”. Lo mismo rechaza la suspensión del embarazo cuando sea fruto de una violación o incesto, defendiendo el derecho de un ser en formación, pero ignorando el de la madre traumatizada por el implante de un germen a la fuerza.
Artículo publicado originalmente en el periódico Hoy
En México, la alerta de las inundaciones recientes llegó “cuando la ola ya estaba encima”, según dijo un testigo. En Haití, el huracán ‘Melissa’ no llegó, pero fue el país del Caribe donde más muertes dejó el potente ciclón. Los desastres se vuelven catástrofes por sistemas que se omiten y presupuestos que se desvían
Podemos hablar del paso de los huracanes y tormentas como si fueran una serie de números y nombres que desfilan: Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda, Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa. El último de esta temporada 2025 en el Atlántico, Melissa, dejó al 77% de Jamaica sin electricidad, al menos 28 muertos, más de 25.000 personas en refugios de emergencia; a Haití con 40 fallecidos, decenas de desaparecidos y más de 160 viviendas inundadas; a Cuba con 735.000 personas evacuadas.
Y pensamos en esas personas —las afortunadas— que siguen con vida, pero que perdieron sus hogares y que no tienen dinero para reconstruirlas; que con el tiempo terminarán por reconstruir(se) hasta que el paso de un futuro huracán les vuelva a atravesar por la mitad.
Empezamos, entonces, a asimilar mejor el concepto de “injusticia climática” cuando desciframos estas cifras en el periódico y vemos los encabezados que compiten en grandilocuencia: “el más devastador”, “el más fuerte”, “el más destructivo”. Atravesados como rayo por la palabra cambio climático.
Es más difícil pensar en conceptos y cifras cuando estos se viven en carne propia. Es, también, más difícil tomar distancia de estas tragedias para preguntarse qué convirtió estos desastres en catástrofes humanitarias, crisis de salud pública y económicas. ¿Qué tuvo que acontecer para que esto sucediera?
Quisiera hablar de desastres en un sentido más amplio. En México, hace tan solo unas semanas, lluvias torrenciales en cinco estados provocaron la muerte de al menos 70 personas y otras 70 más siguen desaparecidas. Se estima, también, que hay más de 100.000 viviendas afectadas. Cuando nos preguntamos qué pasó, los sobrevivientes hablan: “La alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
Y entonces, empezamos a entender el tipo de cosas que tienen que acontecer para que lo inevitable suceda.
En su momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no se escatimaría en recursos para atender a víctimas y que este año se aprobaron 19.000 millones de pesos mexicanos (unos 1.200 millones de dólares) para la atención de desastres.
Pero la atención no es lo mismo que la prevención. Como no es lo mismo salvar vidas que resarcir daños y enterrar muertos.
Cuando vemos los masivos recortes presupuestales a los sistemas de alerta temprana en México, en beneficio al tren Maya, a PEMEX, entre otros, entendemos por qué, el sistema mexicano de protección civil, que fue único e innovador a nivel global en su momento, sea tan insuficiente hoy en día. Se explica mejor el desmoronamiento de la comunicación de riesgos, la ausencia de convenios de colaboración con las telefonías para que alerten a las poblaciones vulnerables y los fondos de Prevención de Desastres desarticulados.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En junio de este año, la ONU lanzó las alertas en Haití: el 96% de la población estaba en riesgos por desastres y, sin embargo, no existía el financiamiento necesario para activar sistemas de prevención ni material de emergencia post-desastre. Hacía tan solo unos meses, la ONU había decretado que el gobierno no tenía la capacidad de proteger a su población en su entrada a la época más difícil del año, la presente y temible temporada de huracanes. La ONU pedía 908 millones de dólares para apoyar a Haití, a mediados de junio tan solo había logrado reunir el 8%.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En México, como en muchos otros países, la memoria sobre lugares a riesgo se fue gradualmente borrando y la legislación se hizo esquiva: los territorios inundables se volvieron habitables y se convenció a las poblaciones vulnerables de que eran seguros. Se omitieron, también, las estrategias de prevención y adaptación.
Y el problema, después, fue que “la alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
En Haití, el huracán Melissa no llegó. Pero en las últimas décadas, el país fue paulatinamente acabando con sus bosques y zonas húmedas que permitían las infiltraciones al subsuelo, limitando las inundaciones; transformó sus árboles en energía para electricidad y debilitó los territorios que eran barrera a los deslizamientos de terreno. El huracán Melissa no llegó, pero Haití, que tenía ya a 230.000 haitianos en refugios improvisados, sufrió las consecuencias más mortíferas de la región tras su paso.
Las dinámicas territoriales de las últimas décadas y la degradación de los ecosistemas son ese tipo de cosas que tienen que suceder para que lo inevitable acontezca.
Y así, los desastres se vuelven catástrofes por procesos que se construyen, sistemas que se omiten, presupuestos que se desvían, personas cuyas vidas se juzgan poco importantes. Los escenarios son conocidos, las tragedias son previsibles, pero por falta de capacidad, se vuelven imposibles de evitar.
Estos desastres y tragedias ocurren a tan solo una semana de que se lleve a cabo la COP30, el evento climático más importante a nivel global, en donde se decidirá, entre otros temas, las inversiones que tienen que ser destinadas a la adaptación, la ayuda que recibirán los países más vulnerables a los riesgos climáticos y el rol de esos estados insulares que, a pesar de no ser responsables del cambio climático, terminan siendo los más afectados.
elpais.com
Análisis Noticiosos
Al menos 64 muertos y decenas de detenidos en una megaoperación contra el crimen organizado en Río de Janeiro
El gobernador afirma que “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” y pide ayuda a las Fuerzas Armadas
Sao Paulo.- Río de Janeiro vive este martes una jornada de caos colosal e intensos tiroteos por una operación policial contra el crimen organizado que ya es la más letal de la historia de la ciudad brasileña. Al menos 64 personas han muerto (incluidos cuatro agentes) y 81 han sido detenidas, según datos oficiales. El despliegue de 2.500 policías en esta megaoperación, que se ha centrado inicialmente en dos grandes barriadas cariocas de favelas, pretende frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, el segundo grupo más poderoso del crimen organizado en el país sudamericano. El gobernador del Estado de Río, Claudio Castro, se ha quejado de que “Río está sola en esta guerra”, ha criticado la falta de apoyo del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y ha pedido ayuda a las Fuerzas Armadas.
Río de Janeiro, turística, antigua capital y el hogar de seis millones de vecinos, es simultáneamente una ciudad muy desigual y acostumbrada a la violencia, pero las dosis desplegadas este martes resultan extraordinarias incluso para los locales. El descomunal despliegue policial ha sido respondido con intensos tiroteos por los hombres del Comando Vermelho, que incluso han lanzado granadas desde drones sobre los agentes. Horas después, el grupo criminal ha desplegado a sus miembros, que han cortado avenidas y calles con barricadas por toda la ciudad y por la zona metropolitana.
Las autoridades han elevado el nivel de alerta en Río ciudad y los noticiarios se han llenado de imágenes de avenidas cortadas con autobuses, coches quemados y decenas de hombres sin camiseta a los que los agentes se llevan detenidos. La policía se ha incautado de al menos 75 fusiles.
El baño de sangre en Río se ha producido a las puertas de que Brasil acoja a partir de la semana que viene la cumbre mundial del cambio climático, la COP30, que se celebrará en Belém, en la Amazonia, a más de 3.000 kilómetros de distancia. El presidente Lula será el anfitrión de una cumbre los días 6 y 7.
El principal objetivo de la operación policial es el jefe del Comando Vermelho en una barriada carioca llamada Complexo da Penha, el capo Edgar Alves de Andrade, apodado Doca. Los agentes, que tenían un centenar de órdenes de arresto, también buscan a decenas de sus lugartenientes.
Ya a primera hora de la mañana, las autoridades habían anunciado que los tiroteos entre agentes y criminales obligaron a suspender las clases en 45 colegios y a desviar 12 líneas de autobús. Por la tarde, el CV había logrado cortar el tráfico en al menos una quincena de puntos de la ciudad, incluida la avenida Brasil, una de las principales arterias viarias. “Es un escenario de guerra”, le ha contado la profesora Suellen Gomes al diario Estadão desde el Complexo do Alemão. Según ella, los tiros empezaron al amanecer y nadie fue al colegio. “Ninguna escuela de esta zona abre cuando hay operación”, explica.
Para atrapar a los jefes del negocio, a los contables que les ayudan a blanquear sus ganancias y a los soldados de a pie que con los que mantienen el control absoluto sobre barriadas completas donde dictan la ley, las autoridades han movilizado un despliegue enorme. A los 2.500 agentes de la policía militar y la civil involucrados, se han sumado una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros, drones policiales y una docena de vehículos de demolición.
El gobernador Castro, bolsonarista, se ha quejado de que las Fuerzas Armadas rechazaron tres veces sus peticiones para que le enviaran blindados de apoyo. Ha pedido ayuda a los militares con el argumento de que esta “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” sino que está alimentada “por las armas del narcotráfico internacional”.
El secretario de Seguridad Pública Victor Santos, ha destacado que toda la operación se diseñó y se realiza con apoyo del Gobierno federal. Santos ha lamentado el caos para los vecinos y los heridos, pero ha recalcado que esta acción “era necesaria, estaba planificada, se basa en inteligencia y va a continuar”.
El epicentro de la megaoperación son dos enormes conjuntos de favelas donde viven casi 300.000 personas, el Complexo da Penha y el Complexo do Alemão. El primero es, según la fiscalía de combate a las familias criminales de Río, un centro neurálgico de las actividades del Comando Vermelho. El Complexo da Penha, dice una nota del Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), “es un punto estratégico para el flujo de drogas y armas, gracias a que está en las proximidades de varias autopistas, y se ha convertido en una de las principales bases del proyecto expansionista del grupo criminal”.
Uno de cada cuatro brasileños, es decir, 50 millones de personas, viven en barrios dominados por el crimen organizado, según un reciente estudio de la Universidad de Cambridge. El Comando Vermelho, el PCC u otros grupos armados, imponen su ley a sus vecinos y, en ocasiones, impide la acción de las autoridades. Los vecinos directamente afectados, que suelen ser pobres, negros y periféricos, se encuentran atrapados entre dos fuegos, abandonados por las autoridades, blanco fácil y presa de las balas perdidas, además de sometidos a extorsión.
En los últimos tiempos los delincuentes han descubierto las bondades del trabajo en remoto. Un fiscal del Estado amazónico de Rondonia explicaba recientemente en el diario O Globo que los jefes de las franquicias del Comando Vermelho por otros estados, sobre todo los fronterizos con otros países, se están refugiando en Río de Janeiro, que hasta este martes eran la principal guarida del grupo. “Se dieron cuenta de que el jefe ya no necesitaba estar en su estado natal. Podía estar protegido en Río y tomar decisiones por videollamada”, explicaba al diario carioca Anderson Batista de Oliveira, jefe del Gaeco en Rondonia. “El capo está en un lugar de difícil acceso para la policía, y la organización protege así a sus principales activos”, añadía.
Hasta ahora la operación más letal de Río era la de la favela de Jacarezinho, en el centro, donde en 2021 murieron 27 personas. La policía de Brasil es considerada una de las que más mata y más muere del mundo. En torno a un 10% de las muertes violentas suelen ser obra de uniformados. La de Río, tanto de la ciudad como del Estado, ha destacado durante años a nivel nacional por su alto. La creciente incorporación de cámaras en los uniformes ha contribuido a reducir las muertes en enfrentamientos a tiros con criminales.
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México.-La historia de Zhi Dong Zhang se parece más a la de un agente doble durante la Guerra Fría que a la de un capo chino del fentanilo. Acusado de mover miles de kilos de droga y de blanquear millones de dólares a través de una organización criminal con tentáculos en medio mundo, Zhi Dong fue detenido en otoño del año pasado en Ciudad de México. Es un objetivo prioritario para Estados Unidos y todo parecía listo para su inminente extradición. Pero este verano escapó y dio comienzo una peripecia por varios países en un desesperado intento por esquivar la justicia estadounidense.
La decisión del juez fue criticada incluso por la presidenta, Claudia Sheinbaum. En plena negociación de un acuerdo de seguridad con EE UU, que tiene al fentanilo como enemigo público número uno, la mandataria salió a defender los avances de su Gobierno en el combate contra el crimen y cargó contra la decisión judicial. “El juez, sin ningún argumento, porque la Fiscalía estuvo peleando y dando todos los argumentos, le da prisión domiciliaria. No debería de haber tenido esa resolución por parte de un juez”. “¿Cómo es posible?”, insistió la mandataria, quien argumentó que su Gobierno ha estado insistiendo “en la corrupción del Poder Judicial”. El mismo juez de la capital que dio la polémica orden de mandar a Zhi Dong a arresto domiciliario hizo lo mismo con el exprocurador general, Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa.
La fuga del narco chino sucedió además en un momento especialmente delicado. Seis días antes, un tribunal federal de Georgia había emitido nuevos cargos contra Zhi Dong. En concreto, le acusan de lavar, solo entre los años 2020 y 2021, al menos 20 millones de dólares en Estados Unidos, a través de una compleja trama de más de 150 empresas fantasma y 170 cuentas bancarias.
Célula mexicana, célula china
El cerco sobre Zhi Dong se estrechó tras la detención reciente de uno de sus operadores, Ruipeng Li, al que le confiscaron cientos de documentos bancarios vinculados con Zhi Dong. Según la denuncia del tribunal de Georgia, a la que ha tenido acceso este diario, Li explicó a las autoridades estadounidenses cómo estaba organizado el negocio criminal. Por un lado, una célula mexicana se encargaba de recolectar el dinero de la venta de droga a los traficantes finales. Por otro, una célula china se dedicaba a recibir ese dinero negro y lavarlo a través de la red de empresas y cuentas bancarias.
La denuncia recoge un listado exhaustivo de los pagos por goteo que se realizan en distintas cuentas y en diferentes Estados: Georgia, California, Illinois, Nueva York, Michigan. Siempre por sumas que no superaban los 100.000 dólares y siempre en entidades solventes como Bank of América, JP Morgan o Wells Fargo. Según la denuncia, porque “esos bancos están acostumbrados a recibir altas sumas de dinero sin hacer demasiadas preguntas”. La mayoría de las transacciones eran a favor de la empresa Mnemosyne International Trading Inc, una de las compañías fachada vinculadas a Zhi Dong.
La investigación de la DEA incluye la intervención de llamadas y mensajes, así como seguimientos a las casas de seguridad donde resguardaban la droga. Zhi Dong utilizaba palabras clave para comunicarse con sus cómplices. “Coffee” significaba fentanilo. “Food”, cocaína. Los cálculos sobre la cantidad total de droga que la organización transportaba de México a EE UU ascienden a más de 1000 kilos de cocaína y casi 2.000 de fentanilo.
La denuncia judicial incluye también una descripción de Zhi Dong. Nacido en Pekín en 1987. Algo más de un metro setenta de estatura y unos 80 kilos. Pelo negro y ojos marrones. Alías: Brother Wang, El Chino, Tocayo, Pancho y Nelson Mandela. El enigmático capo chino usaba diferentes identidades y pasaportes falsos para moverse sin levantar sospechas entre América, Asía y Europa. Hasta su fuga de Ciudad de México y su intento de entrada en Rusia y posterior destino en Cuba. Las andanzas de Zhi Dong parece que esta vez están más cerca de acabar en una prisión estadounidense.
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