Análisis Noticiosos
2014 con mejoría económica y descalabro institucional
Con crecimiento económico cercano al 7 por ciento del producto interno bruto (PIB), inflación y devaluación alrededor del 3 por ciento y mejoría en la balanza de pagos, el 2014 puede calificarse de bueno en términos económicos, aunque se ratifican altos déficits, fuerte endeudamiento e inequidad en la distribución del ingreso.
Pero el año fue pésimo para la institucionalidad democrática, con el descalabro de la oposición política y el descrédito de las altas cortes y el Congreso Nacional bajo absoluto control político, configurando una crisis del Estado de derecho, manteniendo la impunidad y ratificando la exclusión económica y social de las decenas de miles desnacionalizados.
El crecimiento económico. Con crecimiento económico sobre el 6 por ciento, el doble del promedio latinoamericano, baja inflación y devaluación del 3 por ciento y mejoría en el histórico déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, el Gobierno del presidente Danilo Medina puede reclamar un importante éxito en el 2014, aunque relativizado por un nuevo déficit fiscal de alrededor del 3 por ciento del PIB.
Por séptimo año consecutivo el país acumula déficit fiscal, financiado con un persistente endeudamiento que el Fondo Monetario Internacional sitúa en el 50 por ciento del PIB al concluir 2014, año en que los ingresos fiscales fueron consumidos por el gasto corriente sobre el 85 por ciento de la ejecución presupuestaria.
La pobre inversión de capital se basa en un endeudamiento interno y externo que ha llevado la deuda del Estado sobre los 32 mil millones de dólares, triplicada en la última década, cuando solo el déficit cuasi-fiscal del Banco Central pasó de RD$101,966 millones a RD$346,589 millones.
El año concluye con devaluación por debajo de lo proyectado y con un control significativo de la inflación, pero sin que pudiera revertirse el deterioro del poder adquisitivo de los empleados públicos y privados, que ha convertido el país en líder regional en crecimiento excluyente certificado por el Banco Mundial.
Una encuesta del Banco Central reveló en noviembre que el 60 por ciento de los hogares recibe menos de 18 mil pesos mensuales, muy por debajo del costo promedio de la canasta familiar.
Aunque todavía no alcanzará el 4 por ciento del PIB debe acreditarse al Gobierno el esfuerzo por lograr esa meta legal y de amplio reclamo nacional.
El experto fiscal José Rijo documenta que, al igual que en 2013, pasará del 3.5 por ciento, aunque excesivamente concentrada en la construcción de aulas.
También se le acredita una mejoría en la calidad de la inversión, aunque sin reducción del gasto clientelar y del reparto del Estado.
Descrédito institucional. El 2014 registró un marcado deterioro del Estado de derecho en el país, evidenciándose más que nunca el entramado de poder casi absoluto que configuró el expresidente Leonel Fernández cuando tras promulgar la Constitución del 2010 colocó a una mayoría de incondicionales en las llamadas altas cortes de justicia, y a través de ellas en gran parte del aparato judicial así como del Ministerio Público.
El liderazgo lo llevó el Tribunal Superior Electoral con repetidas sentencias a favor del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, socio de Fernández en la repartición de ese y otros organismos, utilizando artificios jurídicos hasta para validar un conato de convención que concluyó en un tiroteo cuando un candidato contestatario pretendió ejercer el voto. No hubo sufragio en casi todo el país, pero Vargas Maldonado queda como presidente del dividido Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que recibe más de 18 millones de pesos mensuales del Presupuesto Nacional.
El Tribunal Constitucional quedó en medio de la calle con la sentencia que desconoció la adscripción del país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quince años después que se produjera, desconociendo la Convención Americana de Derechos Humanos, contradiciendo su propia ley orgánica y olvidando tres sentencias que había dictado basadas en jurisprudencia del organismo continental. También ignoró que el Estado se había defendido en cuatro procesos judiciales ante esa corte y hasta un acuerdo de colaboración que había firmado con la misma institución.
Descalabro político. La definitiva división del PRD, el más antiguo partido político dominicano, marcó el descalabro de la oposición política, fruto de la escasa cultura democrática, de las luchas grupales y la desvalorización de la política, aunque también con el auspicio de un importante sector del partido de Gobierno, que cifra su expectativa de predominio hasta el 2044, según reiterado planteamiento de su líder Leonel Fernández.
Aunque lo que las encuestas marcan como mayoría perredeísta constituyó el Partido Revolucionario Moderno y paralelamente se propuso una “Convergencia” de múltiples grupos políticos y sociales, el año concluye en la nebulosa con evidentes dificultades para encontrar un método de escogencia de su candidatura presidencial, lo que diluye sus posibilidades y distrae su atención de los problemas y las expectativas nacionales.
Mientras la oposición política se dispersa, en el PLD por lo menos cinco dirigentes se mantienen en campaña por la candidatura presidencial para el 2016, incluyendo al expresidente Fernández, y otros centenares también gastan fortunas de dudoso origen promoviéndose desde ya para legisladores o funcionarios municipales, sin que ninguna autoridad establezca orden ni límites.
Fue relevante el surgimiento de una abierta lucha por el predominio en el PLD entre los seguidores de Fernández, que luchan por volver al poder, y los del presidente Medina, algunos de los cuales quisieran abrir espacio a una nueva reforma constitucional para posibilitar la repostulación del mandatario, lo que luce difícil, a menos que el expresidente se vea obligado a declinar, presionado por los escándalos de corrupción que le salpican.
Limitados logros sociales. La sociedad civil no ha logrado compactar fuerzas suficientes para contener la corrupción, que se registra cada vez más como gran preocupación. Pero se hizo presente en algunas campañas, lo mismo que en la lucha por la preservación de la loma Miranda y celebró la decisión judicial que revocó el fraudulento reparto de la bahía de Las Aguilas.
Luchó por la restitución de los derechos de los desnacionalizados por la JCE y la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, y acogió la transacción de la Ley 169-14, que en mayo planteó devolver sus documentos a los descendientes de extranjeros que habían sido reconocidos como dominicanos, pero la JCE mantiene la discriminación y la exclusión, evadiendo el cumplimiento de la ley, sin que autoridad alguna le reclame.
El año se cierra con preocupaciones sobre el Estado de derecho, sin haberse disipado las incertidumbres provocadas por el asalto a la cárcel de Najayo, el intento de sabotaje a las torres eléctricas y el atentado en el Metro de Santo Domingo.
El Congreso Nacional
El Congreso Nacional no escapa al derrotero institucional. Pasó otro año burlándose de los reclamos de casi dos décadas por una Ley de Partidos que garantice la funcionalidad democrática y la transparencia de las organizaciones políticas. Con la introducción de un nuevo proyecto del PLD, se creyó que por lo menos este sería aprobado, pero trajo tales distorsiones a los varias veces consensuados, que ha resultado imposible convertirlo en ley.
Las cámaras legislativas, controladas absolutamente por el partido gobernante, ni siquiera han contemplado discutir otro proyecto fundamental, el de Ley Orgánica Electoral, que como el de partidos, fue presentado hace tres años por la Junta Central Electoral en atención a reformas incluidas en la Constitución hace casi 5 años.
La forma en que la Cámara de Diputados manejó las observaciones presidenciales al Código Penal, que procuraban excepciones a la penalización del aborto, se constituyó en otro desaguisado institucional. Violaron varios artículos de su reglamento interno y se volaron el Senado, enviando la ley modificada directamente al Poder Ejecutivo. Para colmo este promulgó el fundamental código, con modificaciones que nunca conoció el Senado, en clara e inexplicable violación de un aspecto básico del ordenamiento constitucional.
El año concluye sin que el Gobierno haya logrado los pactos fiscal y eléctrico que según la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, deberían estar en vigencia en enero próximo. Tampoco ha logrado poner en vigencia la Ley de Regularización Salarial del Estado, en medio del escándalo sobre la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque registra avances hacia la cuenta única del tesoro y en mayor transparencia de las compras y contrataciones, pero todavía el país registra los más altos niveles de corrupción e impunidad del continente.
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.