Opinión
Izquierda Revolucionaria
Por Naeciso Isa Conde
“Examen único de competencias”: Otro paso hacia la privatización y elitización de los servicios de salud
El proyecto de ley -aprobado despóticamente, sin consultar a la UASD y demás universidades, y sin debatir en la sociedad- que persigue establecer el Examen Único de Competencias para el Ejercicio de la Medicina como condición para el EXEQUATOR o autorización para optar por las plazas de residencias médicas y especializaciones, es a todas luces inaceptable.
La calidad no se mide ni se logra con un examen único
Es injusto medir toda una formación y una aptitud profesional en un solo examen (con tope mínimo de 75 puntos), precisamente cuando la pedagogía de avanzada recomienda otros métodos para evaluar los conocimientos asimilados por los/as educandos/as.
Las aptitudes humanas para afrontar las exigencias de un examen único, además de ser influíbles y alterables por circunstancias pasajeras, no son similares ni siquiera entre los/as alumnos/as bien preparados. Esa es una manera de simplificar un problema complejo, generando discriminaciones, injusticias y elitismo.
Usar sus resultados para autorizar o no el ejercicio privilegiado de una profesión después de cursada -además de arbitrario- conlleva establecer mediante una evaluación incompleta dos categorías permanentes de médicos: una con derechos plenos y otra confinada a servicios indebidamente menospreciado y destinados a una población considerada “inferior”.
El serio problema de la formación idónea de los profesionales de la salud no es cuestión a definir y superar con una simple prueba, sino mediante procesos formativos de calidad en todos los niveles (primarios, secundarios, de grado y postgrado), con currículos y métodos adecuados y calidad profesoral; procesos que tiendan a la vez a superar la educación como negocio, a garantizar socializaciones imprescindibles, a incrementar presupuestos e impulsar transformaciones profundas en todo el sistema público, incluida la propia UASD.
Esa ley, por el contrario, establecería una discriminación profunda y permanente entre los que recibirían el exequátur al “pasar” el examen y los/as que se le niegue por no aprobarlo.
Elitismo y discriminación
Resalta la visión elitista de esa propuesta en tanto el destino asignado a los/as egresados/as que no pasen ese “examen único” es trabajar en los servicios públicos de atención primaria frecuentados fundamentalmente por la población empobrecida; lo que equivale a imponer que los/as “menos preparados/as” vayan a atender a los/as más los pobres, desde un status profesional supuestamente“inferior” y peor pagado.
A su vez los/as clasificados/as en un examen que no estaría bajo el obligado control de la academia, si no administrado por un ministerio clientelista (que ha manejado las becas de la peor manera), tendrán derecho a especializarse y ocupar a las mejores posiciones en el Estado, en el sector privado y en centros públicos privatizados o semi-privatizados bajo la denominación de hospitales auto-gestionados; mientras los/as nacionales de otros países, con solo pasar el examen, pueden ser importados por negociantes criollos y extranjeros del sector salud, sin revalidación académica.
Esa ley, además, suprime la reválida como proceso y despoja a la UASD de su rol histórico en ese aspecto y en el control académico de ese tipo exámenes; traspasándoselos a un ministerio de educación superior que no es más simple ente regulador plagado de privilegios pro-peledeístas y proclive a concesiones indebidas al negocio privado.
Todo esto nos remite a la necesidad de enfrentar el creciente problema de la salud como negocio y el nefasto rol del capital privado dirigido a ofertar salud cara a los que pueden pagarla y pésimos servicios al pueblo empobrecido; nos remite a impugnar la progresiva privatización de los centros estatales de más calidad, a oponernos a que la medicina de calidad se destine fundamentalmente a las elites sociales y a segmentos reducidos de la sociedad; a rechazar el cruel y voluminoso negocio de las parasitarias ARS, las escandalosas discriminaciones en materia de seguridad social y acceso a servicios médicos y medicamentos; a denunciar las estafas, la degradación ética, la corrupción y el clientelismo que arropa las administraciones hospitalarias del sector público y no pocos centros privados y a combatir sin tregua las más variadas formas de engaño en un escenario tan vital.
Este deprimente cuadro general se vincula a este cuestionable proyecto de ley, iniciativa mañosa de diputados/as del sector médico más reaccionario del PLD, a todas luces comprometido con esa visión comercial de la salud y conectado a intereses particulares de universidades privadas y de ciertos negocios médicos; por lo que llámanos a la familia uasdiana, -Faprouasd, Asodemu, Fed, Felabel y demás grupos estudiantiles incluidos- a enfrentar juntos esta nueva amenaza y a comprometernos colectivamente con la lucha por nuevos modelos de salud y educación, en los que predomine el interés social. Se impone, pues, la unidad de los/as que rechazamos la educación y la salud como negocios, de quienes impugnamos las privatizaciones propias de corte neoliberal´
Urge, por tanto, cerrarle el paso a esa ley, demandar el cambio de este abigarrado yfallido sistema nacional de salud por un modelo universal que garantice gratuidad y calidad para todos/as los usuarios/as. Urge exigir el 5% del PBI para salud conjuntamente con esa transformación integral del modelo a fin de evitar su mal uso como acontece con el 4% destinado a la educación. Urge también demandar el 5% del presupuesto para la UASD y crear un gran movimiento a favor de cambios profundos en el sistema educativo nacional, a fin de ofrecer, igual que el campo de la salud, educación gratuita y de calidad al pueblo dominicano.
La Operación Cobra revela una red de estafa en SeNaSa, con 28 arrestos, pero sin implicar a altos funcionarios ni empresas vinculadas a Abinader.
- En 37 allanamientos en cinco demarcaciones fueron arrestadas 28 personas, principalmente médicos y prestadores.
- Entre los pocos nombres confirmados figuran Gabriel Ravelo, Steven Rabassa y el “doctor Puriel”.
- La PGR describió una red que emitía facturas ficticias y cobraba procedimientos no realizados.
Por Narciso Isa Conde
En esta segunda fase de la Operación Cobra, caso SENASA 2.0, en 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega y Cotuí, fueron arrestadas 28 personas, fundamentalmente prestadores de servicios de salud y médicos, ninguna de las altas esferas comprometidas con la estafa.
Gran parte de los nombres de los nuevos detenidos se han mantenido bajo reserva, algo que no se justifica y que de hecho implica protección de imagen de negocios y negociantes mafiosos.
En general, por los datos ofrecidos de las casas allanadas y las familias afectadas, se trata de personas, la mayoría profesionales de la medicina, merecedores/as de sanciones. Pero al parecer toca fundamentalmente a beneficiarios de bajo y mediano nivel.
Entre los pocos nombres confirmados o mencionados por sus abogados figuran el doctor Gabriel Ravelo (subdirector del Hospital Darío Contreras), el médico Steven Rabassa y un especialista identificado como el “doctor Puriel”.
En cuanto a las empresas y entidades corporativas involucradas en la estafa, el Ministerio Público la PGR no ha identificado a nadie y se ha limitado a declarar la existencia de una red de clínicas, centros médicos, cadenas farmacéuticas y empresas de carpeta, dedicadas “a emitir facturas ficticias, activar códigos de Prestadores de Servicios de Salud-PSS) cancelados y cobrar por consultas, cirugías o procedimientos no realizados”.
De la cadena de farmacias GBC (responsable del 40% de los suministros), cómplice y beneficiara en gran escala de esa estafa multimillonarias, no se ha dicho nada; pero si se ha colado lo del apresamiento de dos farmacéuticos no identificados y no se habla de farmacia alguna: una manera de ocultar responsabilidades específicas
Del negocio mafioso con las vacunas, la privatización y las alianzas delictiva estatal privada …NI JI
Todo esto a pesar de que Santiago Hazim es una figura de alto peso político y empresarial, una figura del entorno del presidente Luis Abinader, habiendo coordinado sectores externos de campaña y dirigido el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), desde el inicio de la gestión gubernamental en 2020 hasta su posterior destitución y sometimiento por corrupción administrativa.
Todo esto a pesar de los vínculos políticos del Grupo Estrella y otras empresas con Abinader y el PRM.
Es evidente la ausencia de investigación, a pesar de las responsabilidades incumplidas por Abinader, Raquel Peña, Rincón, Atalá y otros los altos funcionarios del Ministerio, el Servicio Nacional y el Gabinete de Salud y PROMESE, encargados de relacionarse estrechamente y fiscalizar la gestión de la seguridad social estatal y de salud pública; incluso, conociendo detalles de la estafa y de la corrupción privatizadora, la facilitaron y la protegieron.
Además, en los documentos oficiales del Ministerio Público y en las investigaciones de la PEPCA sobre el entramado financiero de SeNaSa, no figuran imputaciones, menciones directas ni vínculos procesales que involucren formalmente al Grupo Read Estrella dentro de la estructura de desfalco al ARS estatal.
Las indagatorias se han circunscrito estrictamente al manejo financiero interno de la aseguradora, los reembolsos administrativos, el uso de fondos de programas especiales (como áreas de atención oncológica) y la red de complicidad con prestadores médicos y farmacéuticas.
Hasta hechos diferentes que lo desmientan, todo indica la PGR ha aprovechado la tardanza en macharle a la SENASA 2.O para hacer una investigación mediatizada, recortada, encartuchada, que posibilita proteger al Presidente Abinader, a altos funcionarios, a entidades corporativas del capital privado y altas instancias políticas.
Por Rommel Santos Diaz
La libertad personal es un derecho indispensable para el desarrollo del accionar en sociedad de todo ser humano, reconocido de modo expreso en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los textos constitucionales de los Estados de América Latina y el Caribe. Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto, sino que admite restricciones.
Conviene establecer que los derechos señalados anteriormente sólo pueden llevarse a cabo en estricta observancia de los requisitos que, para tal efecto, se encuentran previstos en las normas internacionales y nacionales.
En este sentido, la libertad personal es un derecho fundamental que sólo puede ser restringido en determinados supuestos de hecho, en virtud de una orden expedida por la autoridad competente ( excepto en el caso de flagrante delito) y durante los plazos previstos en las normas constitucionales o legales.
La obligación de cumplir con estas condiciones se encuentra prevista tanto en los instrumentos internacionales como los textos constitucionales de los países de la región, los cuales se complementan mutuamente. Al respecto el , el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( Art. 9, numeral 1) establece que ¨Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta¨.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( Art. 7, numeral 2) señala que ¨ Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas¨.
La ratificación del Estatuto de Roma por parte de un Estado implica reconocer y aceptar la posibilidad de que la Corte Penal Internacional expida una orden privativa de libertad contra una persona que se encuentra en su territorio. Esta orden de privación de la libertad puede darse bajo las siguientes situaciones:
- a) Orden de detención para la investigación de uno de los crímenes internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional o;
- b) Sanción privativa de la libertad por la responsabilidad en la comisión de un crimen internacional previsto por el Estatuto de Roma.
Disposiciones similares se encuentran previstas en el texto de la constitución dominicana como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
Por Isaias Ramos
República Dominicana celebra sus récords turísticos contando visitantes. En 2025 fueron 11.7 millones, incluidos 2.8 millones de cruceristas.
Es un logro importante. Pero un país no puede medir el éxito de su turismo únicamente contando cuántas personas llegan. También tiene que contar cuánto pone, cuánto arriesga y cuánto queda cuando esas personas se van.
Esa es la cuenta que falta.
¿Cuánto obtiene República Dominicana por cada peso público que hace posible ese turismo?
Porque el turismo no llega solo.
Detrás de un hotel, un aeropuerto o una terminal de cruceros existen carreteras, agua potable, saneamiento, electricidad, seguridad, promoción internacional, terrenos, puertos e infraestructura financiada o habilitada por el Estado.
También existen incentivos. Para 2025, el gasto tributario estimado específicamente para el turismo fue de RD$12,092.3 millones: recursos que el Estado decidió no recaudar para estimular el sector.
Eso puede ser una excelente inversión. Un peso público que genera empleos, empresas, divisas e impuestos puede regresar multiplicado.
Pero precisamente por eso hay que medirlo.
El problema no es invertir. El problema es que el país ponga recursos, patrimonio e incentivos sin poder ver claramente la cuenta del retorno.
Cada peso de recursos públicos destinado a incentivos o infraestructura tiene un costo de oportunidad frente a escuelas, hospitales, seguridad, agua y otros servicios. Detrás de esas cifras no hay dinero abstracto: hay recursos que pertenecen a una sociedad que tiene derecho a exigir resultados.
Un crucerista cuenta como uno. Su impacto no.
En 2025, 2.8 millones de los visitantes contabilizados fueron pasajeros de cruceros.
El tarifario general de APORDOM establece para buques turísticos un cargo de US$1.50 por pasajero, además de otros servicios aplicables y sujeto a las excepciones contractuales correspondientes.
Un millón de pasajeros representarían US$1.5 millones solamente por ese cargo básico, si resulta aplicable.
Pero contar al pasajero no nos dice cuánto recibió finalmente el Estado, cuánto capturó el operador ni cuánto dinero llegó al taxista, al restaurante, al artesano o al pequeño comerciante de la comunidad.
Ahí está la diferencia entre movimiento económico y desarrollo.
Un dólar gastado dentro de una terminal cuenta como gasto turístico. Pero si circula dentro de negocios vinculados al mismo operador y apenas toca la economía circundante, su efecto sobre la comunidad es distinto.
Por eso necesitamos separar cuatro cosas:
actividad económica, beneficio empresarial, recaudación fiscal y riqueza que permanece en el territorio.
Cabo Rojo: donde la pregunta deja de ser teórica
Port Cabo Rojo permite verlo.
El Estado aportó un puerto preexistente y concedió derechos para transformarlo y explotarlo. Al mismo tiempo desarrolla infraestructura pública alrededor del destino.
La Memoria Institucional 2022 de Banreservas cifró entonces el proyecto en aproximadamente US$78.3 millones y el financiamiento aprobado por el banco en US$37 millones.
Casi el 47% del monto que aquella memoria atribuía al proyecto.
Posteriormente se comenzó a hablar de una inversión cercana a US$98 millones.
Pero US$98 millones de inversión anunciada no significan US$98 millones puestos por los accionistas de ITM.
La información pública localizada no permite establecer cuánto fue capital propio, cuánto otra deuda, cuánto financiamiento relacionado ni cuánto del monto anunciado ha sido efectivamente ejecutado.
Y entonces aparece una pregunta que el país merece poder contestar:
¿Qué garantiza los US$37 millones de Banreservas?
Que Banreservas sea estatal no convierte un préstamo comercial en gasto público. Si ITM responde por esa deuda, paga intereses y existen garantías suficientes, estamos ante financiamiento privado.
Pero no hemos localizado públicamente el contrato crediticio ni sus garantías.
¿Responden activos privados de ITM? ¿Garantías corporativas? ¿Los flujos del puerto? ¿La infraestructura construida?
¿O forman parte directa o indirectamente de las garantías derechos económicos derivados de la concesión otorgada por el propio Estado?
No podemos afirmar que la concesión sea la garantía.
Pero tampoco deberíamos tener que adivinarlo.
Cuando un banco estatal financia un negocio privado desarrollado sobre derechos concedidos por el Estado, saber quién asume el riesgo y con qué patrimonio responde no debería ser un privilegio de quienes firmaron el contrato.
El turismo que necesitamos
La solución no es menos turismo ni menos inversión privada.
Es un Estado que sepa cuánto entrega, cuánto arriesga y cuánto recibe.
Toda gran concesión turística debería publicar anualmente una Cuenta de Retorno Público:
capital privado realmente invertido; deuda y garantías; activos públicos utilizados; exenciones recibidas; cánones e impuestos pagados; empleos y salarios; compras a proveedores dominicanos; inversión pública asociada y dinero que efectivamente permanece en las comunidades.
Así podremos distinguir entre inversión anunciada y capital realmente arriesgado.
Entre visitantes y valor.
Entre crecimiento y desarrollo.
República Dominicana necesita hoteles, puertos, cruceros, capital y empresarios. Pero los necesita dentro de un modelo donde el patrimonio público produzca también prosperidad pública.
Si República Dominicana pone el patrimonio y parte del riesgo, pero no puede medir cuánto de la riqueza creada regresa a su gente, eso no es todavía desarrollo: es una cuenta nacional pendiente.