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Pacientes afectados con paralización en hospital público de El Seibo
La crisis de servicios en el hospital público doctor Teófilo Hernández de esta ciudad de El Seibo ha tocado fondo, al arribar a 40 días de estar paralizadas las consultas del personal médico debido a conflictos con la gerencia y tres años de reconstrucción que lleva el centro de salud.
Las historias humanas, son desgarradoras, aunque parecen hacerse normales, con pacientes que se agravan y mueren debido a la falta de atención en este centro, cuyas labores tienen paralizadas 52 plazas que pertenecen a miembros de la filial del Colegio Medico Dominicano (CMD) y que solo laboran en las emergencias desde finales de junio.
“Al pasar un mes sin darse consultas debido a los conflictos entre médicos y la dirección del centro de salud, tres años de reconstrucción, se ha agravado la situación por la negligencia e indiferencia de las autoridades en manejar este caso”, reconoce el doctor Carlos de la Cruz, representante del CMD en la provincia.
Considera que es imposible laborar en las condiciones actuales, dado el clima de tensión por la actitud del actual director y contar con una sola sala de cirugía, cuando el mínimo ha sido tres en este hospital por su categoría.
El detonante para el paro que se mantiene, fue la agresión que según el gremio cometió el director Stalin Peguero contra una ginecóloga que se sumó a otras que, de acuerdo a lo acordado en asamblea: “ no lo hacen reunir las condiciones de equilibrio mental para manejar este centro de salud”.
Mientras se denuncian deterioro en la salud de pacientes, especialmente que viajan desde comunidades rurales y falta de seguimiento de quienes padecen enfermedades terminales, el Ministerio de Salud Pública parece ajeno a la situación. Se ha denunciado que muchos médicos no cumplen sus horarios.
Solo las parturientas son referidas a salas desde la emergencia, donde se mantienen los servicios limitados a algunas excepciones de médicos militares.
La crisis en el hospital público de esta ciudad ha rayado en lo crítico, ameritando que fuera tratada por el alcalde Gerardo Casanova al presidente Danilo Medina en una de las visitas que realizó a esta ciudad.
Sin embargo, pese a que en esa ocasión se ordenó su terminación, tras más de casi tres años de reparación que lleva el centro, sin terminar los trabajos y el trauma que ello implica para los pacientes, familiares y personal, se han agravado los problemas.
El representante del CMD plantea que debió haber una salida y por un lado, lamenta que el director del centro, acusado de maltrato al personal, por los gremialistas que reclamaron su destitución en una asamblea, no se haya excusado siquiera.
Sin atención
Debido a la situación durante más de un mes los pacientes de este centro, que aún no termina su reparación, se quedaron sin consultas de médicos, limitados escasamente a la emergencia. Aunque se ha reclama nunca ha intervenido la ministra Altagracia Guzmán Marcelino en el caso.
Un verdadero drama de centenares de personas que acuden sin ser atendidas y con consultas reprogramadas, se ha vivido en este centro que lleva un récord por ser el que más tiempo lleva sin terminar su reparación. Tan solo el piso se ha montado y desmontado en más de tres ocasiones en algunas áreas.
Esta semana se planteó la mediación de autoridades de la dirección regional de Salud Pública, para intervenir en el impase y ponerle fin a la paralización en el Hospital Teófilo Hernández, de la provincia del Seíbo, pero no ocurrió nada.
A diario acuden pacientes a buscar atención, como es el caso de Maribel Acosta quien llegó con una menor al centro para una consulta, sin conocer qué ocurre y no pudo ser atendida. También produce malestar la inasistencia de algunos médicos nombrados y que no cumplen con su compromiso o hay que “vipearlos” para que asistan a sus pacientes.
Se ha planteado un acuerdo para que las partes envueltas en conflicto lleguen a un acuerdo y que el Ministerio de Salud reclame la terminación definitiva del centro para que operen las 3 áreas para cirugías y todas las instalaciones que le son comunes a este centro de salud para que cumpla su cometido para los residentes de esta ciudad y zonas aledañas.
listindiario.com
Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.
El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.
El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.
En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.
El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.
Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Santo Domingo, R.D.-Por voluntad propia dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos, decidieron acogerse a la solicitud de extradición de la justicia estadounidense.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.