Nacionales
Gobierno de Fernández deja pendientes demandas prioritarias de la población
EI presidente Leonel Fernández concluye el jueves 16 un mandato sucesivo de 2,992 días, entre luces y sombras, dejando tras de sí un torrente de ardientes críticas por la acumulada corrupción administrativa sin sanción e innumerables casas de peculado impune.
Asignaturas pendientes son, también, la inseguridad ciudadana, que ha devenido en altos índices de criminalidad y violencia, así como inocultables deficiencias y caos en los servicios públicos, verbigracia los de energía eléctrica y transporte urbano, por la manifiesta abulia de la burocracia para corregir dilatados males que mantienen exasperada a la sociedad dominicana.
La violación e inobservancia de leyes y normas vigentes responden a un esquema gubernamental de “ver y dejar pasar”, con el consiguiente efecto degradante en importantes estamentos sociales.
Apoyadas en una estrategia de atracción de adhesiones políticas en base al reparto de bienes y exiguas ayudas sociales, las dos últimas administraciones del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se agenciaron el apoyo de los sectores más empobrecidos, los cuales, paradójicamente, quedaron desprotegidos de la mano oficial.
Durante su heredado liderazgo político, el doctor Fernández logró acrecentar el respaldo de los votantes y llevar su organización política de un partido de “cuadros” y circulistas a uno de masas. Para ello, sin embargo, sus dirigentes debieron transitar un nuevo rumbo que renegaba del postulado ético y moral que enarboló su fundador y guía, el profesor Juan Bosch.
Concomitantemente con su accionar en procura de simpatía electoral, los gobiernos peledeístas que culminan emprendieron un vasto plan de obras, aunque muchas de ellas no respondieran a un orden estricto de prioridades o necesidades perentorias de las comunidades.
Ante demandas insatisfechas de una población empoderada y más consciente de sus necesidades, sectores sociales y económicos asumieron sus reclamos al Estado con jornadas colectivas de protestas en sus demarcaciones.
Las críticas más severas a la administración del saliente gobernante estuvieron centradas en las obras del Metro de Santo Domingo, cuyas líneas 1 y 2 consumieron enormes recursos del erario, en perjuicio de áreas más sensibles y prioritarias, como la salud y la educación. En este último renglón fue ostensible la renuencia de las autoridades a asignarle el 4% del PIB, como se establece legalmente, y que generó un compacto movimiento social en demanda del cumplimiento de tal prerrogativa.
Asimismo, fue severa- mente censurada la alegada predilección del Gobierno por la construcción de obras de relumbrón en la Capital, en detrimento de comunidades carentes de todo.
Otro revés de su gestión lo representa la creciente e incontenible ola migratoria de haitianos hacia República Dominicana, justificada en una fementida solidaridad que cuanto ha contribuido es a arrabalizar zonas urbanas y turísticas sensibles, abultar la inversión en atención médica a ciudadanos del país vecino y ganarnos reproches y condenas en organismos internacionales.
Enumerar los escándalos, desaciertos e “indelicadezas” de los últimos ocho años sería un fútil ejercicio de compilación, pues han sido publicitados y denunciados en demasía por los medios.
Sin embargo, baste citar los casos de la Sun Land, el edificio de estacionamientos de los mil millones de la UASD, la millonaria y nunca transparentada remodelación del Palacio de Bellas Artes y el equipamiento de la Suprema Corte de Justicia, tampoco objetos de rendición de cuentas.
Que una claque de privilegiados personeros haya plantado cara en defensa de la imagen y figura presidencial se convirtió en una inusual fuerza de choque contra el legítimo derecho al disenso ciudadano. Tales acciones nunca fueron desautorizadas desde el centro del poder.
Regatearle a los gobiernos peledeístas obras beneficiosas para el país sería un acto de insensatez.
Dotar a la nación de altas cortes que respondiesen a los cambios del nuevo siglo, figuran entre su palmarés.
El manejo inteligente para poner los tribunales al servicio de la voluntad presidencial, empero, se constituyó en un elemento de freno a las garantías de independencia de los poderes estatales.
Entre los logros sobresale la construcción de la nueva y moderna autopista Juan Pablo II, que comunica con la zona turística de Samaná, y la avanzada Autopista del Coral. La primera se levantó mediante el régimen de concesión y operación.
El mantenimiento de la estabilidad cambiaria, la construcción de una Ciudad Sanitaria y el conocido respaldo a las actividades deportivas y culturales, con acelerado levantamiento de obras físicas, quedan como legado apreciable de la gestión gubernamental que llega a su fin.
EI reordenamiento institucional y operativo de la Dirección de Impuestos Internos (DGII) y la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) se inscriben entre los aciertos gubernamentales. Ambos organismos constituyen hoy paradigmas de eficiencia y modernidad en un andamiaje burocrático que arrastra lagunas en la atención al contribuyente y mantiene una brecha abierta a la comisión de cohecho.
Las claves
1. La violencia
Los elevados índices de criminalidad, el desasosiego ciudadano y las deficiencias en el suministro de energía eléctrica se mantienen entre los aspectos de mayor padecimiento.
2. La falta de energía
El déficit energético afecta de manera sensible la producción y la actividad comercial.
Fuente: Hoy
Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.