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Gobierno de Fernández deja pendientes demandas prioritarias de la población
EI presidente Leonel Fernández concluye el jueves 16 un mandato sucesivo de 2,992 días, entre luces y sombras, dejando tras de sí un torrente de ardientes críticas por la acumulada corrupción administrativa sin sanción e innumerables casas de peculado impune.
Asignaturas pendientes son, también, la inseguridad ciudadana, que ha devenido en altos índices de criminalidad y violencia, así como inocultables deficiencias y caos en los servicios públicos, verbigracia los de energía eléctrica y transporte urbano, por la manifiesta abulia de la burocracia para corregir dilatados males que mantienen exasperada a la sociedad dominicana.
La violación e inobservancia de leyes y normas vigentes responden a un esquema gubernamental de “ver y dejar pasar”, con el consiguiente efecto degradante en importantes estamentos sociales.
Apoyadas en una estrategia de atracción de adhesiones políticas en base al reparto de bienes y exiguas ayudas sociales, las dos últimas administraciones del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se agenciaron el apoyo de los sectores más empobrecidos, los cuales, paradójicamente, quedaron desprotegidos de la mano oficial.
Durante su heredado liderazgo político, el doctor Fernández logró acrecentar el respaldo de los votantes y llevar su organización política de un partido de “cuadros” y circulistas a uno de masas. Para ello, sin embargo, sus dirigentes debieron transitar un nuevo rumbo que renegaba del postulado ético y moral que enarboló su fundador y guía, el profesor Juan Bosch.
Concomitantemente con su accionar en procura de simpatía electoral, los gobiernos peledeístas que culminan emprendieron un vasto plan de obras, aunque muchas de ellas no respondieran a un orden estricto de prioridades o necesidades perentorias de las comunidades.
Ante demandas insatisfechas de una población empoderada y más consciente de sus necesidades, sectores sociales y económicos asumieron sus reclamos al Estado con jornadas colectivas de protestas en sus demarcaciones.
Las críticas más severas a la administración del saliente gobernante estuvieron centradas en las obras del Metro de Santo Domingo, cuyas líneas 1 y 2 consumieron enormes recursos del erario, en perjuicio de áreas más sensibles y prioritarias, como la salud y la educación. En este último renglón fue ostensible la renuencia de las autoridades a asignarle el 4% del PIB, como se establece legalmente, y que generó un compacto movimiento social en demanda del cumplimiento de tal prerrogativa.
Asimismo, fue severa- mente censurada la alegada predilección del Gobierno por la construcción de obras de relumbrón en la Capital, en detrimento de comunidades carentes de todo.
Otro revés de su gestión lo representa la creciente e incontenible ola migratoria de haitianos hacia República Dominicana, justificada en una fementida solidaridad que cuanto ha contribuido es a arrabalizar zonas urbanas y turísticas sensibles, abultar la inversión en atención médica a ciudadanos del país vecino y ganarnos reproches y condenas en organismos internacionales.
Enumerar los escándalos, desaciertos e “indelicadezas” de los últimos ocho años sería un fútil ejercicio de compilación, pues han sido publicitados y denunciados en demasía por los medios.
Sin embargo, baste citar los casos de la Sun Land, el edificio de estacionamientos de los mil millones de la UASD, la millonaria y nunca transparentada remodelación del Palacio de Bellas Artes y el equipamiento de la Suprema Corte de Justicia, tampoco objetos de rendición de cuentas.
Que una claque de privilegiados personeros haya plantado cara en defensa de la imagen y figura presidencial se convirtió en una inusual fuerza de choque contra el legítimo derecho al disenso ciudadano. Tales acciones nunca fueron desautorizadas desde el centro del poder.
Regatearle a los gobiernos peledeístas obras beneficiosas para el país sería un acto de insensatez.
Dotar a la nación de altas cortes que respondiesen a los cambios del nuevo siglo, figuran entre su palmarés.
El manejo inteligente para poner los tribunales al servicio de la voluntad presidencial, empero, se constituyó en un elemento de freno a las garantías de independencia de los poderes estatales.
Entre los logros sobresale la construcción de la nueva y moderna autopista Juan Pablo II, que comunica con la zona turística de Samaná, y la avanzada Autopista del Coral. La primera se levantó mediante el régimen de concesión y operación.
El mantenimiento de la estabilidad cambiaria, la construcción de una Ciudad Sanitaria y el conocido respaldo a las actividades deportivas y culturales, con acelerado levantamiento de obras físicas, quedan como legado apreciable de la gestión gubernamental que llega a su fin.
EI reordenamiento institucional y operativo de la Dirección de Impuestos Internos (DGII) y la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) se inscriben entre los aciertos gubernamentales. Ambos organismos constituyen hoy paradigmas de eficiencia y modernidad en un andamiaje burocrático que arrastra lagunas en la atención al contribuyente y mantiene una brecha abierta a la comisión de cohecho.
Las claves
1. La violencia
Los elevados índices de criminalidad, el desasosiego ciudadano y las deficiencias en el suministro de energía eléctrica se mantienen entre los aspectos de mayor padecimiento.
2. La falta de energía
El déficit energético afecta de manera sensible la producción y la actividad comercial.
Fuente: Hoy
Santo Domingo, R.D.-La figura de la candidatura independiente se posiciona en el centro de atención de las organizaciones políticas y otros sectores sociales a partir de la sentencia emitida recientemente por el Tribunal Constitucional (TC), que declaró inconstitucional los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral.
De manera específica, el pleno del TC hizo, además, un análisis de las reformas desarrolladas a este marco legal en los últimos 98 años, con la cual determinó que en “el único momento que, conceptualmente” las candidaturas independientes estuvieron alejadas de los partidos políticos fue hasta el año 1962. Desde este período, hasta este 2024, esta legislación ha resultado “extremadamente difícil y contraria” a la esencia misma de las candidaturas independientes.
Sin embargo, desde la publicación del dictamen el pasado 13 de diciembre, sobre este método de postulación a los puestos de los tres niveles de elección, parte de los representantes políticos aseguran que el sistema de partidos podría ser afectado con esta decisión en el futuro.
El veredicto del pleno de la Alta Corte ante la instancia depositada por Alberto Fiallo Billini fue declarar no conforme con la Constitución lo establecido en los artículos 167 y 157, situados en el capítulo titulado “De las candidaturas independientes”.
Este documento, que fue enviado a la Cámara de Diputados y al Senado, declaró la interpretación del pleno sobre la forma en la cual debe ser redactado en el texto de esos artículos.
Modificación legislativa
Estos artículos en la ley del Régimen Electoral vigente consideran como hábiles las candidaturas independientes que “surjan” a través de agrupaciones políticas. Asimismo, contiene en los requisitos la necesidad de conformar una organización de “cuadros directivos”, para que pueda ser sustentada la propuesta electoral independiente.
Pero, ¿Cuál es el origen de esta figura en la ley?
De acuerdo con la evaluación del pleno de la Alta Corte, la figura de las candidaturas independientes fue introducida en la legislación dominicana mediante el artículo 77 de la Ley 386,de 1926, en el que se establecía la existencia de dos tipos de candidatos: Los de partidos e independientes, los cuales podían presentarse para todas las posiciones electivas habilitadas. En esa ocasión, los requisitos para su postulación eran presentar una instancia motivada al órgano electoral que correspondiera, según la posición perseguida. Mientras que para la postulación de cargos de alcance nacional, el ciudadano debía ser respaldado por al menos 2,000 sufragantes.
Legislaciones.
En 1962 el Poder Legislativo efectuó una reforma, introduciendo la ley 5884, en la que se apertura un apartado especial para consignar este mecanismo. Con esta reforma a la ley electoral fue cambiado de manera “sustancial” este apartado, ya que “las candidaturas independientes debían ser propuestas por agrupaciones políticas accidentales” y conformar una estructura de cuadros directivos con el mismo esquema de los partidos políticos. Luego, en 1997, adiciona un mandato para que quienes opten por utilizar este derecho político fundamental presenten una agrupación política avalada por un porcentaje mínimo de inscritos en el registro electoral. Por último, fueron promulgadas las leyes 15-19 y 20-23, que mantienen una redacción idéntica en estos artículos.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), solicitó este martes a la Junta Central Electoral (JCE) convocar a los partidos políticos reconocidos para discutir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que autoriza a los dominicanos con aspiraciones a inscribir sus candidaturas sin necesitar el sustento de las organizaciones políticas.
Durante una entrevista en el programa matutino «El Sol de la Mañana», el también ministro de la Presidencia, considera que le corresponde al órgano electoral discutir con los partidos los métodos y fórmulas que deben implementarse en respuesta al dictamen del TC.
Paliza consideró que las entidades políticas deben reunirse en enero de 2025 para revisar y dialogar «detenidamente» el contenido de la medida ordenada por la Alta Corte.
Además de dirigentes políticos como Leonel Fernández, Sigmund Freud, Edy Olivares también ha fijado posición la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), entidad que mediante un documento firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños, expresa su “preocupación”.
El jurista aseguró que la sentencia podría desvirtuar los esfuerzos realizados para fortalecer la democracia interna de los partidos políticos.
Por Jhonny Trinidad
SANTO DOMINGO.- La Corporación Latinobarómetro con sede en Santiago de Chile ubicó a la República Dominicana entre los países mejores posicionados de Latinoamérica.
Sobresalió como una de las naciones con mayor bienestar en su población.
84 % de 19,214 dominicanos entrevistos entre el 23 de agosto y el 9 de septiembre manifestó satisfacción con su estilo de vida, lo que coloca a su país entre las naciones más optimistas de la región, junto a México y Brasil, que registran entre 82 % y 84 %, respectivamente.
Solo Costa Rica, Uruguay, Guatemala y El Salvador superan esos niveles, alcanzando entre 89 % y 85 %.
Argentina obtuvo un 79 %, Chile, Perú, Honduras, Venezuela y Ecuador, consiguieron índices de entre 71 % y 77 %. Bolivia ocupa el último lugar con solo un 55 % de satisfacción.
72 % de la población de El Salvador percibe que su país está avanzando, al igual que el 50 % de los dominicanos, mexicanos, uruguayos y panameños.
Las cifras más bajas en esta categoría son atribuidas a Bolivia (5 %), Perú (11 %), Honduras (12 %) y Ecuador (13 %).
Según el informe, el 71 % de los dominicanos considera que su familia ha mejorado en los últimos 10 años, ubicando a República Dominicana entre los líderes regionales en este indicador, junto a Costa Rica (73 %).
El 68 % de los dominicanos también aprueba el desempeño de su gobierno, igual que el 87 % de los slavadoreños, 80 % de los panameños y el 75 % de los mexicanos.
Los presidentes más populares, según el estudio, son los de El Salvador (74 %), México (67%), Panamá (62%) y República Dominicana (60%).