Opinión
Decadencia del progresismo y de las transformaciones mediatizadas
Por Narciso Isa Conde
El cuadro de nuestra América ya no luce tan favorable para las izquierdas y fuerzas transformadoras como al inicio de este siglo.
EEUU y las derechas han retomado la ofensiva y han logrado entronizarse con diversos medios y variadas modalidades en los gobiernos y Estados de Honduras, Paraguay, Perú y Argentina, países Inicialmente situados en el campo del progresismo.
Además, aprovechando las limitaciones y deformaciones en cada proceso, están logrando cambiar a su favor la correlación de fuerza en Venezuela, creando a la vez mejores condiciones para el retroceso.
A eso se agrega que han podido erosionar gravemente al moderado y debilitado régimen del PT en Brasil, apuntando también contra los gobiernos transformadores de Ecuador y Bolivia con estrategias de desgastes limitadamente exitosas.
FACTORES ADVERSOS Y FALLAS
El fin de las ventajas económicas derivadas de los altos precios del petróleo, la reducción de las exportaciones suramericanas a China, India y otras potencia emergentes; el repunte de la corrupción estatal gubernamental (con sus especificidades en cada caso), la reproducción de métodos propios de la política tradicional, la larga coexistencia traumática con las estructuras del gran capital que alimenta a las agresivas derechas continentales, se han combinado al interior de esos procesos esperanzadores para abrirle cancha a la reversión contra-reformista y contra-revolucionaria.
A esa amalgama de factores y de fallas se le suma la peor de todas las limitaciones: la ausencia en sus instancias conductoras de la necesaria determinación de pasar de las reformas más o menos avanzadas a la revolución con una fuerte impronta anticapitalista y socializante del poder y de la economía. Siempre se ha dicho –y ahora vuelve a confirmarse- que proceso de cambio que se profundiza se estanca, se debilita y termina retrocediendo.
Tendencia
Consumada recientemente la restauración neoliberal en Argentina, el vórtice de la contraofensiva reaccionaria se ha concentrado en Brasil, logrando primero más concesiones voluntarias del Gobierno de Dilma Roussett dentro la lógica neoliberal, erosionando más la popularidad del PT y aprovechando al máximo la implosión de la gran corrupción (PETROBRAS-ODEBRECH-GUTIÉRREZ ANDRADE Y BNDB), en la que evidentemente están envueltos altos dirigentes petistas, incluyendo la presidenta y el propio Lula.
Esa gran corrupción, mezclada con la política exterior del Estado brasileño y del PT, con el cartel de la construcción ODEBRECH a la cabeza y acompañada de eficaces asesorías electorales y no electorales del mercadólogo JOAO SANTANA, hoy en prisión, se ha expandido a otros gobiernos de continente, entre ellos, el de Mauricio Funes en EL Salvador, y a los actuales regímenes de República Dominicana y Panamá, evidenciándose fuertes las complicidades en obras sobrevaluadas. En Venezuela y en Cuba, donde también ha operado ODEBRECH, no se han presentado señales de escándalos.
Cuando los actores del desplazamiento y de la insubordinación contra los viejos y decadentes regímenes neoliberales y contra las podridas democracias representativas, no se deciden por las revoluciones, por la negación de los métodos de la derecha y de la corrupción y privilegios estatales-gubernamentales, por la impugnación progresiva del capitalismo en crisis y la socialización progresiva en todos los órdenes, finalmente quedan entrampados en sus redes y opciones, las cuales comienzan a operar introduciendo un neoliberalismo blando dentro de la social-democratización que termina facilitando la restauración de un neoliberalismo duro.
Casos y casos de estancamientos, giros y retrocesos
Esto es urgentemente válido de tener en cuenta para Venezuela, referente clave del proceso continental.
El caso de Argentina, sometida de nuevo a los bombardeos neoliberales, es sencillamente dramático.
El de Brasil – pendiente todavía de desenlace- tiende a serlo también, con el agravante de que Lula viene de las izquierdas socialistas-revolucionarias y ha sido un símbolo de la resistencia obrera y popular que ha devenido, junto a una parte de la cúpula de su también emblemático PT, en un administrador del orden capitalista con una mejor distribución del ingreso nacional a favor de los pobres en época de bonanzas, acompañada de ganancias records en favor del capital financiero brasileño, y –lo peor- en un líder altamente vulnerable a las acusaciones de corrupción, inmerso en escándalos sobrecogedores que ensucian los gobiernos del PT.
La proyección de esa deplorable situación de Lula y el PT le hacen un daño enorme a las fuerzas auténticamente revolucionarias del continente. Golpea la subjetividad de los pueblos, promueve la desconfianza y facilita el accionar de las derechas retrógradas, siempre opuestas a cualquier cambio fuera de su control.
En Brasil operan además las pugnas soterradas entre los intereses de los consorcios imperialistas brasileños y los estadounidense, los primeros próximos a Lula, los otros no. Eso explica el caso ODEBRECH y el de PETROBRAS, empresas en expansión arrolladora a contra corriente de todo escrúpulo.
A esto hay que sumar los efectos empobrecedores del paquete neoliberal de Dilma, respaldado por Lula y agregado a los graves problemas acumulados en vertientes tan sensibles como salud pública, educación, tenencia de la tierra y medio ambiente.
En El Salvador, el cambio de mando de Funes a Sánchez Cerén, abrió una nueva oportunidad que parece estancada en el orden de los cambios estructurales necesarios.
Nicaragua, que algo muy especial, luce muy estable dentro sus límites por todo lo que implica el proyecto del canal interoceánico en manos de China Popular.
Uruguay no ha sobrepasado el marco socialdemócrata dentro de su capitalismo dependiente apto, por su escasa población, para ofrecer cierto bienestar social a la clase trabajadora y al pueblo en general con buenos parámetros de libertad y honestidad administrativa
En Cuba el giro dominante en lo inmediato es hacia una combinación de estatismo y capitalismo privado en el contexto de buenas relaciones con EEUU y amplia apertura al capital transnacional, si no se altera ese factor por decisión imperial o cubana. Y ese modelo, de no ser reemplazado, tiende sacar a esa nación de toda dinámica revolucionaria anticapitalista y a embotar las perspectivas socialistas del proceso.
Es claro, sin embargo, que ese nuevo curso del proceso cubano está en fase inicial, tanto en lo que concierne al escenario político propio como al estadounidense, donde los nuevos comicios anuncian otras tormentas que precisamente no se llaman OBAMA; por lo que es temprano para juicios tajantes.
Sigue el combate
Pero la pelea sigue.
Y si el giro hacia la revolución no surge de los liderazgos actuales de esos procesos, brotará de las entrañas del pueblo trabajador y desde la conciencia y organización creada al calor de los procesos fallidos.
El capitalismo no tiene todavía otras respuestas a sus crisis que no sea finalmente más neoliberalismo, lo que vuelve atizar las resistencias y contra-ofensiva populares.
Algo de mayor envergadura puede olerse en Venezuela si se completa el asalto al poder por las derechas. En ambos sentidos: en la dureza de las derechas y en la radicalidad del chavismo revolucionario.
La radicalidad presente en las bases populares de los procesos progresistas y transformadores entorpecidos no necesariamente se revierte cambiando para peor los gobiernos; esto sin negar las frustraciones, retrasos y confusiones que esas realidades podrían generar según las circunstancias.
La ola de cambios puede declinar a nivel del posicionamiento de los Estados, pero no necesariamente desde los pueblos, sobre todo cuando la crisis de decadencia del capitalismo no cesa de agudizarse, deteriorando y caotizando las sociedades cargando sobre la traumática ofensiva neoliberal legitimada efímeramente por el estancamiento y la degradación de los procesos de cambio, sin contar con una fuerza revolucionaria de relevo
Las dificultades que implican esos virajes a favor de EEUU y las derechas no debe ser minimizada.
Estos estancamientos, giros a la derecha y retrocesos, junto a graves fallas éticas, le hacen un daño enorme a las fuerzas auténticamente revolucionarias del continente. Golpea la subjetividad de los pueblos, promueve la desconfianza y facilita el accionar de las derechas retrógradas, siempre opuestas a cualquier cambio fuera de su control.
Precisan, por tanto, ser enfrentados con firmeza y optimismo al compás de sus desgarradores efectos; detectando las posibilidades de contra-ofensiva desde los pueblos y redoblando los esfuerzos por construir nuevas vanguardias y liderazgos político- sociales consecuentes, como garantía de avances sin retornos al pasado.
Colombia en tren de paz
Por otra parte, el avance de los acuerdos para la paz en Colombia, otro escenario de la lucha de clase y de la pelea por la soberanía, merece un seguimiento especial de nuestra parte.
Tal fenómeno ya ha provocado cambios no despreciables en la dinámica de la política colombiana y tiende a crear nuevas coyunturas y a generar nuevas exigencias e iniciativas que pueden impactar la realidad continental y mundial en dirección positiva o negativa; dependiendo del tipo de variaciones que produzca en las correlaciones de fuerza y de poder en el periodo de transición hacia la paz.
Las FARC-EP -combinando con mucho talento la firmeza estratégica y la flexibilidad táctica- procuran que la modalidad de la transición sin confrontación armada preserve su acumulado histórico y su capacidad de respuesta insurgente mientras no se consolide el viraje democrático a escala nacional; para que posibilite a la vez ampliar su influencia política e implantación social, garantizando avances ascendentes sin retrocesos hacia una nueva Colombia en paz duradera, capaz de impactar positivamente la región. La ampliación del plazo para arribar a acuerdos sólidos y a sus formas de implementación favorece esos propósitos.
El tema venezolano y el colombiano tienen una estrecha interacción, sin que todavía puedan hacerse predicciones categóricas respecto a lo que pueda ocurrir en ambos lados de esa frontera neurálgica en este mundo convulso.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.