Opinión
Decadencia del progresismo y de las transformaciones mediatizadas
Por Narciso Isa Conde
El cuadro de nuestra América ya no luce tan favorable para las izquierdas y fuerzas transformadoras como al inicio de este siglo.
EEUU y las derechas han retomado la ofensiva y han logrado entronizarse con diversos medios y variadas modalidades en los gobiernos y Estados de Honduras, Paraguay, Perú y Argentina, países Inicialmente situados en el campo del progresismo.
Además, aprovechando las limitaciones y deformaciones en cada proceso, están logrando cambiar a su favor la correlación de fuerza en Venezuela, creando a la vez mejores condiciones para el retroceso.
A eso se agrega que han podido erosionar gravemente al moderado y debilitado régimen del PT en Brasil, apuntando también contra los gobiernos transformadores de Ecuador y Bolivia con estrategias de desgastes limitadamente exitosas.
FACTORES ADVERSOS Y FALLAS
El fin de las ventajas económicas derivadas de los altos precios del petróleo, la reducción de las exportaciones suramericanas a China, India y otras potencia emergentes; el repunte de la corrupción estatal gubernamental (con sus especificidades en cada caso), la reproducción de métodos propios de la política tradicional, la larga coexistencia traumática con las estructuras del gran capital que alimenta a las agresivas derechas continentales, se han combinado al interior de esos procesos esperanzadores para abrirle cancha a la reversión contra-reformista y contra-revolucionaria.
A esa amalgama de factores y de fallas se le suma la peor de todas las limitaciones: la ausencia en sus instancias conductoras de la necesaria determinación de pasar de las reformas más o menos avanzadas a la revolución con una fuerte impronta anticapitalista y socializante del poder y de la economía. Siempre se ha dicho –y ahora vuelve a confirmarse- que proceso de cambio que se profundiza se estanca, se debilita y termina retrocediendo.
Tendencia
Consumada recientemente la restauración neoliberal en Argentina, el vórtice de la contraofensiva reaccionaria se ha concentrado en Brasil, logrando primero más concesiones voluntarias del Gobierno de Dilma Roussett dentro la lógica neoliberal, erosionando más la popularidad del PT y aprovechando al máximo la implosión de la gran corrupción (PETROBRAS-ODEBRECH-GUTIÉRREZ ANDRADE Y BNDB), en la que evidentemente están envueltos altos dirigentes petistas, incluyendo la presidenta y el propio Lula.
Esa gran corrupción, mezclada con la política exterior del Estado brasileño y del PT, con el cartel de la construcción ODEBRECH a la cabeza y acompañada de eficaces asesorías electorales y no electorales del mercadólogo JOAO SANTANA, hoy en prisión, se ha expandido a otros gobiernos de continente, entre ellos, el de Mauricio Funes en EL Salvador, y a los actuales regímenes de República Dominicana y Panamá, evidenciándose fuertes las complicidades en obras sobrevaluadas. En Venezuela y en Cuba, donde también ha operado ODEBRECH, no se han presentado señales de escándalos.
Cuando los actores del desplazamiento y de la insubordinación contra los viejos y decadentes regímenes neoliberales y contra las podridas democracias representativas, no se deciden por las revoluciones, por la negación de los métodos de la derecha y de la corrupción y privilegios estatales-gubernamentales, por la impugnación progresiva del capitalismo en crisis y la socialización progresiva en todos los órdenes, finalmente quedan entrampados en sus redes y opciones, las cuales comienzan a operar introduciendo un neoliberalismo blando dentro de la social-democratización que termina facilitando la restauración de un neoliberalismo duro.
Casos y casos de estancamientos, giros y retrocesos
Esto es urgentemente válido de tener en cuenta para Venezuela, referente clave del proceso continental.
El caso de Argentina, sometida de nuevo a los bombardeos neoliberales, es sencillamente dramático.
El de Brasil – pendiente todavía de desenlace- tiende a serlo también, con el agravante de que Lula viene de las izquierdas socialistas-revolucionarias y ha sido un símbolo de la resistencia obrera y popular que ha devenido, junto a una parte de la cúpula de su también emblemático PT, en un administrador del orden capitalista con una mejor distribución del ingreso nacional a favor de los pobres en época de bonanzas, acompañada de ganancias records en favor del capital financiero brasileño, y –lo peor- en un líder altamente vulnerable a las acusaciones de corrupción, inmerso en escándalos sobrecogedores que ensucian los gobiernos del PT.
La proyección de esa deplorable situación de Lula y el PT le hacen un daño enorme a las fuerzas auténticamente revolucionarias del continente. Golpea la subjetividad de los pueblos, promueve la desconfianza y facilita el accionar de las derechas retrógradas, siempre opuestas a cualquier cambio fuera de su control.
En Brasil operan además las pugnas soterradas entre los intereses de los consorcios imperialistas brasileños y los estadounidense, los primeros próximos a Lula, los otros no. Eso explica el caso ODEBRECH y el de PETROBRAS, empresas en expansión arrolladora a contra corriente de todo escrúpulo.
A esto hay que sumar los efectos empobrecedores del paquete neoliberal de Dilma, respaldado por Lula y agregado a los graves problemas acumulados en vertientes tan sensibles como salud pública, educación, tenencia de la tierra y medio ambiente.
En El Salvador, el cambio de mando de Funes a Sánchez Cerén, abrió una nueva oportunidad que parece estancada en el orden de los cambios estructurales necesarios.
Nicaragua, que algo muy especial, luce muy estable dentro sus límites por todo lo que implica el proyecto del canal interoceánico en manos de China Popular.
Uruguay no ha sobrepasado el marco socialdemócrata dentro de su capitalismo dependiente apto, por su escasa población, para ofrecer cierto bienestar social a la clase trabajadora y al pueblo en general con buenos parámetros de libertad y honestidad administrativa
En Cuba el giro dominante en lo inmediato es hacia una combinación de estatismo y capitalismo privado en el contexto de buenas relaciones con EEUU y amplia apertura al capital transnacional, si no se altera ese factor por decisión imperial o cubana. Y ese modelo, de no ser reemplazado, tiende sacar a esa nación de toda dinámica revolucionaria anticapitalista y a embotar las perspectivas socialistas del proceso.
Es claro, sin embargo, que ese nuevo curso del proceso cubano está en fase inicial, tanto en lo que concierne al escenario político propio como al estadounidense, donde los nuevos comicios anuncian otras tormentas que precisamente no se llaman OBAMA; por lo que es temprano para juicios tajantes.
Sigue el combate
Pero la pelea sigue.
Y si el giro hacia la revolución no surge de los liderazgos actuales de esos procesos, brotará de las entrañas del pueblo trabajador y desde la conciencia y organización creada al calor de los procesos fallidos.
El capitalismo no tiene todavía otras respuestas a sus crisis que no sea finalmente más neoliberalismo, lo que vuelve atizar las resistencias y contra-ofensiva populares.
Algo de mayor envergadura puede olerse en Venezuela si se completa el asalto al poder por las derechas. En ambos sentidos: en la dureza de las derechas y en la radicalidad del chavismo revolucionario.
La radicalidad presente en las bases populares de los procesos progresistas y transformadores entorpecidos no necesariamente se revierte cambiando para peor los gobiernos; esto sin negar las frustraciones, retrasos y confusiones que esas realidades podrían generar según las circunstancias.
La ola de cambios puede declinar a nivel del posicionamiento de los Estados, pero no necesariamente desde los pueblos, sobre todo cuando la crisis de decadencia del capitalismo no cesa de agudizarse, deteriorando y caotizando las sociedades cargando sobre la traumática ofensiva neoliberal legitimada efímeramente por el estancamiento y la degradación de los procesos de cambio, sin contar con una fuerza revolucionaria de relevo
Las dificultades que implican esos virajes a favor de EEUU y las derechas no debe ser minimizada.
Estos estancamientos, giros a la derecha y retrocesos, junto a graves fallas éticas, le hacen un daño enorme a las fuerzas auténticamente revolucionarias del continente. Golpea la subjetividad de los pueblos, promueve la desconfianza y facilita el accionar de las derechas retrógradas, siempre opuestas a cualquier cambio fuera de su control.
Precisan, por tanto, ser enfrentados con firmeza y optimismo al compás de sus desgarradores efectos; detectando las posibilidades de contra-ofensiva desde los pueblos y redoblando los esfuerzos por construir nuevas vanguardias y liderazgos político- sociales consecuentes, como garantía de avances sin retornos al pasado.
Colombia en tren de paz
Por otra parte, el avance de los acuerdos para la paz en Colombia, otro escenario de la lucha de clase y de la pelea por la soberanía, merece un seguimiento especial de nuestra parte.
Tal fenómeno ya ha provocado cambios no despreciables en la dinámica de la política colombiana y tiende a crear nuevas coyunturas y a generar nuevas exigencias e iniciativas que pueden impactar la realidad continental y mundial en dirección positiva o negativa; dependiendo del tipo de variaciones que produzca en las correlaciones de fuerza y de poder en el periodo de transición hacia la paz.
Las FARC-EP -combinando con mucho talento la firmeza estratégica y la flexibilidad táctica- procuran que la modalidad de la transición sin confrontación armada preserve su acumulado histórico y su capacidad de respuesta insurgente mientras no se consolide el viraje democrático a escala nacional; para que posibilite a la vez ampliar su influencia política e implantación social, garantizando avances ascendentes sin retrocesos hacia una nueva Colombia en paz duradera, capaz de impactar positivamente la región. La ampliación del plazo para arribar a acuerdos sólidos y a sus formas de implementación favorece esos propósitos.
El tema venezolano y el colombiano tienen una estrecha interacción, sin que todavía puedan hacerse predicciones categóricas respecto a lo que pueda ocurrir en ambos lados de esa frontera neurálgica en este mundo convulso.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.