Opinión
Caso Brasil y papeles sucios
Por Narciso Isa Conde
Es evidente que detrás del terremoto político brasileño y de los tumultuosos “PAPELES DE PANAMÁ”, está la ríspida competencia entre facciones de la lumpen burguesía transnacional: una de factura estadounidense y otras de cualquier otro origen o gravitación territorial no controlado por EEUU; así como también la lucha por el manejo y ubicación territorial de las sociedades ‘offshore’ y de las cuentas secretas por los grandes capitales de matriz norteamericana, y por el esfuerzo gringo por la radical conversión de Brasil en un Estado gendarme bajo control del Pentágono.
El bombardeo actual se centra en Panamá como paraíso fiscal y específicamente en las de sociedades offshore benevolentes con Estados y facciones burguesas que EU considera hostiles a sus intereses.
LAS DIFERENTES FACETAS DEL CASO BRASIL
El caso Brasil –como me escribe con mucha razón y agudeza el camarada Alfredo Pierre-
debe llamar la atención “no solo por el tamaño territorial y por ser la séptima economías del mundo”, agregando “como peligro la vocación imperialista” que subyace en sectores de poder de la clase dominante de esa potencia emergente. “Solo el tamaño de su territorio es un indicador de la apropiación y despojo”, recalca. Pero hay otras realidades tan importantes como ominosas que no tarda en mencionar.
Ya para los años 50 –me recuerda Pierre- “en su Escuela de Guerra se había elaborado la doctrina de seguridad nacional, antes que los yanquis se apropiaran con fuerza de ella; sin negar que los norteamericanos fueron la fuente de inspiración de la misma como resultado de la experiencia conjunta de las fuerzas expedicionarias brasileñas y del quinto ejército de EEUU en ITALIA durante la segunda guerra mundial, comandados por Vernon Walters y por Panasco Alvin”, muy conocidos por sus fechorías imperiales en nuestra América.
El general Alvin dirigió la llamada Fuerza Interamericana de Paz-FIP, mampara con que las tropas estadounidense invadieron la República Dominicana en 1965; sin necesidad ahora de mencionar los conocidos detalles de su rol en la gorilada brasileña y continental, pero sí de destacar el parecido de la mancuerna entre ambas fuerzas militares en la actual ocupación de Haití bajo el manto de la MINUSTHA.
Al decir de muchos, ese acontecimiento reciente, no es más que “una forma de entrenamiento de su ejército para enfrentar a las posibles rebeldías de las calientes favelas brasileñas”.
El libreto militar gringo, que incluye la plena reconquista del control político-militar de Brasil, actualmente remozado, tiene muy presente -como anota el referido camarada- los límites que presenta el Estado guerrerista-terrorista colombiano para el papel que el PENTÁGONO le ha asignado desde hace varios lustros; esto es, lo que en otros análisis he descrito como una variante de sub-imperialismo regional: algo así como una modalidad parecida a una especie de Israel en nuestra América, exportadora de experiencias, asesorías, mercenarismo, paramilitarismo…, capaz de expandir a la vecindad la llamada “guerra sucia” colombiana combinada con la “guerra de cuarta generación” estadounidense.
En consecuencia, tiene lógica que para esos fines específicos, a EEUU le convenga más en esta región un aliado militar con más fuerza industrial-tecnológica que Colombia, poseedor de un verdadero complejo militar industrial. Y, sin dudas, ese aliado podría ser un Brasil bajo control de una lumpen burguesía y una lumpen partidocracia más identificadas con los intereses imperiales del Norte revuelto y brutal, brutalmente militarizado y gansterizado.
Es claro que tal posibilidad se había visto obstruida durante estos últimos años por los cambios políticos a favor del PT y de ciertas facciones burguesas al interior del Brasil; cambios que estuvieron dirigidos a favorecer temporalmente al emergente imperialismo brasileño (con relativa independencia de WASHINGTON, aunque con vicios parecidos), proyecto ahora en franco declive.
Esto concuerda con mi percepción de que las veleidades burguesas de la cúpula del PT -sus asociaciones delictivas con corporaciones como ODEBRECHT, su opción por la mezcla de neoliberalismo light y social-democratización con corrupción, sobornos y paquetazos fiscales- le han bridado a EEUU y a sus aliados locales más confiables, las oportunidades que por sí solos no hubieran podido construir. Así los Lula, Dirceu, Marco Aurelio, Dilma… -aun en contradicción moderada con el imperio-pentagonismo- han operado objetivamente como especies de aliados del mismo, facilitando sus nefastos propósitos.
Algo parecido –insisto- acontece con todos los llamados “progresismos” del Continente, e incluso con los procesos de reformas profundas y/o transformadores, que están optando por asumir como gobernabilidad malentendida y frágil, vía estancamiento de los cambios, repliegues de reformas y social-democratización moderada. Su agotamiento y su declinación son tan obvios como la tozudez de la revancha imperial, lo que nos exige una reflexión crítica profunda.
Todas estas facetas de nuestro análisis pueden explicar la reciente apuesta de la gran burguesía colombiana subordinadas ciertas facciones del poder estadounidense (Obama y John Kerry incluidos) a una paz mediatizada en Colombia, que incluye la exigencia de desmovilización guerrillera y desarme unilateral de las FARC-EP y el ELN; así como -más allá de esas fronteras- su aparente y engañosa moderación en pro de un “entendimiento” con Cuba sin dejar de arreciar su perversa contra-ofensiva en Argentina, Brasil y Venezuela, apuntado también contra Bolivia y Ecuador.
Eso podría armonizar muy bien, no solo con la ejecución de su libreto militar respecto a BRASIL y con el trueque o reajuste de los roles de esa potencia latinoamericana y de Colombia, sino además con el evidente incremento de la posibilidad de concretar a plazo corto el viraje brasileño a favor de la ultraderecha pro-estadounidense, lo que antes no estaba tan a la vista.
En Brasil -además del supremo interés de EEUU por convertirlo en una potencia militar útil a su estrategia de dominación en el Continente- están envueltas no pocas cosas relativas a petróleo, bio-cultivos, energía, minerales estratégicos, industria militar, cárteles de la construcción, agua, biodiversidad, BRIC… al interior de de una convulsa civilización burguesa decadente, violenta y gansterizada.
Mientras en Colombia, el interés popular por una paz con soberanía, dignidad y justicia social, está pretendiendo ser contaminado por esta maniobra imperialista de “alto vuelo de águila”, enfrentada cada vez más a la apuesta de la insurgencia popular-revolucionaria a una paz sin desarme unilateral y sin rendiciones bochornosas.
Por eso, no es exagerado pensar, que de la actitud que definitivamente asuman las FARC-EP y el ELN sobre el acumulado histórico que significan las armas en su poder y su condición de fuerzas y poderes político-militares transformadores, podría depender el curso inmediato de la ola de cambios, ahora en peligroso declive.
EL SUCIO PAPEL DE LOS PAPELES SUCIOS
Esta valoración ha sido reforzada por el tipo de escándalo conocido como “PAPELES DE PANAMÁ”, donde la “mano peluda” de WASHINGTON parece estar mezclando verdades y medias verdades con encubrimientos claves, dentro de las investigaciones de unos 11.5 millones de documentos internos de la firma panameña Mossack-Fonseca; considerada como una de las cinco mayores registradoras mundiales de sociedades ‘offshore’ (modalidad tramposa del capital financiero, legal e ilegal, destinada a proteger variadas formas de corrupción, incluidas grandes evasiones de impuestos).
Para entender el trasfondo de esa maniobra me parece útil auxiliarme de lo revelado por el intelectual latinoamericano Nicolás Stolkin, quien sin dudar de la veracidad de esos papeles, optó por indagar sobre la fuente de los mismos y la finalidad de esa denuncia, ofreciendo estos valiosos datos:
“¿De dónde proviene tamaña filtración? Todo lo que sabemos es que la información fue obtenida de una fuente anónima, progresiva y gratuitamente desde hacía más de un año, o un año aproximado, por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung y que, para procesar tamaña cantidad de información, fue compartida benévolamente con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ), creada en 1997 por iniciativa del Center for Public Integrity.”
“¿Quién financia al Center for Public Integrity? Puras perlas. Las más destacables: Rockefeller Brothers Fund, Rockefeller Family Fund, Open Society Foundations, Ford Foundation, Carnegie Corporation of New York, etc.”
“¿Quién financia al ICIJ? Entre los más destacados se encuentran la Open Society Foundations y The Ford Foundation. La primera está directamente ligada con el conocido especulador financiero George Soros que, a su vez, es miembro activo del Council on Foreign Relations (CFR), la estructura más influyente de la política exterior estadounidense. La segunda es una fundación que históricamente ha estado relacionada con la CIA, y que le sirve de fachada, al igual que la USAID”(DETRÁS DE PAPELES PANAMÁ, ALAI AMLATINA, 07/04/2016).
Así las cosas, esa denuncia parcial de cuentas secretas y trasferencias dolosas ocultas, a la que han tenido acceso por esas vías del supra-poder estadounidense el diario alemán ‘Süddeustche Zeitung’ y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), evidentemente incluye -además de muchos datos ciertos (de lo contrario no sería efectiva)- evidentes fines políticos imperiales subversivos contra los Kirchner en Argentina, el clan ruso-nacionalista de Putin en Rusia, la actual dirección china continental y la alianza PT-ODEBRECH-PETROBRAS en Brasil, entre doce jefes de Estado, 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, futbolistas, empresarios o actores.
Curiosamente en los 11.5 millones de documentos investigados no se incluyen aquellos que corresponden a las cuentas secretas y sociedades offshorts de los mega-millonarios, políticos y corporaciones gringas mafiosas.
Pretender culpar así a un lado y exculpar al otro, cuando se trata de facciones todas comprobadamente comprometidas en sobornos, tráfico de influencias, financiamientos políticos espurios, enriquecimientos ilícitos y ocultamientos y trampas, es ofender la inteligencia de la humanidad.
Asumir que toda la pus develada en Brasil, Argentina, Rusia-Putin, Sarkozy-Francia, Martinelli- Panamá, la Princesa y empresarios españoles, el Rey Saudí, China Continental… se debe a una determinación imperial-transnacional a favor de la transparencia en la competencia mundial de capitales, es no entender la decadencia, el fraccionamiento, la putrefacción y “lumpenización” del capitalismo-imperialismo de estos tiempos, sean sus componentes de larga data o llamados “emergentes”.
¡Etecojete! Con estos datos a mano no hay forma de ocultar la factura imperialista estadounidense de todos estos revuelos ni de enmascarar por mucho tiempo los hechos ocultos que indican que la descomposición es totalmente sistémica y apuntan hacia un caos y una putrefacción mayor y global, que no puede revertirse sin insurgencias y revoluciones forzosamente globales.
Por José Cabral
Siempre he dicho y he reiterado, pero que no se trata de ningún descubrimiento, que el sistema está concebido para responder a los intereses de los partidos políticos.
Los diputados y senadores provienen de ese entorno, el presidente de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el que se escogen los jueces, explica el desempeño de cada uno de estos poderes públicos
La conformación del CNM implica que todo el sistema, incluido el de justicia, obedece a los intereses que se expresan en este órgano.
De manera, que, frente a la confrontación del derecho con la política, el primero siempre tiene todas las de ganar cualquier batalla, máxime cuando se trata de aquella que se desarrolla en el campo legal.
Todo este cuadro permite establecer que resulta prácticamente difícil, por no decir imposible, que el derecho pueda salir triunfante frente a la política.
Sin ninguna duda, que ahí descansa la gran debilidad del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 2010.
Es hermoso en los textos el proceso de constitucionalización, pero el mismo resulta decepcionante en la práctica y cuando se choca con la realidad.
Nadie, absolutamente nadie, puede negar que una herramienta vital para cualquier democracia es una buena administración de justicia, pero en una nación donde la partidocracia es la dueña del sistema esto se vuelve prácticamente difícil, por no decir imposible.
El problema descansa en un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyo órgano tiene la sagrada misión de escoger los jueces del sistema de justicia nacional, lo que quiere decir que cuando se presenta un conflicto entre el derecho y la política éstos se inclinen por emitir sentencias en favor de la partidocracia.
Los hechos hablan por sí solos y el que no lo crea que revise la mayoría de las decisiones que conllevan sentencias que impactan los intereses de los partidos para que se puedan valorar los resultados.
Sin no se cambia la conformación del CNM es muy difícil que el proceso de constitucionalización del derecho y que tiene como base el respeto de los derechos fundamentales pueda cristalizarse en una sociedad como la dominicana, donde la política está presente predominantemente en todos los escenarios.
De tal forma, que hablar de una buena administración de justicia al margen de los intereses de los partidos políticos, resulta una quimera y que sólo una persona muy ingenua lo puede creer.
Por Isaías Ramos
Ninguna democracia muere el día en que se rompe la Constitución. Muere mucho antes: cuando quienes juraron defenderla comienzan a tratarla como un obstáculo y la ciudadanía empieza a acostumbrarse a ese irrespeto.
La Constitución no fue escrita para adornar discursos ni para ser invocada cuando conviene al poder. Fue concebida para limitar a quienes gobiernan, proteger a los ciudadanos y garantizar que ningún funcionario, partido, mayoría congresual o presidente coloque su voluntad por encima de la soberanía popular.
Por eso preocupa el rumbo de diversas actuaciones del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo.
En los últimos años se han aprobado normas luego anuladas, corregidas o seriamente cuestionadas por su compatibilidad constitucional. La Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia motivó la intervención del Tribunal Constitucional por objeciones relacionadas con derechos fundamentales. La Ley de Facturación Electrónica también requirió su actuación para corregir una disposición que afectaba la privacidad.
Más recientemente, el nuevo Código Penal ha dejado de ser únicamente una inquietud jurídica para provocar un rechazo creciente en amplios sectores de la sociedad. Juristas, periodistas, profesionales, organizaciones sociales y ciudadanos hemos advertido que varias disposiciones, por su amplitud, ambigüedad o desproporción, podrían amenazar la libertad de expresión, la denuncia pública, el ejercicio profesional y la protesta pacífica.
Cuando una legislación penal provoca temor entre quienes informan, denuncian o protestan, el problema deja de ser técnico: amenaza la convivencia democrática.
Pero el caso institucionalmente más delicado es la respuesta legislativa posterior a la sentencia TC/0788/24.
Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para todos los poderes públicos. Cuando una legislación posterior genera serios cuestionamientos sobre si respeta materialmente el criterio fijado por el máximo intérprete de la Constitución, no estamos ante un simple debate político. Está comprometida la supremacía constitucional, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.
La preocupación no gira solo alrededor de una sentencia ni de las candidaturas independientes. El problema es más profundo: ¿puede el poder político redefinir, limitar o neutralizar derechos protegidos por la Constitución?
La Constitución dominicana no creó una democracia para beneficio de los partidos. Creó un Estado social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana, la soberanía popular, el pluralismo político, la separación de poderes y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
El derecho a expresarse no es una concesión del Gobierno.
El derecho a protestar pacíficamente no es un favor del Congreso.
El derecho a elegir y ser elegido no pertenece a los partidos.
Son derechos constitucionales que ningún poder temporal puede apropiarse, reducir ni administrar según su conveniencia.
No sabemos si quienes gobiernan desconocen el espíritu de la Constitución o si, conociéndolo, han decidido apartarse de él. Lo evidente es que demasiadas decisiones han obligado al Tribunal Constitucional y a la sociedad a recordar principios que debieron orientar desde el inicio a los poderes públicos.
No afirmamos que la República Dominicana sea hoy una dictadura. Pero sería irresponsable esperar a que el autoritarismo esté consumado para denunciar las decisiones que pueden abrirle camino.
Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Se erosionan lentamente cuando se relativiza la supremacía constitucional, se reducen los espacios de participación, aumentan las facultades del poder sin controles suficientes y los derechos fundamentales dejan de orientar la legislación.
Está en juego la República que dejaremos a nuestros hijos: una nación donde la Constitución gobierne al poder o un país donde el poder acomode la Constitución a sus intereses.
Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo.
El pueblo dominicano ha demostrado paciencia, madurez y vocación democrática. Ha recurrido a los tribunales, promovido el debate público y utilizado los mecanismos institucionales reconocidos por la Constitución.
Pero la paz social no puede sostenerse indefinidamente si los reclamos constitucionales no encuentran respuesta. Cuando las instituciones dejan de escuchar, aumenta la presión social. Esa realidad no debe celebrarse ni provocarse; debe prevenirse mediante el diálogo, la rectificación y el respeto a la Constitución.
Este no es un llamado a la confrontación. Es un llamado a la rectificación.
El Congreso debe legislar dentro de los límites constitucionales. El Poder Ejecutivo debe ejercer sus facultades constitucionales con el mismo compromiso que juró al asumir el cargo. Y todos los poderes públicos deben recordar que las decisiones del Tribunal Constitucional no son recomendaciones: forman parte del orden que están obligados a respetar.
Cumplir la Constitución no debilita al Estado. Lo fortalece.
Respetar los derechos fundamentales no genera desorden. Construye paz.
Abrir la democracia no amenaza la República. La hace más legítima y fuerte.
Desde el Foro Cívico y Social lo afirmamos con claridad: la Constitución no pertenece al Congreso, al Poder Ejecutivo ni a los partidos políticos.
La Constitución pertenece al pueblo dominicano.
Defenderla por las vías pacíficas, democráticas y constitucionales no es un acto de oposición. Es el deber moral, cívico y patriótico de toda generación que aspire a entregar a sus hijos una República más libre, justa y fiel al Estado social y democrático de derecho.
Una nación puede sobrevivir a una mala ley y corregir una mala decisión. Lo que no puede permitirse es acostumbrarse a que el poder deje de obedecer la Constitución.
Por Oscar López Reyes
(A la 18:00 hora local del miércoles 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos terremotos: el primero en la escala 7.2 (duró un minuto) y 39 segundos después otro de magnitud 7.5 (se extendió por tres minutos), concentrados especialmente en la Guaira y Caracas, con un salto -hasta el 12 de julio de 2026- de más de 50 mil desaparecidos, según la ONU; cerca de 5 mil fallecidos, 20 mil heridos y 20 mil damnificados).
(I)
¡Oh, Venezuela!
Patria inmensa.
¡Caramba!,
Hermanos en Bolívar,
¡qué dolor soberbio!
que oprime las fibras de mi alma,
En tristeza de gritos que escapan
de escombros retorcidos
por furia de un suelo rebelde.
El telúrico conmueve en miradas
de arquitecturas sin piedras ni ventanas,
y melancolías de niños vagando en penumbras,
Sin padres ni estancias.
Y pone a temblar en rememoración de amor
su épica solidaridad y sacrificio de dignidad infinita
en épocas pretéritas, que configura
una vastedad de grandeza histórica
y el patriotismo compartido.
¡Oh, Venezuela, SOS!
(II)
Cuando no haya más lágrimas que derramar,
rebosantes las porcelanas de mortandad,
esa “Tierra de Venecia” y esa “Tierra de Gracia”
dejará de llorar y se levantará en cumbre de cerros,
contemplando
marchas fúnebres y entierros colectivos,
echando la vista a la resurrección de Cristo.
(III)
Heridos que sollozan en ruinas y hospitales,
sobrevivirán en sonidos de esperanza y el susurro
que late desde los vientos que soplan
de mares y montañas, para otro comienzo
de sonrisas en barcas de adversidad.
(IV)
Los fallecidos descansarán en púrpura palmera
y ecosistemas naturales con flores coloreadas
con toques de bellezas íntimas
que evocan la fragancia
en la eternidad de jardines
con pétalos de atardeceres versátiles.
(V)
Y los muchos desaparecidos fertilizarán
los predios erosionados,
para floración de hojas, frutos y plantas aromáticas,
que germinarán emergentes criaturas en vientres
de primaveras de Luna menguante
y otoños de Luna creciente.
(VI)
En su inocencia, niños huérfanos seguirán jugando
en noches tranquilas, abrazados de madres sustitutas
y nutrientes saludables,
que brotarán renovadas energías
en llanuras, bosques y lagos estrellados,
acariciados por paisajes de jazmines
y saltos que gimen en la nostalgia de edificios desplomados.
(VII)
Sumergidos en cenizas de techos agrietados
por terrestres sacudidas bruscas,
pequeños, adultos y veteranos
alzarán vuelos con recuperados bríos,
como aquel ave mítica y pájaro de fuego.
Tendrán casas alfombradas con claveles
y rosadas cestas colgantes,
en calles sin pedruscos y con Sol,
parques con glorietas y toboganes,
escuelas y parroquias para el cambio.
(y VIII)
En brisas de trompetas, hembras y varones
abatidos en estado emocional resurgirán
de pedazos de paredes rotas,
para reconstruir territorios asolados,
en el renacer de paz y progreso,
y entonces entonar, a viva voz: ¡felicidad, felicidad!
………………………….
El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.