Opinión
Caso Brasil y papeles sucios
Por Narciso Isa Conde
Es evidente que detrás del terremoto político brasileño y de los tumultuosos “PAPELES DE PANAMÁ”, está la ríspida competencia entre facciones de la lumpen burguesía transnacional: una de factura estadounidense y otras de cualquier otro origen o gravitación territorial no controlado por EEUU; así como también la lucha por el manejo y ubicación territorial de las sociedades ‘offshore’ y de las cuentas secretas por los grandes capitales de matriz norteamericana, y por el esfuerzo gringo por la radical conversión de Brasil en un Estado gendarme bajo control del Pentágono.
El bombardeo actual se centra en Panamá como paraíso fiscal y específicamente en las de sociedades offshore benevolentes con Estados y facciones burguesas que EU considera hostiles a sus intereses.
LAS DIFERENTES FACETAS DEL CASO BRASIL
El caso Brasil –como me escribe con mucha razón y agudeza el camarada Alfredo Pierre-
debe llamar la atención “no solo por el tamaño territorial y por ser la séptima economías del mundo”, agregando “como peligro la vocación imperialista” que subyace en sectores de poder de la clase dominante de esa potencia emergente. “Solo el tamaño de su territorio es un indicador de la apropiación y despojo”, recalca. Pero hay otras realidades tan importantes como ominosas que no tarda en mencionar.
Ya para los años 50 –me recuerda Pierre- “en su Escuela de Guerra se había elaborado la doctrina de seguridad nacional, antes que los yanquis se apropiaran con fuerza de ella; sin negar que los norteamericanos fueron la fuente de inspiración de la misma como resultado de la experiencia conjunta de las fuerzas expedicionarias brasileñas y del quinto ejército de EEUU en ITALIA durante la segunda guerra mundial, comandados por Vernon Walters y por Panasco Alvin”, muy conocidos por sus fechorías imperiales en nuestra América.
El general Alvin dirigió la llamada Fuerza Interamericana de Paz-FIP, mampara con que las tropas estadounidense invadieron la República Dominicana en 1965; sin necesidad ahora de mencionar los conocidos detalles de su rol en la gorilada brasileña y continental, pero sí de destacar el parecido de la mancuerna entre ambas fuerzas militares en la actual ocupación de Haití bajo el manto de la MINUSTHA.
Al decir de muchos, ese acontecimiento reciente, no es más que “una forma de entrenamiento de su ejército para enfrentar a las posibles rebeldías de las calientes favelas brasileñas”.
El libreto militar gringo, que incluye la plena reconquista del control político-militar de Brasil, actualmente remozado, tiene muy presente -como anota el referido camarada- los límites que presenta el Estado guerrerista-terrorista colombiano para el papel que el PENTÁGONO le ha asignado desde hace varios lustros; esto es, lo que en otros análisis he descrito como una variante de sub-imperialismo regional: algo así como una modalidad parecida a una especie de Israel en nuestra América, exportadora de experiencias, asesorías, mercenarismo, paramilitarismo…, capaz de expandir a la vecindad la llamada “guerra sucia” colombiana combinada con la “guerra de cuarta generación” estadounidense.
En consecuencia, tiene lógica que para esos fines específicos, a EEUU le convenga más en esta región un aliado militar con más fuerza industrial-tecnológica que Colombia, poseedor de un verdadero complejo militar industrial. Y, sin dudas, ese aliado podría ser un Brasil bajo control de una lumpen burguesía y una lumpen partidocracia más identificadas con los intereses imperiales del Norte revuelto y brutal, brutalmente militarizado y gansterizado.
Es claro que tal posibilidad se había visto obstruida durante estos últimos años por los cambios políticos a favor del PT y de ciertas facciones burguesas al interior del Brasil; cambios que estuvieron dirigidos a favorecer temporalmente al emergente imperialismo brasileño (con relativa independencia de WASHINGTON, aunque con vicios parecidos), proyecto ahora en franco declive.
Esto concuerda con mi percepción de que las veleidades burguesas de la cúpula del PT -sus asociaciones delictivas con corporaciones como ODEBRECHT, su opción por la mezcla de neoliberalismo light y social-democratización con corrupción, sobornos y paquetazos fiscales- le han bridado a EEUU y a sus aliados locales más confiables, las oportunidades que por sí solos no hubieran podido construir. Así los Lula, Dirceu, Marco Aurelio, Dilma… -aun en contradicción moderada con el imperio-pentagonismo- han operado objetivamente como especies de aliados del mismo, facilitando sus nefastos propósitos.
Algo parecido –insisto- acontece con todos los llamados “progresismos” del Continente, e incluso con los procesos de reformas profundas y/o transformadores, que están optando por asumir como gobernabilidad malentendida y frágil, vía estancamiento de los cambios, repliegues de reformas y social-democratización moderada. Su agotamiento y su declinación son tan obvios como la tozudez de la revancha imperial, lo que nos exige una reflexión crítica profunda.
Todas estas facetas de nuestro análisis pueden explicar la reciente apuesta de la gran burguesía colombiana subordinadas ciertas facciones del poder estadounidense (Obama y John Kerry incluidos) a una paz mediatizada en Colombia, que incluye la exigencia de desmovilización guerrillera y desarme unilateral de las FARC-EP y el ELN; así como -más allá de esas fronteras- su aparente y engañosa moderación en pro de un “entendimiento” con Cuba sin dejar de arreciar su perversa contra-ofensiva en Argentina, Brasil y Venezuela, apuntado también contra Bolivia y Ecuador.
Eso podría armonizar muy bien, no solo con la ejecución de su libreto militar respecto a BRASIL y con el trueque o reajuste de los roles de esa potencia latinoamericana y de Colombia, sino además con el evidente incremento de la posibilidad de concretar a plazo corto el viraje brasileño a favor de la ultraderecha pro-estadounidense, lo que antes no estaba tan a la vista.
En Brasil -además del supremo interés de EEUU por convertirlo en una potencia militar útil a su estrategia de dominación en el Continente- están envueltas no pocas cosas relativas a petróleo, bio-cultivos, energía, minerales estratégicos, industria militar, cárteles de la construcción, agua, biodiversidad, BRIC… al interior de de una convulsa civilización burguesa decadente, violenta y gansterizada.
Mientras en Colombia, el interés popular por una paz con soberanía, dignidad y justicia social, está pretendiendo ser contaminado por esta maniobra imperialista de “alto vuelo de águila”, enfrentada cada vez más a la apuesta de la insurgencia popular-revolucionaria a una paz sin desarme unilateral y sin rendiciones bochornosas.
Por eso, no es exagerado pensar, que de la actitud que definitivamente asuman las FARC-EP y el ELN sobre el acumulado histórico que significan las armas en su poder y su condición de fuerzas y poderes político-militares transformadores, podría depender el curso inmediato de la ola de cambios, ahora en peligroso declive.
EL SUCIO PAPEL DE LOS PAPELES SUCIOS
Esta valoración ha sido reforzada por el tipo de escándalo conocido como “PAPELES DE PANAMÁ”, donde la “mano peluda” de WASHINGTON parece estar mezclando verdades y medias verdades con encubrimientos claves, dentro de las investigaciones de unos 11.5 millones de documentos internos de la firma panameña Mossack-Fonseca; considerada como una de las cinco mayores registradoras mundiales de sociedades ‘offshore’ (modalidad tramposa del capital financiero, legal e ilegal, destinada a proteger variadas formas de corrupción, incluidas grandes evasiones de impuestos).
Para entender el trasfondo de esa maniobra me parece útil auxiliarme de lo revelado por el intelectual latinoamericano Nicolás Stolkin, quien sin dudar de la veracidad de esos papeles, optó por indagar sobre la fuente de los mismos y la finalidad de esa denuncia, ofreciendo estos valiosos datos:
“¿De dónde proviene tamaña filtración? Todo lo que sabemos es que la información fue obtenida de una fuente anónima, progresiva y gratuitamente desde hacía más de un año, o un año aproximado, por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung y que, para procesar tamaña cantidad de información, fue compartida benévolamente con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ), creada en 1997 por iniciativa del Center for Public Integrity.”
“¿Quién financia al Center for Public Integrity? Puras perlas. Las más destacables: Rockefeller Brothers Fund, Rockefeller Family Fund, Open Society Foundations, Ford Foundation, Carnegie Corporation of New York, etc.”
“¿Quién financia al ICIJ? Entre los más destacados se encuentran la Open Society Foundations y The Ford Foundation. La primera está directamente ligada con el conocido especulador financiero George Soros que, a su vez, es miembro activo del Council on Foreign Relations (CFR), la estructura más influyente de la política exterior estadounidense. La segunda es una fundación que históricamente ha estado relacionada con la CIA, y que le sirve de fachada, al igual que la USAID”(DETRÁS DE PAPELES PANAMÁ, ALAI AMLATINA, 07/04/2016).
Así las cosas, esa denuncia parcial de cuentas secretas y trasferencias dolosas ocultas, a la que han tenido acceso por esas vías del supra-poder estadounidense el diario alemán ‘Süddeustche Zeitung’ y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), evidentemente incluye -además de muchos datos ciertos (de lo contrario no sería efectiva)- evidentes fines políticos imperiales subversivos contra los Kirchner en Argentina, el clan ruso-nacionalista de Putin en Rusia, la actual dirección china continental y la alianza PT-ODEBRECH-PETROBRAS en Brasil, entre doce jefes de Estado, 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, futbolistas, empresarios o actores.
Curiosamente en los 11.5 millones de documentos investigados no se incluyen aquellos que corresponden a las cuentas secretas y sociedades offshorts de los mega-millonarios, políticos y corporaciones gringas mafiosas.
Pretender culpar así a un lado y exculpar al otro, cuando se trata de facciones todas comprobadamente comprometidas en sobornos, tráfico de influencias, financiamientos políticos espurios, enriquecimientos ilícitos y ocultamientos y trampas, es ofender la inteligencia de la humanidad.
Asumir que toda la pus develada en Brasil, Argentina, Rusia-Putin, Sarkozy-Francia, Martinelli- Panamá, la Princesa y empresarios españoles, el Rey Saudí, China Continental… se debe a una determinación imperial-transnacional a favor de la transparencia en la competencia mundial de capitales, es no entender la decadencia, el fraccionamiento, la putrefacción y “lumpenización” del capitalismo-imperialismo de estos tiempos, sean sus componentes de larga data o llamados “emergentes”.
¡Etecojete! Con estos datos a mano no hay forma de ocultar la factura imperialista estadounidense de todos estos revuelos ni de enmascarar por mucho tiempo los hechos ocultos que indican que la descomposición es totalmente sistémica y apuntan hacia un caos y una putrefacción mayor y global, que no puede revertirse sin insurgencias y revoluciones forzosamente globales.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.