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Nuevo Gobierno RD, del dicho ¿al hecho?
SANTO DOMINGO.- El nuevo gobierno de República Dominicana, encabezado por el presidente, Danilo Medina, asumió sus responsabilidades en medio de propuestas que provocaron encontradas opiniones en diferentes sectores de este país caribeño.
Para unos, el horizonte muestra esperanzas y existe concordancia con los deseos de cambio; otros critican la abundancia de retórica, consideran muy difícil el logro de las metas propuestas y vaticinan resultados alejados de las demandas del pueblo.
Durante el primer discurso como dignatario, el 16 de agosto, Medina afirmó que su administración luchará por disminuir la pobreza y la desigualdad, acabar con el analfabetismo, implantar un nuevo modelo de desarrollo, y mejorar la educación, la salud y la seguridad ciudadana.
Queremos construir un país más moderno, libre, justo e independiente, con democracia plena, instituciones sólidas, defensa de los derechos humanos y absoluta libertad de expresión, subrayó.
En contraste con la resistencia a la crisis mundial y el ascenso económico de los últimos años, Dominicana tiene marcadas diferencias sociales y la pobreza cerró 2011 en 39 por ciento, según una reciente y más profunda medición.
Consciente de la hercúlea tarea, Medina llamó para lograr esos objetivos a todos los sectores a trabajar juntos sin exclusión alguna de índole política, religiosa, étnica o social.
Ese gran pacto de concertación social, precisó, incluye sacar de la pobreza a un millón y medio de personas, generar 400 mil nuevos puestos de trabajo y mantener un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de por lo menos 4,5 por ciento de promedio anual.
La iniciativa, agregó, se centrará en tres ejes fundamentales: uno de lo fiscal, otro de la educación, y el último de la electricidad.
Anunció que se fortalecerá el llamado Programa de Solidaridad para beneficiar en los próximos cuatro años al menos a 200 mil familias pobres, y se pondrán en marcha otros proyectos como Quisqueya sin Miseria con énfasis en poblaciones vulnerables.
Expresó que Dominicana pretende eliminar el analfabetismo dentro de dos años con el apoyo de países hermanos y la Unesco, y declarar al país libre de ese flagelo.
Sobre el tema especificó que el próximo 8 de septiembre, Día Mundial por la Alfabetización, se presentará el plan para una gran movilización nacional, un esfuerzo conjunto del Estado y la sociedad.
Llevemos el amor y la esperanza hechos letras a más de 700 mil dominicanos que nos están esperando, será una victoria que recordaremos para siempre, instó.
Puntualizó que honrará el compromiso de la campaña electoral de conceder el cuatro por ciento del PIB a construir un sistema educativo incluyente y con elevada calidad a partir del próximo año.
«De hacerse realidad ese anuncio, se cumplirá uno de los postulados de la Constitución y quizás cesen las manifestaciones de quienes exigen más recursos para un sector vital en el desarrollo de cualquier país».
En el primer año de Gobierno, construiremos 10 mil nuevas aulas, y en cuatro llegaremos al menos a 18 mil, manifestó Medina ante invitados de 75 países y organismos internacionales.
Aseguró que se garantizará que toda familia empobrecida sea incorporada al Seguro Familiar de Salud antes de concluir 2015, y se eliminarán todas las barreras hasta lograr el acceso universal y gratuito a los servicios sanitarios.
Vamos a erradicar la escena cruel de una familia arruinada por la enfermedad de uno de sus miembros, o la de un familiar que no puede recibir tratamiento por falta de recursos, significó.
Sostuvo que existe el compromiso de reducir en 2015 la mortalidad materna a 50 por cada 100 mil alumbramientos, y la infantil a 15 decesos por cada mil nacidos vivos.
Daremos inicio a las pensiones solidarias, aplicaremos un nuevo marco legal para las pensiones de reparto y propiciaremos la adecuada inversión de los Fondos de Pensiones, para beneficio de sus afiliados y de toda la sociedad, afirmó.
El jefe de Estado enfatizó en que no quiere un pueblo con miedo de salir a las calles, jóvenes que pierdan la vida, o más hogares destruidos por la violencia intrafamiliar o de género.
En ese sentido, dijo que se impulsará una reforma integral de la Policía Nacional, y sus agentes tendrán mejores salarios, equipamientos y preparación para ofrecer una mejor respuesta a la ciudadanía.
Desarrollaremos el programa Vivir tranquilo en aras de fortalecer los mecanismos de vigilancia policial en barrios de altos índices de conflictividad, precisó.
Vamos a darle a la población el servicio y la atención que merecen y, de esa forma, lograremos restablecer su confianza en las instituciones públicas, puntualizó.
Medina prometió que se harán los esfuerzos necesarios para reducir el déficit habitacional de Dominicana pues, opinó, las grandes mayorías populares deben tener un hogar digno en donde puedan vivir felices y ver crecer a sus hijos.
También, se refirió a los futuros esfuerzos para mejorar el sistema eléctrico a partir de eliminar las altas pérdidas en las empresas distribuidoras, lograr la generación de bajo costo, y elevar la regulación e institucionalidad del sector.
Por otra parte, Medina expresó su apoyo a los esfuerzos de integración latinoamericana y a las alianzas y pactos interregionales, que no significan, recalcó, simples acuerdos económicos sino un verdadero esfuerzo en materia cultural y política.
Esta etapa global de la historia humana exige que nosotros superemos nuestra insularidad con una firme voluntad política y sigamos, por lo tanto, consolidando nuestra política exterior como herramienta clave para el desarrollo, expuso.
Consideró que merece especial tratamiento la relación con Haití, con el cual «trabajaremos de inmediato en el inicio de la propuesta para la firma de un acuerdo de libre comercio» teniendo en cuenta que la vecina nación es el segundo socio comercial más importante de Dominicana.
Como ejemplo de la importancia de ese convenio, ejemplificó que en un sólo día de actividad comercial binacional en la frontera común se movilizan más mercancías que en todo un año de exportaciones a Centroamérica.
Resulta necesario, sentenció, eliminar las condiciones anárquicas de ese intercambio con la creación de puntos fronterizos modernos, seguros y confiables.
Medina se comprometió a promover una política migratoria clara y transparente, respetuosa de los convenios internacionales suscritos por Santo Domingo en materia de derechos humanos y de los migrantes y sus familiares.
Como comentó un hombre de izquierda a Prensa latina, al pueblo dominicano solo le queda esperar y evaluar cuán largo será el trecho entre lo dicho y lo hecho.
Fuente: PRENSA LATINA
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.