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Nuevo Gobierno RD, del dicho ¿al hecho?
SANTO DOMINGO.- El nuevo gobierno de República Dominicana, encabezado por el presidente, Danilo Medina, asumió sus responsabilidades en medio de propuestas que provocaron encontradas opiniones en diferentes sectores de este país caribeño.
Para unos, el horizonte muestra esperanzas y existe concordancia con los deseos de cambio; otros critican la abundancia de retórica, consideran muy difícil el logro de las metas propuestas y vaticinan resultados alejados de las demandas del pueblo.
Durante el primer discurso como dignatario, el 16 de agosto, Medina afirmó que su administración luchará por disminuir la pobreza y la desigualdad, acabar con el analfabetismo, implantar un nuevo modelo de desarrollo, y mejorar la educación, la salud y la seguridad ciudadana.
Queremos construir un país más moderno, libre, justo e independiente, con democracia plena, instituciones sólidas, defensa de los derechos humanos y absoluta libertad de expresión, subrayó.
En contraste con la resistencia a la crisis mundial y el ascenso económico de los últimos años, Dominicana tiene marcadas diferencias sociales y la pobreza cerró 2011 en 39 por ciento, según una reciente y más profunda medición.
Consciente de la hercúlea tarea, Medina llamó para lograr esos objetivos a todos los sectores a trabajar juntos sin exclusión alguna de índole política, religiosa, étnica o social.
Ese gran pacto de concertación social, precisó, incluye sacar de la pobreza a un millón y medio de personas, generar 400 mil nuevos puestos de trabajo y mantener un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de por lo menos 4,5 por ciento de promedio anual.
La iniciativa, agregó, se centrará en tres ejes fundamentales: uno de lo fiscal, otro de la educación, y el último de la electricidad.
Anunció que se fortalecerá el llamado Programa de Solidaridad para beneficiar en los próximos cuatro años al menos a 200 mil familias pobres, y se pondrán en marcha otros proyectos como Quisqueya sin Miseria con énfasis en poblaciones vulnerables.
Expresó que Dominicana pretende eliminar el analfabetismo dentro de dos años con el apoyo de países hermanos y la Unesco, y declarar al país libre de ese flagelo.
Sobre el tema especificó que el próximo 8 de septiembre, Día Mundial por la Alfabetización, se presentará el plan para una gran movilización nacional, un esfuerzo conjunto del Estado y la sociedad.
Llevemos el amor y la esperanza hechos letras a más de 700 mil dominicanos que nos están esperando, será una victoria que recordaremos para siempre, instó.
Puntualizó que honrará el compromiso de la campaña electoral de conceder el cuatro por ciento del PIB a construir un sistema educativo incluyente y con elevada calidad a partir del próximo año.
«De hacerse realidad ese anuncio, se cumplirá uno de los postulados de la Constitución y quizás cesen las manifestaciones de quienes exigen más recursos para un sector vital en el desarrollo de cualquier país».
En el primer año de Gobierno, construiremos 10 mil nuevas aulas, y en cuatro llegaremos al menos a 18 mil, manifestó Medina ante invitados de 75 países y organismos internacionales.
Aseguró que se garantizará que toda familia empobrecida sea incorporada al Seguro Familiar de Salud antes de concluir 2015, y se eliminarán todas las barreras hasta lograr el acceso universal y gratuito a los servicios sanitarios.
Vamos a erradicar la escena cruel de una familia arruinada por la enfermedad de uno de sus miembros, o la de un familiar que no puede recibir tratamiento por falta de recursos, significó.
Sostuvo que existe el compromiso de reducir en 2015 la mortalidad materna a 50 por cada 100 mil alumbramientos, y la infantil a 15 decesos por cada mil nacidos vivos.
Daremos inicio a las pensiones solidarias, aplicaremos un nuevo marco legal para las pensiones de reparto y propiciaremos la adecuada inversión de los Fondos de Pensiones, para beneficio de sus afiliados y de toda la sociedad, afirmó.
El jefe de Estado enfatizó en que no quiere un pueblo con miedo de salir a las calles, jóvenes que pierdan la vida, o más hogares destruidos por la violencia intrafamiliar o de género.
En ese sentido, dijo que se impulsará una reforma integral de la Policía Nacional, y sus agentes tendrán mejores salarios, equipamientos y preparación para ofrecer una mejor respuesta a la ciudadanía.
Desarrollaremos el programa Vivir tranquilo en aras de fortalecer los mecanismos de vigilancia policial en barrios de altos índices de conflictividad, precisó.
Vamos a darle a la población el servicio y la atención que merecen y, de esa forma, lograremos restablecer su confianza en las instituciones públicas, puntualizó.
Medina prometió que se harán los esfuerzos necesarios para reducir el déficit habitacional de Dominicana pues, opinó, las grandes mayorías populares deben tener un hogar digno en donde puedan vivir felices y ver crecer a sus hijos.
También, se refirió a los futuros esfuerzos para mejorar el sistema eléctrico a partir de eliminar las altas pérdidas en las empresas distribuidoras, lograr la generación de bajo costo, y elevar la regulación e institucionalidad del sector.
Por otra parte, Medina expresó su apoyo a los esfuerzos de integración latinoamericana y a las alianzas y pactos interregionales, que no significan, recalcó, simples acuerdos económicos sino un verdadero esfuerzo en materia cultural y política.
Esta etapa global de la historia humana exige que nosotros superemos nuestra insularidad con una firme voluntad política y sigamos, por lo tanto, consolidando nuestra política exterior como herramienta clave para el desarrollo, expuso.
Consideró que merece especial tratamiento la relación con Haití, con el cual «trabajaremos de inmediato en el inicio de la propuesta para la firma de un acuerdo de libre comercio» teniendo en cuenta que la vecina nación es el segundo socio comercial más importante de Dominicana.
Como ejemplo de la importancia de ese convenio, ejemplificó que en un sólo día de actividad comercial binacional en la frontera común se movilizan más mercancías que en todo un año de exportaciones a Centroamérica.
Resulta necesario, sentenció, eliminar las condiciones anárquicas de ese intercambio con la creación de puntos fronterizos modernos, seguros y confiables.
Medina se comprometió a promover una política migratoria clara y transparente, respetuosa de los convenios internacionales suscritos por Santo Domingo en materia de derechos humanos y de los migrantes y sus familiares.
Como comentó un hombre de izquierda a Prensa latina, al pueblo dominicano solo le queda esperar y evaluar cuán largo será el trecho entre lo dicho y lo hecho.
Fuente: PRENSA LATINA
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Se suicida en la cárcel el exteniente coronel Hans W. Lluberes condenado a 30 años por narcotráfico
Santo Domingo, R.D.-El exteniente coronel Hans Wender Lluberes Sánchez, condenado a pasada semana a 3o años de prisión, por narcotráfico, se quitó la vida en la cárcel de San Luis, la noche del sábado.
De acuerdo con la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), el hecho ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche.
Según informó Roberto Hernández Basilio, director de la DGSPC, el interno dejó una nota y su cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines de autopsia.
Contexto de la condena
Antecedentes del caso
La investigación determinó que el exoficial coordinaba una estructura criminal integrada por dominicanos y venezolanos. Los hechos se remontan al 17 de marzo de 2015, cuando las autoridades interceptaron en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) una aeronave procedente de Venezuela con 450 paquetes de droga.
Otros condenados en la red
Por este caso, la aeronave era pilotada por los venezolanos Edmundo José Medina Torrealba y Francisco Javier Velasco Tory, quienes también recibieron condenas de 30 años. Otros tres ciudadanos venezolanos que figuraban como pasajeros fueron sentenciados a cinco años de cárcel cada uno.
18 años de prisión: Para Francisco Javier de Paula Mena, empleado de la empresa SERVAIR.
El grupo fue hallado culpable de violar la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas.
Santo Domingo, R.D.-La incompetencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia fue declarado por el alto tribunal para conocer la recusación presentada en contra de la jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, quien tiene a su cargo el conocimiento de la medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares.
Tras verificar el expediente, el Pleno de la Suprema determinó que la recusación no debe ser decidida por ellos, basándose en los siguientes puntos clave del Código Procesal Penal (CPP), artículos 82 y 83).
Al no ser el órgano facultado para decidir sobre la magistrada Muñiz Almonte, la Suprema ordenó remitir el expediente de inmediato a la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Esta resolución reafirma el criterio de la Suprema Corte de Justicia de respetar la jerarquía y las competencias funcionales de los tribunales inferiores, asegurando que cada proceso se resuelva conforme a los plazos y procedimientos establecidos por la normativa procesal penal.
La magistrada Muñiz, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fue recusada por los abogados del fiscal, quien se encontraba adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El recurso fue interpuesto por los doctores Alberto Delgado y Valentín Medrano, quienes alegan que la jueza Muñiz ha comprometido su imparcialidad. Según la defensa, la magistrada no debería conocer la coerción debido a que autorizó previamente al Ministerio Público a realizar diligencias investigativas críticas, entre ellas la «entrega vigilada» del dinero del supuesto soborno.
Aunque la magistrada rechazó los cuestionamientos y decidió no inhibirse voluntariamente, el procedimiento legal establece que, ante la objeción de las partes, el expediente debe ser elevado a la SCJ para su fallo definitivo.
El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero por parte de un testigo vinculado a una investigación relacionada con el Servicio Nacional de Salud (Senasa).
Dada la gravedad de los hechos y la condición de fiscal del imputado, el órgano persecutor ha solicitado un año de prisión preventiva como medida de coerción.
El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de la investigación aprovechando su posición dentro del sistema de justicia.
Santo Domingo. Las familias beneficiarias de Supérate se vieron cara a cara con el presidente Luis Abinader, quien escuchó sus experiencias y reafirmó el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de este programa social, que impacta a más de 1.4 millones de hogares en la República Dominicana, que alegadamente promove inclusión social, bienestar y oportunidades.
El encuentro, celebrado en el Centro de Convenciones de Sans Soucí, reunió a 6,000 participantes de iniciativas como Aliméntate, Bonogás, Bonoluz, Aprende, Avanza, Supérate Mujer y el Fondo de Discapacidad, como parte de una política social del Gobierno dominicano orientada a mejorar la calidad de vida de sectores vulnerables.
Durante el acto, el mandatario destacó el impacto de estos programas sociales en República Dominicana en el desarrollo personal de los beneficiarios, al fomentar la confianza, la comunicación y la superación. Reiteró que las ayudas están dirigidas a quienes más lo necesitan, sin más condicionamientos que la propia vulnerabilidad social, e hizo un llamado a identificar nuevas familias en pobreza.
“Aquí en este programa no se le exige absolutamente ninguna condición que no sea la necesidad… nuestro interés es llegar a las familias que más lo necesitan en cada provincia”, manifestó el presidente Abinader.
El jefe de Estado defendió la continuidad de las ayudas sociales del Gobierno, señalando que deben consolidarse para enfrentar las dificultades con resiliencia. Asimismo, enfatizó que el Estado es un servidor de la ciudadanía y que los beneficiarios deben cumplir con las normas y convertirse en ejemplos de progreso.
El presidente indicó que la política social en República Dominicana es más efectiva cuando se basa en la realidad de las personas, enfoque reforzado mediante jornadas de diálogo territorial que permiten conocer las necesidades de las comunidades y fortalecer la protección social.
El mandatario valoró historias de superación de beneficiarios y el impulso al emprendimiento en mujeres, fortaleciendo su independencia económica mediante el respaldo estatal.
En cuanto a la violencia intrafamiliar, exhortó a denunciar cualquier tipo de agresión y aseguró que el Gobierno continuará fortaleciendo los programas de apoyo a víctimas.
Además, resaltó iniciativas como la agricultura familiar en República Dominicana, que fortalecen la producción local y generan ingresos en comunidades rurales, así como el compromiso con los adultos mayores, promoviendo su bienestar y protección social.
Al concluir, reiteró que el Gobierno seguirá fortaleciendo los programas sociales como Supérate, enfocados en la realidad de las personas.
En las palabras de apertura, la directora de Supérate, Mayra Jiménez, afirmó que la política social es más efectiva cuando toma en cuenta la realidad de las personas.
Expresó que la protección social en República Dominicana no es una ayuda ni un favor, sino un derecho de la población vulnerable y parte del compromiso del Estado de garantizar mejores condiciones de vida.
Asimismo, destacó que la ampliación de programas como Aliméntate, Bonogás y Bonoluz ha contribuido a la reducción de la pobreza en República Dominicana, que pasó de 25.8 % en 2019 a 17.3 % en 2025, una disminución de 8.5 puntos porcentuales.
Durante el diálogo se presentaron testimonios que evidencian historias de superación, donde los programas sociales han generado oportunidades y desarrollo económico en las familias.
El encuentro tuvo como objetivo escuchar a las familias para una toma de decisiones más focalizada, fortalecer la articulación institucional y avanzar hacia un modelo de protección social inclusivo y efectivo.