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Nuevo Gobierno RD, del dicho ¿al hecho?
SANTO DOMINGO.- El nuevo gobierno de República Dominicana, encabezado por el presidente, Danilo Medina, asumió sus responsabilidades en medio de propuestas que provocaron encontradas opiniones en diferentes sectores de este país caribeño.
Para unos, el horizonte muestra esperanzas y existe concordancia con los deseos de cambio; otros critican la abundancia de retórica, consideran muy difícil el logro de las metas propuestas y vaticinan resultados alejados de las demandas del pueblo.
Durante el primer discurso como dignatario, el 16 de agosto, Medina afirmó que su administración luchará por disminuir la pobreza y la desigualdad, acabar con el analfabetismo, implantar un nuevo modelo de desarrollo, y mejorar la educación, la salud y la seguridad ciudadana.
Queremos construir un país más moderno, libre, justo e independiente, con democracia plena, instituciones sólidas, defensa de los derechos humanos y absoluta libertad de expresión, subrayó.
En contraste con la resistencia a la crisis mundial y el ascenso económico de los últimos años, Dominicana tiene marcadas diferencias sociales y la pobreza cerró 2011 en 39 por ciento, según una reciente y más profunda medición.
Consciente de la hercúlea tarea, Medina llamó para lograr esos objetivos a todos los sectores a trabajar juntos sin exclusión alguna de índole política, religiosa, étnica o social.
Ese gran pacto de concertación social, precisó, incluye sacar de la pobreza a un millón y medio de personas, generar 400 mil nuevos puestos de trabajo y mantener un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de por lo menos 4,5 por ciento de promedio anual.
La iniciativa, agregó, se centrará en tres ejes fundamentales: uno de lo fiscal, otro de la educación, y el último de la electricidad.
Anunció que se fortalecerá el llamado Programa de Solidaridad para beneficiar en los próximos cuatro años al menos a 200 mil familias pobres, y se pondrán en marcha otros proyectos como Quisqueya sin Miseria con énfasis en poblaciones vulnerables.
Expresó que Dominicana pretende eliminar el analfabetismo dentro de dos años con el apoyo de países hermanos y la Unesco, y declarar al país libre de ese flagelo.
Sobre el tema especificó que el próximo 8 de septiembre, Día Mundial por la Alfabetización, se presentará el plan para una gran movilización nacional, un esfuerzo conjunto del Estado y la sociedad.
Llevemos el amor y la esperanza hechos letras a más de 700 mil dominicanos que nos están esperando, será una victoria que recordaremos para siempre, instó.
Puntualizó que honrará el compromiso de la campaña electoral de conceder el cuatro por ciento del PIB a construir un sistema educativo incluyente y con elevada calidad a partir del próximo año.
«De hacerse realidad ese anuncio, se cumplirá uno de los postulados de la Constitución y quizás cesen las manifestaciones de quienes exigen más recursos para un sector vital en el desarrollo de cualquier país».
En el primer año de Gobierno, construiremos 10 mil nuevas aulas, y en cuatro llegaremos al menos a 18 mil, manifestó Medina ante invitados de 75 países y organismos internacionales.
Aseguró que se garantizará que toda familia empobrecida sea incorporada al Seguro Familiar de Salud antes de concluir 2015, y se eliminarán todas las barreras hasta lograr el acceso universal y gratuito a los servicios sanitarios.
Vamos a erradicar la escena cruel de una familia arruinada por la enfermedad de uno de sus miembros, o la de un familiar que no puede recibir tratamiento por falta de recursos, significó.
Sostuvo que existe el compromiso de reducir en 2015 la mortalidad materna a 50 por cada 100 mil alumbramientos, y la infantil a 15 decesos por cada mil nacidos vivos.
Daremos inicio a las pensiones solidarias, aplicaremos un nuevo marco legal para las pensiones de reparto y propiciaremos la adecuada inversión de los Fondos de Pensiones, para beneficio de sus afiliados y de toda la sociedad, afirmó.
El jefe de Estado enfatizó en que no quiere un pueblo con miedo de salir a las calles, jóvenes que pierdan la vida, o más hogares destruidos por la violencia intrafamiliar o de género.
En ese sentido, dijo que se impulsará una reforma integral de la Policía Nacional, y sus agentes tendrán mejores salarios, equipamientos y preparación para ofrecer una mejor respuesta a la ciudadanía.
Desarrollaremos el programa Vivir tranquilo en aras de fortalecer los mecanismos de vigilancia policial en barrios de altos índices de conflictividad, precisó.
Vamos a darle a la población el servicio y la atención que merecen y, de esa forma, lograremos restablecer su confianza en las instituciones públicas, puntualizó.
Medina prometió que se harán los esfuerzos necesarios para reducir el déficit habitacional de Dominicana pues, opinó, las grandes mayorías populares deben tener un hogar digno en donde puedan vivir felices y ver crecer a sus hijos.
También, se refirió a los futuros esfuerzos para mejorar el sistema eléctrico a partir de eliminar las altas pérdidas en las empresas distribuidoras, lograr la generación de bajo costo, y elevar la regulación e institucionalidad del sector.
Por otra parte, Medina expresó su apoyo a los esfuerzos de integración latinoamericana y a las alianzas y pactos interregionales, que no significan, recalcó, simples acuerdos económicos sino un verdadero esfuerzo en materia cultural y política.
Esta etapa global de la historia humana exige que nosotros superemos nuestra insularidad con una firme voluntad política y sigamos, por lo tanto, consolidando nuestra política exterior como herramienta clave para el desarrollo, expuso.
Consideró que merece especial tratamiento la relación con Haití, con el cual «trabajaremos de inmediato en el inicio de la propuesta para la firma de un acuerdo de libre comercio» teniendo en cuenta que la vecina nación es el segundo socio comercial más importante de Dominicana.
Como ejemplo de la importancia de ese convenio, ejemplificó que en un sólo día de actividad comercial binacional en la frontera común se movilizan más mercancías que en todo un año de exportaciones a Centroamérica.
Resulta necesario, sentenció, eliminar las condiciones anárquicas de ese intercambio con la creación de puntos fronterizos modernos, seguros y confiables.
Medina se comprometió a promover una política migratoria clara y transparente, respetuosa de los convenios internacionales suscritos por Santo Domingo en materia de derechos humanos y de los migrantes y sus familiares.
Como comentó un hombre de izquierda a Prensa latina, al pueblo dominicano solo le queda esperar y evaluar cuán largo será el trecho entre lo dicho y lo hecho.
Fuente: PRENSA LATINA
Santo Domingo, R.D.-El Séptimo Juzgado de Instruccion del Distrito Nacional, presidido por el juez Deiby Timoteo Peguero, fue apoderado para el conocimiento del juicio preliminar en contra de 14 personas físicas y jurídicas señaladas de integrar una red criminal que distribuyó sobornos por más de RD$108 millones para agenciarse contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
El apoderamiento fue realizado por la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, mediante sorteo aleatorio computarizado, en cumplimiento con el procedimiento establecido para la asignación de expedientes.
Con el caso ya en manos del magistrado, ahora corresponde que el juez Timoteo Peguero fije la fecha para la celebración de la audiencia preliminar, en la cual el Ministerio Público solicitará que se dicte auto de apertura a juicio en contra de los acusados.
También fueron acusadas las razones jurídicas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad de Quilvio Bienvenido Rodríguez, así como Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, vinculadas a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
De acuerdo con la acusación, los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92, exigidos y recibidos por encargados de seguridad institucional a cambio de mantener vigentes las contrataciones, agilizar trámites administrativos y permitir la ejecución de los contratos sin fiscalización efectiva.
Los acusados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, delitos que fueron identificados durante la Operación Lobo, puesta en marcha en julio de 2025, cuando el Ministerio Público arrestó a militares y civiles señalados de integrar la estructura delictiva.
Santo Domingo, R.D.-El proceso para la modificación del Código Penal se detuvo y no siguio el curso esperado por el amontonamiento que han provocado los más de 80 observaciones en la Cámara de Diputados para cambiar algunos articulos de la ley, aunque el Congreso lleva a la carrera los cambios del mismo.
El plan de la Cámara de Diputados era aprobar ayer los cambios al Código Penal, pero la comisión que estudia el tema se ahogó en propuestas y discusiones, y no logró completar el proceso, por lo que los legisladores decidieron aplazar la votación del nuevo Código Penal para este viernes, durante una sesión extraordinaria.
«Estamos retrasados con la valoración de todas las sugerencias que se han hecho», admitió el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, al anunciar que la sesión convocada para ayer a las 3:00 de la tarde fue pospuesta para hoy.
«Vimos que el tiempo material que teníamos era prácticamente muy difícil«, sostuvo el legislador.
Cuestionado por las críticas de quienes atacan al Congreso por llevar rápido el estudio de las modificaciones, Pacheco replicó que el final de todas las legislaturas siempre viene cargado con proyectos delicados que se aprueban en la recta final del periodo para evitar que periman.
El Congreso aprobó el nuevo Código Penal hace un año y el presidente Luis Abinader lo promulgó en agosto. El artículo final de la Ley 74-25 daba un plazo de un año para que la normativa entre en vigencia con el objetivo de que todos los sectores conozcan el texto y que, además, la pieza se mejore con proyectos de modificación.
Sin embargo, las modificaciones nunca se ejecutaron durante todo un año y, casi a la entrada en vigencia de la ley, prevista para inicios de agosto, el Código Penal fue atacado por contener artículos que vulneran la libertad de expresión, como la difamación, el ultraje o la responsabilidad penal de los medios de comunicación.
Ese texto del Gobierno es el que ha imperado para modificar el nuevo Código Penal, pero el Congreso cuenta con alrededor de 84 propuestas de legisladores, juristas, universidades, partidos políticos y entidades que proponen cambios a la pieza.
Con el tiempo encima y apurados por el cierre de la legislatura, prevista para concluir el 26 de julio, los legisladores impulsan cambios al nuevo Código Penal e insisten en que aún hay tiempo para modificar la ley.
Pacheco aseguró que todas las propuestas depositadas por los diferentes sectores serán escuchadas y evaluadas, y añadió que, en los casos en que alguna observación no sea acogida, el Congreso establecerá un mecanismo para informar a sus proponentes si la iniciativa fue descartada o si quedará pendiente para una discusión posterior.
Antes de que concluyera el plazo para presentar observaciones, diversos sectores acudieron al Congreso con planteamientos para modificar artículos específicos del Código Penal.
El presidente de Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, entregó diez propuestas que incluyen eliminar la exclusión de responsabilidad penal para partidos políticos e iglesias, declarar imprescriptibles los delitos graves de corrupción, endurecer las penas por delitos contra el patrimonio público, incorporar el uso de inteligencia artificial y deepfakes en delitos contra el honor, eliminar el delito de ultraje y presentar un texto alternativo sobre las tres causales para proteger la vida de la mujer si estas no son aprobadas.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), encabezado por Trajano Potentini, propuso mantener el límite máximo de 30 años de prisión, revisar el aumento de las penas contempladas en el proyecto, eliminar figuras penales abiertas y disposiciones que, a su juicio, criminalizan la opinión y otorgan un trato privilegiado a funcionarios públicos.
De igual manera, un grupo de más de 70 juristas solicitó modificar los artículos 110 y 111 para incorporar las tres causales para la interrupción del embarazo y reformar la disposición sobre aborto forzado, mientras que una coalición integrada por Juventud con una Misión (Jucum), Acción Cristiana, Orozco & Asociados y otras organizaciones objetó varios artículos por entender que afectan la libertad de expresión y rechazó la inclusión de las tres causales.
Santo Domingo, R.D.-La atencion publica sigue en la reforma del Código Penal, mientras la comisión bicameral del Congreso que estudia las 84 propuestas de modificación se retrazó en el plazo de menos de 24 horas previsto para someterlo a votación.
Ayer precisamente el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) presentó ante la Cámara de Diputados su posición institucional sobre las propuestas de modificación a la Ley número 74-25, que instituye el Código Penal, donde planteó extender el plazo de entrada en vigencia de la normativa.
En un documento enviado al presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, la entidad sostiene que el texto es fruto de un amplio proceso de consulta con organizaciones empresariales, empresas de distintos sectores, abogados y especialistas.
El CONEP afirma que, como parte de este proceso, entregó al Congreso Nacional una matriz técnica con propuestas de redacción y recomendaciones artículo por artículo.
Entre los temas abordados figuran la responsabilidad penal de las personas jurídicas y del personal médico, libertad de expresión, y la incorporación de nuevos tipos penales vinculados a la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las estafas piramidales, entre otros aspectos considerados relevantes por el sector.
También valoró la apertura mostrada por el Congreso, y reiteró su disposición a continuar colaborando con la Comisión que lo estudia.
Según el constitucionalista, de aprobarse la iniciativa sin los ajustes necesarios, los funcionarios públicos, empresas contratistas del Estado y miembros honoríficos de consejos estatales podrían quedar desprotegidos frente a acusaciones falsas que destruyan injustamente su reputación.
Valerio enfatizó que, si bien la Constitución consagra la libertad de expresión y el derecho ciudadano a fiscalizar los asuntos públicos, estos derechos no deben confundirse con la atribución de hechos falsos. “Una cosa es informar y otra muy distinta es difamar”, señaló, recordando que la Carta Magna también exige el respeto al honor, la intimidad y la dignidad de las personas.
Para Valerio, aunque esta medida podría ser razonable en ciertos casos de injuria, resulta peligrosa e insuficiente cuando se trata de difamación, definida como la imputación falsa de un hecho concreto, como acusar a alguien de desviar fondos públicos sin pruebas.
Retraso de la Comisión
Sobre el plan de los legisladores de terminar al mediodía de ayer la evaluación de todas las observaciones presentadas por la sociedad, tras haber comenzado el proceso de revisión el miércoles aproximadamente a las 6:00 de la tarde.
No obstante, Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, expresó que el tiempo no sería suficiente, para presentarlo en la sesión extraordinaria convocada para las 3:00 de la tarde, por lo que los congresistas decidieron posponer la sesión para este viernes.
“Esto se debe a que estamos retrasados con la valoración de todas las sugerencias que se han hecho. Hemos visto que el tiempo que teníamos va a ser prácticamente muy difícil y atropellado”, dijo Pacheco al ser entrevistado en el Congreso. No obstante, aclaró que el tiempo restante antes de desarrollarse la sesión de hoy será utilizado para agilizar el proyecto de variación a la nueva Ley penal 74-25 y otras iniciativas.
Las críticas al procedimiento
Una de las principales críticas señaladas en contra del procedimiento que aplica la Comisión Bicameral, presidida por el diputado Wandy Batista, es el corto plazo que ha destinado para la evaluación de las observaciones presentadas por la población.
Ante estos cuestionamientos, Pacheco aseguró que “todas las propuestas serán atendidas”. Lo mismo resaltó el presidente de la Subcomisión, senador Pedro Catrain, quien está encargado de presentarle una matriz a la Comisión Bicameral que detalle el contenido de las diversas sugerencias de modificación.
“Lo que queremos enfatizar es que hemos revisado y vamos a revisar todas las propuestas de las instituciones y ciudadanos que han formulado al Congreso sus inquietudes”, dijo Catrain al conversar con reporteros.