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Nuevo Gobierno RD, del dicho ¿al hecho?
SANTO DOMINGO.- El nuevo gobierno de República Dominicana, encabezado por el presidente, Danilo Medina, asumió sus responsabilidades en medio de propuestas que provocaron encontradas opiniones en diferentes sectores de este país caribeño.
Para unos, el horizonte muestra esperanzas y existe concordancia con los deseos de cambio; otros critican la abundancia de retórica, consideran muy difícil el logro de las metas propuestas y vaticinan resultados alejados de las demandas del pueblo.
Durante el primer discurso como dignatario, el 16 de agosto, Medina afirmó que su administración luchará por disminuir la pobreza y la desigualdad, acabar con el analfabetismo, implantar un nuevo modelo de desarrollo, y mejorar la educación, la salud y la seguridad ciudadana.
Queremos construir un país más moderno, libre, justo e independiente, con democracia plena, instituciones sólidas, defensa de los derechos humanos y absoluta libertad de expresión, subrayó.
En contraste con la resistencia a la crisis mundial y el ascenso económico de los últimos años, Dominicana tiene marcadas diferencias sociales y la pobreza cerró 2011 en 39 por ciento, según una reciente y más profunda medición.
Consciente de la hercúlea tarea, Medina llamó para lograr esos objetivos a todos los sectores a trabajar juntos sin exclusión alguna de índole política, religiosa, étnica o social.
Ese gran pacto de concertación social, precisó, incluye sacar de la pobreza a un millón y medio de personas, generar 400 mil nuevos puestos de trabajo y mantener un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de por lo menos 4,5 por ciento de promedio anual.
La iniciativa, agregó, se centrará en tres ejes fundamentales: uno de lo fiscal, otro de la educación, y el último de la electricidad.
Anunció que se fortalecerá el llamado Programa de Solidaridad para beneficiar en los próximos cuatro años al menos a 200 mil familias pobres, y se pondrán en marcha otros proyectos como Quisqueya sin Miseria con énfasis en poblaciones vulnerables.
Expresó que Dominicana pretende eliminar el analfabetismo dentro de dos años con el apoyo de países hermanos y la Unesco, y declarar al país libre de ese flagelo.
Sobre el tema especificó que el próximo 8 de septiembre, Día Mundial por la Alfabetización, se presentará el plan para una gran movilización nacional, un esfuerzo conjunto del Estado y la sociedad.
Llevemos el amor y la esperanza hechos letras a más de 700 mil dominicanos que nos están esperando, será una victoria que recordaremos para siempre, instó.
Puntualizó que honrará el compromiso de la campaña electoral de conceder el cuatro por ciento del PIB a construir un sistema educativo incluyente y con elevada calidad a partir del próximo año.
«De hacerse realidad ese anuncio, se cumplirá uno de los postulados de la Constitución y quizás cesen las manifestaciones de quienes exigen más recursos para un sector vital en el desarrollo de cualquier país».
En el primer año de Gobierno, construiremos 10 mil nuevas aulas, y en cuatro llegaremos al menos a 18 mil, manifestó Medina ante invitados de 75 países y organismos internacionales.
Aseguró que se garantizará que toda familia empobrecida sea incorporada al Seguro Familiar de Salud antes de concluir 2015, y se eliminarán todas las barreras hasta lograr el acceso universal y gratuito a los servicios sanitarios.
Vamos a erradicar la escena cruel de una familia arruinada por la enfermedad de uno de sus miembros, o la de un familiar que no puede recibir tratamiento por falta de recursos, significó.
Sostuvo que existe el compromiso de reducir en 2015 la mortalidad materna a 50 por cada 100 mil alumbramientos, y la infantil a 15 decesos por cada mil nacidos vivos.
Daremos inicio a las pensiones solidarias, aplicaremos un nuevo marco legal para las pensiones de reparto y propiciaremos la adecuada inversión de los Fondos de Pensiones, para beneficio de sus afiliados y de toda la sociedad, afirmó.
El jefe de Estado enfatizó en que no quiere un pueblo con miedo de salir a las calles, jóvenes que pierdan la vida, o más hogares destruidos por la violencia intrafamiliar o de género.
En ese sentido, dijo que se impulsará una reforma integral de la Policía Nacional, y sus agentes tendrán mejores salarios, equipamientos y preparación para ofrecer una mejor respuesta a la ciudadanía.
Desarrollaremos el programa Vivir tranquilo en aras de fortalecer los mecanismos de vigilancia policial en barrios de altos índices de conflictividad, precisó.
Vamos a darle a la población el servicio y la atención que merecen y, de esa forma, lograremos restablecer su confianza en las instituciones públicas, puntualizó.
Medina prometió que se harán los esfuerzos necesarios para reducir el déficit habitacional de Dominicana pues, opinó, las grandes mayorías populares deben tener un hogar digno en donde puedan vivir felices y ver crecer a sus hijos.
También, se refirió a los futuros esfuerzos para mejorar el sistema eléctrico a partir de eliminar las altas pérdidas en las empresas distribuidoras, lograr la generación de bajo costo, y elevar la regulación e institucionalidad del sector.
Por otra parte, Medina expresó su apoyo a los esfuerzos de integración latinoamericana y a las alianzas y pactos interregionales, que no significan, recalcó, simples acuerdos económicos sino un verdadero esfuerzo en materia cultural y política.
Esta etapa global de la historia humana exige que nosotros superemos nuestra insularidad con una firme voluntad política y sigamos, por lo tanto, consolidando nuestra política exterior como herramienta clave para el desarrollo, expuso.
Consideró que merece especial tratamiento la relación con Haití, con el cual «trabajaremos de inmediato en el inicio de la propuesta para la firma de un acuerdo de libre comercio» teniendo en cuenta que la vecina nación es el segundo socio comercial más importante de Dominicana.
Como ejemplo de la importancia de ese convenio, ejemplificó que en un sólo día de actividad comercial binacional en la frontera común se movilizan más mercancías que en todo un año de exportaciones a Centroamérica.
Resulta necesario, sentenció, eliminar las condiciones anárquicas de ese intercambio con la creación de puntos fronterizos modernos, seguros y confiables.
Medina se comprometió a promover una política migratoria clara y transparente, respetuosa de los convenios internacionales suscritos por Santo Domingo en materia de derechos humanos y de los migrantes y sus familiares.
Como comentó un hombre de izquierda a Prensa latina, al pueblo dominicano solo le queda esperar y evaluar cuán largo será el trecho entre lo dicho y lo hecho.
Fuente: PRENSA LATINA
Santo Domingo.- Jean Alain Rodriguez, exprocurador general de la República, respondió este lunes al octavo informe presentado por la organización Participación Ciudadana, en el que se analiza el proceso penal que se le sigue desde hace casi seis años, rechazando su contenido y alegando que contiene “informaciones falsas o manipuladas”.
En un documento dirigido a los medios de comunicación y a la ciudadanía, Rodríguez sostiene que el informe busca “imponer una narrativa” que presiona al sistema de justicia, especialmente ante el vencimiento del plazo máximo de duración de los procesos penales establecido en el Código Procesal Penal.
El exfuncionario afirma que la prolongación del caso no es atribuible a su defensa, sino exclusivamente a supuestas negligencias del Ministerio Público.
- Según su versión, la investigación se ha visto afectada por retrasos en la presentación de la acusación, manejo inadecuado de evidencias digitales y múltiples aplazamientos.
Rodríguez destacó que pasó cuatro años en prisión preventiva y que, durante todo el proceso, ha asistido a cada audiencia sin solicitar suspensiones, lo que a su juicio contradice cualquier intención de dilatar el caso.
También aseguró que la acusación presentada por el órgano persecutor es “abultada, confusa e ininteligible”, con miles de páginas y millones de archivos digitales, lo que habría contribuido a extender los plazos judiciales.
En su respuesta, el exprocurador cuestionó duramente a Participación Ciudadana, al que calificó de “ente desacreditado”, alegando que su informe omite elementos clave del expediente judicial y utiliza jurisprudencia desactualizada.
Asimismo, afirmó que el Ministerio Público habría incurrido en demoras desde las etapas iniciales del proceso, incluyendo extensiones en la fase de investigación, fallos en la gestión de evidencias y decisiones contradictorias sobre la estructura del expediente.
Entre los señalamientos, también mencionó supuestos retrasos derivados de errores en el manejo de pruebas digitales, incumplimientos en la entrega de evidencias de descargo y decisiones procesales que habrían generado aplazamientos adicionales.
Rodríguez insistió en que la normativa vigente establece límites claros para la duración de los procesos penales y que cualquier extensión debe ser autorizada por un juez en caso de dilaciones atribuibles a la defensa, lo cual según afirma no ha ocurrido en su caso.
Sostuvo además que en varias ocasiones los tribunales han rechazado alegatos del Ministerio Público sobre supuestas tácticas dilatorias de su parte, dejando constancia de que los retrasos han sido generados por el órgano acusador.
Finalmente, el exprocurador convocó a una rueda de prensa para el jueves 16 de abril a las 11:00 de la mañana, en la avenida Gustavo Mejía Ricart, Torre Solazar, donde su equipo legal presentará documentación y explicaciones detalladas sobre el proceso y el informe de Participación Ciudadana.
En ese encuentro, afirmó, se ofrecerán evidencias para responder a lo que califica como “planteamientos falsos” difundidos en el documento de la organización
Santo Domingo, R.D.- La decisión de condenar o no a los implicados en la red de corrupción de los casos Coral y Coral 5G se conocerá el próximo jueves cuando las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se pronuncien al respecto, cuyo desfalco en contra del Estado alcanza los 4 mil quinientos millones de pesos, recursos que habrian sido utilizados para beneficios personales.
Este martes, la magistrada presidenta, Gisselle Méndez, junto a las demás juezas del tribunal, recesó la audiencia hasta el jueves a las 9:00 de la mañana, debido a las condiciones climáticas del país.
Ese día serán escuchados varios imputados del caso Coral y Coral 5G: los oficiales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Bautista, Franklin Antonio Mata Flores y el coronel Rafael Núñez de Aza.
Luego de ser escuchados, las juezas darán por clausurados los debates entre las partes y se retirarán a deliberar para valorar la acusación del Ministerio Público y las evidencias presentadas en el proceso. También estudiarán los argumentos de la defensa y las pruebas aportadas por los abogados de los imputados.
Una vez se retiren, las magistradas deberán emitir la decisión dentro de un plazo de 30 días, contado desde el momento en que se reserven el fallo.
Esto ocurre luego de que el Ministerio Público presentara la acusación contra los imputados. Posteriormente, los abogados de los encartados refutaron los hechos imputados a sus defendidos. Luego, el órgano acusador presentó su réplica y, a su vez, la defensa realizó la contrarréplica.
El Ministerio Público solicitó en febrero penas de 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos contra los principales imputados, entre ellos los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola, acusados de sustraer más de RD$4,500 millones al Estado mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
También solicitó igual condena para el coronel Rafael Núñez de Aza, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores.
Asimismo, pidió 15 años de prisión y multas de 300 salarios mínimos para varios implicados, incluyendo a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
De igual manera, solicitó condenas de 10 años de prisión y multas de 200 salarios mínimos para otros implicados, además de penas de 5 años para varios procesados, entre ellos Raúl Alejandro Girón Jiménez.
El órgano acusador también pidió la clausura y disolución de entidades vinculadas, como la Iglesia Bautista Vida Eterna, así como sanciones contra varias empresas.
Además, solicitó el decomiso de bienes incautados, incluyendo más de 200 inmuebles, 86 vehículos de alto cilindraje y sumas millonarias en efectivo. Estos bienes han generado ingresos superiores a RD$86 millones.
El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre de encabezar esta red de corrupción, integrada por 48 imputados entre personas físicas y empresas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos de entidades como el CUSEP, CESTUR y CONANI.
Por su parte, los abogados de los imputados solicitaron rechazar el pedimento del Ministerio Público, declarar la absolución de sus representados, levantar las medidas de coerción impuestas, retirar las oposiciones sobre los bienes, incluyendo cuentas bancarias, y ordenar la devolución de los inmuebles y bienes muebles incautados.
El próximo jueves, varios imputados del caso Coral y Coral 5G agotarán su turno de intervención ante el tribunal.
Santo Domingo, R.D.-Cinco de cárcel le impuso la jueza de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional a Elizabeth Silverio por usurpar las funciones neurocientífica en violación a la Ley General de Salud.
La jueza Milagros Ramírez Cabrera halló culpable a Silverio de las acusaciones de usurpar funciones de especialista y tratar niños con autismo en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland. la condenó al pago de una indemnización de dos millones de pesos.
A su salida, la imputada dijo que es la tercera vez que la condena y que no le han podido demostrar con hechos las acusaciones. “Yo soy el tapadero, ahora mismo de la realidad de este país…primero fueron diez años, luego siete ahora son cinco, mañana será la absolución” dijo en referencia a las veces que se ha dictado condena en su contra.
Conforme al Ministerio Público, Silverio utilizó documentos falsificados, incluyendo títulos universitarios y un número de exequátur inexistente, con los que aparentaba una preparación profesional que no poseía, logrando así generar confianza en las familias y captar pacientes a los que ofertaba servicios en su centro.
De igual forma, Magalys Sánchez Guzmán, fiscal del Distrito Nacional, expresó que Silverio “se hacía pasar por neurocientífica sin contar con los estudios profesionales”.
La representante del órgano persecutor explicó que Silverio falsificó un exequatur para así “poder demostrar a los padres y engañarlos”.
Sin embargo, Waldo Paulino, abogado de Silverio, aseguró que apelaran la sentencia y explicó que no se pudo comprobar que Silverio “realizo un titulo falso”.
Cabe destacar que el órgano fiscal estableció que la señalada violó los artículos 147, 148, 150, 151 y 405 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 92, 93 y 156 numeral 7 de la Ley 42-01 General de Salud y el artículo 12 de la Ley 136-03 sobre el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.