Opinión
Impacto nacional y continental del desarme de las FARC-EP
Por Narciso Isa Conde
Se firmó el “Acuerdo del Cese al Fuego y de Hostilidades. Bilateral y Definitivo”, en el que la dirección de las FARC-EP aceptaron convertir el no uso de las armas (“dejación de armas”) en desarme total a cumplirse en un plazo de 180 días después de iniciada su desmovilización militar unilateral y en el que expresamente se le concede al Estado y a los Gobiernos colombianos el “monopolio de las armas” a nombre de una legitimidad histórica y actualmente inexistente. Los términos concertados en esa vertiente fueron expresados en estos términos:
“Asegurar el monopolio legitimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio: en el marco del fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, las medidas que se adopten deben garantizar el monopolio legitimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, con el fin de garantizar el respeto y los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. La legitimidad deviene del cumplimiento de la obligación de asegurar plenamente el disfrute de los derechos fundamentales de todos los colombianos/as, bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”. (Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales, párrafo 4)
* ANHELO DE PAZ Y PAZ DURADERA.
La paz, como anhelo abrumadoramente mayoritario en Colombia, no podía ser obviada por la insurgencia armada. Pero tampoco el curso pacifico del ejercicio político de la oposición revolucionaria debería ser condicionado al interés de las nefastas fuerzas enemigas que controlan el Estado de reservarse para sí en las actuales condiciones –y solo con la garantía de una serie de promesas y decisiones propias- el poder de las armas; fuerzas hegemónicas que por demás han estructurado un país con unas fuerzas armada hipertrofiadas y curtidas en el crimen y la corruptela, sin soberanía, neoliberal, con siete bases militares y un sistema de intervención y control estadounidense, pactado con el Pentágono y la OTAN y convertido en una especie de Israel de América y en plataforma para la conquista militar de la Amazonía y las agresiones militares y paramilitares a Venezuela, Ecuador, Bolivia. Algo que ni trata en los acuerdos publicados ni se aborda soluciones.
El camino de la paz verdadera requiere a mí entender valorar esos factores y detener las concesiones unilaterales en aspectos tan delicados y tan decisivos.
Por eso -llegado este momento previo al ACUERDO FINAL- debería pensarse en abordar esos temas cruciales y en convertir en hechos palpables una gran parte de lo acordado en otros puntos de la agenda (todavía simplemente en el papel); antes de aceptar un desarme unilateral que afectaría gravemente la correlación de fuerzas a nivel nacional e internacional, que deja muchas cosas vitales en simples promesas gubernamentales, que deja el poder de decisión a instituciones estatales existentes no confiables o a nuevos mecanismos bajo su control (solo con representaciones minoritarias de la parte contraria).
Esto resulta a mi entender imprescindible para un buen acuerdo en el que lo pactado, por demás, deberá ser fiscalizado o por instancias internacionales que esencialmente responden a interés ajenos a la paz y a los derechos de los pueblos (como la ONU y la UE), o por entidades que como CELAC se ve afectada por los cambios a favor de las derechas y de EEUU que ahora tienen lugar en nuestro continente. Incluso pienso que la fiscalización y el control exigen garantías más confiables que las establecidas.
Me refiero a la necesidad construir –antes de cualquier desmovilización guerrillera- bases sólidas para una paz en un país que amerita ser democratizado previamente, con claros compromisos hacia la justicia social y hacia el rescate de soberanía en medio de un cese al fuego bilateral y de una progresiva desmilitarización bilateral; colocando además a Colombia fuera del tablero guerrerista y de la estrategia militar de EEUU y del imperialismo occidental en Nuestra América; identificando y ejecutando medidas y plazos para la salida de las bases militares estadounidenses de sus territorio, el cese de los convenios con el Pentágono e Israel y la anulación de la presencia directa de tropas y equipos bajo su control.
Los temas fundamentales de las conversaciones de paz -aquellos que implican desmonte del Estado terrorista, transformación de la policía y la fuerzas armadas regulares, democracia, justicia, equidad social y soberanía reales- al tiempo de acordarse con precisión en cuanto a sus impactos sobre todas las partes, deberían convertirse en hechos consistentes; sin optar anticipadamente por desmantelar solos los ejércitos populares creados por FARC, ELN y EPL durante medio siglo de heroísmo. Más bien procede reorientar sus roles en medio del cese al fuego bilateral, de la detención de la confrontación armada y del nuevo periodo de restauración de la democracia y refundación progresiva del Estado vía Constituyente Popular y Soberana.
En ese orden el descarte de la Constituyente sería un serio revés para esos trascendentes propósitos.
* IMPACTO NACIONAL DE LA PAZ INMEDIATA CON MONOPOLIO OFICIAL DE LAS ARMAS.
Si el comandante Chávez argumentó con razón el valor defensivo que tenía para el proceso bolivariano su condición de “proceso pacífico, pero no desarmado”, ese criterio tiene mayor validez para el caso de la democratización de Colombia, en el que la posesión de las armas por los ejércitos populares, aun sin usarse, constituye una de las garantías fundamentales para su cumplimiento y para evitar un grave desequilibrio subregional.
En Venezuela lamentablemente el poder de las armas en manos de una parte de las fuerzas armadas regulares de filiación chavista finalmente no ha sido aprovechado para pasar de las reformas a los cambios revolucionarios de corte socialista, lo que explica en parte el estancamiento y la regresión de ese proceso.
En Colombia el ejército popular de las FARC está renunciando a las armas para iniciar un accidentado y difícil camino de reformas democráticas bajo una dominación históricamente conservadora, corrupta, represiva y tramposa; lo que la pone más difícil todavía.
La integridad y preservación de los factores político-militares revolucionarios, junto a la movilización popular y a la ofensiva político-social de las fuerzas transformadoras, son a mí entender irrenunciables si se trata de garantizar cumplimientos y relaciones equilibradas en el despliegue de los compromisos entre ambas partes.
Y esto asume carácter de exigencia imperiosa en un país donde no se puede descartar que este gobierno maniobrero, sensiblemente debilitado, pueda cambiar para peor o darle paso a otro de pésima calaña; y en un Continente donde el proceso a nivel de gobiernos y de Estados temporalmente evoluciona a favor de las derechas y las retaliaciones del bloque político y social ultra-reaccionario.
Esos factores, incluido el de las armas insurgentes, son absolutamente necesarios para asegurar la no reversibilidad de los acuerdos y contrarrestar el empleo sistemático del
militarizado Estado Colombiano y de los enclaves y las tutelas estadounidenses como factores de contra-revolución y contra-reformas internas y externas.
En otro orden, lo acontecido en otros procesos de paz negociada -tanto en Colombia como en Centro-América -incluido el caso de El Salvador, donde tuvo lugar un acuerdo de mesa bastante avanzado (pero con desarme y desmovilización unilateral del FMLN), que posteriormente sufrió graves distorsiones, deformaciones e incumplimientos- deben servir de lecciones para no caer en la trampa esencial que se sintetiza en desarmarse y desmovilizarse militarmente sin cambios sustanciales en las esencias del régimen, en la fuerzas que lo hegemonizan y en el peso de lo militar y sus aberraciones en todo lo estatal y en los mecanismos interventores.
En las actuales condiciones de Colombia, el desarme y la desmovilización guerrillera de la principal fuerza insurgente podría ser mucho más perjudicial que en esos otros países, tanto por el contexto interno como por el internacional. Y ese paso unilateral desde las FARC-EP, por demás, colocaría en condiciones mucho más complejas al ELN y al ELP; fuerzas que debieron coordinarse y bloquificarse frente al régimen, para tratar de lograr una alternativa unificada con los mejores resultados posibles.
* IMPACTO CONTINENTAL.
Reitero que ese cauto y firme proceder es sumamente importante en medio de la crisis venezolana y de los planes desestabilizadores de ese y otros procesos regionales como el ecuatoriano y el boliviano; precedidos todos de desgarradoras imposiciones ultra-reaccionarias en Honduras y Paraguay, del dramático cuadro mexicano, de los retrocesos en Argentina y Brasil, de los virajes hacia la derecha en Perú y Chile, del reforzamiento de la intervención gringa en Haití y de la dictadura institucional en Dominicana.
Esa tendencia regresiva se tornaría más grave, si el viraje en la conducción de Brasil logra influir para que sus fuerzas armadas relativamente independientes en materia de competencia entre las grandes potencias, puedan ser manipuladas por EEUU y esta súper-potencia pueda por fin delegar funciones de gendarmería en ellas. Algo que está sobre el tapete en el marco de la crisis que estremece a esa potencia emergente.
Además, en cuanto a la actualidad mundial, es preciso valorar con atención y especial cuidado el curso de la crisis capitalista mundial y las consecuencias de la estrategia del caos controlado y del dominio destructivo puesta en práctica por un lumpen imperialismo pentagonizado y decadente.
En el contexto de esa estrategia, las maniobras “diversionistas” de “normalización” de relaciones con Cuba y pro-Paz en Colombia, realmente no suplantan los planes de expansión militar del Pentágono y la OTAN.
Tampoco la apuesta de EEUU a lo paramilitar, a los ejércitos mercenarios, a los procesos de fascistización de una parte de las derechas sociales y políticas a su servicio, a la sedición empresarial, a las imposiciones electorales fraudulentas, a las guerra locales y globales y a la desestabilización económica… para imponer su dominio contra-insurgente y despótico; concentrando esfuerzos y ataques especiales en Nuestra América rebelde, haciendo provecho de la declinación de los denominados gobiernos reformadores o progresistas.
Nunca olvidar que a su vez esa crisis de decadencia, que no cesa de agudizarse y extenderse a escala mundial, está generando grandes descontentos que posibilitan sublevaciones y revoluciones desde abajo; siempre que logren conformarse las nuevas vanguardias que ayuden a convertir a los pueblos en poder alternativo y transformador. Y esto nos plantea retos que van más allá de la lucha a través de la instituciones y la legalidad imperantes.
A su vez las negaciones bruscas de innumerables conquistas democráticas obtenidas en nuestra América mediante las victorias populares que ahora procuran aplastar, provocan indignaciones adicionales que emplazan a las fuerzas revolucionarias a radicalizar posiciones.
En medio del despliegue de esta crisis sistémica, con esos y otros ingredientes que exigen nuevos desafíos, se configuran situaciones y tiempos como éstos en los que no procede desistir para siempre de las insurgencias locales, nacionales y global; dado que los retrocesos o estancamientos reformistas e institucionalistas en el seno de las fuerzas transformadoras solo sirven para abrirle cancha a todas las derechas y a la contrarrevolución monda y lironda; como aconteció de manera relevante en Brasil y Argentina, y podría ocurrir con tintes mucho más dramáticos en Venezuela.
Mientras que en el curso de los procesos de paz negociada, la involución de las vanguardias revolucionarias hacia el reformismo casi siempre tiende a concluir en lamentables frustraciones.
* LUCHAS EMANCIPADORAS Y LUCHAS POR LA PAZ.
Es claro que todas las luchas emancipadoras deben asumir la paz como bandera y meta esencial, pero éstas no están solas en los escenarios de combate. La paz es un derecho, pero conquistarla implica también múltiples y variadas confrontaciones extra-institucionales.
En el presente mundial, regional y nacional esas luchas enfrentan enemigos muy poderosos que están muy lejos de renunciar a la violencia, al uso y amenaza del uso de la fuerza policial y militar a la opresión, a las guerras de agresión y a las más variadas y
crueles formas de dominación; por lo que es preciso mantener una línea de combate que no admite “reconciliaciones”.
Al parecer en la Mesa de los Diálogos de Paz de Colombia todo iba más o menos bien antes de ser firmados y publicitados, con todas sus implicaciones, los documentos de los “acuerdos de cese al fuego, dejación y entregas de armas”, refrendados por el texto presentado por el Secretariado de las FARC-EP, leído por el comandante Timochenko, en el que se afirma:
“También se ha llegado al acuerdo sobre Dejación de Armas, que pone en evidencia la suma de invenciones con las que se pretende engañar a la gente de nuestro país, cuando se asevera que tras los acuerdos, las FARC pretendemos seguir armadas y haciendo política. El país podrá conocerlo a partir de hoy. Claro que las FARC haremos política, si esa es nuestra razón de ser, pero por medios legales y pacíficos, con los mismos derechos y garantías de los demás partidos.”
“El Estado colombiano tendrá que hacer efectivo que a ningún colombiano se lo perseguirá por razón de sus ideas o prácticas políticas, que la perversa costumbre de incluir en los órdenes de batalla de las fuerzas armadas los nombres de los dirigentes de movimientos sociales y políticos de oposición, tendrá que desaparecer definitivamente del suelo patrio. Que una vez firmado el acuerdo final desaparecerán el dispositivo militar de guerra y su anticuada doctrina de seguridad.”
“Las fuerzas armadas colombianas, agigantadas en el transcurso de la guerra, diestras en contrainsurgencia y acciones especiales, están llamadas en adelante a jugar un importante papel en aras de la paz, la reconciliación y el desarrollo del país. Fueron nuestras adversarias, pero en adelante tenemos que ser fuerzas aliadas por el bien de Colombia. Su infraestructura y recursos pueden ponerse al servicio de las comunidades y sus necesidades, sin desmedro de sus capacidades para cumplir la función constitucional de guarnecer las fronteras.” (pag. 3, párrafo 4)
Me temo que en esos planteamientos hay muy buenos deseos y lindas ilusiones, pero pocos hechos, escasas realidades… si nos atenemos a una historia demasiado reciente y a una actualidad sumamente dura del régimen colombiano, de sus centros de poder local y transnacional; ayer encabezados por el Gobierno de Álvaro Uribe, hoy por el Juan Manuel Santos, los dos tutelados por EEUU y al servicio de sus tácticas ocasionales dentro de su pérfida estrategia de dominación.
Percibo que el giro que implican esos últimos acuerdos le está facilitando a la clase dominante-gobernante colombiana y al imperialismo estadounidense la continuidad de su dominio, combinando viejos y nuevos métodos, que a su vez generan o atizan nuevas contradicciones a su interior y al interior de quienes se le oponen.
Así pienso y no debo autocensurarse. Precisamente por todo lo que han representado para mí los vínculos de solidaridad con las FARC-EP y por respeto y el cariño que le profeso a sus integrantes, he decidido debatir este tema crucial para las luchas continentales, sin renunciar a acompañar a esa fuerza política en las nuevas controversias que se vislumbran, como lo hice con el FMLN de EL SALVADOR.
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?