Expediente. La comisión de diputados explicó que los terrenos de Duquesa, donde la empresa Lajun opera el vertedero de Duquesa, fueron vendidos en el 2009 por el CEA.
Santo Domingo.-La Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados terminó las investigaciones que realizaba en torno a la venta de los terrenos donde está ubicado el Vertedero de Duquesa y concluyó ayer que ese contrato no pasó por el Congreso Nacional.
El presidente de la comisión, el diputado Héctor Féliz, explicó que se decidió entregar su informe a la Procuraduría General para que sea esa institución la que proceda.
Féliz expresó que los terrenos de Duquesa, donde la empresa Lajun Corporation opera el vertedero, fueron vendidos en el año 2009 por el Consejo Estatal de la Azúcar (CEA), durante la gestión de Enrique Martínez.
El legislador dijo que la Procuraduría General de la República está apoderada del expediente y agregó que dará un informe pormenorizado a la prensa en los próximos días.
El diputado Feliz sostuvo que el contrato que tiene la comisión no es el original. Mientras que ayer acudieron al Congreso Nacional representantes del Bloque de Organizaciones Comunitarias y Sociales Ozama Isabela.
Francisco Reyes, presidente de BLOCOZAI. dijo que se debe aclarar las “condiciones fraudulentas como se adquirieron los terrenos del vertedero, a un precio por debajo del valor real con un préstamo del Banco Nacional de la Vivienda, por 50 millones de pesos”.
Además, considera que resulta inconcebible que esta operación supuestamente se haya realizado sin la aprobación del Congreso Nacional.
La comisión de contratos de la Cámara de Diputados había iniciado desde el año pasado un proceso de investigación para determinar si el contrato de venta fue refrendado por ambas cámaras. La venta de los terrenos de Duquesa envuelve una serie de interrogantes que ni los mismos congresistas son capaces de responder.
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DENUNCIAS DE FRAUDE EN TERRENOS DUQUESA
El diputado Radhamés González, de la alianza PRDPLD por Santo Domingo Oeste, había denunciado que era falso el título de propiedad que alegaba tener la empresa Lajun Corporation. Dijo que con esas “documentaciones falsas” fueron al Tribunal de Tierras, y a pesar de que el CEA expresó que no existía expediente donde se pudiera notar que le habían vendido esos terrenos, el tribunal emitió un título de propiedad.
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