Larga espera. Se espera que Punta Catalina ponga punto final a la era de apagones y altas tarifas
Santo Domingo.-La Primera Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible una demanda en referimiento que buscaba el nombramiento de una administración secuestraria, que se encargaría de todo lo relacionado a la construcción del proyecto de dos unidades termoeléctricas a carbón mineral, en Punta Catalina, que realiza el Consorcio Odebrecht.
La magistrada Priscila Martínez Tineo adoptó la decisión tras acoger las conclusiones incidentales de Odebrecht y Marcelo Hofke, representados por su abogado Robert Valdez, por lo que en consecuencia declara la demanda inadmisible por falta de calidad del gerente general del consorcio Impe, Raúl Cabrera, interpuesta a través de su abogado Ángel Moreta.
En el dispositivo de la sentencia, el tribunal dice que como las empresas consorcio Impe y Gezhouba Group Company, fueron descalificadas el 30 de octubre del 2013 para participar en el concurso de la licitación pública internacional para la construcción de la obra, el demandante no tiene calidad para solicitar medidas cautelares en contra de Odebrecht.
Además, la jueza sostiene en la sentencia que no existe documentación alguna que establezca que el consorcio posee vinculación contractual en las relaciones “sinalagmáticas”, entre la constructora Odebrecht y el Estado dominicano, razón por la que acoge el medio de inadmisión por falta de calidad solicitada por la parte demandante.
En la demanda, el consorcio Impe pedía al tribunal ordenar como medida provisional hasta tanto se dirima lo principal, la designación de la administración secuestraria que estaría integrada por dos representantes de esa entidad, dos del consorcio Aceros Estrella, un representante del Codia, uno del Instituto de Contadores de la República Dominicana y un representante de la Cámara de Cuentas.
En la instancia, Impe pedía, además, al tribunal declarar la sentencia ejecutoria no obstante a cualquier recurso de apelación que se pudiera interponer en contra de la misma, y sin prestación de fianza, por tratarse de un peligro inminente y un daño en contra de los intereses del consorcio.
Igualmente solicitaron al tribunal ordenar medida de astreinte ascendente a cien mil pesos diarios en caso de dificultades de la ejecución de la sentencia a intervenir.
La empresa Impe, consorciada con Gezhouba Group Company Limited, es demandante desde el mes de noviembre del año 2013 hasta hoy, en relación con el proceso de licitación pública internacional No. CDEEE-LPI-01-2013.
Otro rechazo
También el Tribunal Constitucional rechazo recientemente otro recurso sometido por el denominado Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA).
El fallo está contenido en el comunicado número 23/17, el cual fue colocado en la página web del Tribunal Constitucional del pasado 6 del mes de abril y donde esta contenido el dispositivo de la sentencia.
Anteriormente y mediante sentencia del 15 de febrero de este año, el mismo Tribunal Constitucional rechazo una accion de amparo de cumplimiento sometida por el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático en contra de la CDEEE en reclamo de informaciones y documentos sobre delimitacion catastral de los terrenos donde se construyen las plantas de carbon mineral Punta Catalina.
Este último recurso fue decidido mediante la sentencia TC/095/17, emn el cual estbalecio que los documentos requeridos no existen.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.
