En seis meses han sido suspendidas 77 ONG que no cumplen con los requisitos establecidos por la ley y mantiene fuera del programa a 89 que encontró sancionadas por la misma situación.
Entrevista. De izquierda a derecha, Aurora Féliz Rubio, Mario Doñé Montalvo, Celeste Silié de Castellanos, Fidias Mejía Malena y Viviano de León.
Santo Domingo.-Durante seis meses de gestión, la nueva directora del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro ha suspendido a 77 ONG que no cumplen con los requisitos establecidos por la ley.
Igualmente, otras 89 que encontró suspendidas no han podido volver a entrar, porque ni siquiera aparecen registradas.
Celeste Silié de Castellanos cree en que los fondos del Estado son sagrados y que hay que manejarlos con estricto apego a la ley.
El Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro es una dependencia del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y tiene como funciones regir todo lo relacionado con las ONG.
Silié de Castellanos, está inmersa en un proceso de relanzamiento del centro para lo cual ha creado una plataforma tecnológica, financiada por el Banco Mundial, que obliga a las ONG a estar interconectadas con la entidad, de manera que todas las actividades que realizan lleguen directamente al centro, incluyendo la rendición de cuentas que deben hacer trimestral y en algunos casos mensualmente.
El Estado destina cada año unos 1,756 millones de pesos para el programa de apoyo a las ONG, que son distribuidos entre 1,434 entidades activas al 2017.
“Tan pronto ocupé la posición, lo primero que hice fue ver lo que tenemos en las manos, dónde están, qué están haciendo las asociaciones que están registradas en el centro”, dijo la funcionaria al conceder una entrevista a Listín Diario.
En ese orden, Silié de Castellanos, expresó que creó un cuerpo de inspectorías, integrado por seis inspectores, el cual trabaja en la supervisión directa con las ONG que funcionan en todo el país, lo que dijo le permitió detectar las 77 nuevas entidades que no cumplen con los requisitos.
“Para nosotros hacer cumplir la ley, además de que reclutamos ese personal, de que contamos con esta plataforma tecnológica, ya hemos adiestrado el personal de unas 700 de las 1,500 que reciben fondos del Estado”, agregó.
Explicó que el proceso de fortalecimiento institucional incluye el adiestramiento a personal de las ONG, porque se ha dado cuenta de que por falta de información muchas no rinden cuentas a tiempo, no la rinden correctamente y no saben solicitar de manera correcta una subvención de fondos.
Como la entidad solo regula y no administra fondos, dijo que trabajan en coordinación con el Ministerio de Administración Pública (MAP), en la creación de estructuras en cada ministerio que destina fondos presupuestados para las ONG.
Los ministerios
En la actualidad alrededor de mil quinientas ONG están adscritas a los trece ministerios de los que reciben fondos públicos.
Silié de Castellanos, explicó que por ley las ONG deben rendir cuentas a esa entidad, pero también a esos ministerios, a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República.
La funcionaria explicó que para simplificarle el trabajo a las ONG, se ha reunido con todas las instituciones controladoras de fondos públicos, como la Contraloría General, la Cámara de Cuentas, Hacienda, presupuesto e impuestos Internos para plantearles el establecimiento una nueva normativa de rendición de cuentas, porque a final de cuentas todos los organismos exigen las mismas informaciones.
La Ley 122-05, establece la regulación y fomento de las asociaciones sin fines de lucro en la República Dominicana y crea el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL.
(+) APROBACIÓN DE LAS EXONERACIONES
Diferente a otras ocasiones, la Dirección de Exoneraciones del Ministerio de hacienda, antes de aprobar una exoneración a una ONG, exige la aprobación del centro que las regula, acompañada de una certificación.
De igual modo, la Dirección General de Aduanas interconectó ese órgano a su sistema, de manera que todas las exoneraciones de las ONG previamente sean aprobadas por la entidad antes de Aduanas hacer los trámites definitivos.
“Ahora contamos con una normativa común, plataforma tecnológica, inspectoría, el equipo humano es nuevo, es un relanzamiento, el centro estaba dormido y lo que hemos hecho es despertarlo con el cumplimiento de la ley que nos regula”, sostuvo.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.
