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El factor Estados Unidos en la lucha contra la corrupción
SANTO DOMINGO. El viaje a Washington de la semana pasada del procurador Jean Alain Rodríguez en momentos que las autoridades afanan por llevar a la justicia a los culpables de la mega corrupción de la empresa brasileña Odebrecht que pagó 92 millones de dólares en soborno para obtener la concesión de obras estatales que sobrevaluó, pone sobre el tapete interés del “Coloso del Norte” en el caso.
No sorprende el interés estadounidense por el curso de la corrupción en el país, actitud elogiada por muchos, pero rechazado por otros. No pocos estiman que Estados Unidos tiene dudas sobre las investigaciones que se llevan a cabo, si las mismas terminarán en una real justicia.
Se trata del segundo periplo de Rodríguez relacionado con el caso Odebrecht. El 15 de febrero pasado viajó a Brasil donde se entrevistó con funcionarios judiciales que hace varias semanas remitieron al país las investigaciones del fraude y se espera que el funcionario dominicano divulgue, como prometió, en los próximos días los nombres de los sobornados.
En Estados Unidos, Alain Rodríguez, a donde acudió acompañado de la directora de la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción, Laura Guerrero, se entrevistó con el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions y el director del Buró Federal de Investigaciones, James Comey.
El interés estadounidense fue afectado por en el caso Odebrecht, la empresa brasileña usó su territorio para lavado de activos, por lo cual fue multada al pago de 2600 millones de dólares. Se recuerda que en el país funcionó, sin ningún tipo de entorpecimiento, una especie de departamento de sobornos de la citada empresa, encubierto bajo el nombre de División de Operaciones Estructuradas.
No sorprende el interés estadounidense por el curso de la corrupción en el país, actitud elogiada por muchos, pero rechazado por otros. No pocos en el país estiman que Estados Unidos tiene dudas sobre las investigaciones que se llevan a cabo, si las mismas terminarán en una real justicia.
La preocupación de Estados Unidos por la corrupción viene dado cuando considera que sus intereses se afectan como el caso de los aviones supertucanos en cuya compra hubo sobrevaluación y pago de soborno, que perjudicaron una de sus empresas, en favor de la empresa brasileña.
La nación norteamericana ha prestado colaboración en la lucha contra el narcotráfico para lo cual ha donado equipos a la Dirección Nacional de Control de Drogas, entrenado personal y hasta funciona en el país una dotación de la Agencia Antinarcóticos Estados Unidos, (DEA) por sus siglas en inglés.
En varias oportunidades Departamento de Estado ha calificado al país como un puente para el tráfico de drogas, con lo que alega se afectan sus intereses porque en su territorio, considerado el mayor mercado del mundo, es invadido por narcóticos.
La preocupación de Estados Unidos por la corrupción llegó a su punto más alto cuando Brewster dijo que la corrupción frena la inversión extranjera en el país.
El presidente Danilo Medina le respondió pidiendo que citara los casos de corrupción que a su juicio frenan la entrada de capital extranjeros en el país. “Dónde están los escándalos de corrupción que ustedes en el Estado. A mí me gustaría, y se lo he pedido a ellos, que si tienen casos concretos que lo señalen, porque se habla de que República Dominicana es un puente de drogas, pero si vamos a eso, los Estados Unidos es una avenida de 10 carriles de destino para esa misma droga”, dijo el mandatario.
Sobre este periplo del procurador se especula que el Departamento de Estado no está conforme como se conducen los procesos judiciales, sobre todo los casos Odebrecht y los aviones Supertucanos, ambos considerados iconos de la corrupción reciente en el país.
Estados Unidos siempre ha mantenido interés en la lucha contra la corrupción, así lo atestiguan los numerosos pronunciamientos de sus embajadores favor de que se castiguen los corruptos, que muchas veces desbordan los canales diplomáticos. Incluso en esa línea ha retirado el visado a decenas de civiles y jerarcas militares, lo cual para muchos dominicanos representa una especie de muerte civil.
Tras la visita del funcionario judicial a los Estados Unidos se espera que tanto el caso de la Odebrecht como el de los Supertucanos tomen un nuevo giro y, sobre todo, se encaminen por un carril más expedito que el que transitan.
En ese sentido, también ha aumentado la demanda de la sociedad civil y grupos organizados como el Movimiento Marcha Verde para que se detenga la impunidad, pero se tiene el temor que ocurra lo contrario dado el control que tiene el Partido de la Liberación Dominicana de las instancias judiciales, lo cual debilita la lucha contra la corrupción, como se ha demostrado con los casos mayúsculo de corrupción en los que se han visto envueltos muchos de sus dirigentes.
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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
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Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.