Análisis Noticiosos
Denuncia a la Procuraduría contiene múltiples indicios
Por Juan Bolívar Díaz
La denuncia presentada esta semana ante la Procuraduría General de la República (PGR) por cuatro organizaciones sociales para que se investiguen indicios de que la Odebrecht financió las campañas electorales del presidente Danilo Medina y su partido es un legítimo recurso constitucional que debe ser respondido.El documento se refiere a interrogatorios de las autoridades brasileñas a los ejecutivos de Odebrecht y los mecanismos operativos de financiamiento a campañas electorales en varios países, pero su mayor aporte es la documentación del ingreso enmarañado de 4.3 millones de dólares a una cuenta bancaria en Santo Domingo.
Denuncia y recusación. Al iniciarse el quinto mes desde el estallido del escándalo internacional de la corrupción de Odebrecht, cuatro entidades sociales, integrantes de la Marcha Verde, elevaron una instancia, amparadas en derechos constitucionales, para que la PGR investigue indicios de que la constructora brasileña habría financiado campañas electorales del presidente Danilo Medina y su Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El Centro Social Juan XXIII, integrado por profesionales e intelectuales católicos, el movimiento cívico Participación Ciudadana, la Fundación Masada, presidida por el destacado jurista y escritor José Luis Taveras, y Santiago Somos Todos, estos últimos dos de Santiago, se amparan en los artículos 22, 246 y 262 de la Constitución de la República que establecen el derecho a “Denunciar las faltas cometidas por funcionarios públicos en el desempeño de su cargo” y en “la facultad de toda persona que tenga conocimiento de una infracción de acción pública para denunciarla ante la Procuraduría General”.
Citan presumibles violaciones a la Constitución, al Código Penal y a la Ley Electoral, para fundamentar su petición de que “se proceda con la comprobación de los hechos”, que consideran atentatorios contra la soberanía nacional por injerencia de una empresa extranjera en los asuntos políticos dominicanos, con financiamiento proveniente de actos delictuales que constituyen lavado de activos.
A la vez los demandantes apelan a la Ley del Ministerio Público para pedir la inhabilitación del Procurador Jean Alain Rodríguez en la investigación, por su condición de miembro del Comité Central del partido gobernante, y que la asuma su primer adjunto suplente o el de mayor edad.
El aporte más relevante. Entre los indicios más relevantes de la denuncia formal resalta la documentación de depósitos por 4 millones 396 mil 796 dólares (unos 208 millones de pesos), mediante una maraña triangular hasta llegar a una cuenta bancaria en Santo Domingo de una empresa creada aquí con el artístico nombre de Cine & Art 2013, atribuida al asesor electoral del presidente Danilo Medina, Joao Santana, entre octubre del 2013 y julio del 2014. Identifica cinco depósitos con fechas, tres por montos de 200 mil 174 dólares, otro por 380 mil 173 y el quinto por 400 mil 174 dólares.
Documenta cómo Odebrecht hace transferencias de fondos de entre 105 mil y 289 mil dólares a ocho empresas constituidas en Lima, Perú, por su socio Eduardo Monteverde, y estas los pasan a una novena, Isagon SAC, que los envía finalmente a Cine & Art 2013 en Santo Domingo, a través de bancos reconocidos identificados en la instancia.
El origen de la documentación es un informe del congresista peruano Juan Pari Choquecota a la comisión investigadora de los sobornos en Perú de Odebrecht y otras dos empresas brasileñas, a su vez recogida en una investigación del consorcio IDL Reporteros que encabeza el destacado periodista Gustavo Gorriti, titulada “Los Sinuosos Caminos del Lava Jato en Perú, cuyo capítulo II se titula “Cine & Arte del Lava Jato en la República Dominicana”. Consigna 16 transferencias bancarias de Isagon SAC a Cine & Art 2013, cuyo registro mercantil la ubica en la calle Helio 102, donde estaba Polis Caribe, la empresa formal de Joao Santana. Un asociado de éste, Marcelo Macarenhas Kertész, figura como presidente y en la misma tendría acciones un hijo del asesor político.
Pagos del gobierno a Joao. La instancia investigativa se refiere ampliamente a la condición de Santana como asesor político del presidente Medina y dice que en las declaraciones de estados financieros presentados por el PLD a la Junta Central Electoral “no se evidencia ningún pago a Santana ni a sus empresas. Sin embargo refiere dos pagos del gobierno a las empresas de Joao, un cheque del 16 de diciembre del 2014 a Polis Caribe por 16 millones 720 mil 754 pesos por concepto de “saldo en el pago de servicios de realización y producción de comerciales Publicitarios”. Este había sido denunciado en la campaña electoral del año pasado por el Partido Revolucionario Moderno. La segunda erogación fue a Cine & Art 2013, por otros 16 millones 198 mil pesos, que aparece en una relación de pagos de noviembre del 2014 del Ministerio de Educación, sin concepto identificado.
Esos serían indicios de que Cine & Art 2013 tenía vínculos con el Gobierno, y de que las empresas de Santana recibían pagos del erario público, y de hecho se ha informado con anterioridad de que Polis Caribe tenía registro como suplidora del Estado, lo cual sugiere una confusión en los papeles del asesor electoral del presidente hasta su requerimiento en febrero del 2016, por la justicia brasileña, tres meses antes de las elecciones nacionales, para ser apresado a su llegada a Brasil, lo mismo que su esposa y administradora financiera Mónica Moura.
La denuncia se refiere también a la sentencia condenatoria de los Santana-Moura a 8 años de cárcel dictada por la Sala Criminal de Curitiba, Brasil ,atribuyéndola a su condición de haber sido parte de “una red mafiosa” constitutiva de una “asociación de malhechores”.
Una buena oportunidad. La denuncia demanda de investigación de las cuatro entidades sociales coincidió con el testimonio de Joao Santana ante la Corte Electoral de Brasil esta semana donde sostuvo que no había financiado las campañas del presidente Medina, lo que fue celebrado por este afirmando que su asesor político “dijo lo que tenía que decir y nadie puede decir lo que no ha sucedido”. De acuerdo con esto, por lo menos los jefes de Santana dijeron lo que no es cierto.
Dada la seguridad que tiene el mandatario de que no hubo dinero de Odebrecht en su campaña, debería ser el primero en auspiciar que se investiguen y aclaren los indicios en que se fundamenta la petición de las entidades sociales, que no parecen inventos y han sido publicadas por los diarios brasileños y de otros países.
Con los datos aportados no sería difícil establecer la veracidad o falsedad de las cuentas de Cine & Art 2013, aclarar los pagos del gobierno a Santana y referirse a las versiones de los ejecutivos del departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht. Es que el Presidente no puede referirse sólo a los testimonios que le convienen, sino abordar el escándalo en todas sus dimensiones.
Al Presidente se le debería dar crédito y presumirlo inocente de esos cargos, como corresponde en justicia, pero su Gobierno y partido en vez de empeñarse en establecer la realidad del escándalo, han tratado de ignorarlo, estigmatizan a los que reclaman sanciones y su justicia no ha encontrado hasta ahora camino de sanciones. Alguien debería recordarles la histórica máxima de que “no basta que la mujer del César sea honesta, también tiene que parecerlo”.-
Por José Cabral
El presidente Luis Abinader ha dejado claro que en él predomina más la torpeza que la razón, dado que promulgó la Ley 13-26 que saca del escenario electoral dominicano las candidaturas independientes ajustadas a la Constitución por la sentencia TC/0788/24.
Desde que conocí a Abinader cuando era un simple aspirante a la Presidencia de la República nunca observé nada que pudiera reflejar o significar las habilidades y la formación necesarias para dirigir el Estado dominicano.
Con esta nueva torpeza queda claro que el proyecto en el Congreso Nacional era un plan del partido más anti-democrático que tiene el país, el Revolucionario Moderno, el cual luego de llegar al poder sirve para muy poca cosa.
El presidente con la promulgación de la ley aprobada por los senadores y diputados deja claro que está con las peores causas y que su proyección desde la Presidencia tiene más de simulación que de vocación democrática.
La pregunta que se haría cualquier persona sensata es qué gana el presidente Abinader con promulgar y convertir en ley una propuesta que no hace otra cosa que dañar la democracia dominicana y que además lesiona la vida institucional de la nación.
Abinader ha querido conjuntamente con los tarados que conforman el Congreso Nacional extirpar las vías que pueden servir para mejorar la democracia nacional, la cual ya prácticamente no tiene legitimidad.
La verdad que no entiendo la razón por la que Abinader no ha logrado superar su torpeza en los años que lleva al frente del Estado dominicano, cuya sin razón ya se ha expresado en una multiplicidad de veces durante sus periodos de gobierno.
Sin embargo, hay un detalle que llama a la atención y es que quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, permita que eso ocurra sin renunciar como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, a menos de que su consejo haya sido que ese contrasentido fuera promulgado.
Ante la torpeza del presidente Abinader sólo queda la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional para que por lógica jurídica predomine la jurisprudencia sentada por la alta corte.
Luis Abinader y su aberrante PRM deben recibir una lección de un profundo contenido político y social, ya que la sociedad no debe tolerar otra torpeza más en contra del deseo de cambio del ciudadano ante el comportamiento distorsionado de los partidos políticos.
Considero que con la promulgación de semejante disparate jurídico queda confirmado que se trata de una confrontación entre la política y el derecho, porque en los partidos pesa más el miedo que la vergüenza.
Por José Cabral
No me queda la menor duda de que la partidocracia aprovecha todo su poder para lesionar la democracia, sobre todo cuando surgen vías que puedan mejorarla.
No hay motivo para no creer que es así, pero la aprobación en el Senado y puede decirse que también prácticamente en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca sepultar las candidaturas independientes, confirma de lo que son capaces los partidos políticos.
Lo que espero es que inmediatamente esta travesura del Congreso Nacional termine su proceso en esta instancia del Estado, pase al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación, cuya decisión, entonces, permitirá tener una idea más clara de qué tanto la irracionalidad se ha apropiado del Partido Revolucionario Moderno y de sus dirigentes y militantes.
La pregunta que me hago es si el presidente Abinader cometería la torpeza de adherirse al despropósito de los legisladores de prácticamente todos los partidos políticos, que su ceguera no les permite ver hasta dónde llega su facultad en el sistema democrático.
Todo esto lo digo en razón de que lo que hacen los diputados y senadores es romper con el orden institucional de la Nación y si para colmo Abinader, jefe del Estado dominicano, se suma a semejante travesura, entonces podría decirse que todo constitucionalmente hablando está perdido.
Naturalmente, habría que ver cuál es la asesoría que recibiría en esta materia de un hombre con una amplia trayectoria en asuntos jurídicos y que ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
No hay que saber tanto de derecho para entender que aún una persona como Subero Isa esté en favor o en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, no puede haber otra decisión que respetarla para preservar el orden institucional y la supremacía de la constitución de la República.
El orden jurídico nacional se rige por el principio de legalidad y la decisión del Tribunal Constitucional se ajusta a lo que dispone el artículo 47 de la Ley 137-11 en lo concerniente a la interpretación de aquellas normas que violentan la carta magna, cuya ley orgánica se deriva del mandato de los artículos 184 y 185 de la ley de leyes del país.
De manera, que cualquier decisión del presidente de la República tiene que ser en el marco de lo que dispone la Constitución de la República, cuyas candidaturas independientes son el producto de lo consignado por el constituyente en el artículo 22 de la carta magna.
Al ser así, el presidente Abinader no puede tomar otra decisión que no sea observar lo aprobado por los senadores y diputados, porque de lo contrario ese proyecto tendría una muerte segura mediante una acción directa de inconstitucionalidad ante el propio TC.
Por José Cabral.
La partidocracia dominicana está sumergida en un pantano de lodo que tiene profundas raíces culturales, cuya salvación no la puede proporcionar nadie, absolutamente nadie, porque luce algo difícil, por no decir imposible, ya que hay una famosa expresion aplicable a este caso que dice que: «árbol que nació torcido nadie lo endereza».
La figura del depredador está dentro del espíritu de los actores de la vida política partidaria de la nación, pero esa condición no es fruto del capricho de uno o dos de los que conforman la partidocracia, sino de prácticamente todos sus dirigentes y militantes, porque se trata de una visión de vida asociada con una explicación cultural, no de otra cosa.
Hay quienes justifican este comportamiento que hoy sumerge a los partidos políticos en el peor de los descréditos al atraso y la pobreza que ha caracterizado al país desde mucho antes de su nacimiento como república.
Sin embargo, la realidad es que, aunque esas consideraciones sean muy atendibles, porque ahí también entra la baja educación ciudadana, lo cierto es que en el país se ha desarrollado una visión de vida que lleva a la mayoría de la gente a sólo pensar en la adquisición de bienes materiales, aun aquellos que lo tienen todo, sin importar su procedencia.
En mi opinión, aparte de lo cultural, se suma la entrada salvaje del neoliberalismo que se ha llevado de paro los valores cívicos y morales y puede decirse que se ha robado al dominicano que ahora su princial meta es identificar la vía que le permita de forma más fácil y rápida acumular fortunas.
Yo he dicho en otras ocasiones que en el país la mayoría de los políticos quieren llegar al control del Estado para llevarse a sus bolsillos el dinero del patrimonio público, cuya principal desfachatez es que después de sus travesuras someter un proyecto de ley para atacar la corrupción.
Entonces, todo el que busca fortunas fáciles en el país tiene dos caminos para tenerlas y son el narcotráfico y la política que se ejerce a través de los partidos políticos, pequeños, medianos y grandes, cuyos dirigentes saben muy bien que cuando se prestan al juego de los que tienen mayor aceptación popular, no sólo reciben dinero de la Junta Central Electoral, sino también de la ocupación de un cargo público cuando se convierte en bisagra del que ha sido elegido para dirigir los destinos nacionales.
El problema es sumamente grave y preocupante y por esa razón a la partidocracia le importa muy poco el destino de la democracia nacional, sino buscar más dinero para el bolsillo de cúpula dirigencial, lo que explica que no respete el mandato constitucional del que se derivan las candidaturas independientes.
Por esta y otras muchas más razones sostengo que la derrota de la partidocracia en esta confrontación entre la política y el derecho va a depender de cómo se asuma la actitud del Congreso Nacional de anular una opción que no es caprichosa, sino que está consignada en la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Yo tengo la esperanza de que la partidocracia sea derrotada como ha ocurrido en la historia de la República Dominicana, en la que personajes con mucha sensibilidad patriótica se han armado de coraje y les han cortado las cabezas a férreas dictaduras que han retrasado el avance de la democracia nacional.
Todo el mundo sabe que, así como el doctor Joaquín Balaguer proclamaba que la Constitución no era más que un pedazo de papel, cuyo concepto aun prevalece en los nuevos actores de la vida política nacional, pero con la diferencia de que éstos simulan lo contrario, porque sencillamente el país es más de percepción que de realidad, sólo que a través de una doble cara.
Pero no se puede olvidar que, si bien la Constitución no es respetada, cuya comprobación se puede hacer con la gran cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional no ejecutadas, las mismas siguen ahí y nadie podrá borrarlas.
Es bueno que se entienda que esa realidad de vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, sólo perdurará hasta que el soberano, el pueblo dominicano, tolera las travesuras de la partidocracia que no respeta ley y que utiliza el Estado para aliarse con el bajo mundo y con los peores intereses de la nación.