Análisis Noticiosos
Denuncia a la Procuraduría contiene múltiples indicios
Por Juan Bolívar Díaz
La denuncia presentada esta semana ante la Procuraduría General de la República (PGR) por cuatro organizaciones sociales para que se investiguen indicios de que la Odebrecht financió las campañas electorales del presidente Danilo Medina y su partido es un legítimo recurso constitucional que debe ser respondido.El documento se refiere a interrogatorios de las autoridades brasileñas a los ejecutivos de Odebrecht y los mecanismos operativos de financiamiento a campañas electorales en varios países, pero su mayor aporte es la documentación del ingreso enmarañado de 4.3 millones de dólares a una cuenta bancaria en Santo Domingo.
Denuncia y recusación. Al iniciarse el quinto mes desde el estallido del escándalo internacional de la corrupción de Odebrecht, cuatro entidades sociales, integrantes de la Marcha Verde, elevaron una instancia, amparadas en derechos constitucionales, para que la PGR investigue indicios de que la constructora brasileña habría financiado campañas electorales del presidente Danilo Medina y su Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El Centro Social Juan XXIII, integrado por profesionales e intelectuales católicos, el movimiento cívico Participación Ciudadana, la Fundación Masada, presidida por el destacado jurista y escritor José Luis Taveras, y Santiago Somos Todos, estos últimos dos de Santiago, se amparan en los artículos 22, 246 y 262 de la Constitución de la República que establecen el derecho a “Denunciar las faltas cometidas por funcionarios públicos en el desempeño de su cargo” y en “la facultad de toda persona que tenga conocimiento de una infracción de acción pública para denunciarla ante la Procuraduría General”.
Citan presumibles violaciones a la Constitución, al Código Penal y a la Ley Electoral, para fundamentar su petición de que “se proceda con la comprobación de los hechos”, que consideran atentatorios contra la soberanía nacional por injerencia de una empresa extranjera en los asuntos políticos dominicanos, con financiamiento proveniente de actos delictuales que constituyen lavado de activos.
A la vez los demandantes apelan a la Ley del Ministerio Público para pedir la inhabilitación del Procurador Jean Alain Rodríguez en la investigación, por su condición de miembro del Comité Central del partido gobernante, y que la asuma su primer adjunto suplente o el de mayor edad.
El aporte más relevante. Entre los indicios más relevantes de la denuncia formal resalta la documentación de depósitos por 4 millones 396 mil 796 dólares (unos 208 millones de pesos), mediante una maraña triangular hasta llegar a una cuenta bancaria en Santo Domingo de una empresa creada aquí con el artístico nombre de Cine & Art 2013, atribuida al asesor electoral del presidente Danilo Medina, Joao Santana, entre octubre del 2013 y julio del 2014. Identifica cinco depósitos con fechas, tres por montos de 200 mil 174 dólares, otro por 380 mil 173 y el quinto por 400 mil 174 dólares.
Documenta cómo Odebrecht hace transferencias de fondos de entre 105 mil y 289 mil dólares a ocho empresas constituidas en Lima, Perú, por su socio Eduardo Monteverde, y estas los pasan a una novena, Isagon SAC, que los envía finalmente a Cine & Art 2013 en Santo Domingo, a través de bancos reconocidos identificados en la instancia.
El origen de la documentación es un informe del congresista peruano Juan Pari Choquecota a la comisión investigadora de los sobornos en Perú de Odebrecht y otras dos empresas brasileñas, a su vez recogida en una investigación del consorcio IDL Reporteros que encabeza el destacado periodista Gustavo Gorriti, titulada “Los Sinuosos Caminos del Lava Jato en Perú, cuyo capítulo II se titula “Cine & Arte del Lava Jato en la República Dominicana”. Consigna 16 transferencias bancarias de Isagon SAC a Cine & Art 2013, cuyo registro mercantil la ubica en la calle Helio 102, donde estaba Polis Caribe, la empresa formal de Joao Santana. Un asociado de éste, Marcelo Macarenhas Kertész, figura como presidente y en la misma tendría acciones un hijo del asesor político.
Pagos del gobierno a Joao. La instancia investigativa se refiere ampliamente a la condición de Santana como asesor político del presidente Medina y dice que en las declaraciones de estados financieros presentados por el PLD a la Junta Central Electoral “no se evidencia ningún pago a Santana ni a sus empresas. Sin embargo refiere dos pagos del gobierno a las empresas de Joao, un cheque del 16 de diciembre del 2014 a Polis Caribe por 16 millones 720 mil 754 pesos por concepto de “saldo en el pago de servicios de realización y producción de comerciales Publicitarios”. Este había sido denunciado en la campaña electoral del año pasado por el Partido Revolucionario Moderno. La segunda erogación fue a Cine & Art 2013, por otros 16 millones 198 mil pesos, que aparece en una relación de pagos de noviembre del 2014 del Ministerio de Educación, sin concepto identificado.
Esos serían indicios de que Cine & Art 2013 tenía vínculos con el Gobierno, y de que las empresas de Santana recibían pagos del erario público, y de hecho se ha informado con anterioridad de que Polis Caribe tenía registro como suplidora del Estado, lo cual sugiere una confusión en los papeles del asesor electoral del presidente hasta su requerimiento en febrero del 2016, por la justicia brasileña, tres meses antes de las elecciones nacionales, para ser apresado a su llegada a Brasil, lo mismo que su esposa y administradora financiera Mónica Moura.
La denuncia se refiere también a la sentencia condenatoria de los Santana-Moura a 8 años de cárcel dictada por la Sala Criminal de Curitiba, Brasil ,atribuyéndola a su condición de haber sido parte de “una red mafiosa” constitutiva de una “asociación de malhechores”.
Una buena oportunidad. La denuncia demanda de investigación de las cuatro entidades sociales coincidió con el testimonio de Joao Santana ante la Corte Electoral de Brasil esta semana donde sostuvo que no había financiado las campañas del presidente Medina, lo que fue celebrado por este afirmando que su asesor político “dijo lo que tenía que decir y nadie puede decir lo que no ha sucedido”. De acuerdo con esto, por lo menos los jefes de Santana dijeron lo que no es cierto.
Dada la seguridad que tiene el mandatario de que no hubo dinero de Odebrecht en su campaña, debería ser el primero en auspiciar que se investiguen y aclaren los indicios en que se fundamenta la petición de las entidades sociales, que no parecen inventos y han sido publicadas por los diarios brasileños y de otros países.
Con los datos aportados no sería difícil establecer la veracidad o falsedad de las cuentas de Cine & Art 2013, aclarar los pagos del gobierno a Santana y referirse a las versiones de los ejecutivos del departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht. Es que el Presidente no puede referirse sólo a los testimonios que le convienen, sino abordar el escándalo en todas sus dimensiones.
Al Presidente se le debería dar crédito y presumirlo inocente de esos cargos, como corresponde en justicia, pero su Gobierno y partido en vez de empeñarse en establecer la realidad del escándalo, han tratado de ignorarlo, estigmatizan a los que reclaman sanciones y su justicia no ha encontrado hasta ahora camino de sanciones. Alguien debería recordarles la histórica máxima de que “no basta que la mujer del César sea honesta, también tiene que parecerlo”.-
Por José Cabral
Un fenómeno muy preocupante que se produce en la República Dominicana tiene que ver con la pérdida de la cultura del trabajo.
Aparentemente hay un relativo cumplimiento con las obligaciones laborales cuando se trata de una empresa con altos niveles de organización y supervisión.
La pérdida de la cultura del trabajo puede ser demoledora para la micro, pequeña y mediana empresa, en las que no hay forma de que se respete el contrato laboral entre empleados y empleadores.
La desaparición de la cultura del trabajo en el país representa una crisis muy profunda debido a la precariedad laboral, la informalidad y la pérdida de incentivos para el esfuerzo formal.
La pérdida de la cultura del trabajo está asociada a una serie de factores como los bajos salarios y que un empleo no garantiza la salida de la pobreza, según los estudios económicos al respecto.
Sin embargo, la razón principal, siempre de acuerdo a lo que puedo observar, obedece a la crisis de valores que impacta a la sociedad dominicana.
Hay una tendencia muy acentuada a no cumplir con la responsabilidad asumida, es decir, que se observa una negación de la gente a asumir sus obligaciones.
Inclinarse por la vida fácil es una percepción ciudadana que tiene que ver con la crisis de valores que procura la búsqueda de ingresos sin hacer ningún esfuerzo, cuyo ejemplo más contundente es la famosa “botella” a nivel estatal, la cual es estimulada por el clientelismo que promueven los partidos políticos.
Lo otro que explica el fenómeno es que la gente ha aprendido a reclamar sus derechos sin cumplir con sus deberes.
Es una percepción generalizada, la cual va de lo pequeño a lo grande y lo contrario, pero no parece que haya una respuesta a la vista por tratarse de una realidad en la que el Estado no hace ningún esfuerzo planificado para combatirla.
Asistimos, con el alma acongojada pero erguida en el patriotismo más puro, al espectáculo de unos ministros que celebran como proeza histórica el servilismo diplomático.Por José Cabral
Hace ya muchos años fuí testigo de varios anécdotas que deben servir para algo a cualquier persona, no importa de que país sea.
En un lugar en Nueva York llamado Merchant, donde se vende vinos y cigarros y se toca Jaz, compartía con unos amigos, entre ellos había varias muchachas colombianas y una de ellas me pregunta que si soy dominicano y le responde que sí.
Y de inmediato me narra que su hermana más joven, quien se encontraba también en el lugar, tenía un noviazgo con un joven dominicano, pero que esa relación le había traído muchos problemas a la familia, porque su papá entendía que la misma no debía existir.
Me decía la joven que su papá siempre decía que lo menos que él debía hacer era estrangular a su hija por mantener una relación que podía terminar en procreación con una persona de una baja procedencia.
Pero la historia se repite unos años después en la calle 50 y la quinta avenida de la ciudad de Nueva York cuando me decía otro señor que conoció una muchacha tan hermosa y educada de apellido Trujillo que nadie podía pensar que fuera dominicana.
Evidentemente que ambas narraciones tenían su explicación en que la mayor parte de la inmigración dominicana hacia los Estados Unidos, que es el escenario analizado, procedia en ese momento del campo y cuya formación académica y cultural es muy pobre.
Además, por un asunto cultural, la mayoría de los dominicanos radicados en Nueva York proceden de barrios muy pobres o del campo de la región del Cibao, cuyas características y acento es, podría decirse, la representación de un regionalismo que se expresa a través del uso de la i para hablar.
Naturalmente, las razones que tienen que ver con que mucha de nuestra gente no haya tenido la oportunidad de cursar estudios universitarios y de tener una buena formacion cultural son parte de las deficiencias que se observa en el Estado dominicano.
De cualquier manera, la imagen de cualquier gentilicio se complica o deteriora cuando una buena parte del grupo étnico de que se trate se ve involucrado en actividades que nadie quiere para su familia, aunque, naturalmente, ese no sea el caso de lo planteado en este comentario.
Hay que decir que los propios colombianos se vieron en una situación indeseable cuando la época de Pablo Escobar que un pasaporte de ese país era prácticamente una ofensa a nivel internacional.
La enseñanza que quiero dejar con estas narraciones es que el orgullo de ser dominicano es algo que no se negocia, pero el mismo está determinado por la imagen que se venda en la comunidad internacional.
Y para sentirse orgulloso de la dominicanidad hay que partir, principalmente, de que sea un país en el que la dignidad humana sobresalga sobre la mayoría de los derechos, pero además que quien la representa sea gente con la decencia y un comportamiento acorde con los tiempos de las sociedades civilizadas.
Ciertamente que las democracias han fallado, sobre todo por el comportamiento de los partidos políticos y si bien hay que combatir ese mal y buscar la sustitución ahora y para siempre de esos actores de la vida nacional, pero cualquier solución al respecto no puede ser peor que lo que existe y sobre la base de lesionar el orgullo de ser dominicano.
Con esto quiero decir que en aras de preservar el orgullo nacional, se debe procurar llevar a la direccion del Estado a personas que, no sólo sean éticas y defensoras del interés nacional, sino también que coloquen en la cima, si es posible, la imagen del gentilicio por tener una conducta en el contexto de una sociedad civilizada.
Hay una expresión popular que dice que es muy importante guardar bien las apariencias, lo cual es aplicable en estos momentos en la República Dominicana, pero que ello no sea una causa para dejar de gestionar la salida del poder de los que han dañado gravemente la democracia, aunque, naturalmente, sin apoyarnos en ciudadanos que, aunque tienen el derecho constitucional de elegir y ser elegido, pero que su comportamiento lo descalifica para representar a todos los que tenemos un criterio muy claro del orgullo de ser dominicano y lo que ello implica para la economia y toda la vida nacional.