LAS JUGADAS. SE REALIZAN EN 1,822 PUNTOS REGISTRADOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo.-Dicen que los dominicanos juegan hasta “la picá de ojo”. A juzgar por la cantidad y la variedad de jugadas que se hacen en las bancas de apuestas deportivas, ese dicho no está lejos de la realidad. En República Dominicana hay 1,822 bancas, todas registradas en el Ministerio de Hacienda, según Ricardo Nadal, presidente de la Asociación Nacional de Bancas Deportivas.
Se estima que en el país se apuestan cerca de diez mil millones de pesos por año en este tipo de negocio, aunque Nadal considera que esa suma es incuantificable.
Lo que sí sabe es que durante los siete meses que dura la temporada de béisbol de las Grandes Ligas se registra el 80% de las apuestas. Las bancas deportivas también son generadoras de empleos y se estima que tienen 7,528 empleados, a razón de cuatro por cada negocio. Otros viven indirectamente de esta actividad.
Un estudio hecho hace algunos años por las Grandes Ligas sobre el impacto económico que tiene en República Dominicana, y donde no tomó en cuenta las apuestas del juego debido a que están prohibidas a nivel deportivo, reveló que esa actividad generó US$84 millones, 1,175 empleos directos y otros 881 empleos indirectos, además de 1,556 jugadores firmados en ese año. Eso significa que las apuestas alrededor del deporte tienen mayor impacto económico que los deportes en sí.
((Qué se apuesta
Siendo el béisbol el deporte rey del país es lo más natural que sea el preferido para las apuestas, debido a que además de que se mantiene todo el año, cuando termina la temporada de Grandes Ligas, entonces comienza el campeonato invernal, con los equipos locales. El baloncesto sigue en la preferencia de las apuestas y aunque parece paradójico, los dominicanos conocen y apuestan al hockey sobre hielo. No solo a este sino al fútbol colegial, baloncesto universitario y el rey de los Estados Unidos, el llamado fútbol americano.
((Cómo se apuesta
Por la general se juega una “setexta”, donde el apostador debe adivinar esa misma cantidad de equipo ganadores. Puede ser también a que los equipos que se enfrentan obtengan más o menos de carreras que establecen las bancas, o puntos en el caso de que el juego sea de baloncesto u otros deportes. Pero también está la opción de un directo (un solo equipo), palé, tripleta, hasta doce equipos si así lo desea. También a ponches, a hit, y a todo un mundo de jugadas que se han creado. El dinero apostado siempre será “el rey”. Las líneas (carrerajes o puntos) vienen establecidas desde Las Vegas, en Estados Unidos, considerada la capital mundial del juego.
((La banca pierde y se ríe
En viejo dicho dominicano de que “la banca pierde y se ríe”, es de práctica aplicación en este tipo de actividad. Mientras los jugadores se empobrecen, y muchos de ellos caen en la adicción, a tal punto que destruyen sus vidas, mientras las bancas se mantienen en auge.
Las licencias para este tipo de negocios, que nacieron de manera ilegal a finales de los ochenta y principios de los noventa, fueron congeladas en el 2011 por el Ministerio de Hacienda, que es la institución que regula su operación.
En sus inicios pertenecían a la entonces Secretaría de Estados de Deportes (Sedefir). Este tipo de negocio prospera, a pesar de que para abrir una banca, cuando estaba permitido, había que invertir cerca de RD$1 millón en el pago de la licencia y compra de mobiliario o alquiler del local.
Esto sin incluir el pago de la nómina de los empleados, rentas telefónicas, electricidad, cable y parábola. Además de las operadoras, las bancas cuentan con ingenieros de sistemas que realizan los cambios a las líneas de pronósticos.
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FENABANCA ACEPTA SEAN INCLUIDAS EN LEY
La Federación Nacional de Bancas de Lotería de la República Dominicana (Fenabanca) dijo ayer que a esa entidad no le afecta si se incluye o excluye del proyecto de ley contra el lavado de activos y financiamiento de terrorismo porque sus miembros operan de manera legal.
“Nosotros hemos dicho que no tenemos ningún interés de que se nos excluya o incluya en la ley de lavado de activos, porque nosotros operamos legalmente”, declaró Wilson de los Santos, presidente de Fenabanca.
De los Santos expresó que en el sector que representa no existe la posibilidad de que se lave dinero, porque las apuestas de los usuarios de esa entidad son mínimas y para poder ser regulados por el estándar del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) deben ser operaciones superiores a los tres mil dólares.
En cuanto a los legisladores vinculados al negocio de bancas de lotería, De los Santos expresó que ellos no se opondrán a la regularización porque están ahí para responder por las operaciones.
Mientras que el vocero de Fenabanca, Michel Dicent, dijo que ese organismo siempre ha sido abanderado de las fiscalizaciones y regulaciones de las bancas de lotería.
Asimismo, se quejó de que en el país existen al menos seis mil bancas que operan de manera ilegal y que deben ser sometidas a revisión ya que solo hay 3,750 bancas registradas legalmente.
Dicent manifestó que esa federación respeta las decisiones que adopten los legisladores en cuanto a las modificaciones del proyecto de ley de modificación de la ley de lavado de activos.
LA DISCUSIÓN
Con la decisión del Senado de sacar las bancas de apuestas del proyecto de Ley de Lavados de Activos “han hecho un cumpleaños sin tener el conocimiento”, dijo Ricardo Nadal. Refirió que esta iniciativa existe desde el 2006.
“Existe además un préstamo de 17 millones de dólares. Aprobado en presencia (como es evidente) de los mismos legisladores que tienen bancas y que hoy los acusan de la exclusión”, explicó el dirigente de la asociación entrevistado por teléfono.
Explicó que ese dinero sería la base para desarrollar el software que permitirá interconectar a todas las bancas con el Ministerio de Hacienda.
“Se ha explicado que todo el mundo está incluido en la ley, solo que no como sujeto obligado. Es decir que no tenemos que hacer la “debida diligencia de informar operaciones sobre los 3,000 dólares”, agregó.
Aseguró que no existen operaciones sobre ese monto en 99 % de las bancas del país.
“Sabías que los bancos comerciales le han cerrado sus cuentas a todas las personas relacionadas con bancas (salvo excepciones como la mía). Desde hace más de seis años Entonces cómo va el gobierno a detectar una operación bancaria que los mismos bancos han excluido”, dijo.
Tiene razón el senador Marriotti en decir que si la aplicación de estas medidas serán verificadas por organismos internacionales periódicamente, el país haría el ridículo en legislar para lo que no puede cumplir, insistió.
Nadal recordó que hace cuatro años solicitó la urgencia de la interconexión, ya que el mismo Estado vería incrementar sus ingresos fiscales.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.
