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Agencias internacionales se hacen eco de detenciones en el país

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AP| 

Policías vigilan el Palacio de Justicia como parte de las operaciones que ha iniciado la Procuraduría General de la República, contra presuntos implicados en los sobornos de la constructora Odebrecht en el país, hoy lunes 29 de mayo de 2017, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

Santo Domingo,- Un juez dominicano ordenó el lunes la detención de una docena de personas, incluido el ministro de Industria, dirigentes políticos y empresarios, por su presunta vinculación con los millonarios sobornos pagados por Odebrecht. Varios legisladores incluidos en el expediente no pueden ser arrestados por su inmunidad parlamentaria.

Las detenciones ordenadas por el juez de instrucción Francisco Ortega ocurren dos semanas después de que la Procuraduría General recibió, como parte de un acuerdo con Odebrecht y las autoridades brasileñas, el expediente de la investigación realizada en Brasil que incluye copias de los interrogatorios a decenas de ejecutivos de la compañía y otras pruebas.

Mediante el acuerdo la Procuraduría renunció a procesar judicialmente a Odebrecht y a sus ejecutivos a cambio de información que permita llevar ante los tribunales a los funcionarios locales que recibieron los sobornos. La compañía mantendrá sus operaciones en el país y podrá participar en futuras licitaciones públicas.

Entre los detenidos el lunes se encuentran el actual ministro de Industria y Comercio, Tamístocles Montás, quien había sido interrogado la semana anterior. Montás fungió en la década pasada como ministro de Economía y ministro de la Presidencia.

Montás, miembro de la cúpula del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue conducido por la mañana a la sede de la fiscalía de la capital.

Junto a Montás fue detenido Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas y secretario de finanzas del PLD. Durante su gestión como ministro, entre 2007 y 2012, Díaz Rúa participó en la negociación de varios contratos con Odebrecht.

Andrés Bautista, presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno, también fue detenido por haber sido presidente del Senado cuando el Congreso aprobó los primeros contratos con la compañía brasileña.

Los ejecutivos de Odebrecht revelaron a las autoridades de Brasil y Estados Unidos que desde 2001 pagaron unos 788 millones de dólares a funcionarios de 10 países de América Latina y dos de África a fin de conseguir contratos millonarios con los gobiernos de esas naciones.

Los 92 millones de dólares en sobornos distribuidos en República Dominicana sólo fueron superados por los sobornos entregados en Venezuela y Brasil, según los datos difundidos en diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Odebrecht también trasladó en 2014 a Santo Domingo la oficina desde la cual gestionaba los pagos ilegales.

Las detenciones son el resultado de cinco meses de presión por parte la sociedad civil, dijo Carlos Pimentel, miembro del organismo Participación Ciudadana que junto con otros grupos ha promovido desde enero protestas multitudinarias en diferentes ciudades del país en demanda de procesos judiciales en contra de Odebrecht y de los beneficiarios de los sobornos.

La denominada Marcha Verde demanda que la Procuraduría no sólo procese a los beneficiarios de los sobornos sino que prohíba a la compañía operar en el país y que investigue la posible sobrevaluación de las obras construidas por la empresa brasileña.

También fueron detenidos dos de los exdirectores del órgano regulador de la electricidad, así como el empresario Ángel Rondón, quien durante varios años fungió como representante comercial de Odebrecht en el país.

Desde que comenzó a operar en República Dominicana en 2001 Odebrecht ha participado en 17 de las obras de infraestructura más importantes como autopistas y represas hidroeléctricas. También construye la obra más emblemática de la presente administración: una termoeléctrica de 2.000 millones de dólares que generará 720 megavatios en base a carbón.

Alfredo Pacheco, diputado del opositor Partido Revolucionario Moderno y quien es citado en el expediente, anunció en conferencia de prensa que solicitará el retiro de su inmunidad parlamentaria para ponerse a disposición de la justicia. ?Estoy seguro de que no he sido sobornado?, afirmó Pacheco, quien en la década pasada fue durante algunos periodos presidente de la Cámara de Diputados.

Los detenidos serán presentados ante el juez Ortega para que formalice su eventual arresto.

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Acusados en caso SENASA señalan a Hazim como ‘el verdadero culpable’

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SANTO DOMINGO.- Parte de los imputados en el sonado caso SENASA han admitido ante el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional su participación en una supuesta trama para desfalcar a esa institución con miles de millones de pesos.

Durante la primera audiencia de medida de coerción, los acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo señalaron a Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de la institución, como el cabecilla del presunto entramado, lo que complica la situación legal del exfuncionario.

El abogado Martín Rubiera, representante de otra imputada, confirmó que “ellos han manifestado todos lo mismo: que entregaron valores, dinero, a favor de él en este entramado. De 3-3 tiene él en contra hasta el momento, tres imputados que han confesado parte de la acusación y han manifestado una participación en la que afecta bastantemente a Hazim”.

De su lado, Surun Hernández, abogado de Read Estrella, dijo su defendido declaró ante el tribunal haber entregado mil millones de pesos a Hazim.

Según el Ministerio Público, desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, Read Estrella recibió pagos que ascienden a más de RD$7,110 millones por contratos y adendas con SENASA.

Surun Hernández calificó el entramado como un “hecho de lesa humanidad cruel” y aseguró que el proceso cuenta con “abundancia de elementos probatorios, como pagos, transferencias y actuaciones de lavado de activos debidamente comprobadas».

ABOGADOS DE HAZIM SOLICITAN HABLAR DE ULTIMO 

Tras los señalamientos directos que vinculan a Hazim con la recepción de sobornos, uno de sus abogados dijo que la defensa solicitó hablar de último ante el juez. 

“La defensa del doctor Hazim pidió que fuera de último porque las imputadas dicen que a través de un señor apodado ‘el gordo’ eran que recibían sobornos,” declaró el abogado Marcos Valentín Contreras, uno de los abogados del exfuncionario.

Durante la audiencia, el Ministerio Público identificó a José Pablo Ortiz Giráldez (el Gordo) como la “mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a las empresas contratistas de SeNaSa.

HAZIM TENDRA SU TURNO ESTE VIERNES

Hazim tendrá este viernes su turno para defenderse ante el tribunal.

«Nosotros vamos a demostrar que el testigo estrella de la fiscalía es una persona dedicada a la corrupción, perdonado en otro expediente e involucrada en este caso, y eso obviamente tendremos que discutirlo», manifestó Miguel Valerio, otro de los abogados del exfuncionario.

Dijo que se demostró ante el tribunal que su cliente no guarda ninguna relación con Rafael Domínguez Hazim, otro de los implicados.

«A los empresarios los extorsionaron, pero ellos continuaron trabajando con Senasa. Esa es la extorsión más rara, porque al que extorsionan tienen que parar inmediatamente el trabajo, porque el trabajo no se paró nunca; incluso, el señor Hazim canceló ese contrato. Lo que nadie puede decir ahí es que el señor Hazim recibió ningún pago indebido», declaró.

jt-am

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Esposa de movimiento que apoyo a Abinader recibió más de 1,600 millones de Senasa

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Santo Domingo, R.D.-La esposa del movimiento Ola, que apoyo durante la campaña electoral a Luis Abinader, Heidi Mariela Pineda Perdomo, ha sido vinculada al caso SENASA,  aunque el Ministerio Público establece que la persona que controlaba la empresa Flavorheart Food Parts S.R.L era Manuel Enrique Ovalle Tapia, “conocido dentro de la organización por su activa participación y aportes económicos.

El órgano persecutor sostiene que a través de esta empresa Ovalle Tapia compró un reloj marca Rolex Daytona, valorado en USD$83,000.00, destinado al imputado Santiago Hazim.

Su esposa, Heidi Mariela Pineda Perdomo, admitió la noche del jueves su participación en los hechos que la acusa el Ministerio Público y pasó directamente a colaborar con las autoridades en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

En el expediente de solicitud de medida de coerción a los implicados en este caso, se dice que su programa fue incorporado, a través del programa “Senasa Cuida de Ti”, en el que se le ofrecería complementos nutricionales para niños de 5 a 15 años y adultos en edad de 35 a 64 años.

Este programa “Nutrisalud” tenía un alcance de 55,741 afiliados del Régimen Subsidiado, con un costo por servicio al afiliado de RD$1,495.00. El mismo terminó ofreciendo servicios, supuestamente, a un total de 350,545 afiliados de diferentes regímenes.

El Ministerio Público establece que la empresa firmó el contrato con Senasa el 22 de julio de 2021. Este se firmó bajo la prestación farmacéutica para los servicios de emergencia, atención primaria. Esta empresa no contaba con licencia de servicio de consultoría de primer nivel de atención, además de que recibió del Ministerio de Salud Pública el “Certificado De Registro de Distribuidora”, un mes antes de la firma con Senasa.

De acuerdo al expediente a Falvorheart Food Parts S.R.L., se le pagó un monto aproximado de RD$1,606,924,076.95.

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), indicó en sus informes que el producto nutricional suministrado era importado desde Europa, sin evidencia completa de registro sanitario nacional y que no existen estudios o evaluaciones que midan los resultados e impacto del programa, lo que impide comprobar su efectividad sobre la salud de los afiliados.

A esta empresa también Senasa le pagó la suma de RD$3,307,577.06, “bajo el concepto de «NO DEFINIDO», lo que sugiere que dichos pagos no fueron vinculados a ningún régimen”.

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Tres imputados admiten hechos y colaboran en el caso Senasa.

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Santo Domingo, R.D.-Casi diez horas no fueron suficientes para que el juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena, pudiera concluir este jueves el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la presunta estructura criminal que, según el Ministerio Público, operó en el seguro estatal de salud para desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a funcionarios y allegados.

El magistrado recesó la audiencia y convocó para este viernes a las 2:00 de la tarde, cuando continuarán las exposiciones de las defensas y posteriormente la réplica del Ministerio Público.

La directora de Persecución, Mirna Ortiz, reveló que tres imputados (sin revelar sus nombres) admitieron su participación y han colaborado con el Ministerio Público.

Dijo que el monto de los supuestos sobornos pagados asciende a unos 2,000 millones de pesos.

Ortiz, en representación del Ministerio Público, informó que la acusación presentada este jueves incluye más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimoniales y diversas pruebas periciales.

Aseguró que existen múltiples razones para que el caso sea declarado complejo. «Una de ellas es la pluralidad de víctimas. Estamos hablando de un seguro de salud que cubre a más de siete millones de dominicanos» señaló.

De su lado, el abogado Miguel Valerio, representante de Santiago Hazim, afirmó que en la audiencia se hicieron «pactos que no consideramos adecuados porque eran personas que, en dado caso, eran coautores o autores de soborno».

Valerio adelantó que este viernes desmontarán la credibilidad de uno de los principales testigos de la Fiscalía.

«Vamos a demostrar que el testigo estrella es una persona dedicada a la corrupciónperdonada en otro expediente, y que eso deberá discutir», dijo.

Agregó que Hazim aclaró en la audiencia que el imputado Martínez Hazim no es su familiar.

«Eso era importante porque se utilizó ese argumento para insinuar que había colocado a un sobrino en la institución, y no existe ningún vínculo familiar», indicó.

La solicitud de medida de coerción describe un supuesto entramado que combinó fraude administrativocorrupción, falsificación documental y lavado de activos.

Según la investigación, la red fue encabezada por Santiago Hazim durante su gestión al frente del seguro estatal, junto a varios gerentes y colaboradores estratégicos.

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