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Agencias internacionales se hacen eco de detenciones en el país
Policías vigilan el Palacio de Justicia como parte de las operaciones que ha iniciado la Procuraduría General de la República, contra presuntos implicados en los sobornos de la constructora Odebrecht en el país, hoy lunes 29 de mayo de 2017, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría
Santo Domingo,- Un juez dominicano ordenó el lunes la detención de una docena de personas, incluido el ministro de Industria, dirigentes políticos y empresarios, por su presunta vinculación con los millonarios sobornos pagados por Odebrecht. Varios legisladores incluidos en el expediente no pueden ser arrestados por su inmunidad parlamentaria.
Las detenciones ordenadas por el juez de instrucción Francisco Ortega ocurren dos semanas después de que la Procuraduría General recibió, como parte de un acuerdo con Odebrecht y las autoridades brasileñas, el expediente de la investigación realizada en Brasil que incluye copias de los interrogatorios a decenas de ejecutivos de la compañía y otras pruebas.
Mediante el acuerdo la Procuraduría renunció a procesar judicialmente a Odebrecht y a sus ejecutivos a cambio de información que permita llevar ante los tribunales a los funcionarios locales que recibieron los sobornos. La compañía mantendrá sus operaciones en el país y podrá participar en futuras licitaciones públicas.
Entre los detenidos el lunes se encuentran el actual ministro de Industria y Comercio, Tamístocles Montás, quien había sido interrogado la semana anterior. Montás fungió en la década pasada como ministro de Economía y ministro de la Presidencia.
Montás, miembro de la cúpula del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue conducido por la mañana a la sede de la fiscalía de la capital.
Junto a Montás fue detenido Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas y secretario de finanzas del PLD. Durante su gestión como ministro, entre 2007 y 2012, Díaz Rúa participó en la negociación de varios contratos con Odebrecht.
Andrés Bautista, presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno, también fue detenido por haber sido presidente del Senado cuando el Congreso aprobó los primeros contratos con la compañía brasileña.
Los ejecutivos de Odebrecht revelaron a las autoridades de Brasil y Estados Unidos que desde 2001 pagaron unos 788 millones de dólares a funcionarios de 10 países de América Latina y dos de África a fin de conseguir contratos millonarios con los gobiernos de esas naciones.
Los 92 millones de dólares en sobornos distribuidos en República Dominicana sólo fueron superados por los sobornos entregados en Venezuela y Brasil, según los datos difundidos en diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Odebrecht también trasladó en 2014 a Santo Domingo la oficina desde la cual gestionaba los pagos ilegales.
Las detenciones son el resultado de cinco meses de presión por parte la sociedad civil, dijo Carlos Pimentel, miembro del organismo Participación Ciudadana que junto con otros grupos ha promovido desde enero protestas multitudinarias en diferentes ciudades del país en demanda de procesos judiciales en contra de Odebrecht y de los beneficiarios de los sobornos.
La denominada Marcha Verde demanda que la Procuraduría no sólo procese a los beneficiarios de los sobornos sino que prohíba a la compañía operar en el país y que investigue la posible sobrevaluación de las obras construidas por la empresa brasileña.
También fueron detenidos dos de los exdirectores del órgano regulador de la electricidad, así como el empresario Ángel Rondón, quien durante varios años fungió como representante comercial de Odebrecht en el país.
Desde que comenzó a operar en República Dominicana en 2001 Odebrecht ha participado en 17 de las obras de infraestructura más importantes como autopistas y represas hidroeléctricas. También construye la obra más emblemática de la presente administración: una termoeléctrica de 2.000 millones de dólares que generará 720 megavatios en base a carbón.
Alfredo Pacheco, diputado del opositor Partido Revolucionario Moderno y quien es citado en el expediente, anunció en conferencia de prensa que solicitará el retiro de su inmunidad parlamentaria para ponerse a disposición de la justicia. ?Estoy seguro de que no he sido sobornado?, afirmó Pacheco, quien en la década pasada fue durante algunos periodos presidente de la Cámara de Diputados.
Los detenidos serán presentados ante el juez Ortega para que formalice su eventual arresto.
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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
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Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.