TODOS LOS IMPLICADOS QUE HAN DECLARADO NIEGAN QUE COMETIERAN HECHOS DOLOSOS
Santo Domingo.- La orden de detención por parte de la Procuraduría General de la República, de un grupo de funcionarios y legisladores activos, antiguos congresistas y dirigentes políticos causó una conmoción sin precedentes en el país, que todavía no concluye porque el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, uno de los encartados, renunció al puesto.
Si bien Montás le dice al presidente Danilo Medina en una carta en la cual se desvincula de cualquier hecho delictivo, que pone a su disposición su cargo, se da por descontado que el gobernante acogerá esa misiva como una renuncia y procederá cuanto antes a nombrar su sustituto, una forma de mantener su distancia del tema judicial.
Se supo que al menos uno de los sometidos trató de ver al presidente Medina, pero se le habría informado que el gobernante estaba muy ocupado. Otra versión dice que el Presidente mandó a decir a sus cercanos colaboradores que no quería involucrarse en asuntos que estaban encaminados en la justicia.
El coletazo dominicano del escándalo de la empresa brasileña Odebrecht, que involucra a dos de los partidos más importantes del país, el gobernante de la Liberación Dominicana y el Revolucionario Moderno, PRM, podría ser una indicación de la urgencia de una ley de partidos, hasta ahora resistida por los políticos.
El procurador general, Jean A. Rodríguez, ofreció una declaración a la prensa en la cual detalló lo que estaba en proceso con la detención de las personalidades de la política y empresas y aseguró que con ello “están todos los que son y todos los que están”, una señal que calmó el pánico que ha cundido entre los señalados por listas y rumores, aunque en los juicios otros podrían ser arrastrados.
Rodríguez, en su condición de fiscal de la Suprema Corte de Justicia, pidió al Congreso Nacional despojar de la inmunidad parlamentaria a los senadores Tommy Galán, de San Cristóbal y Julio César Valentín, de Santiago, así como al diputado del Partido Revolucionario Moderno PRM, Alfredo Pacheco.
Rodríguez informó también que el caso ha sido declarado complejo, lo que le dará a las autoridades judiciales un espacio de hasta 18 meses para la introducción y los juicios, algunos de los cuales llegarían a la Suprema Corte de Justicia, de manera inmediata si abarca a funcionarios privilegiados, o al final del proceso, para los de jurisdicción ordinaria.
Se trata de delitos muy graves por acusaciones sobre lavado de activos, falsedad en la declaración jurada de bienes, soborno y violación de 14 artículos de la Constitución de la República, que conllevarían sanciones de 3 a 18 años de prisión. Todos los funcionarios y exfuncionarios sometidos rechazaron ante la prensa la comisión de delitos.
Procurador cumplió
El procurador Rodríguez cumplió su palabra al remitir ayer a los funcionarios, legisladores y exfuncionarios involucrados en el caso Odebrecht, tal como lo había informado en el sentido de que haría los sometimientos “caiga quien caiga”. En esa forma el funcionario respondió a los críticos que esperaban “un bulto”.
En sus indagatorias el procurador Rodríguez no solamente fue a Brasil y a Estados Unidos para seguir de cerca el expediente de la empresa brasileña, sino que chequeó las auditorías de la Cámara de Cuentas, los informes de la Dirección de Impuestos, DGI y la declaración jurada de bienes de ley del 16 de diciembre de 1979, la que estaba vigente cuando se cometieron los hechos.
Los que terminaron encartados en el caso fueron Juan Temístocles Montás, ministro de Industria; Julio César Valentín, senador de Santiago, y Tommy Galán, senador de San Cristóbal, los tres del PLD. Además Radhamés Segura, Ruddy González, Andrés Bautista y Alfredo Pacheco, dirigente del PRM.
También Ángel Rondón, quien sería el recipiente de los fondos para los sobornos, Víctor Díaz Rúa, exsecretario de Obras Públicas y jefe de recaudación del PLD, César Sánchez y Conrad Pittaluga, empresario. De los once detenidos ayer, cuatro son altos dirigentes del PRM.
Ayer tarde la dirigencia del PRM denunció el caso como político y se dispuso a defender a los llamados por la Procuraduría General de la República. La dirigencia del PLD mantuvo total silencio en las horas siguientes al llamado de la Procuraduría.
Los integrantes de la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad reclamaron victoria y en adición a los sometimientos, que sean cancelados los contratos de la Odebrecht. Ese mismo pedimento lo hizo Participación Ciudadana a comienzos del mes de enero.
Descrédito de partidos
Una consecuencia directa de los sometimientos, por encima de la defensa que el PRM o eventualmente el PLD pudieran hacer de los encartados, es la realidad de que el acontecimiento marca el descrédito total de los partidos políticos, cuyos dirigentes han vivido de los negocios del estado durante mucho tiempo.
Los sometimientos causaron emoción entre muchos dominicanos, aunque algunos que se manifestaron por los medios digitales, la televisión y la radio pidieron más. Se mencionó el destino que dará la Procuraduría General de la República al caso del ingeniero Diandino Peña, exdirector del Metro, quien fue cancelado hace días.
Peña, fue denunciado en un amplio reportaje que hizo la periodista Alicia Ortega en su programa El Informe. Una entrevista posterior a la primera entrega del programa fue la del propio ingeniero Peña, quien negó todos los cargos de poseer empresas a nombres de terceros y en el exterior y dijo que vivía con un sueldo de 150 mil pesos.
Los sometimientos dieron cancha a abogados penalistas dispuestos a ofrecer sus servicios a los personajes encumbrados, que si bien llegaron revestidos de humildad a las remodeladas celdas del palacio de justicia de Ciudad Nueva, sede habitual de los pequeños delincuentes, se les veía tiempo atrás bien aliñados y ocupando las mesas de los mejores restaurantes.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de fortalecer la convivencia pacífica y el bienestar en las comunidades, el Ministerio de Interior y Policía puso en marcha este jueves el Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana.
En una primera etapa, la iniciativa será implementada en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, y posteriormente se extenderá a otras localidades del país.
El acto estuvo encabezado por la titular del ministerio, Faride Raful, quien destacó que las instituciones involucradas en el programa trabajarán de manera coordinada con la comunidad.
“La seguridad ciudadana la construimos entre todos, junto a las instituciones que deben fungir como acompañantes”, afirmó.
De acuerdo con la ministra, antes del lanzamiento del programa las autoridades realizaron un diagnóstico para identificar las principales necesidades y brechas que pueden ser abordadas desde el Estado.
“Asumimos esas brechas para buscar soluciones. Antes de desarrollar el programa conversamos con comerciantes, juntas de vecinos e iglesias”, aseguró.
Raful explicó que los comunitarios solicitaron una mejor iluminación del sector, la adecuación de espacios públicos y un esquema de seguridad permanente.
Asimismo, sostuvo que una de las prioridades del plan es impedir que conductores de motocicletas realicen piruetas en las calles que alteren el orden público.
“Queremos que el espacio público vuelva a ser de la gente y no de las motocicletas que andan calibrando en las calles. Es una tarea de todos y entre todos vamos a recuperarlo”, expresó.
“Y tiene que funcionar; de lo contrario, es mejor retirarse de esto”, afirmó.
Según las autoridades, esta primera intervención en Villas Agrícolas incluirá la instalación de más de 500 luminarias, el fortalecimiento del patrullaje policial y la incorporación de nuevos agentes en los destacamentos de la zona.
La ministra también exhortó a los comunitarios presentes en el lanzamiento a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana, al señalar que en muchas ocasiones las autoridades desconocen los casos por falta de reportes.
“A veces me dicen: ‘Ustedes no hacen nada’, pero muchas veces, cuando acudimos al lugar, nos percatamos de que desconocíamos el caso porque no había sido denunciado”, explicó.
SANTO DOMINGO.- Como positiva valoró el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) algunas de las medidas fiscales recientemente anunciadas por las autoridades.
En un comunicado enviado ALMOMENTO.NET, considera que pueden contribuir a mejorar la eficiencia del sistema y a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
No obstante, el gremio empresarial subrayó la necesidad de que dichas disposiciones se apliquen bajo criterios de proporcionalidad y temporalidad, a fin de evitar impactos negativos en la actividad productiva, la inversión y el clima de negocios.
El CONEP reiteró que cualquier reforma o ajuste en materia fiscal debe estar sustentado en el diálogo entre los sectores público y privado, privilegiando la estabilidad económica y la competitividad del país.
Asimismo, la organización empresarial insistió en que las medidas deben ser diseñadas con un enfoque equilibrado, que permita alcanzar los objetivos de recaudación sin afectar de forma desmedida a los sectores generadores de empleo y crecimiento.
Reconoció el esfuerzo realizado por las autoridades para preservar la estabilidad macroeconómica del país.
Sostuvo que la sostenibilidad fiscal de largo plazo requiere que «los esfuerzos extraordinarios que hoy se solicitan a los contribuyentes estén acompañados de una estrategia igualmente clara para reducir presiones estructurales sobre las finanzas públicas».
Manifestó que, reconociendo el carácter especial de las medidas planteadas, resulta igual de importante que la atención a los desafíos inmediatos no desplace de la agenda nacional las transformaciones estructurales que se requieren para continuar elevando su productividad, competitividad y capacidad de crear oportunidades.
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