TODOS LOS IMPLICADOS QUE HAN DECLARADO NIEGAN QUE COMETIERAN HECHOS DOLOSOS
Santo Domingo.- La orden de detención por parte de la Procuraduría General de la República, de un grupo de funcionarios y legisladores activos, antiguos congresistas y dirigentes políticos causó una conmoción sin precedentes en el país, que todavía no concluye porque el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, uno de los encartados, renunció al puesto.
Si bien Montás le dice al presidente Danilo Medina en una carta en la cual se desvincula de cualquier hecho delictivo, que pone a su disposición su cargo, se da por descontado que el gobernante acogerá esa misiva como una renuncia y procederá cuanto antes a nombrar su sustituto, una forma de mantener su distancia del tema judicial.
Se supo que al menos uno de los sometidos trató de ver al presidente Medina, pero se le habría informado que el gobernante estaba muy ocupado. Otra versión dice que el Presidente mandó a decir a sus cercanos colaboradores que no quería involucrarse en asuntos que estaban encaminados en la justicia.
El coletazo dominicano del escándalo de la empresa brasileña Odebrecht, que involucra a dos de los partidos más importantes del país, el gobernante de la Liberación Dominicana y el Revolucionario Moderno, PRM, podría ser una indicación de la urgencia de una ley de partidos, hasta ahora resistida por los políticos.
El procurador general, Jean A. Rodríguez, ofreció una declaración a la prensa en la cual detalló lo que estaba en proceso con la detención de las personalidades de la política y empresas y aseguró que con ello “están todos los que son y todos los que están”, una señal que calmó el pánico que ha cundido entre los señalados por listas y rumores, aunque en los juicios otros podrían ser arrastrados.
Rodríguez, en su condición de fiscal de la Suprema Corte de Justicia, pidió al Congreso Nacional despojar de la inmunidad parlamentaria a los senadores Tommy Galán, de San Cristóbal y Julio César Valentín, de Santiago, así como al diputado del Partido Revolucionario Moderno PRM, Alfredo Pacheco.
Rodríguez informó también que el caso ha sido declarado complejo, lo que le dará a las autoridades judiciales un espacio de hasta 18 meses para la introducción y los juicios, algunos de los cuales llegarían a la Suprema Corte de Justicia, de manera inmediata si abarca a funcionarios privilegiados, o al final del proceso, para los de jurisdicción ordinaria.
Se trata de delitos muy graves por acusaciones sobre lavado de activos, falsedad en la declaración jurada de bienes, soborno y violación de 14 artículos de la Constitución de la República, que conllevarían sanciones de 3 a 18 años de prisión. Todos los funcionarios y exfuncionarios sometidos rechazaron ante la prensa la comisión de delitos.
Procurador cumplió
El procurador Rodríguez cumplió su palabra al remitir ayer a los funcionarios, legisladores y exfuncionarios involucrados en el caso Odebrecht, tal como lo había informado en el sentido de que haría los sometimientos “caiga quien caiga”. En esa forma el funcionario respondió a los críticos que esperaban “un bulto”.
En sus indagatorias el procurador Rodríguez no solamente fue a Brasil y a Estados Unidos para seguir de cerca el expediente de la empresa brasileña, sino que chequeó las auditorías de la Cámara de Cuentas, los informes de la Dirección de Impuestos, DGI y la declaración jurada de bienes de ley del 16 de diciembre de 1979, la que estaba vigente cuando se cometieron los hechos.
Los que terminaron encartados en el caso fueron Juan Temístocles Montás, ministro de Industria; Julio César Valentín, senador de Santiago, y Tommy Galán, senador de San Cristóbal, los tres del PLD. Además Radhamés Segura, Ruddy González, Andrés Bautista y Alfredo Pacheco, dirigente del PRM.
También Ángel Rondón, quien sería el recipiente de los fondos para los sobornos, Víctor Díaz Rúa, exsecretario de Obras Públicas y jefe de recaudación del PLD, César Sánchez y Conrad Pittaluga, empresario. De los once detenidos ayer, cuatro son altos dirigentes del PRM.
Ayer tarde la dirigencia del PRM denunció el caso como político y se dispuso a defender a los llamados por la Procuraduría General de la República. La dirigencia del PLD mantuvo total silencio en las horas siguientes al llamado de la Procuraduría.
Los integrantes de la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad reclamaron victoria y en adición a los sometimientos, que sean cancelados los contratos de la Odebrecht. Ese mismo pedimento lo hizo Participación Ciudadana a comienzos del mes de enero.
Descrédito de partidos
Una consecuencia directa de los sometimientos, por encima de la defensa que el PRM o eventualmente el PLD pudieran hacer de los encartados, es la realidad de que el acontecimiento marca el descrédito total de los partidos políticos, cuyos dirigentes han vivido de los negocios del estado durante mucho tiempo.
Los sometimientos causaron emoción entre muchos dominicanos, aunque algunos que se manifestaron por los medios digitales, la televisión y la radio pidieron más. Se mencionó el destino que dará la Procuraduría General de la República al caso del ingeniero Diandino Peña, exdirector del Metro, quien fue cancelado hace días.
Peña, fue denunciado en un amplio reportaje que hizo la periodista Alicia Ortega en su programa El Informe. Una entrevista posterior a la primera entrega del programa fue la del propio ingeniero Peña, quien negó todos los cargos de poseer empresas a nombres de terceros y en el exterior y dijo que vivía con un sueldo de 150 mil pesos.
Los sometimientos dieron cancha a abogados penalistas dispuestos a ofrecer sus servicios a los personajes encumbrados, que si bien llegaron revestidos de humildad a las remodeladas celdas del palacio de justicia de Ciudad Nueva, sede habitual de los pequeños delincuentes, se les veía tiempo atrás bien aliñados y ocupando las mesas de los mejores restaurantes.
listindiario.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.
