TODOS LOS IMPLICADOS QUE HAN DECLARADO NIEGAN QUE COMETIERAN HECHOS DOLOSOS
Santo Domingo.- La orden de detención por parte de la Procuraduría General de la República, de un grupo de funcionarios y legisladores activos, antiguos congresistas y dirigentes políticos causó una conmoción sin precedentes en el país, que todavía no concluye porque el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, uno de los encartados, renunció al puesto.
Si bien Montás le dice al presidente Danilo Medina en una carta en la cual se desvincula de cualquier hecho delictivo, que pone a su disposición su cargo, se da por descontado que el gobernante acogerá esa misiva como una renuncia y procederá cuanto antes a nombrar su sustituto, una forma de mantener su distancia del tema judicial.
Se supo que al menos uno de los sometidos trató de ver al presidente Medina, pero se le habría informado que el gobernante estaba muy ocupado. Otra versión dice que el Presidente mandó a decir a sus cercanos colaboradores que no quería involucrarse en asuntos que estaban encaminados en la justicia.
El coletazo dominicano del escándalo de la empresa brasileña Odebrecht, que involucra a dos de los partidos más importantes del país, el gobernante de la Liberación Dominicana y el Revolucionario Moderno, PRM, podría ser una indicación de la urgencia de una ley de partidos, hasta ahora resistida por los políticos.
El procurador general, Jean A. Rodríguez, ofreció una declaración a la prensa en la cual detalló lo que estaba en proceso con la detención de las personalidades de la política y empresas y aseguró que con ello “están todos los que son y todos los que están”, una señal que calmó el pánico que ha cundido entre los señalados por listas y rumores, aunque en los juicios otros podrían ser arrastrados.
Rodríguez, en su condición de fiscal de la Suprema Corte de Justicia, pidió al Congreso Nacional despojar de la inmunidad parlamentaria a los senadores Tommy Galán, de San Cristóbal y Julio César Valentín, de Santiago, así como al diputado del Partido Revolucionario Moderno PRM, Alfredo Pacheco.
Rodríguez informó también que el caso ha sido declarado complejo, lo que le dará a las autoridades judiciales un espacio de hasta 18 meses para la introducción y los juicios, algunos de los cuales llegarían a la Suprema Corte de Justicia, de manera inmediata si abarca a funcionarios privilegiados, o al final del proceso, para los de jurisdicción ordinaria.
Se trata de delitos muy graves por acusaciones sobre lavado de activos, falsedad en la declaración jurada de bienes, soborno y violación de 14 artículos de la Constitución de la República, que conllevarían sanciones de 3 a 18 años de prisión. Todos los funcionarios y exfuncionarios sometidos rechazaron ante la prensa la comisión de delitos.
Procurador cumplió
El procurador Rodríguez cumplió su palabra al remitir ayer a los funcionarios, legisladores y exfuncionarios involucrados en el caso Odebrecht, tal como lo había informado en el sentido de que haría los sometimientos “caiga quien caiga”. En esa forma el funcionario respondió a los críticos que esperaban “un bulto”.
En sus indagatorias el procurador Rodríguez no solamente fue a Brasil y a Estados Unidos para seguir de cerca el expediente de la empresa brasileña, sino que chequeó las auditorías de la Cámara de Cuentas, los informes de la Dirección de Impuestos, DGI y la declaración jurada de bienes de ley del 16 de diciembre de 1979, la que estaba vigente cuando se cometieron los hechos.
Los que terminaron encartados en el caso fueron Juan Temístocles Montás, ministro de Industria; Julio César Valentín, senador de Santiago, y Tommy Galán, senador de San Cristóbal, los tres del PLD. Además Radhamés Segura, Ruddy González, Andrés Bautista y Alfredo Pacheco, dirigente del PRM.
También Ángel Rondón, quien sería el recipiente de los fondos para los sobornos, Víctor Díaz Rúa, exsecretario de Obras Públicas y jefe de recaudación del PLD, César Sánchez y Conrad Pittaluga, empresario. De los once detenidos ayer, cuatro son altos dirigentes del PRM.
Ayer tarde la dirigencia del PRM denunció el caso como político y se dispuso a defender a los llamados por la Procuraduría General de la República. La dirigencia del PLD mantuvo total silencio en las horas siguientes al llamado de la Procuraduría.
Los integrantes de la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad reclamaron victoria y en adición a los sometimientos, que sean cancelados los contratos de la Odebrecht. Ese mismo pedimento lo hizo Participación Ciudadana a comienzos del mes de enero.
Descrédito de partidos
Una consecuencia directa de los sometimientos, por encima de la defensa que el PRM o eventualmente el PLD pudieran hacer de los encartados, es la realidad de que el acontecimiento marca el descrédito total de los partidos políticos, cuyos dirigentes han vivido de los negocios del estado durante mucho tiempo.
Los sometimientos causaron emoción entre muchos dominicanos, aunque algunos que se manifestaron por los medios digitales, la televisión y la radio pidieron más. Se mencionó el destino que dará la Procuraduría General de la República al caso del ingeniero Diandino Peña, exdirector del Metro, quien fue cancelado hace días.
Peña, fue denunciado en un amplio reportaje que hizo la periodista Alicia Ortega en su programa El Informe. Una entrevista posterior a la primera entrega del programa fue la del propio ingeniero Peña, quien negó todos los cargos de poseer empresas a nombres de terceros y en el exterior y dijo que vivía con un sueldo de 150 mil pesos.
Los sometimientos dieron cancha a abogados penalistas dispuestos a ofrecer sus servicios a los personajes encumbrados, que si bien llegaron revestidos de humildad a las remodeladas celdas del palacio de justicia de Ciudad Nueva, sede habitual de los pequeños delincuentes, se les veía tiempo atrás bien aliñados y ocupando las mesas de los mejores restaurantes.
listindiario.com
Santo Domingo.– Con el apoyo de la mayoría de los oficialistas la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el Presupuesto General del Estado para el año 2026, que asciende a RD$1 billón 744 mil millones, equivalente al 20.1 % del Producto Interno Bruto (PIB), cuya pieza ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Pese a que el Código Tributario establece desde 1992 la indexación salarial, el ajuste por inflación no fue incluido en la propuesta aprobada, lo que generó la protesta de la oposición. Durante la sesión, diputados del Partido Fuerza del Pueblo exhibieron carteles y reiteraron que el presupuesto debía contemplar este ajuste, que consideran necesario para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores ante el aumento del costo de la vida.
El oficialismo defendió la aprobación del presupuesto, argumentando que prioriza educación, salud, infraestructura y protección social, y que busca garantizar la estabilidad financiera del país durante el 2026.
Con esta decisión, el Congreso concluye uno de los procesos legislativos más relevantes del año, dejando formalmente definido el marco financiero con el que operará el Gobierno durante el próximo año.
Santo Domingo. –Nuevas coberturas exclusivas para sus afiliados han sido incorporadas en el Regimen Contributivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), que ya había dispuesto una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).
La resolución establece un incremento en los honorarios médicos ambulatorios, que abarca consultas médicas especializadas, consultas odontológicas y consultas psiquiátricas y de psicología, con el objetivo de garantizar una atención más accesible y de calidad para todos los beneficiarios.
En el renglón de medicamentos ambulatorios, la resolución integra 40 nuevos fármacos, entre ellos 20 nuevos principios activos de primer, segundo y tercer nivel.
También se incorporan medicamentos pertenecientes a Programas Especiales de Salud Pública, así como tratamientos actualizados para el VIH, la Hepatitis B y la Tuberculosis.
Asimismo, se incluyen nuevos procedimientos para el diagnóstico y control de la tuberculosis, fortaleciendo la capacidad de respuesta frente a esta enfermedad y contribuyendo a una atención más oportuna y efectiva.
Las inclusiones son en cumplimiento con la Resolución 624-02 aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), la cual actualiza el catálogo del Plan de Servicios de Salud (PDSS).
Estas medidas fortalecen el acceso a servicios esenciales, medicamentos y procedimientos de alto impacto para la salud de la población afiliada.
Igualmente, se incorpora un cápita diferenciado por grupo etario y factores de riesgo dentro del Régimen Contributivo, lo que permitirá una gestión más equitativa y eficiente de los recursos, ajustándose a las necesidades reales de cada segmento poblacional.
Santo Domingo. Un nuevo consejo consultivo en el Seguro Nacional de Salud conformará el presidente Luis Abinader, cuyo órgano tendrá la función principal de aprobar toda operación o erogación que supere un monto determinado, con el objetivo de fortalecer los mecanismos internos de control y reducir los riesgos de irregularidades administrativas.
Así lo informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, al explicar que el cual operará de manera adicional al consejo ya existente en la institución.
El consultor jurídico también indicó que, aunque la ley ya contempla estructuras de regulación, la intención del Gobierno es reforzar los filtros de supervisión incorporando una instancia que será designada por el presidente y que operará por encima de la actual estructura administrativa de SeNaSa.
Peralta agregó que la actual gestión ha implementado medidas de control incluso antes de que se aprueben formalmente los cambios legales, lo que, según dijo, ha generado quejas de algunos sectores debido a la reorganización de asignaciones, incluidos casos de personal policial.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Ejecutivo por aumentar los niveles de transparencia y control institucional en medio del escandalo de corrupción investigado por la justicia a través de la Operación Cobra.
La columna principal de los gastos millonarios cuestionados por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, SISALRIL, y ahora bajo la lupa del Ministerio Público, está configurada por compra de nutrientes y antioxidantes, servicios privados de atención primaria y adquisición de vacunas, Los valores millonarios fueron cuestionados en múltiples ocasiones por personal técnico de la SISALRIL que llegó a advertir que los gastos en nutrientes, por ejemplo, ponían en riesgo la sostenibilidad económica de la ARS pública.
En el periodo comprendido entre 2020 a 2025, la ARS estatal erogó valores para esos fines que ascienden a poco más de cinco mil millones de pesos (RD$5,083,164.602). De este monto, la principal partida se la llevó la empresa “Khersun”, propiedad del investigado empresario Eduardo Read, que facturó casi cuatro mil millones de pesos (RD$3,897,064.602).
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, calificó de indignante lo cometido por los imputados en el caso de fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa), conocido como “Caso Cobra”, quienes presuntamente realizaron procedimientos médicos innecesarios poniendo en riesgo la vida de los asegurados únicamente para cobrar recursos del Estado.
Además de Hazim Albainy, exdirector del Senasa, también están imputados:
Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de la institución, quien luego renunció y desempeñó funciones durante la gestión de Hazim (2020–2024).
Germán Rafael Robles Quiñones, exgerente jurídico del Senasa durante toda la gestión de Hazim.
Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Salud de la institución.
Rafael Luis Martínez Hazim, sobrino del exdirector y fundador del centro de telemedicina MyCare.
Como proveedores del Estado están imputados: Eduardo Read Estrella, odontólogo; Cinty Acosta Sención; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
