Nacionales
La Presidencia siente las presiones del escándalo Odebrecht y busca asesoría
SANTO DOMINGO. El gobierno no ha emitido una declaración oficial a pocas semanas de haber explotado el caso más grande de corrupción de los últimos años, por el cual por lo menos siete dirigentes del partido en el poder están detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva desde ahí, Veras se reunió con el expresidente Leonel Fernández y un nutrido grupo del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Este viernes, desde que despuntó el alba, comenzaron las reuniones, el pasilleo, los amarres, los cabildeos en el Palacio Nacional, mientras los principales funcionarios se mantenían en sus despachos, sin dejarse ver de la prensa y si salían, lo hacían casi a escondidas; además, el Jefe del Estado sostuvo una reunión con sus ministros en su comedor privado y sin acceso de la prensa.
A las siete de la mañana del viernes, el presidente Danilo Medina recibió en su despacho al ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, y al destacado jurista santiaguero Ramón Antonio (Negro)Veras, con quienes “intercambió impresiones” por alrededor de 50 minutos.
Inmediatamente, el Palacio Nacional emitió una declaración oficial sobre el encuentro, dando cuenta de que el presidente Danilo Medina recibió al prestigioso jurista Ramón Antonio (Negro) Veras. “Se trató de una visita en la que el abogado santiagués dijo reencontrarse con su amigo de siempre, Danilo Medina”, afirma.
Sin embargo, una fuente del propio Palacio reveló que el encuentro duró 50 minutos y que el mandatario consultó a Veras sobre la situación de los detenidos por el caso Odebrecht.
Más tarde, llegó el administrador general del Banco de Reservas, Simón Lizardo, y al ser cuestionado sobre lo que dijo Temístocles Montás de que los contratos con Odebrecht se firmaron en Hacienda, respondió de manera clara; “No tengo nada que decir sobre eso”. La noche del jueves, una comisión llegó al Palacio Nacional, compuesta por tres altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD): Francisco Javier García, jefe de campaña de Medina en las pasadas elecciones; Bautista Rojas Gómez y Euclides Gutiérrez Félix, aunque no trascendió lo tratado, pero se cree que fueron movidos por el comunicado de Temístocles Montás, en el que deja claro que hay otros responsables de los contratos con la empresa y de que se recibió fondos para la campaña.
Otro elemento que estaría preocupando al Gobierno son las últimas declaraciones de Ángel Rondón, acusado de distribuir US$92 millones en sobornos para que aprobaran obras de Odebrecht, de que distribuyó fondos para la campaña electoral. Actualmente, el Palacio Nacional recibe fuertes presiones de grupos de la sociedad civil que reclaman el cese de la impunidad, y alegan que en el expediente sometido por el procurador Jean Alain Rodríguez por ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) faltan otros responsables.
El miembro del Comité Político del PLD, Temístocles Montás, admitió haber recibido aportes para actividades de campaña política, de parte del empresario Ángel Rondón.
En un comunicado, dado a conocer la noche del miércoles, Montás aclaró que en ninguno de los aportes se le explicó que esos fondos provenían de la empresa brasileña Odebrecht, por lo que entiende necesario hacer la aclaración, reiterando su conducta de siempre decir la verdad al pueblo dominicano, lo cual, asegura le ha traído no pocos problemas. En tanto, el empresario Ángel Rondón dijo que hace mucho tiempo que reparte aportes a candidatos en campañas electorales y agregó que esta práctica es vieja y que no es ilegal.
Aunque con menos intensidad, como se ha vuelto costumbre en los últimos días, ayer continuaron las visitas de funcionarios al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva , donde están detenidos los implicados en el caso Odebrecht. En horas de la mañana se dieron cita los ministros de Trabajo y de Interior y Policía, José Ramón Fadul y Carlos Amarante Baret, respectivamente, y la exministra de Trabajo, Maritza Hernández, todos dirigentes del PLD. De parte del Partido Revolucionario Moderno (PRM) estuvieron el secretario general de la organización, Jesús Vásquez y los dirigentes Eligio Jáquez y Cesar Cedeño. Al lugar también acudió el jurista Ramón Antonio Veras (Negro). A su salida expresaron diversas posiciones respecto al curso seguido por el caso hasta el momento y reiteran que esperan se siga el debido proceso de ley en el mismo.
Dijeron que los detenidos se encuentran de buen ánimo y confiados en que demostrarán su inocencia ante la justicia.
El abogado Ramón Antonio Veras (Negro) y el ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, llegaron a las siete a la reunión con el presidente Danilo Medina y se marcharon 50 minutos después rumbo al Palacio de Justicia a visitar al grupo que está detenido acusados de recibir sobornos de la constructora Norberto Odebrecht durante casi 15 años de operaciones que lleva en el país.
Eligio Jáquez
Dirigente PRM
“ Ese proceso está un poco chango. Ahí faltan muchas cosas, hay muchas disquisiciones en el expediente que ha sido dado a conocer, falta gente. Esperamos que se complete el expediente”
Carlos Amarante Baret
Ministro de Interior y Policía
“Hay que dejar que la justicia actúe no se debe de presionar ni adelantar situaciones, que la justicia actúe observando el debido proceso, respetando el derecho legítimo a la defensa que tienen lo que están arrestados”
Ramón Antonio Veras
Jurista
“Creo que en este momento cualquier pronunciamiento que se haga con respecto a las declaraciones de los imputados puede contaminar el expediente y la sana justicia que merece el país”.
diariolibre.com
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.