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Los dos depósitos que MP le atribuye a Roberto Rodríguez por 100 millones, no son ciertos, fueron por 500 mil pesos cada uno
Es decir, los depósitos fueron por 1 millón de pesos, y no por 100 millones como interpretó el Ministerio Público, y dejó constancia en su expediente.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Procuraduría General de la República incluyó un dato falso al acusar al exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), Roberto Rodríguez, de depositar la suma de 100 millones de pesos en dos operaciones realizadas en una de las más grandes instituciones financieras del país, el Banco Popular, de acuerdo con una certificación emitida por la Superintendencia de Bancos.
El error del expediente de 336 páginas, con que se piden medidas de coerción de 18 meses de cárcel para los imputados, es que ofrece como válidas operaciones financieras que no ocurrieron, ni en los montos y menos en las fechas que hace constar la Procuraduría General de la República.
Se desconoce si el error fue cometido por la Superintendencia de Bancos, al emitir la certificación número 0746, o si fue de la Procuraduría General de la República.
Una fuente de entero crédito reportó a este diario que Roberto Rodríguez, ex director de INAPA, nunca realizó transacciones financieras de más de un millón de pesos. El expediente de la Procuraduría General de la República dice lo siguiente,resumido en una nota periodística de este diario el pasado jueves 1 de junio:
Roberto Rodríguez depositó en un banco 100 millones de pesos, en dos cuentas abiertas como certificados de inversión. La Superintendencia de Bancos ofreció la certificación de los depósitos realizados en el año 2006. Ese dinero no fue incluido en la Declaración Jurada de Bienes del funcionario al momento de salir del cargo.
Sin embargo, de acuerdo con los datos recibidos por este diario, que podrán ser comprobados por la Superintendencia de Bancos, los dos depósitos se realizaron en la sucursal de Nagua del Banco Popular, los días 21 y 24 de abril del 2006, no 21 y 22 de abril del 2006, por la suma de 500 mil pesos pesos cada uno. Es decir, los depósitos fueron por 1 millón de pesos, y no por 100 millones como interpretó el Ministerio Público, y dejó constancia en su expediente.
Estas informaciones deberán ser comprobadas por las autoridades del Ministerio Público, y corregirlas, en caso de que tengan interés en que el proceso que han iniciado se sostenga.
Acento hizo intentos por comunicarse con la Superintendencia de Bancos para comprobar los datos de Juan Roberto Rodríguez Hernández, y si es cierto que en sus operaciones financieras con el Banco Popular nunca ha registrado operaciones por más de 5 millones de pesos, y que en la cuenta de referencia las operaciones realizadas siempre fueron menores al millón de pesos. Sin embargo, siendo fin de semana, la entidad estatal se encuentra sin operaciones administrativas. No obstante, un funcionario del área de comunicaciones dijo que haría esfuerzos para ofrecer una reacción de la dirección de la entidad.
El Banco Popular tampoco responde a este tipo de cuestionamientos, porque está obligado a cumplir las disposiciones relativas al secreto bancario. No cabe duda que los fiscales que elaboraron el expediente pudieron confundir la cifra de 500 mil pesos con 50 millones de pesos, y tal vez esto dio pie a que se produjese el error.
Acento también hizo intentos por recibir una reacción de la Procuraduría General de la República, y recibimos respuesta de la asesora en comunicación del Procurador Jean Alain Rodríguez, Tessie Sánchez Kidd, quien pidió tiempo para comprobar los datos, anotando que si hubo un error pudo ocurrir en la Superintendencia de Bancos y no necesariamente en la Procuraduría General de la República.
Es probable, y parece que así ha ocurrido, que el Banco Popular remitiera nuevamente los datos relacionados con la cuenta número 72735110, a nombre de Juan Roberto Rodríguez Hernández, con los montos reales de las transacciones realizadas el 21 de abril del 2006 y el 24 de abril del 2006, por la suma de 500 mil pesos cada una, y no de 50 millones cada una.
Mientras tanto, esperamos la reacción de la Procuraduría General de la Repúblicay de la Superintendencia de Bancos.
acento.com.do
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.