Nacionales
Juez de instrucción especial decide hoy suerte de detenidos en caso de sobornos Odebrecht
SANTO DOMINGO. El juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, continúa hoy, a partir de las 10:00 a.m., el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados de haber recibido sobornos de parte de la empresa Odebrecht, en un ambiente cargado de críticas a la forma en que se instrumentó el expediente y de presiones de sectores de la sociedad civil que tienen una vigilia para esta tarde frente al tribunal.
Las expectativas de la ciudadanía se centran en la suerte de diez de los 14 sometidos por el Ministerio Público, que guardan prisión desde el pasado lunes 29 de mayo, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Entre los diez, se encuentra el ministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás, así como varios exfuncionarios y exlegisladores, tanto de oposición como del partido de gobierno.
Sobre el grupo pesa el pedido de prisión preventiva de 18 meses que el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, hizo en su pieza acusatoria.
El juez Ortega Polanco deberá sopesar la validez de las acusaciones para decidir si existen elementos para mantener el grupo en prisión o si le concede la libertad como medida.
Varios abogados penalistas consultados por este diario, entienden que los detenidos tienen el arraigo suficiente como para que el juez determine dejarlos en libertad y les imponga presentación periódica. Entienden que, en este caso, el arresto fue excesivo, tomando en cuenta que cada uno de los sometidos se presentó a la Procuraduría cuando fueron requeridos.
Además de Montás, los acusados por el caso son los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, el diputado Alfredo Pacheco, Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón, Andrés Bautista, Ruddy González, Radhamés Segura, Roberto Rodríguez, César Sánchez, Máximo D’ Oleo, Conrado Pittaluga y Bernardo Castellanos.
Las visitas a los imputados que guardan prisión en la cárcel preventiva del Palacio de Ciudad Nueva registraron ayer una notable baja. Contrario a los primeros días, los pasillos de la sede judicial lucían despejados y en horas de la mañana sólo se presentaron el diputado Elías Serulle y el sindicalista Antonio Marte.
No obstante, las medidas de seguridad se mantienen, tanto en Ciudad Nueva, como en el Centro de los Héroes, por los alrededores del edificio que aloja la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la Procuraduría General de la República.
Ayer tarde, extraoficialmente se informó que la audiencia no se conocerá en la Sala Augusta de la SCJ sino en la sexta planta, donde funciona la Cámara Penal. Para la audiencia sólo se permitiría la presencia de los abogados y la prensa.
La medida de coerción a los imputados inició el pasado martes 30 de mayo, pero el juez decidió recesar su conocimiento para el día siguiente debido a que los abogados alegaron desconocer la acusación. Ese día, el juez otorgó un receso mayor hasta hoy, porque los abogados dijeron que no le habían notificado las pruebas.
María Teresa Cabrera
Activista del movimiento Marcha Verde
Considera que la gravedad de los hechos que se están imputando ameritan la imposición de una medida que implique la privación de libertad de los acusados. Entiende que ante los hechos denunciados, se debe dar pie a que se amplíe la investigación y se incluya el tema de las sobrevaluación de las obras y el financiamiento de las campañas políticas.
Julio C. Valentín
Senador
Aseguró ayer que su patrimonio asciende a RD$20.2 millones y no a RD$49.9 millones como afirmara la Procuraduría en la solicitud de medida de coerción del caso Odebrecht. Su abogado Jorge Luis Polanco, dijo que los activos del legislador son: RD$24,665,458.18, menos a RD$4,392,816.80 de una hipoteca queda en RD$20,272,641.36 y es proporcional con los salarios percibidos por sus funciones legislativas.
diariolibre.com
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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
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Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.